Laboral
La academia a la que James Rhodes publicita no ama a sus profesores de español

Como las del extraterrestre que busca a su desaparecido compatriota Gurb en la novela de Eduardo Mendoza ambientada en la Barcelona preolímpica, las apreciaciones del pianista británico James Rhodes sobre las costumbres y bondades de la vida en España han recibido admiración y antipatía a partes iguales y le han granjeado una consideración peculiar por estos lares.

Un perfecto desconocido hasta entonces, la publicación en 2015 de Instrumental, el libro autobiográfico en el que relata la terrible experiencia de abuso sexual que sufrió de niño, hizo que su nombre comenzase a sonar en España. Desde ese momento, su presencia en público ha ido incrementándose, tanto en redes sociales como por otros medios. Tras instalar su domicilio en Madrid en el invierno de 2017, interviene mensualmente en el programa Late Motiv, conducido por Andreu Buenafuente, ha publicado varias tribunas de opinión en El País y hasta consiguió que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le contestara por teléfono tras enviarle una misiva.

Lo más sorprendente, al igual que ocurre con sus mensajes en Twitter —con el tono naíf pero atrevido del recién llegado a un nuevo mundo—, es el desparpajo con el que emplea un idioma que apenas conoce. Él mismo lo admitía el 2 de diciembre del año pasado, con un tuit en el que anunciaba que iba a empezar un curso.

Mañana empiezo la escuela de español. Estoy muy nervioso. Los verbos y los deberes y pareciendo un idiota. ¿Y si los otros niños me odian? 😳
Pero, tb, estoy super emocionado.
La vida esta llena de contradicciones...
Voy a mejorar mi español, no importa qué.

— James Rhodes (@JRhodesPianist) 2 de diciembre de 2018

El 10 de diciembre revelaba cuál era la escuela de español en la que se había matriculado: AIL Madrid, que en su web se presenta como la mejor de España y que está acreditada por el Instituto Cervantes.

¡Esperamos que estés aprendiendo mucho James!🕺🕺🕺

— AIL Madrid (@AILMadrid) 10 de diciembre de 2018

Pero apenas cuatro días después, la academia despedía a sus alumnos, entre ellos Rhodes. Una brevedad en el curso que induce a pensar que la relación entre el pianista y la escuela puede obedecer más a algún tipo de contrato publicitario, quizá para tapar una realidad poco glamurosa: la de las condiciones laborales de los profesores que allí trabajan.

¡Hoy decimos adiós a muchos de nuestros alumnos! Siempre es un día triste para nosotros, pero también muy feliz. ¡Todos han aprendido muchísimo y su esfuerzo se ha visto recompensado! Enhorabuena a todos 🎉🎊 pic.twitter.com/hGqLAvaZFj

— AIL Madrid (@AILMadrid) 14 de diciembre de 2018

Ese mismo 14 de diciembre, AIL Madrid no solo dijo adiós a Rhodes sino que también despidió a Sergio Ruiz, argumentando que no había superado el periodo de prueba tras cuatro meses trabajando como profesor de español como lengua extranjera (ELE). Pero él encuentra otra explicación: “Yo me había significado ante los coordinadores y directores por las condiciones, no estaba dispuesto a trabajar horas gratis”, reconoce a El Salto.

Ruiz denuncia que AIL Madrid “paga por debajo del convenio” y considera que la empresa exige una disponibilidad horaria que excede “ampliamente” la jornada fijada por el Estatuto de los Trabajadores: “Estás a merced de un horario que te cambian cada viernes y tienes que estar disponible de 9h de la mañana a 22h, aunque tu contrato probablemente sea de 20 horas semanales. Su práctica es contratarte a jornada parcial, generalmente por tres o seis meses, y sin establecer el número de horas semanales a trabajar sino el cómputo total de horas que vas a cumplir en todo ese tiempo”. También señala la “rotación extrema” en el personal, debida a “despidos, finalización de contratos y lo que ellos dicen que es gente que no supera el periodo de prueba”.

Contactada AIL Madrid por El Salto, su directora académica, Susana Marqués Calavia, cree que “por desgracia, hay muchos casos de precariedad en el sector ELE con profesores pagados en efectivo, falsos autónomos, contratos de fijos discontinuos y la contratación de profesores bajo el régimen de prácticas para pagar un salario inferior y menos Seguridad Social”.

Pero ella prefiere destacar el quehacer de escuelas que contratan a todos sus profesores de forma legal “desde la primera hora de clase y cumplen con los requisitos y cuadros salariales estipulados en el convenio que regula el sector, el de enseñanza no reglada”. En esa categoría es donde sitúa a AIL Madrid: “Somos reconocidos por ofrecer unas de las condiciones más favorables entre las escuelas privadas de ELE en España y estoy orgullosa de ello. Ofrecemos muchas oportunidades de formación a cargo de la escuela y desarrollo profesional, y pese a ello siempre hay cosas que se pueden mejorar, y seguiremos revisando y mejorando en 2019 dentro de los límites que el mercado, que es extremadamente competitivo, permite”.

