Universidad
Quince preguntas para los candidatos a Rector de la UNED

En unas semanas conoceremos al nuevo rector de la UNED, que heredará un legado de silencio casi sepulcral sobre cualquier cuestión vinculada con Palestina. Presentamos a continuación las preguntas que nos gustaría plantear a los dos candidatos, algunas de las cuales ya les han sido trasladadas. Resulta imprescindible conocer sus respectivas posturas sobre la libertad académica, los derechos humanos y la falacia de la “equidistancia” cuando se trata de un genocidio.

Libertad académica

1. Garantías a la libertad de cátedra

Una universidad puede decidir qué difunde con su sello, y la libertad de cátedra protege la docencia y la investigación, no el derecho a que la institución emita una obra concreta. Ahora bien, para que el rechazo de una obra por falta de rigor resulte convincente, conviene que lo valoren especialistas, que se señalen errores concretos por escrito, que se ofrezca a los autores corregirlos y que el criterio se aplique igual a otras producciones. Con el documental «Palestina, una tierra negada», producido por UNED Media, esas condiciones no parecen haberse dado. La valoración corrió a cargo de un responsable de comunicación, en una obra en la que intervienen catedráticas de Estudios Árabes y profesorado de Derecho Internacional. Según los autores, se les pidió realizar cambios de contenido en el documental que, más que corregir errores, añadían otra perspectiva. Ante otras peticiones ad hoc del rectorado, los autores fueron mostrando su disposición incluso a completar o modificar el documental, hasta que finalmente desistieron por falta de respuesta por parte del rectorado.

Más tarde se denegó la cesión del trabajo a los propios autores y la entrega, finalmente lograda, a APDHE (Asociación Pro Derechos Humanos de España) se ha demorado todo un curso académico, lo que ha ido más allá de no emitir la obra con la marca UNED.

Es importante recordar que es la primera vez que la UNED paraliza una producción propia.

A la vista de lo ocurrido, ¿considera importante aprobar un procedimiento por el que cualquier acusación de falta de rigor, o de carácter ofensivo o insultante, contra una obra académica deba sostenerse según un procedimiento objetivo e independiente? ¿Podrá el profesorado de la UNED seguir creando material audiovisual, como ha venido haciendo durante décadas, sin injerencias de ningún órgano de la universidad?

2. Reconocimiento del documental

El documental se terminó en marzo de 2024 y estuvo más de dos años y medio sin difundirse. En octubre de 2025 se planteó como condición para cederlo suprimir toda referencia a la UNED y, más tarde, la cesión se denegó invocando la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas. La obra, financiada con recursos públicos, solo llegó a la APDHE tras un procedimiento administrativo de cinco trámites.

La entrega cierra esa etapa, aunque la obra no pudo difundirse en el momento de mayor interés y la UNED sigue desvinculada de un trabajo de su propio profesorado. Quedan pendientes su reconocimiento institucional, el esclarecimiento de lo ocurrido y su puesta a disposición de la comunidad universitaria.

¿Consideraría oportuno reconocer públicamente que la paralización no fue acertada y facilitar la proyección y el debate del documental en la sede central y en los centros asociados, así como su difusión con el sello de la UNED? ¿Encargaría un informe independiente sobre lo ocurrido y lo haría público ante el Consejo de Gobierno y el Claustro?

3. Respeto en los foros y definiciones de antisemitismo

En el mismo periodo en que el documental estaba paralizado por razones de pluralidad, en los foros institucionales del profesorado se publicaron mensajes que vinculaban a UNRWA con una organización terrorista o calificaban de antisemitas a quienes denunciaban el genocidio. No consta que se aplicara el Reglamento sobre el uso de los foros de la UNED, que prohíbe los mensajes que promuevan la discriminación, el odio o la violencia hacia determinados grupos, así como los de carácter injurioso o los que atenten contra el honor de las personas, y permite retirar los que lo incumplan.  Esa diferencia de criterio ha generado inquietud en parte de la comunidad universitaria.

