Laboral
CGT denuncia que España pretende remitir a Europa “una versión sesgada” de la temporalidad para evitar multas

La Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP‑CGT) denuncia que el Estado español tiene intención de remitir a la Comisión Europea unos datos que, según el sindicato, no se ajustan a la realidad laboral. Se trata de unos datos obligados desde que España fue advertida de que incumplía las normas comunitarias en cuanto a temporalidad laboral y abusaban de personas temporal en la Administración. Esta normativa hizo que en educación, sanidad y otros sectores pertenecientes a la administración central, autonómica y local se convocaran oposiciones y procesos de estabilización contra reloj. El objetivo: evitar las multas que establece la la Directiva 1999/70/CE. 

Así, el sindicato dice que, tras mantener reuniones con diputadas y diputados del Congreso, tiene conocimiento de que el Gobierno de España pretende remitir a la Comisión Europea “una versión parcial y sesgada” de la situación de la temporalidad en el empleo público. Además de denunciarlo de forma pública, CGT ha remitido un informe a Roxana Mînzatu, Vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Capacidades, Educación, Empleo de Calidad y Derechos Sociales. En el informe, al que ha tenido acceso El Salto, el que evidencia “destrucción” de empleo público además de sesgos como el edadismo y el machismo en las plantillas de la Administración. El sindicato suma informes del Defensor del Pueblo y datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), así como de las propias comunidades autónomas, para respaldar su postura. 

El sindicato se pregunta qué pasa con los más de 400.000 que el Estado no visibiliza ni en sus informes ni en sus consolidaciones de plazas

Explican que mientras el ministro de Función Pública, óscar López, anuncia la convocatoria de 513.000 plazas de estabilización y que, de estas, 365.000 ya se han ocupado significaría que la tasa de temporalidad es del 17’5%. pero, según los datos de la Secretaría de Estado de Función Pública, tomando los datos del Boletín Estadístico de Personal al Servicio de las Administraciones Pública (BEPSAP), actualmente se encuentra en el 32,24%. Esto significa que son más de 970.000 empleados los que se encuentran en temporalidad. El sindicato se pregunta qué pasa con los más de 400.000 que el Estado no visibiliza ni en sus informes ni en sus consolidaciones de plazas. 

Estas personas, explica el sindicato, “no solo se trata de personal temporal actualmente en activo en los servicios generales de las comunidades autónomas y en las administraciones locales, sino también de decenas de miles de Justicia, Educación y Sanidad que, pese a desempeñar sus funciones desde hace lustros e incluso décadas, ocupan plazas calificadas como ‘no estructurales”.  Esto permite tener una visión diferente de qué puestos hay que consolidar como fijos y cuáles no. 

Despidos con rostro de mujer senior

La denuncia se centra en que el Gobierno habla de administraciones de Sanidad, Educación y Justicia, “dejando fuera a los servicios generales de las comunidades autónomas y a las administraciones locales”, donde se concentra buena parte del empleo público en fraude de ley. “Según datos oficiales del propio Ministerio, la tasa de temporalidad global supera el 32,24 %, mientras el Ejecutivo comunica únicamente un 17 % a las instituciones europeas, afirmando que ha estabilizado 365.000 plazas y al haber destruido otras 92.200, el 96,54% de la pérdida total de empleo en el primer trimestre, siendo de lejos la mayor cifra desde que se tienen datos”, explica el sindicato. 

“No parece ajustado a derecho que los trabajadores de distintas administraciones, encontrándose en un idéntico vínculo laboral de fraude de ley por abuso de temporalidad, tengan una trato tan desigual que mientras a unos se les estabiliza, a otros se les despide sin tan siquiera el reconocimiento de indemnización”, indica a la Comisión Europea en su informe el sindicato CGT. 

En cuanto al edadismo y brecha de género, CGT afirma que la situación, la del ‘despido’ o fin de la interinidad, afecta especialmente a mujeres en sus últimos años de carrera laboral. “Esta actividad, que raya lo criminal, se mantendrá por parte del estado mientras no se le obligue a adoptar una solución definitiva para todas las trabajadoras afectadas, por supuesto, incluidas las cesadas ilegalmente”, argumentan en el informe que apela al derecho europeo para revertir la situación. 

La Directiva 1999/70/CE es una norma que lleva 24 años apremiando a los estados para que pasen de temporales a fijos a sus trabajadores públicos, permitiendo un porcentaje de flexibilidad que España supera por mucho. El último revés para el estado ha sido con dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que reconoció el abuso de temporalidad en función de la directiva y puso de plazo finales de diciembre de 2024 para solucionarlo. Lejos de ser así, muchos interinos han visto procesos de consolidación que se han convertido en oposiciones libres, otros han denunciando que las prisas han tenido como resultado procesos que no garantizan las condiciones de un proceso justo y otros siguen sin saber si su plaza continúa o no. Ha sido el caso de la comunidad educativa, empleados no docentes y otros perfiles en la Comunidad de Madrid. 

“Ya no caben más excusas, después de 24 años de incumplimiento, es hora de que el Estado español garantice estabilidad", exige el sindicato en su informe

“Desde FETAP-CGT reclamamos una respuesta integral que incluya a todas las administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales en cualquier propuesta de regularización que se traslade a las instituciones europeas”, explica el sindicato, que hace mención a la necesidad de aplicar la  Ley 40/2015 para la figura de fijo a extinguir y pide a la Comisión Europea que actúa “con firmeza” frente a esta situación que se ha largado en el tiempo. “Ya no caben más excusas, después de 24 años de incumplimiento, es hora de que el Estado español garantice estabilidad, reparación y justicia a quienes han sostenido los servicios públicos bajo condiciones de abuso”.