Pueblo kurdo
Turquía y la ley de desarme del PKK: entre la desconfianza y los cálculos regionales

El movimiento armado kurdo atraviesa un momento histórico. El pasado 10 de agosto, el Parlamento turco aprobó la primera ley del proceso de desarme establecido entre el Gobierno y el PKK. El grupo armado kurdo, que lleva más de 40 años de guerra contra el Estado, anunció su disolución en febrero de 2025.

La llamada “ley marco” ofrece una amnistía parcial para políticos kurdos en prisión o exilio. Sin embargo, se considera incompleta porque no menciona los derechos culturales y sociales del pueblo kurdo. La medida ha generado desconfianza por un motivo simple: el gobierno, que tiene gran influencia sobre el poder judicial, será quien decida la reducción de condenas para los miles de encausados por su vinculación con el grupo.

No es la primera vez que gobierno y PKK se sientan a negociar. En 2013 ya hubo un “proceso de paz”: los guerrilleros se retiraron de Turquía, y a cambio se concedieron algunos derechos culturales, como proyectos piloto de escuelas bilingües o medios de comunicación en kurdo

Los representantes kurdos hablan de “democratización”, mientras que el gobierno turco presenta este proceso bajo el eslógan “Turquía sin terrorismo”. En el momento más autoritario de la historia reciente de Turquía, resulta difícil imaginar cómo este desarme negociado con el Estado va a dar pie a un proceso de democratización.

¿Cómo empezó el proceso?

Las negociaciones han durado casi dos años y las condiciones eran inimaginables hace un lustro: el socio de gobierno de Erdoğan, el ultraderechista MHP, fue quien tuvo la iniciativa de invitar al líder del PKK para hablar en el Parlamento. Encarcelado desde los años 90 en una prisión de alta seguridad en un islote en el mar de Mármara, Abdullah Öcalan nunca pudo acudir al hemiciclo, pero respondió a la llamada del MHP con un mensaje sorprendente. En febrero de 2025 Öcalan publicó una declaración en la que afirmaba que el PKK había cumplido su ciclo y debía dejar las armas. La cúpula actual del PKK, refugiada en Kandil, en el norte de Irak, aceptó la llamada de su líder —con algunas reticencias— y siguió adelante con el proceso. Incluso se llevó a cabo una ceremonia simbólica de entrega y quema de armas. El grupo ha pedido medidas concretas por parte del Estado tras su disolución, como la libertad de Öcalan o garantías para que los políticos kurdos en prisión o exilio puedan reintegrarse en la política de Turquía.

No es la primera vez que gobierno y PKK se sientan a negociar. En 2013 ya hubo un “proceso de paz”: los guerrilleros se retiraron de Turquía, y a cambio se concedieron algunos derechos culturales, como proyectos piloto de escuelas bilingües o medios de comunicación en kurdo. Antes, en 2009, ya había tenido lugar la ceremonia de Habur, en la que un grupo de militantes y refugiados cruzó la frontera desde Irak.

Sin embargo, en 2015 el proceso cayó en saco roto y comenzó una nueva etapa de violencia. Entre 2015 y 2016 hubo intensos combates en ciudades kurdas de Turquía que dejaron más de mil muertos, la mitad civiles. Los conflictos continuaron en Siria y en el norte de Irak. Turquía lanzó cuatro operaciones militares en Siria contra milicias consideradas una rama local del PKK, ocupó territorios, al tiempo que establecía más de un centenar de puestos militares en las montañas de Irak.

¿Qué ambiente político hay hoy?

Öcalan ha presentado este nuevo proceso como el camino hacia la democratización. El líder del partido DEM, Tuncer Bakırhan, considera que “este primer paso hay que impulsarlo con un fuerte viento democratizador”, pero la política turca va en dirección contraria y parece tener otros planes.

Desde el intento de golpe de Estado de 2016, Erdoğan ha concentrado todo el poder y acorrala a la oposición. El político kurdo Selahattin Demirtaş, conocido por su duro enfrentamiento al gobierno, está en prisión desde 2016 junto a otros dirigentes de su partido. Demirtaş había jugado un papel clave en las elecciones de 2015, que supusieron un duro revés para Erdoğan. El AKP tuvo que formar un gobierno de coalición, aunque meses después, en medio de una serie de atentados, logró recuperar votos.

Aún hoy muchas ciudades kurdas están gobernadas por personas designadas por el gobierno central

Posteriormente, el gobierno intervino los municipios ganados por el partido kurdo en las regiones kurdas, y nombró administradores designados desde Ankara. Esta práctica, que anula el derecho del pueblo kurdo a elegir a sus representantes, ha continuado durante tres ciclos electorales y aún hoy muchas ciudades kurdas están gobernadas por personas designadas por el gobierno central.

En el oeste del país, el panorama es similar. Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) y considerado el rival más fuerte de Erdoğan, fue destituido y encarcelado en marzo de 2025. Esto provocó grandes protestas en todo el país. Desde entonces, también se han producido intervenciones políticas contra municipios del CHP bajo acusaciones de corrupción. Incluso el presidente del CHP fue cambiado por decisión judicial, y el líder electo del partido fue reemplazado por alguien designado por el tribunal.