Este tipo de mensajes puede tener un efecto disuasorio, que se acentúa cuando las definiciones de antisemitismo no distinguen con claridad entre la crítica al Estado de Israel y el odio hacia las personas judías. Numerosos especialistas en el Holocausto y el antisemitismo advierten de ese riesgo en la definición de la IHRA y de su posible efecto sobre la investigación. La Declaración de Jerusalén sobre Antisemitismo (2021) ofrece un marco que distingue ambas cosas.

¿Garantizará la protección institucional del profesorado, el estudiantado y el PTGAS que denuncian el genocidio frente a descalificaciones, y una aplicación efectiva y simétrica del Reglamento de foros?

Debida diligencia en derechos humanos: empresas y convenios

4. Criterios de derechos humanos en convenios y contratos

Como cualquier administración pública, la universidad debe aplicar la debida diligencia en derechos humanos: actuar con prontitud y esmero para prevenir y atender posibles vulneraciones en su relación con proveedores y socios. Los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos piden al sector público promover ese respeto en las empresas con las que contrata y, en zonas de conflicto, negar apoyo público a las implicadas en abusos graves. La LOSU fija los derechos humanos como referente de las funciones universitarias. Por eso, en 2022, tras la invasión de Ucrania, el Ministerio de Universidades invitó a suspender las colaboraciones con Rusia y la Unión Europea prohibió adjudicar contratos públicos a empresas rusas.

Parece coherente aplicar el mismo criterio ante lo que ocurre en Palestina. Los crímenes contra su población están acreditados por la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Comisión de Investigación de la ONU, y la Convención contra el Genocidio obliga a prevenirlo desde que se conoce un riesgo serio. La universidad no estaría haciendo política exterior por su cuenta: se alinearía con el Estado, que intervino en el caso por genocidio ante la CIJ y ha aprobado un embargo de armas a Israel.

Es comprensible que la universidad no pueda prescindir de golpe de la infraestructura de grandes tecnológicas como Microsoft, Amazon o Google. Pero las prácticas, los patrocinios o la promoción de certificaciones dejan más margen para buscar alternativas, y en ellos la universidad presta su marca y su alumnado como canal de captación de esas empresas. ¿Estaría dispuesto a incorporar criterios de derechos humanos en la firma y renovación de convenios y contratos (en los pliegos, en la medida en que lo permita la Ley de Contratos del Sector Público, y con una cláusula de no participación en tecnología militar o de doble uso), y a revisar y, si procede, suspender los acuerdos con las empresas que no los cumplan? En el caso de Israel, podrían consultarse la base de datos de la ONU sobre empresas que operan en los asentamientos, que incluye a CAF e INECO, y los informes de la Relatora Especial sobre las empresas que abastecen al ejército israelí. La Universidad de Valencia y la Universidad Autónoma de Barcelona ya han adquirido, con distinto alcance, compromisos en esta línea.

5. Pronunciamiento ante las tecnológicas y estrategia común

Amazon y Google prestan servicios de nube e inteligencia artificial al Gobierno y al ejército israelíes mediante el Proyecto Nimbus. Microsoft suspendió en septiembre de 2025 parte de sus servicios a la Unidad 8200, tras conocerse su uso para la vigilancia masiva de la población palestina. Según una investigación de Associated Press, el ejército israelí ha utilizado centros de datos de Cisco y Dell, y documentos internos citados por The Electronic Intifada vinculan el hardware de Dell a los sistemas de selección de objetivos Lavender y Gospel. Algunas de estas colaboraciones han sido cuestionadas incluso por trabajadores de las propias empresas. 

La dependencia tecnológica es real, pero no impide expresar una posición. Y como todas las universidades dependen de los mismos proveedores, la respuesta más eficaz es coordinada: negociar con ellos condiciones de derechos humanos y construir, a medio plazo, alternativas públicas o europeas y basadas en software libre.

Si, por la dependencia tecnológica, romper con estas empresas resultara difícil a corto plazo, ¿consideraría oportuno que la UNED, sola o junto con la CRUE, les trasladara al menos públicamente su rechazo a que presten servicios al ejército de un Estado cuyo primer ministro y cuyo exministro de Defensa tienen órdenes de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y les exigiera cumplir los Principios Rectores de la ONU? ¿Impulsaría en la CRUE una estrategia conjunta para negociar esas condiciones y desarrollar infraestructura pública o europea y software libre?

