Justicia
La semana más larga de Álvaro García Ortiz termina envuelta en dudas sobre la sustancia del caso

El juicio en el Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha abierto un precedente inédito en nuestro país. Acusado de un presunto delito de revelación de secretos, García Ortiz ha iniciado un periplo por sede judicial que está previsto que finalice el próximo 13 de noviembre con la presentación de los informes finales por parte de la defensa y las acusaciones. Se piden hasta seis años de cárcel.

El caso contra Ortiz, fiscal general todavía en ejercicio, deriva de la denuncia por la presunta difusión de un correo interno remitido por el abogado del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— en el que se aludían acuerdos y admisiones sobre posibles delitos fiscales, una información que formaba parte de otra investigación en curso.

Cómo llegó García Ortiz al banquillo

Noviembre es el mes clave, pero el origen del procedimiento se remonta a octubre de 2024, cuando la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió abrir diligencias contra García Ortiz por la supuesta filtración del correo sobre la pareja de Ayuso. El propio Poder Judicial informó entonces de la apertura de la causa por unanimidad de la Sala.

Tras la instrucción, el magistrado al cargo, Ángel Luis Hurtado, dictó el auto de apertura de juicio oral el 9 de septiembre de 2025, en el que se concluye que existen indicios suficientes para llevar el caso a juicio por un presunto delito de revelación de secretos. En ese mismo auto también se adoptaron medidas cautelares, como el pago de una fianza de 150.000 euros. Aun así, el juez instructor rechazó suspender a García Ortiz en el ejercicio de sus funciones como fiscal general.

La causa gira en torno a determinar si García Ortiz, en su condición de responsable del Ministerio Fiscal, facilitó de forma indebida a un medio de comunicación el contenido confidencial del correo que el abogado de González Amador había remitido al fiscal instructor del caso. La defensa alega ausencia de dolo y ampara la actuación en criterios institucionales. Sin embargo, en los peritajes de la Guardia Civil se concluyó que en el teléfono del fiscal no consta historial de mensajes anteriores al 16 de octubre de 2024, lo que la Unidad Central Operativa de la policía (UCO) calificó como “vaciado o borrado intencionado” en dos ocasiones. Este dato ha sido cuestionado por la defensa de García Ortiz, que a su vez ha aportado pruebas periciales propias. Por su parte, la Fiscalía y la Abogacía del Estado han denunciado que algunos informes de la UCO contienen “inferencias”, aunque sin pruebas concluyentes, lo que añade complejidad probatoria al proceso.

3 de noviembre: empieza la vista oral

La vista se inauguró el 3 de noviembre con la constitución del tribunal y la lectura de la acusación. La Sala del Tribunal Supremo fijó el calendario de sesiones y resolvió las primeras cuestiones procesales relativas a la admisión de pruebas documentales y periciales. El calendario procesal establece diez días naturales de actuación —seis sesiones de mañana y tarde la primera semana y otras seis la segunda—, en los que están citados alrededor de 40 testigos, entre los que hay fiscales, agentes de la UCO, periodistas, responsables de comunicación y políticos. La declaración del propio García Ortiz queda prevista hacia el final del proceso, como es habitual en este tipo de procedimientos ante el Supremo.

Ese primer lunes por la mañana declararon varios fiscales que habían intervenido en la instrucción o en la gestión de la comunicación del expediente. Entre ellos se encontraban Julián Salto, fiscal que investigó el caso de Alberto González Amador, o Almudena Lastra, fiscal superior de la Comunidad de Madrid. Los fiscales aportaron detalles sobre la cronología interna del expediente y sobre cuándo la Fiscalía conoció el correo electrónico objeto de la causa.

“A raíz de la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró González Amador

Estas intervenciones sirvieron para concretar el momento temporal en que la información pasó por diversos despachos fiscales. Ese día también comparecieron responsables de prensa de la Fiscalía para explicar notas y comunicaciones públicas relacionadas con el caso.

4 de noviembre: MAR y González Amador

En la segunda jornada hubo dos platos fuertes: las declaraciones de Alberto González Amador, cuyo correo electrónico es el centro del proceso, y la de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Durante la sesión, González Amador se presentó como una víctima de la Fiscalía General del Estado e incidió en el impacto personal y en su reputación que tuvo la difusión del correo y sostuvo que la filtración frustró su intención de cerrar el asunto “rápido y sin ruido”, porque esa era, según dijo en el juicio, su “obsesión”.

González Amador relató que su prioridad era evitar que el procedimiento salpicara a su pareja, y que la aparición pública del correo —en el que su abogado hacía referencias a la posibilidad de un acuerdo con la Fiscalía— frustró ese plan. “Con la publicación del mail, yo pasé a ser el delincuente confeso del reino de España. Yo estaba muerto. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente, me había destrozado por completo […] “A raíz de la filtración del fiscal general del Estado me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, declaró. Además, en sede judicial González Amador realizó críticas al sistema de justicia diciendo que teme no obtener un juicio justo: “Estoy enviado a un juicio oral donde dentro de nada voy a ser condenado. No hay opción ninguna”, afirmó.

