Laboral
Un juzgado condena en Vigo al trabajador de una librería por reclamar lo que le deben

Unos 1.800 euros acumulados en tres pagas extras entre el 2016 y 2017. Eso es lo que le debe la librería Librouro a José Iglesias, “sin ningún tipo de explicación previa”. Desde el mes de abril de 2019, el empleado se manifestó frente a la empresa con un cartel donde la acusaba de no pagar a los trabajadores. En mayo de ese mismo año, la Confederación General del Trabajo (CGT), apoyó sus movilizaciones.

Tras esto, Jorge Patiño, el gerente de Librouro, localizada en el centro de Vigo, denunció a Iglesias por coacciones y exigió una indemnización de 12.000 euros en concepto de supuestas pérdidas económicas en ventas originadas por sus reclamaciones. El Juzgado de Instrucción nº2 de Vigo condenó a José Iglesias por delitos leves de coacciones, obligándole a indemnizar con el pago de 760 euros a Librouro y sancionándolo con 400 euros en concepto de multa. 

En el caso de no abonar las cantidades impuestas por la multa, “quedará sujeto a un régimen subsidiario de un día de privación de libertad por cada dos  cuotas de multa no pagadas”, indica el documento a lo que tuvo acceso El Salto. Es decir, de no pagarla, entraría a la cárcel o en arresto domiciliario.

Según José Iglesias, estas protestas siempre fueron pacíficas. “Alegan que no dejaba entrar a la gente a la librería, cuando es mentira”. Afirma que “nos situábamos entre 5 y 10 metros del local”, y que “ellos llamaban a la policía, estos venían, nos identificaban y nosotros siempre hicimos caso a sus recomendaciones”. De hecho, el trabajador censura que “fueron los de  Librouro quienes nos insultaron, tanto en la calle como por redes sociales”.

Las movilizaciones fueron motivadas tras “presiones laborales y humillaciones a otra empleada”, según José Iglesias

De todos modos, estas protestas fueron motivadas también por solidaridad laboral. “Se trata de una empresa familiar, había otra empleada a la que machacaron laboralmente; presionándola y humillándola mientras trabajaba, todo para contratar a la hija de la gerente en su puesto”, explica Iglesias. Tras esto, “consiguieron que la antigua trabajadora marchara con una baja voluntaria al borde de una depresión, sin paro ni indemnizaciones”. “A partir de lo ocurrido, yo seguía esperando por el dinero que se me habían prometido y no se me habían pagado, decidí comenzar a luchar por el mío”, afirma.

Por su parte, la ex—trabajadora de Librouro (que prefiere mantener su anonimato), relata que “llevaba 20 años trabajando lana librería, querían que me fuera, pero voluntariamente”. “Lo hicieron con presiones, como cuestionar mi trabajo todo el tiempo o mostrar desconfianza conmigo, siempre con unas formas que no eran las correctas”, y puntúa que “estaba en un momento malo de mi vida y preferí pasar del tema”.

Respecto a las movilizaciones en la calle llevadas por José Iglesias, la antigua empleada de la librería defiende que “las apoyo, él está en su libre derecho de manifestarse”, y confiesa que “echando la vista atrás yo también podría haber luchado por mis derechos, pero anímicamente no tenía fuerzas, ahora ya pasé página y tengo otro trabajo”. 

Este caso se trata de una empresa familiar, por lo que José clarifica que “llevo casi 30 años trabajando allí, podía llegar a entender ciertos retrasos en los pagos si las cosas no iban bien económicamente”. Según indican José Iglesias y la propia CGT el propio gerente de Librouro acabó reconociendo en el juicio que no le había pagado dicha pagas extras, pero estas prescriben al año. Aún así, “gracias a las movilizaciones con el apoyo del sindicato, sí que me pagó las correspondientes de 2018 y 2019, pero no las de 2016 y 2017”, asegura Iglesias.

Antes de mostrar el descontento en las calles, “los avisé y les pedí el dinero, que rechazaron pagar”. Tras ellas, Iglesias asegura que un asociado de la empresa llegó a ofrecerle 15.000 euros por dejar el trabajo y las protestas, pero “en cuyo caso, por los casi 30 años trabajados me corresponderían casi 50.000 euros en indemnización”.

“Mi reincorporación del ERTE ha sido gracias a las presiones que ha ejercido la publicación del artículo de O Salto”, asegura José Iglesias

En cuanto a presiones o discriminaciones por parte de la empresa, José Iglesias era el único trabajador que seguía en proceso de ERTE de una plantilla de 8 personas, “en un momento del año donde comienza a aumentar muchísimo la carga de trabajo”, defiende. Sin embargo, el próximo sábado 8 de agosto se reincorporará al trabajo, él mismo asegura que “ha sido gracias a las presiones que ha ejercido la publicación de este mismo artículo en O Salto el pasado miércoles 5”. Aún así, critica que durante el tiempo de las movilizaciones le retiraron de su puesto “pertenencias personales como fotos con mi hija o regalos suyos”.

Por la parte de Librouro, El Salto se acercó a la librería a preguntar por el caso. Su gerente, Jorge Patiño, se limitó a entregarnos una copia de la sentencia —por recomendaciones de su abogada— y no dar más declaraciones que la calificación de la situación como uno “cruce de cables de un trabajador que nunca había dado problemas”. Patiño también asegura que por su parte no va a recurrir la sentencia.

UN “ATENTADO JUDICIAL” A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Desde la CGT, califican la sentencia judicial como “única y muy estraña”, ya que “por las medidas tomadas a causa de la  COVID—19 los testigos no declararon y debe haber una aclaración de la misma”, indica Daniel Reina, el secretario de Comunicación de la CGT en Vigo. Añade también que “leyendo la sentencia parece que el trabajador usa a la CGT contra la librería de una manera que califican como “consciente y deliberada”, cuando fuimos nosotros quienes lo asesoramos a él”.

De cumplirse una sentencia de este tipo, “otras muchas empresas podrían aprovecharse aprovecharse y violar derechos fundamentales para los trabajadores, como la libertad sindical o la libertad de expresión y de libre organización”, indica el mismo sindicalista. Además, “estamos pasando de que la empresa le deba dinero a que él se los deba a ella por ejercer su derecho a la manifestación”, censura.

“No es tanto por el dinero, si yo no lucho y demuestro esta injusticia, muchos otros trabajadores pueden verse también afectados”, argumenta Iglesias

Desde la  CGT y el propio José Iglesias aseguran que recurrirán la sentencia a la Audiencia Provincial de Pontevedra y que lucharán hasta el final. “No es tanto por el dinero, si yo no lucho y demuestro esta injusticia, muchos otros trabajadores pueden verse también afectados”, argumenta Iglesias. El sindicalista de la  CGT demanda que “la sentencia debe abolirse totalmente”.