6. Inventario público de relaciones

La UNED mantiene o ha mantenido convenios con entidades que Naciones Unidas, la Relatora Especial u organizaciones de derechos humanos relacionan con la ocupación, el control de la población palestina o la ofensiva sobre Gaza. Según el buscador de convenios de la propia universidad, entre ellas figuran IBM, Microsoft, Amazon, Dell, CAF Signalling (filial de CAF), INECO, Banco Santander y BBVA. Varios son convenios de prácticas; el de INECO, de mayo de 2024, está vigente hasta 2028. A ello se suman otras vías de colaboración, como el acceso a AWS Academy o la promoción de certificaciones de Cisco a través de los acuerdos con PUE. 

De varios acuerdos antiguos no consta si siguen vigentes, y la información está dispersa. Una minoría de las universidades públicas ha creado una mesa de seguimiento de sus relaciones con entidades israelíes. Un inventario público sería el punto de partida para aplicar cualquier criterio.

¿Publicará en sus primeros cien días, o como máximo en seis meses, un inventario completo de convenios, contratos, cátedras, patrocinios, cursos de formación permanente, redes y proyectos de investigación (incluidos los de la Fundación UNED y la participación en Horizon Europe) con instituciones israelíes y con entidades incluidas en la base de datos de la ONU o en los informes de la Relatora Especial? ¿Promovería además que la comunidad universitaria conozca esa implicación empresarial?

7. Banca y finanzas

La debida diligencia alcanza también al dinero. Según el Informe 66 del Centre Delàs, Banco Santander ha financiado con más de 2.442 millones de dólares a fabricantes de armas que abastecen a Israel, y BBVA también figura entre los financiadores. La coalición Don't Buy Into Occupation atribuye además a BBVA 8.671 millones de dólares en préstamos y suscripción de emisiones, entre 2023 y 2025, a empresas que contribuyen a mantener la ocupación ilegal o al genocidio 

La UNED firmó en junio de 2025 un acuerdo marco financiero con Banco Santander, vigente hasta 2028, y mantiene desde 2023 un convenio de prácticas con BBVA. Una universidad pública que gestiona fondos, cuentas y patrocinios también toma decisiones éticas con su gasto.

¿Aplicaría criterios de derechos humanos a la gestión financiera de la UNED y de la Fundación UNED, de modo que ninguna mantenga inversiones, cuentas o patrocinios con entidades que se lucren de la ocupación o financien la venta de armas a Israel? ¿Revisaría en ese sentido la relación con Banco Santander y BBVA?

8. Investigación, proyectos Horizon y seguridad jurídica

En mayo de 2024, la CRUE acordó revisar y, en su caso, suspender los acuerdos con universidades y centros israelíes sin un compromiso firme con la paz y el derecho internacional humanitario; no nos consta que la UNED haya hecho pública una revisión de este tipo. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación y estableció que terceros Estados no deben prestar ayuda ni asistencia para mantenerla. Según la RUxP, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 se han firmado 44 proyectos de investigación con participación española e israelí, muchos dentro del programa Horizon.

Los tribunales han anulado acuerdos de las universidades de Valencia y Granada tras demandas de la asociación proisraelí ACOM, y el Tribunal Supremo estudia ahora el caso de Granada. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reprochó una suspensión genérica, sin valoración individual. Esa inseguridad jurídica no es solo española: las universidades flamencas han denunciado ante el Defensor del Pueblo Europeo que la Comisión no aclara cómo poner fin a una colaboración por motivos de derechos humanos. Por eso, en marzo de 2026, las conferencias de rectores de seis países, entre ellas la CRUE, propusieron que en el próximo programa marco el respeto de los derechos humanos sea requisito para participar. Y una renovación del llamamiento de los rectores belgas pide suspender el Acuerdo de Asociación UE-Israel y la participación de Israel en la próxima edición del programa Horizon (2028-2034); entre las universidades españolas, solo la Universidade da Coruña respaldó el original.

En junio de 2024, UNEDxPalestina propuso crear un grupo de trabajo, con participación de la comunidad universitaria, que velara por el cumplimiento de los principios éticos y del derecho internacional en las colaboraciones internacionales de la UNED.

