Justicia
Treinta y cinco años empeorando la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial

No le gusta a los jueces ni a los fiscales. No le gusta al Partido Popular, ni a Ciudadanos. Y ni siquiera le gusta a buena parte de Podemos ni a PSOE. La proposición de ley orgánica presentada por PSOE y Podemos para la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el ‘gobierno de los jueces’, tiene como objetivo desbloquear la renovación de los miembros de este órgano, cambiando la mayoría parlamentaria necesitada para la elección de la cualificada de tres quintos por la absoluta —un voto más de la mitad del total—. Un cambio que politiza aún más una justicia que, para el Consejo de Europa y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) tiene su principal talón de Aquiles en el hecho de que las autoridades políticas participen en la elección de los jueces.

“Nos parece un disparate, aparte de que es inconstitucional”, afirma Manuel Ruiz de Lara, magistrado del Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid y portavoz de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, organismo que ya en 2014 presentó una denuncia ante la ONU por el aumento de control sobre los jueces. 

“Nuestra opción es que se mantenga en tres quintos de mayoría cualificada porque lo entendemos como lo más acorde con la legislación actual, pero si el bloqueo se mantiene de forma indefinida hay que buscar alternativas, como regular las funciones del gobierno en funciones”, señala, por su parte, Ascensión Martín, portavoz de Jueces y juezas para la Democracia. “También estaríamos a favor de que se regule la procedencia de los vocales propuestos por la carrera judicial, que es volver al modelo anterior a 2013, pero sabemos que tardaría mucho. Tendrían que sentarse a negociar”, continúa.

“El sistema no prevé que no haya voluntad democrática por parte de los partidos políticos y el Partido Popular está haciendo una oposición absolutamente bestia”, afirma por su parte Juan Moreno Yagüe, exdiputado en el Parlamento andaluz por Podemos y conocido en redes sociales como Hackbogado. “Lo lógico habría sido devolverle a los jueces la elección, pero negociar una reforma de reparto con grupos parlamentarios va a ser más fácil que hacer al CGPJ independiente”, añade.

Como explica Ruiz de Lara, el problema viene de lejos y se ha ido agudizando con cada cambio legislativo desde los 80. La Ley orgánica 1/1980 del Consejo General del Poder Judicial establecía, en una democracia aún muy joven, que de los 20 vocales que conforman el CGPJ y eligen a su presidente, 12 fueran jueces y magistrados elegidos por jueces y magistrados, y, los ocho vocales restantes, abogados y otros juristas elegidos, fueran la mitad por el Congreso y la otra mitad por el Senado por mayoría de tres quintos. Fue el modelo de elección del gobierno de los jueces más acorde a los estándares europeos, y también es el modelo que tanto la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial como Moreno Yagüe ven más apropiado. Desde Jueces y Juezas por la Democracia también lo ven como un modelo positivo: “Si el poder judicial y el poder legislativo entienden que fueran los propios jueces los que eligieran a los 12 vocales magistrados, estaríamos de acuerdo”, afirma Ascensión Martín.

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial presentó en 2008 un manifiesto contra la politización de la justicia que en los años siguientes sería firmado por hasta 1.500 jueces y magistrados

Fue un modelo que ya funcionó en España, pero se aplicó durante poco tiempo, tan solo cinco años. La nueva Ley del Poder Judicial, de 1985, aprobada por el Gobierno de Felipe González, estableció que los 20 vocales fueran elegidos por las Cortes —diez el Congreso y diez el Senado—, siendo necesario, como ahora, para presentarse candidato contar con 25 avales o el de una asociación judicial.

La siguiente reforma llegó en 2001 con el Partido Popular de José María Aznar en el Gobierno y con José María Michavila como ministro de Justicia. Con ella, Congreso y Senado seguían eligiendo, a partes iguales y por mayoría de tres quintos, a los 12 vocales magistrados y jueces, pero sobre un listado de hasta 36 nombres propuestos por las asociaciones profesionales de jueces o por un número de jueces que representara al menos al 2% del total de jueces en activo. “También era una farsa, aunque es mejor de lo que tenemos ahora”, continúa Ruiz de Lara. “Si lo que haces es dejarlo solo en las manos de las asociaciones tenemos el mismo problema porque se definen por su afinidad a partidos políticos”, explica, por su parte, Moreno Yagüe.

