Laboral
La CEOE lanza una campaña para dejar de pagar los once días de baja que le corresponden

La batalla por las bajas médicas vuelve a ocupar el centro del debate laboral. La CEOE ha decidido convertir el incremento de las incapacidades temporales en una de sus principales reivindicaciones y reclama que las empresas dejen de asumir el coste de los días cuarto al decimoquinto de las bajas por enfermedad común o accidente no laboral. La propuesta, defendida esta semana por su presidente, Antonio Garamendi, llega acompañada de una campaña centrada en el llamado “absentismo” y ha provocado una inmediata respuesta sindical, que denuncia una estrategia para cuestionar derechos laborales y ampliar el poder de las mutuas.

Según los datos difundidos por la CEOE, el coste del absentismo se ha triplicado durante la última década hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025, de los que alrededor de 17.000 millones recaen sobre las empresas. “Se trata de la segunda partida de gasto, sólo superada por el destinado a pagar las pensiones, que tiene consecuencias nefastas en la productividad y la competitividad de las empresas y del propio mercado de trabajo”, afirmó el presidente de la patronal que aunque asumió que “mucha gente está enferma y hay que cuidarla”, rechaza que las empresas paguen su parte. 

Lo cierto es que los tres primeros días son asumidos solo por el trabajador, que deja de cobrar ese salario (salvo que el convenio diga lo contrario), que hay once días que asumen las empresas el 60% de la base reguladora, pero que a partir del día 15 es la Seguridad Social quien asume el 75% del coste de los salarios. Las bajas por contingencias comunes pueden durar 365 días ampliables otros 180 días si se ve mejora. Desde ahí, ya que se considera la incapacidad permanente.

Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, recuerda que cuando en los años noventa se impuso a las empresas la obligación de asumir ese coste, también recibieron una importante compensación económica. “La propuesta de CEOE de no asumir el pago de la incapacidad temporal del cuarto al decimoquinto día no es razonable. Se les compensó con una bajada de cotizaciones empresariales de casi un punto, lo que supone una cuantía similar de lo que pagan actualmente por ese concepto”, explica a El Salto. Según recuerda, el Banco de España ha estimado ese coste en unos 4.600 millones de euros anuales.

Trabajo recuerda que una baja médica no constituye un fraude ni una decisión voluntaria del trabajador, si no que depende del criterio médico

La ofensiva de la patronal llega acompañada de un discurso que presenta el aumento de las bajas como uno de los principales problemas del mercado laboral español. Sin embargo, sindicatos y expertos cuestionan incluso el propio uso del término “absentismo” para referirse a incapacidades temporales reconocidas por personal médico. El Ministerio de Trabajo ha insistido estos días en que una baja médica no constituye un fraude ni una decisión voluntaria del trabajador, sino un acto estrictamente sanitario adoptado por profesionales médicos y su criterio. Esa misma idea aparece de forma reiterada en las respuestas sindicales.

“Hay que recordar al señor Garamendi que las bajas médicas no las coge un trabajador porque quiere, sino que son dadas por un profesional sanitario con una preparación académica y una capacidad para entender si el estado de salud de una persona trabajadora es apto para desarrollar su actividad laboral con normalidad”, afirma a este medio Miguel Fadrique, secretario general de CGT. Para el sindicato, la propuesta constituye “un nuevo ataque de la patronal hacia la clase trabajadora” y demuestra que “no tiene ningún tipo de escrúpulos” al cuestionar un derecho reconocido legalmente.

“El objeto de esta campaña es recortar derechos laborales y dar más poder a las mutuas, dejando sin protección a las personas enfermas”, Pello Igeregi, responsable de Negociación Colectiva de ELA

Una valoración similar realiza Pello Igeregi, responsable de Negociación Colectiva de ELA, quien considera que la utilización del concepto de absentismo responde a una estrategia política. “Es en este contexto donde debemos situar la campaña de criminalización de la clase trabajadora basada en el término absentismo. El objeto de esta campaña es recortar derechos laborales y dar más poder a las mutuas, dejando sin protección a las personas enfermas. El término absentismo es muy ideológico, ya que da a entender que las trabajadoras faltan al trabajo por voluntad propia”.

Aumento de las bajas y el empeoramiento del sistema de salud

El crecimiento de las incapacidades temporales se ha convertido en uno de los principales argumentos de la patronal. Pero quienes analizan la evolución del fenómeno apuntan a causas muy distintas a las que suele plantear el debate empresarial. Carlos Bravo enumera varios factores que se han ido acumulando en los últimos años: “Se han incrementado las incapacidades temporales por el mayor número de personas trabajando, por el aumento de la edad de las personas trabajadoras, por las listas de espera del sistema sanitario, por la mayor atención a la salud mental y por la sensibilización sobre la salud tanto médica como ciudadana desde la pandemia”.

También desde ELA sitúan el foco en la transformación del mercado laboral. “En los últimos años se producen dos fenómenos contrapuestos: por un lado, empresas y administraciones han apostado por la precariedad laboral y perjudican la salud de la clase trabajadora, lo que implica un aumento de las incapacidades laborales: por otro, debido al envejecimiento de la población, las empresas tienen dificultades para encontrar mano de obra y presionan para que personas enfermas acudan igualmente a su puesto de trabajo”, indica Igeregi.