¿Está dispuesto a suspender los convenios y la participación en consorcios de Horizonte Europa u otros programas cuando impliquen a instituciones vinculadas a la ocupación o al complejo militar? ¿Crearía una comisión de ética y diligencia debida, con participación de la comunidad universitaria, que revise también la investigación de posible doble uso? ¿Adherirá la UNED a la renovación del llamamiento europeo e impulsará que la CRUE reclame a la Comisión criterios claros que den seguridad jurídica a estas decisiones?

Derecho internacional, memoria y cultura

9. Una voz institucional que nombre los hechos

La Corte Internacional de Justicia dictó en 2024 medidas provisionales en el caso por genocidio y, en julio, declaró ilegal la ocupación. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que presidía Navi Pillay, premio Nobel de la Paz 2026, concluyó en septiembre de 2025 que Israel ha cometido genocidio en Gaza. En junio de 2026, la Comisión afirmó que lo sigue cometiendo, incluso después del «alto el fuego».

Mientras tanto, Estados Unidos ha sancionado a jueces de la CPI y a la Relatora Especial de la ONU. En enero de 2026, la UNED se sumó a la condena de la CRUE por el asalto a la Universidad de Birzeit, un paso valioso; falta aún una condena específica de la destrucción de las universidades de Gaza. Las declaraciones que se refieren de forma genérica a «las partes» dejan sin nombrar las violaciones y a sus responsables.

¿Promovería una declaración institucional que asuma los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia y de los órganos de Naciones Unidas sobre la ilegalidad de la ocupación y el genocidio, y que condene expresamente la destrucción de las universidades de Gaza? ¿Se compromete a que las declaraciones de la UNED nombren con precisión las violaciones del derecho internacional y a sus responsables?

10. Memoria y garantías de no repetición

La memoria es una garantía democrática basada en la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, principios que España ha incorporado a su legislación de memoria democrática. El «nunca más» que inspiró   la Convención contra el Genocidio de 1948 solo tiene sentido si vale para todos los pueblos.

La universidad custodia la memoria con su investigación, su docencia y sus archivos. Documentar con rigor lo ocurrido, junto con investigadores palestinos, es también una forma de evitar que la impunidad se convierta en un precedente.

¿Cómo incorporaría la memoria del pueblo palestino a la vida académica? Por ejemplo, con fechas como el aniversario de la Nakba en el calendario institucional, un archivo de testimonios y documentación del genocidio en colaboración con investigadores palestinos, y formación transversal en derecho internacional humanitario y derechos humanos.

11. Cultura y patrimonio palestinos

La ley vincula la misión de la universidad pública a los derechos humanos y la cultura de paz. La cultura palestina ha tenido a menudo escasa visibilidad, y hoy su patrimonio (archivos, bibliotecas, templos y las universidades de Gaza) está siendo destruido, hasta el punto de que expertos de la ONU hablan de «escolasticidio».

Con Canal UNED, Radio UNED y UNED Media, su red de centros asociados y su experiencia en enseñanza a distancia, la UNED puede contribuir de forma singular a preservar y difundir un patrimonio en riesgo de desaparecer.

¿Qué compromisos concretos asumiría para dar visibilidad a la cultura, la historia y el patrimonio palestinos? Por ejemplo, una cátedra o seminario permanente con presupuesto propio; contenidos con voces palestinas en Canal UNED, Radio UNED y UNED Media; cursos y MOOC sobre lengua árabe, historia de Palestina y derecho internacional; y la biblioteca y los centros asociados al servicio de la preservación y difusión de ese patrimonio.

Acogida, cooperación y solidaridad

12. Plazas, becas y acompañamiento para estudiantes palestinos

Con las universidades de Gaza destruidas y la movilidad restringida en Cisjordania, la educación a distancia es una de las pocas vías para que muchos palestinos sigan formándose, y el modelo de la UNED permite incluso empezar a estudiar antes de una evacuación. En julio de 2026 diecisiete universidades y entidades esperaban a estudiantes gazatíes ya admitidos; la UNED todavía no figuraba entre ellas.

