Laboral
El lado oscuro de los descuelgues: intentar ganar competitividad a costa del trabajador, según demuestra un estudio

“Concurren las causas justificativas (de tipo económico)”. Esa frase costó parte de su sueldo al único empleado de una empresa del sector de la construcción. Se hizo mediante un descuelgue del convenio colectivo que se le aplicaba, un procedimiento legal que obedece a la lógica de “mejor con peores condiciones que sin trabajo”. Un estudio ha analizado las actas de las negociaciones en un centenar de empresas. Se trata de un material confidencial que revela justificaciones muy escuetas como la del ejemplo, pero también recortes draconianos de sueldo en empresas ya saneadas simplemente para ganar cuota de mercado o concursos públicos. Todo ilegal.

El descuelgue es una medida legal que permite a los empresarios dejar de aplicar el convenio colectivo en varios aspectos como la jornada, los turnos o el sistema retributivo

Un ejemplo de esas ilegalidades se da en una compañía de 35 trabajadores que se dedica a la fabricación de productos químicos. “El mantenimiento de los salarios actualmente hace que la empresa no sea competitiva en el mercado, y ello ha llevado a no obtener determinadas contrataciones públicas por la imposibilidad de ofertar un precio competitivo derivado, en buena medida, de la necesidad de cubrir los costes en materia de personal”, dice el acta.

El estudio de los descuelgues forma parte de un proyecto más grande, publicado por el Ministerio de Trabajo, que analiza los efectos económicos de la negociación colectiva en España entre 2007 y 2015. Es especialmente relevante por tratar un material al que no se tiene acceso: las actas de la negociación. La confidencialidad de esos documentos impide dar nombres de empresas ni otras cuestiones que permitan identificarlas. Sólo se alude al sector, al número de trabajadores y a la materia afectada por el descuelgue. Pero eso no impide hacerse una idea de lo lejos que se ha llegado los últimos años.

Descuelgues abusivos

El descuelgue es una medida legal que permite a los empresarios dejar de aplicar el convenio colectivo en varios aspectos como la jornada, los turnos o el sistema retributivo. Es una ventana que dejó entreabierta la reforma laboral de 2010, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que acabó de abrir del todo la de 2012 ya bajo la presidencia de Mariano Rajoy.

Basta con argumentar cuestiones técnicas, organizativas o económicas. En este último punto, es suficiente con tener dos trimestres consecutivos de descenso de “ingresos ordinarios o ventas”, según recoge el Estatuto de los Trabajadores.

Eso hace que sea relativamente sencillo cumplir los requisitos para bajar salarios, aumentar jornadas, retirar pluses o todo a la vez. Sin embargo, lo que se observa en este estudio es que, pese a las facilidades, se cometen “múltiples y recurrentes ilegalidades”, dice su autor, Luis Gómez, en conversación con El Salto.

A este doctorando en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid le llaman la atención los “abusos de derecho en forma de reducciones salariales desproporcionadas en relación a la situación económica o productiva de la empresa (con caídas de hasta el 45% e incluso hasta el límite del Salario Mínimo Interprofesional), ejecución de descuelgues en situación de recuperación económica, de saneamiento de las cuentas de la empresa e incluso con previsión de contratación”.

También se dan descuelgues que el propio autor de la investigación ha dado en llamar como “preventivos”. Se trata de inaplicaciones de convenios que están por firmar a pesar de que la legislación lo impide.

Lo que se observa en este estudio es que, pese a las facilidades, se cometen “múltiples y recurrentes ilegalidades”

“En el supuesto de que se publique un nuevo convenio, las partes procederán a adaptar este acuerdo al nuevo”, dice el acta de la inaplicación de una empresa de la construcción en lo que parece una adaptación a la ley. Sin embargo matiza: “en el caso de que este nuevo convenio tenga efectos económicos retroactivos, los mismos no serán de aplicación a los trabajadores de la empresa”. Se trata de una fórmula que aparece casi calcada en las actas de otras tres empresas del sector con entre tres y ocho trabajadores.

Son cuestiones que, a pesar de ser ilegales, están negro sobre blanco y firmadas por las partes: empresa y representación de los trabajadores.

Eso precisamente es “lo más impactante” para Gómez. “Muchas irregularidades son expresas y, por tanto, demostrables ante un juez, pero no son denunciadas por parte de los trabajadores, lo que sólo puede deberse al temor a futuras represalias o al ajuste directo por vía de la flexibilidad externa”, es decir, a los despidos.