Un convenio comodín para las empresas

Ruiz acumula seis años de experiencia como profesor de ELE en varias empresas, lo que le permite identificar como habitual lo que vivió en AIL Madrid. En el origen, él apunta al marco legal por el que se rige el sector, el convenio de enseñanza no reglada, cuya vigencia concluyó el 31 de diciembre de 2018. “El problema comienza ahí: tenemos la misma categoría instructores deportivos, entrenadores personales, profesores de oficios, monitores de campamento o monitores de comedor. Son realidades muy distintas pero se decidió por parte de los sindicatos mayoritarios y de la patronal unificarlo todo en el mismo convenio, con salarios bajísimos, variación de horas de jornada completa y en el que no hay prácticamente ningún derecho favorable al trabajador, estamos a merced de lo que diga cada empresa. Es un comodín para ellas”, explica.

Publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de julio de 2017 y suscrito por las asociaciones empresariales CECAP, CECE, ACA-FECEI y ANCED, y por los sindicatos FECCOO y FeSP-UGT, el VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no reglada establece un salario base de 14.243 euros anuales en 2017 para la categoría de profesor titular (en 14 mensualidades o 12 si así se acuerda con la empresa) y una jornada laboral anual máxima de 1.446 horas para el personal docente. No fija un límite semanal de horas sino un módulo semanal de referencia de 34 horas semanales, “para una más conveniente organización del trabajo”.

A pesar de esa indefinición horaria y de lo que es la jornada semanal, el convenio sí especifica que “en la actividad de Idioma Español para Extranjeros y programas socio-culturales y tiempo libre, y para atender necesidades de servicios o por razones técnicas u organizativas, podrán los trabajadores, adscritos total o parcialmente a dicha actividad, excepcionalmente prestar sus servicios tanto en domingos, días festivos como en fiestas laborales u oficiales, siempre que dicha prestación haya sido pactada previamente por la empresa y los trabajadores afectados”. Lo que abre la puerta a que, en la práctica, la jornada se extienda de lunes a domingo si las compañías así lo disponen.

“Pero las empresas ni siquiera cumplen el convenio”, lamenta Ruiz, quien pone como ejemplos generalizados de ese incumplimiento la contratación de profesores de ELE en otra categoría distinta, la de instructor experto, con un salario base anual inferior en 2.500 euros, o el hecho de que no se facilite a los trabajadores el horario por escrito. “Hacen una interpretación del convenio claramente favorable a ellos”, concluye.

“Lo que me pasaba no era cosa mía”

El 30 de junio de 2018 fue una fecha importante para el profesorado de ELE. Ese día se celebró en Madrid un encuentro de profesionales que se dedican a la enseñanza del español como lengua extranjera para poner en común los problemas que afrontan y tratar de sentar las bases para resolverlos. “Tras la reunión de profesores de ELE el 30 de junio para hablar del tema, me animé. Pensé que lo que me pasaba no era cosa mía sino que era un problema general de la profesión”, asegura a El Salto A.G., quien prefiere no revelar su nombre y apellidos.

Lo que le pasaba era un agotamiento fruto de su trabajo en AIL Madrid desde 2016. “Hacía jornadas en las que entraba a las 9h y salía a las 22h, a lo mejor con una pausa de dos o tres horas por medio, que tienes que seguir en el centro porque no te da tiempo a ir a casa y volver. Te absorbe”, recuerda.

A.G. trabajaba “hasta 35 horas a la semana y más”, a pesar de que su contrato era de 23 horas semanales. Asegura, además, que en esta empresa “se dedican a asignarte tareas que ni siquiera tienen que ver con tu función o tu competencia, cosas de marketing, por ejemplo”.

A.G., cuya trayectoria profesional está orientada a la enseñanza del español —desde 2013 en España y anteriormente en el extranjero—, cuenta que el despido de una compañera en 2017 fue la gota que colmó su vaso. Entonces protestó y recibió la llamada a capítulo por parte de la empresa.

Después de la reunión en Madrid que reactivó su ánimo, decidió informarse acerca de cómo mejorar las condiciones laborales del profesorado de ELE. “Empecé a hablar con sindicatos, para orientarme y no dar pasos a ciegas”.

Comisiones Obreras convocó una reunión informativa el 17 de octubre del año pasado para tratar cómo se podría llevar a cabo una representación sindical dentro de las empresas. A.G. asistió e intervino, consultando sus dudas. Dos días después, la empresa le entregó la carta de despido. “Mencionaban bajo rendimiento, pero creo que hubo causa-efecto por haber ido a la reunión dos días antes”, opina.

El intrusismo, la alta temporalidad, la consideración del trabajo de profesor de ELE como algo pasajero, hasta que salga otra cosa mejor, son rasgos que presiden el día a día de la actividad profesional de este colectivo, junto a la precariedad.

El miedo al despido, el rumor sobre la existencia de listas negras que impedirían volver a trabajar a quienes se significan, el desinterés de los sindicatos y la escasa atención que presta el Instituto Cervantes a la calidad educativa y a las condiciones laborales de las escuelas a las que acredita para impartir español como lengua extranjera son algunos motivos que ayudan a entender las dificultades para garantizar el cumplimiento de derechos y la desmovilización en este sector. Como muestra significativa, la falta de representación legal de los trabajadores en la mayoría de las empresas.

“Si esto no cambia —dice A.G. con pesar—, no sé si quiero seguir dedicándome a esta profesión. Somos profesores con mucha formación y un bagaje detrás, con titulaciones y experiencia. No me lo quiero tomar como una profesión de tránsito”.

Por su parte, Ruiz se muestra “bastante esperanzado” pese a los obstáculos, porque se está formando una suerte de “agrupación de gente dispuesta a unirse y luchar por los derechos de los trabajadores de ELE. Quiero ser positivo pero es verdad que es muy difícil”.