“El problema es que hay personas que van a trabajar atiborradas de pastillas, con dolores, cronificando enfermedades y aumentando el riesgo de sufrir accidentes”, denuncia Zubiri

La idea conecta con otro fenómeno del que apenas se habla en el debate público: el presentismo, es decir, acudir a trabajar estando enfermo. Jon Bernat Zubiri, profesor de Economía Aplicada, considera que la discusión se ha construido sobre un diagnóstico equivocado. “No hay un problema de absentismo, sino de salud laboral. Siempre están hablando de la gente que alarga las bajas, que algo habrá, pero muy poco se dice de toda la gente que trabaja enferma por distintas razones. Personas que van a trabajar atiborradas de pastillas, con dolores, cronificando enfermedades y aumentando el riesgo de sufrir accidentes, incapacidades permanentes y una caída de la productividad”.

Buena parte de la polémica gira también alrededor de una cuestión menos visible: muchas patologías derivadas del trabajo terminan registrándose como enfermedades comunes. Cuando eso ocurre, el coste deja de imputarse a las contingencias profesionales y pasa al sistema general de incapacidad temporal. Los sindicatos llevan años denunciando una importante infradeclaración de enfermedades profesionales, especialmente en patologías musculoesqueléticas y trastornos relacionados con la salud mental.

Proponen acabar con la diferencia entre enfermedades comunes y laborales, así como evaluar la existencia de las mutuas privadas

Para Zubiri, incluso desde algunas mutuas existe conciencia de que la actual separación entre contingencias comunes y profesionales resulta insuficiente. “Lo suyo sería eliminar la diferencia entre bajas por contingencias laborales y comunes. Una persona trabajadora que no puede trabajar necesita ser atendida y debería existir un auténtico sistema público de salud laboral”, explica. 

La intención de ampliar las competencias de las mutuas constituye otro de los principales puntos de fricción. “Las mutuas son asociaciones de empresarios, aunque se financian exclusivamente con cuotas de la Seguridad Social”, recuerda Carlos Bravo, por lo que insiste que hay “un claro conflicto de intereses para atribuirles nuevos papeles en el control de las incapacidades temporales”. Por lo que CCOO propone “que pasen a ser entidades gestoras de la Seguridad Social, integrándose plenamente en su estructura y dejando las empresas de formar parte de sus órganos directivos. A partir de ahí podrían abordarse otros debates".

“Las mutuas son entidades patronales cuyo objetivo es que la gente vuelva a trabajar lo antes posible”, critican desde ELA

Desde CGT opinan que “las mutuas deberían desaparecer”. “Consideramos que no aportan nada positivo para la salud de la clase trabajadora, apostamos por una gestión total de las bajas por parte de la Seguridad Social”, explica a El salto Fadrique, que asegura que así se dotarían de “más recursos al sistema público, las bajas laborales se gestionarían pensando en la salud de las personas y no en los intereses económicos de una empresa determinada".

Por su parte ELA defiende que “las mutuas son entidades patronales cuyo objetivo es que la gente vuelva a trabajar lo antes posible”, por lo que “la prioridad no es cuidar la salud de las personas trabajadoras”. Su portavoz indica que hay que “recorrer el camino inverso: fortalecer la atención sanitaria pública y, si existen excedentes en las mutuas, integrarlos en el sistema público".

La salud mental, el gran reto pendiente

Si existe un ámbito donde el incremento de las bajas resulta especialmente evidente es el de la salud mental. Para Carlos Bravo, las incapacidades de larga duración se concentran precisamente en este tipo de patologías. “El sistema sanitario público no está suficientemente dotado para abordar esta situación”, explica e indica que “España se ha convertido en uno de los líderes mundiales en consumo de psicofármacos como alternativa, sin acompañarlos de los medios terapéuticos suficientes, porque los tiempos de respuesta para consultas, diagnósticos y tratamientos también influyen”.

Por eso, para CCOO es vital revertir el hecho que España invierte en sanidad pública dos puntos menos de PIB que la media de la eurozona. “Reforzar la atención primaria, la especializada, las pruebas diagnósticas, la rehabilitación o las cirugías resulta esencial para reducir también las bajas de larga duración", indica Bravo. 

“Cada vez hay más bajas por estrés y ansiedad y ni las empresas ni las administraciones hacen nada para remediarlo, las cifras no van a mejorar por sí solas", reclaman desde CGT

Desde CGT coinciden en que la salud mental continúa siendo una cuestión olvidada en el ámbito laboral. “Si cada vez hay más bajas por estrés y ansiedad derivadas del trabajo y ni las empresas ni las administraciones hacen nada para remediarlo, las cifras no van a mejorar por sí solas“, comenta Fadrique, que remarca que “las listas de espera para especialistas aumentan continuamente y cada vez existen más tratamientos que dependen directamente de la capacidad económica de cada paciente”.

El sindicato ELA no olvida que “los estudios internacionales muestran que la inseguridad laboral incrementa el riesgo de depresión, ansiedad e incluso suicidio”, por lo que reclama que “mejorar las condiciones de trabajo es fundamental, igual que reforzar la sanidad pública para que la atención psicológica forme parte de la prevención comunitaria".