No obstante, existe una contradicción en el testimonio de González Amador, que por un lado asegura que no tenía constancia de que su abogado, Carlos Neira, hubiese enviado un correo a la Fiscalía admitiendo la comisión de delitos económicos, y por otro admite que Neira lo había informado con detalle de un pacto de conformidad con el órgano judicial que implicaba “el reconocimiento del delito”. “[Neira] Me dijo que tendría que ir a un juicio, reconocer los hechos, sentencia y a casa”, aseguró la pareja de Ayuso en el Supremo.

Su abogado, Carlos Neira declaró justo después de su cliente. Neira confirmó que mantuvo una reunión con su cliente a finales de enero de 2024, donde le explicó con detalle lo que iba a decirle a la Fiscalía. Tres días después de ese encuentro Neira envió el correo cuya filtración es origen de toda la causa. En el mail, aparecería ese pacto de conformidad con su cliente.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez manifestó su opinión de que González Amador “no es un delincuente”, y que está sufriendo “un daño profesional irreparable”. Luego aseguró que su intervención estaba dirigida “a cuidar la reputación de la presidenta [Ayuso]”, y después admitió contradicciones en su versión pública, llegando a justificar algunas afirmaciones sosteniendo que él es “periodista, no notario”.

La defensa del fiscal general pidió incorporar como contexto varios tuits y mensajes de Rodríguez que, según dicen los abogados de Ortiz, “muestran la campaña narrativa que rodeó el caso”

El jefe de Gabinete de Ayuso también reconoció haber difundido o alimentado narrativas sobre la existencia de un “pacto” entre la Fiscalía General del Estado y la defensa de González Amador y que, en el juicio, algunas de sus afirmaciones quedaron en evidencia por contradicciones o falta de soporte documental.

Rodríguez admitió haber asesorado al entorno de Ortiz y que propagó versiones que después no pudo sostener plenamente ante el tribunal. “Aunque los hechos son años antes de que se conocieran, en el momento de la inspección estaban saliendo”, explicó Rodríguez. “Yo también le advertí [a González Amador]: 'Hacienda pierde el 70 % de los casos'. O sea, que si pleiteas contra Hacienda, seguro que ganas, pero él quería llegar a un acuerdo para que no se levantara ninguna polvareda”. Miguel Ángel Rodríguez relató que las veces que ha hablado con González Amador “ha sido de manera informal para preguntarle: 'Amigo oye, ¿Cómo te va esta historia?'. Una de mis obligaciones como jefe de gabinete es cuidar de la reputación de la presidenta. Y cuando ha entrado en tela de juicio la reputación de la presidenta, es cuando he salido".

La defensa del fiscal general pidió incorporar como contexto varios tuits y mensajes de Rodríguez que, según dicen los abogados de Ortiz, “muestran la campaña narrativa que rodeó el caso”. Ese día desfilaron por la sala otras personalidades como el fiscal Anticorrupción, Diego Lucas o el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés.

5 y 6 de noviembre: el mail circuló antes de la presunta filtración de Ortiz

La mañana del 5 de noviembre acudieron a declarar ante el Supremo, entre otros, Juan Lobato (exsecretario general del PSOE-M) y Pilar Sánchez Acera (exalto cargo de Presidencia). También declararon varios periodistas citados por la acusación —mayoritariamente profesionales de medios de comunicación nacionales—. Su testimonio giró en torno el acceso que tuvieron al correo electrónico del abogado de González Amador y cuándo lo recibieron. Los periodistas se ampararon en el secreto profesional, aunque sostuvieron que la información les llegó por otras fuentes distintas a la cúpula fiscal.

En concreto, varios de los informadores citados a sede judicial afirmaron haber tenido la información completa o copias de la misma (pantallazos, documentos fotocopiados) antes de que el fiscal general la recibiera oficialmente en su bandeja de correo electrónico la noche del 13 de marzo de 2024, lo que dificultaría asociar la difusión del correo exclusivamente al García Ortiz.

El testimonio más contundente fue el del periodista de El Diario.es José Precedo, que relató que él había tenido acceso al correo electrónico el 6 de marzo de 2024, seis días antes de que lo recibiera el Fiscal General. El periodista dio a entender que disponía de un “pantallazo en papel” de ese correo, pero agregó que su fuente no le había autorizado a publicarlo. Precedo dijo que se encontraba “en un dilema moral”, porque “sé quién es la fuente”, pero no la reveló acogiéndose al secreto profesional.

En ese momento, el presidente del Tribunal lo exhortó pidiéndole con que no amenazase con saber quién es la fuente, a lo que Precedo respondió que eso no es ninguna amenaza, que él conoce quién envió el correo y sabe que el fiscal general es inocente, pero que no iba a revelar dicha fuente por el secreto profesional.

7 - 11 de noviembre: la UCO y el borrado masivo de datos

En las sesiones intermedias del juicio declararán agentes de la UCO encargados de la investigación técnica, como peritos informáticos y guardias civiles detallarán las actuaciones de rastreo, los volcados de dispositivos y las medidas sobre la cadena de custodia. Los informes policiales previos aportaron datos sobre borrados masivos y movimientos en diversos dispositivos en las horas clave, hechos que la acusación apunta como relevantes.