Para la población ucraniana, la UNED habilitó medidas específicas, como las becas de español UNED–Santander, y en mayo de 2024 UNEDxPalestina pidió facilitar de forma análoga la matrícula de estudiantes palestinos. En diciembre de 2024 se anunció en Consejo de Gobierno un plan Universidad-Refugio centrado en Palestina, análogo al de Ucrania. El marco de Universidad-Refugio ya contempla apoyo lingüístico, psicológico, de orientación académica y de alojamiento: bastaría con aplicarlo con el mismo alcance.

¿Crearía en el primer año un programa propio de plazas y becas de matrícula gratuita para estudiantes de Gaza, Cisjordania y los campos de refugiados, con número de plazas, presupuesto y convocatoria públicos, además de cursos de español y de formación permanente gratuitos como los ofrecidos a la población ucraniana? ¿Garantizaría a quienes lleguen a España apoyo lingüístico y psicológico, reconocimiento de estudios previos y alojamiento a través de la red de centros asociados? ¿Reclamaría formalmente al Ministerio de Asuntos Exteriores la evacuación de los estudiantes admitidos que siguen en Gaza, como ya hacen otras universidades?

13. Académicos en riesgo y cooperación con las universidades palestinas

La destrucción de las universidades de Gaza ha dejado sin aulas ni laboratorios a docentes, investigadores y estudiantes, y en Cisjordania la movilidad está restringida y campus como el de Birzeit han sufrido asaltos. La UNED, con la mayor infraestructura de enseñanza a distancia del Estado, puede ofrecer justamente lo que más falta: aulas virtuales, plataforma docente y capacidad de emisión.

En junio de 2024, UNEDxPalestina  propuso poner INTECCA, el centro tecnológico de la red de centros asociados, al servicio de las universidades palestinas y formalizar el contacto con Al-Quds Open University, la universidad abierta palestina. 

Por otro lado, la solidaridad también puede formar parte de la docencia. El aprendizaje-servicio permite que el estudiantado se forme comprometiéndose con la población refugiada, uniendo aprendizaje, investigación y servicio a la comunidad.

¿Pondría la infraestructura de INTECCA y la plataforma docente de la UNED al servicio de las universidades palestinas, según las necesidades que ellas mismas definiesen, y formalizaría convenios de cooperación con Al-Quds Open University y otras universidades palestinas? ¿Habilitaría estancias, contratos o figuras de profesorado visitante para personal docente e investigador palestino desplazado o en riesgo? ¿Reconocería y financiaría proyectos de aprendizaje-servicio con población refugiada palestina y con comunidades que permanecen en Palestina?

14. Igual trato para todas las campañas solidarias

La campaña  de solidaridad con UNRWA, impulsada por el propio Vicerrectorado de Estudiantes, no se difundió por las listas institucionales por supuestas razones de protección de datos, a diferencia de la campaña por Ucrania. UNRWA ha solicitado en varias ocasiones información al respecto. La campaña recaudó menos de 2.500 euros en casi cinco meses;

¿Estaría dispuesto a difundir por los canales institucionales las campañas de UNRWA con el mismo despliegue que tuvo la campaña por Ucrania? 

Compromisos de gobierno

15. Del programa a los órganos de gobierno

Las promesas de campaña solo valen si se traducen en acuerdos de los órganos de gobierno, con plazos y seguimiento. España reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024 y muchas universidades han aprobado ya acuerdos propios. La adopción por parte de los gobiernos universitarios de unos acuerdos mínimos serviría como referencia común.

La UNED es la universidad pública con más estudiantes del país y llega a todo el territorio a través de sus centros asociados. Por eso, lo que decida tiene un alcance que pocas instituciones tienen y un valor ejemplar para el conjunto del sistema universitario.

¿Se compromete a llevar estas medidas al Consejo de Gobierno y al Claustro con un calendario concreto, a crear en sus primeros cien días una comisión mixta de seguimiento con UNEDxPalestina y a defender una posición activa en la CRUE? 

¿Tomará a las universidades más avanzadas en la protección de los derechos humanos como modelo? 

Si resulta elegido, ¿qué lugar ocuparán los derechos humanos y Palestina en su programa?