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Jueces denuncian ante la ONU la politización de la Justicia

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) presentó, el pasado 5 de enero, una denuncia ante la relatora especial de la ONU Gabriel Knaul ante el aumento de los mecanismos de control de los tribunales españoles por parte del Gobierno.

“Estamos hartos de la politización, de que haya un Consejo General del Poder Judicial que hable en nombre de los jueces cuando sus miembros no han sido elegidos por nosotros”, afirma a DIAGONAL Jesús Villegas, secretario general de la plataforma, en la que participan alrededor de un centenar de profesionales relacionados con la justicia.

Las protestas dentro de la judicatura en contra de la politización del gobierno de los jueces empezaron, según relata Villegas, en 2008, con un manifiesto que fue hecho público dos años después y que a día de hoy ha sido firmado por alrededor de 1.500 jueces. Por entonces, estaba en vigor la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, por la que, de los 21 miembros que forman el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 12 vocales serían elegidos por el Congreso y el Senado entre una lista de 36 jueces y magistrados propuestos por estos últimos, 8 serían abogados y juristas designados también por las Cámaras y el presidente sería elegido por los vocales.

“El programa electoral del partido que ahora gobierna prometía una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo”, continúa Villegas en referencia al programa electoral del Partido Popular, en el que se incluía una reforma para que 12 de los 21 miembros del CGPJ fueran realmente elegidos por los jueces y magistrados. Sin embargo, la reforma aprobada por el Congreso en junio del pasado año fue muy distinta: ahora, la totalidad de los miembros del gobierno de los jueces es elegida por las Cortes por una mayoría de tres quintas partes, y las 12 plazas correspondientes a jueces tendrán que contar sólo con 25 avales de la judicatura, lo que se traduce en la designación por parte del Gobierno del Partido Popular. “Ahora, el Consejo es sólo una correa de transmisión de los partidos políticos”, subraya Jesús Villegas.

La siguiente elección de vocales del CGPJ, en septiembre de 2013, fue respondida con unas elecciones alternativas en las que participaron alrededor de un millar de jueces y magistrados y en la que cinco candidatos por sí solos, superaron el total de avales obtenidos por los 53 candidatos en la reforma de Gallardón.

“Si no fuera porque los políticos pretenden influir en las decisiones de los jueces, no habría motivo para que desplegaran tanta actividad sobre el CGPJ y tuviera tanto interés en designar a sus miembros”, señala la denuncia remitida a la relatora de la ONU, en la que se hace hincapié en la importancia de los procesos que se están desarrollando actualmente en los juzgados sobre casos de corrupción en los que están implicados miembros del Partido Popular y del PSOE. Entre las competencias del Consejo figuran la elección del presidente del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores de justicia, decidir sobre destinos, ascensos o sanciones de jueces y magistrados, y respaldarlos cuando éstos denuncien injerencias a su independencia.