Desde la judicatura ya había denuncias de la politización de la justicia que se venía soportando desde la ley de 1985 y desde la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial presentaron en 2008 un manifiesto que en los años siguientes sería firmado por hasta 1.500 jueces y magistrados. El Partido Popular tomó buena nota de ello y, para las elecciones de 2011, incluyó en su programa electoral fortalecer el Consejo General del Poder Judicial y promover su independencia. El Partido Popular de Mariano Rajoy ganó las elecciones y, en 2013, aprobó su reforma del Poder Judicial, pero en dirección opuesta: ahora Congreso y Senado volvían a elegir, por mayoría de tres quintos, a los 12 vocales magistrados, siendo solo necesario para presentarse como candidato contar con los 25 avales. Es el sistema que sigue hoy en vigor, y que, si se aprueba la proposición de ley orgánica de PSOE y Podemos, cambiará únicamente en la mayoría necesaria en las Cortes, que pasaría de tres quintos a un voto más de la mitad.

“El Partido Popular traicionó la promesa que había hecho: dijo que iba a cambiar la ley para que, como dice el Consejo de Europa y el Greco, los jueces eligieran a los 12 vocales, pero hicieron lo contrario. Antes había un filtro establecido por las asociaciones judiciales, pero ahora, con la nueva ley, es muy fácil que un juez consiga los 25 avales, pero, si no tienes padrino político, nada. Acogen al que tenga afinidad personal o parentesco, incluso los hay con relación matrimonial”, explica Ruiz de Lara.

Son varios los ejemplos de vocales del CGPJ que tienen estrechos vínculos con partidos políticos. El propio presidente del gobierno de los jueces, Carlos Lesmes,  ocupó antes cargos como director general de Objeción de Conciencia —de 1996 a 2000— y como director general de Relaciones con la Administración de Justicia —de 2000 a 2004—, ambos en el Ministerio de Justicia con el PP en el Gobierno. Tras su paso por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en 2012 fue miembro de la Comisión Institucional que organizó el Ministerio de Justicia para asesorar para la reforma de la Ley del Poder Judicial que desde 2013 deja en manos de Congreso y Senado la elección de los vocales del CGPJ entre candidatos con 25 avales, sin contar, como se hacía previamente, con los nombres propuestos por las asociaciones de jueces. 

“Esta última propuesta es la peor de todas, porque permitirá que cada gobierno elija íntegramente a los vocales sin contar con la oposición”, concluye Ruiz de Lara

Ruiz de Lara aporta un par de ejemplos más entre los vocales del CGPJ, como el de Gerardo Martínez Tristán, casado con Marta García de la Calzada, que fue consejera de Fomento en Castilla-La Mancha con María Dolores de Cospedal como presidenta de la comunidad, entre 2011 y 2015, y desde entonces y hasta la actualidad es abogada del Estado en el Tribunal Supremo. O Clara Martínez de Careaga, casada con Conde-Pumpido, fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, con el Gobierno de Zapatero, y actualmente magistrado en el Tribunal Constitucional. También Roser Bach, casada con Germà Gordó, consejero de Justicia de la Generalitat entre 2012 y 2016. “Más que partidismo hay nepotismo, creo que no es tanto una cuestión de ideologías”, concluye.

Ruiz de Lara recuerda que, según también dice el Consejo de Europa, la única forma de que haya independencia judicial es que, de los 20 vocales del CGPJ, los doce que son magistrados sean elegidos elegidos por jueces y magistrados, y que sean los otros ocho vocales que son juristas de reconocido prestigio los que sean elegidos por las Cortes, manteniendo la mayoría cualificada de tres quintos. “Ha ido a peor y esta última propuesta es la peor de todas, porque permitirá que cada gobierno elija íntegramente a los vocales sin contar con la oposición”, concluye Ruiz de Lara, que señala que hace unos meses Ciudadanos presentó una proposición de ley para el sistema de elección de los miembros del CGPJ que sí que enfocaba a la independencia judicial, pero que fue rechazado en el Congreso. “Yo me leí la propuesta de Ciudadanos e iba bien encaminada, copiaban las directrices de Europa, aunque tenía bastantes cosas que se podían enmendar”, añade Moreno Yagüe.

Jueces denuncian ante la ONU la politización de la Justicia

Ter García

Hemeroteca Diagonal

Jueces denuncian ante la ONU la politización de la Justicia

Ter García

Jueces y magistrados denuncian el control del Gobierno sobre Consejo General del Poder Judicial con la reforma de Gallardón.

Pero la elección de los vocales del CGPJ no es lo único que afecta a la independencia judicial: “Para que un poder judicial exista y sea independiente, lo suyo sería que aprobara autónomamente su presupuesto, como lo hace la Corona o las Cortes”. La falta de financiación en el sistema judicial es el gran obstáculo, con macrocausas como la de Bankia, Gürtel o los ERE que, como señala Moreno Yagüe, son instruidas por un solo juez en vez de por diez, y con causas cotidianas con plazos de hasta cuatro años hasta que llegan a juicio. “Si vas con una demanda contra la Seguridad Social y la van a resolver en 2024, ¿para qué te sirve entonces?”, se pregunta el diputado.