La defensa, por su parte, ha contextualizado el motivo y el momento de esos borrados apelando a criterios de protección de datos o limpieza normal de dispositivos. En cualquier caso, estas jornadas se centrarán en la acreditación técnica —quién tuvo acceso a qué y cuándo— y en el cotejo de metadatos y copias de seguridad que han podido recuperarse.

Para el 11 de noviembre está prevista la vuelta a sede judicial de varios testigos institucionales y profesionales del Derecho. Ese día están citados, entre otros, Eugenio Ribón (decano del Colegio de la Abogacía de Madrid), Antonia Sanz Gaite (fiscal jefa de Inspección Fiscal de la FGE) y Agustín Hidalgo de Murillo (fiscal del TS y delegado de protección de datos).

12 de noviembre: declara el fiscal general

El miércoles 12 está prevista la declaración del propio Álvaro García Ortiz. Por la mañana también se espera que declaren los agentes de la UCO que intervinieron en los registros y los técnicos que hicieron los volcados de los dispositivos tanto del despacho del Fiscal General como de otros implicados.

Por último, la sesión prevista como cierre de la vista oral, el 13 de noviembre, incluirá las conclusiones orales de las acusaciones y de la defensa, y la última palabra del fiscal general como procesado. Ese día se cerrará la práctica de prueba y el Tribunal Supremo pasará a deliberar. El cierre del juicio oral no implica que automáticamente se dicte una sentencia inmediata. El Tribunal Supremo puede reservar la deliberación y dictar sentencia en una fecha posterior.

Un juicio también político

Más allá del ámbito puramente procesal, el caso posee dimensión institucional y política: es la primera vez en la democracia reciente que un fiscal general en ejercicio llega a ser enjuiciado en el Supremo, lo que ha encendido un debate sobre la independencia, la responsabilidad y los límites del ejercicio de la jefatura del Ministerio Fiscal. Las reacciones políticas han sido encontradas —apoyos públicos del Gobierno frente a exigencias de dimisión de la oposición.

“Que un fiscal general esté sentado en el banquillo es demoledor para la imagen de la institución y para la salud democrática del país”, manifiesta el presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, que además considera que García Ortiz “debería haber dimitido el día que puso por encima su condición de fiscal general a la de investigado por la justicia”.

Portillo cree, además, que el proceso judicial abierto contra García Ortiz “está empañando la apariencia de imparcialidad de los fiscales del caso”, ya que éstos tratan de dirimir durante las sesiones del juicio “si acusan o no a su propio jefe”. Aun así, el presidente del FJI pone el acento en una cuestión que se lleva denunciando desde las asociaciones de juezas y jueces desde hace mucho tiempo: la relación entre los poderes político (Gobierno y Congreso) y Judicial, ya que el fiscal general del Estado está directamente elegido por el Ejecutivo, mientras que el Poder Legislativo (las Cortes) elige a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, órgano supremo de jueces y magistrados de todo el país.

Este problema, afirma Portillo “es estructural, de la cercanía que tiene un fiscal general con el gobierno que lo ha nombrado, pero también de su relación jerárquica con la Fiscalía como institución”. El presidente del FJI insiste en la politización de la cúpula judicial en España donde, dice, “tenemos un sistema estructural que facilita esa contaminación entre justicia y política”. Si el sistema funciona, añade, “es solo gracias a la bondad y la buena voluntad de las personas que lo componen, pero el sistema por sí solo debería contar con unas garantías que no lo hicieran depender de esa buena buena voluntad”.

Un nombramiento polémico desde el principio

García Ortiz es fiscal general del Estado desde 2022, tras la salida de Dolores Delgado. El Ejecutivo lo presentó como una apuesta por la continuidad y la profesionalidad, mientras que la oposición lo tachó de “nombramiento político”. En su discurso de toma de posesión prometió reforzar la autonomía de la Fiscalía y “preservar su neutralidad institucional”. Cuando fue nombrado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le dio el visto bueno con una mayoría ajustada, pero después, en un nuevo informe, lo declaró “no idóneo”.

Su mandato se estrenó con fricciones. Sectores de la carrera fiscal criticaron la gestión de nombramientos discrecionales y la falta de comunicación con las asociaciones profesionales. Paralelamente, la Fiscalía fue objeto de ataques políticos en plena negociación de la reforma judicial y por su papel en causas sensibles, como los procedimientos relacionados con el procés.

El Gobierno que lo nombró mantiene su respaldo público, mientras que la oposición exige su dimisión inminente, argumentando que su imputación por sí misma daña la credibilidad de la institución que dirige.

Más allá del ámbito puramente procesal, el caso posee una dimensión institucional y política notoria: es la primera vez en la democracia reciente que un fiscal general en ejercicio llega a ser enjuiciado en el Supremo, lo que ha encendido un debate sobre la independencia, la responsabilidad y los límites del ejercicio de la jefatura del Ministerio Fiscal. Las reacciones políticas han sido encontradas: apoyos públicos del Gobierno frente a exigencias de dimisión de la oposición.