¿Qué contiene la nueva ley?

Antes del receso parlamentario estival, se presentó a votación una ley marco de 12 artículos, que incluye detalles sobre el proceso de desarme y el retorno de personas encausadas por membresía o vínculos con el PKK. La ley fue aprobada con el apoyo del gobierno, gran parte de la oposición, y fue ratificada finalmente por Erdoğan.

Tras la entrada en vigor de la ley, la delegación del partido DEM ofreció detalles sobre su aplicación. El Consejo de Seguimiento y Evaluación creado por la ley celebró su primera reunión ayer, 24 de agosto, y se ha procedido a la creación de un subcomité que lleva por nombre “Comité de Desarme y Politización”, en el que participará Abdullah Öcalan. Otro miembro de la delegación, Faik Özgür Erol, señaló que la ley podría permitir la liberación de unas 4.000 personas encarceladas. No obstante, hay limitaciones: quienes quieran volver a la política deben solicitarlo individualmente a un comité designado por el Gobierno turco. Tendrán penas suspendidas, y si reinciden, volverán a prisión.

Según la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD) y otras organizaciones, el poder judicial en Turquía opera bajo el control del gobierno de Erdoğan

El exdiputado del partido kurdo en el exilio, Ertuğrul Kürkçü, advierte que la ley es una trampa: “Nos invitan a un terreno sin garantías”, dice, señalando que la ley antiterrorista sigue vigente. Kürkçü critica duramente el discurso del gobierno de “Turquía sin terrorismo”. Según él, en la mentalidad de Bahçeli y Erdoğan, cualquier oposición que no encaje en la “unidad y solidaridad nacional” es etiquetada como “terrorismo”. “Todo aquello que se oponga, aunque sea por vías pacíficas, es terrorismo para este régimen”, escribe, al tiempo que advierte que el precio de la paz no debería ser una condena perpetua.

Según la Asociación de Derechos Humanos de Turquía (IHD) y otras organizaciones defensoras de derechos humanos, el poder judicial en Turquía opera bajo el control del gobierno de Erdoğan. La prisión de Demirtaş, al igual que la de muchos otros presos políticos, se mantiene por razones puramente políticas, a pesar de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Constitucional de Turquía, que han exigido su liberación.

Espera cautelosa

En este contexto, la aplicación de la ley marco parece muy frágil. Erdoğan podría usar el proceso como una carta para evitar una nueva derrota electoral como la de 2015 y perpetuarse en el poder. Los partidos de izquierda, como el Partido de los Trabajadores de Turquía (TİP) y el Partido del Trabajo (EMEP), votaron a favor críticamente. El diputado del TİP, Ahmet Şık, define la ley como “un acuerdo de alto el fuego, no un programa de democratización”. Şık sostiene que, si ambas partes en conflicto han dicho “sí” a este acuerdo, hay que respetarlo, pero también advierte que el Gobierno podría salir fortalecido de este proceso.

La falta de avances en las causas profundas del conflicto, como la educación en lengua materna o el fin de las intervenciones militares en los municipios, impide que la ley sea recibida con entusiasmo.

En las regiones kurdas, por otra parte, hay una espera cautelosa. La posibilidad de que termine la guerra se ve con buenos ojos, pero la falta de avances en las causas profundas del conflicto, como la educación en lengua materna o el fin de las intervenciones militares en los municipios, impide que la ley sea recibida con entusiasmo.

El cambio de equilibrios en la región

El debilitamiento de Irán, la caída de Asad en Siria y el genocidio en Gaza han creado un nuevo equilibrio en la región. Mientras Estados Unidos trabaja por consolidar su poder en la zona, Israel expande su influencia. La región kurda de Rojava, controlada por grupos armados kurdos en Siria, fue motivo de fricción entre Turquía y EEUU. Con la llegada de un líder aliado de Ankara en Damasco, ha comenzado un proceso de integración de Rojava en Siria. Esta integración se ha completado oficialmente esta semana, cuando el comandante de las SDG (Fuerzas Democráticas Sirias), Mazlum Abdi, anunció que el proceso de integración militar, de seguridad y administrativa con Damasco ha finalizado.

El analista Yusuf Karadaş señala que Erdoğan considera necesario eliminar o controlar a las fuerzas armadas kurdas para su propia seguridad y para asumir el papel que quiere jugar en la región en coordinación con EEUU. La idea de una “alianza turco-kurdo-árabe” de Erdoğan y la visión de Turquía como elemento de equilibrio regional por parte de EE.UU. se complementan, pero ninguna de estas visiones incluye un orden democrático o igualitario para los pueblos.

El hecho de que hoy se negocie la libertad de políticos que ya deberían estar libres por decisión judicial demuestra el carácter político del poder judicial. En este ambiente, las garantías legales parecen poco fiables. Todo apunta a que este proceso es más un desarme controlado y una adaptación al nuevo orden regional que un proceso de paz social