Pero “muchas irregularidades” en el estudio de cien casos son en realidad ¿muchas o pocas? Dicho de otra manera, ¿están realmente los empresarios aprovechándose del temor de sus empleados? “La selección fue aleatoria”, aclara el autor del análisis, así que, “por esa aleatoriedad, cabe plantearse que el conjunto de las mismas presenten una proporción relativamente similar en cuanto a poseer estos u otros elementos censurables”.

Dumping social

Hay más sobre la empresa de 35 trabajadores que quería ganar concursos públicos bajando el salario de sus empleados. En las actas se reconoce que los ERE que se han llevado a cabo (dos en concreto antes del descuelgue) “restan competitividad en un entorno de incremento de la actividad; y es que la reducción de jornada o la suspensión de contratos que contenían los expedientes de regulación de empleo puestos en funcionamiento no permitían atender las necesidades de la empresa que le permita remontar las cifras actuales de negocio”.

Dicho de otra manera, la empresa pretendía cambiar despidos por contrataciones y menores sueldos. A eso el estudio lo llama “con casi toda probabilidad, un supuesto de dumping social”.

“Es difícil hacer una estimación sobre cuántos supuestos de inaplicaciones de convenios se realizan teniendo como fin el dumping social”, reconoce Gómez. Ese caso parece claro y también las estadísticas, es decir, los números (sin entrar en el análisis de las actas) parecen confirmar que algo hay. “El gran porcentaje de inaplicaciones que se llevan a cabo, incluso ya en la etapa de recuperación, con horizontes temporales de varios años, induce a pensar en la utilización de la norma más allá de la vigencia de la situación económica negativa”.

Incrementar la competitividad a costa de las condiciones de los trabajadores (dumping social) es grave. Sin embargo, no parece haber sido masivo. “Sí se ha generado una carrera a la baja en las retribuciones, como primer elemento del dumping, pero no de los precios de venta”, aclara Gómez, que explica que esa práctica es igualmente dañina.

Para ello, se remite a los datos de la Comisión Europea en los que se ve que, durante la crisis, España ha sido el tercer país (tras Grecia e Irlanda) que más ha reducido salarios y uno de los que más ha incrementado los precios de los productos exportados (una forma de medir la competitividad): un 5,78% frente al 4,6% de Alemania, el 1,74% de Reino Unido o el 0,57% de Francia.

Mejor tener peores condiciones que perder el empleo

En un momento en el que los datos de paro pulverizaban marcas casi mes tras mes, parecía lógico pensar que una rebaja de las condiciones era un mal menor.

“La ortodoxia económica plantea una falsa disyuntiva”, dice Luis Gómez. “Se amputa del salario la mitad de su naturaleza, concretamente la del mismo como fuente de consumo, manteniendo exclusivamente su papel como coste”. Si, además, los precios se mantienen o crecen, la cosa se agrava.

Lo que esta postura (un enfoque postkeynesiano) le dice a quienes defienden los descuelgues como una cuestión inevitable a no ser que se quiera que aumente el desempleo, es que se olvidan de la pérdida de poder de consumo y que eso acaba volviendo a dañar a la propia economía.

Como muestra, algunos números. “Mientras los beneficios agregados se estancaron entre el cuarto trimestre de 2011 y el tercero de 2012, la masa salarial se desplomaba 9 puntos y en el cuarto trimestre de ese año se reducía deliberadamente un 4%. Con ello se consiguió incrementar el excedente bruto de explotación un 1,28%, pero en el siguiente trimestre se desplomó 3 puntos”.

Dicho de otra manera: se entra en un “círculo vicioso” ya que, “en el caso español, el ajuste vía precios no hace sino incrementar el ajuste vía cantidades”, dice Gómez. Eso significa que, queriendo evitar que suba el paro, al final, se puede acabar provocando precisamente eso.

El investigador propone ver qué ha sucedido en otros países, en concreto 37 que sufrieron recesión en 2009. Aquel año, España, junto a catorce países entre los que están Reino Unido, Suecia o Finlandia, vieron aumentos de salarios pero también crecimiento del paro, lo que justificaría esa tesis de la rebaja de condiciones como mal menor. Sin embargo, ese mismo año, cayeron el paro y también los salarios en Austria, Estados Unidos, Japón, Corea y hasta en diez países más. Eso contraviene la tesis. También lo hace que suban los salarios y baje el paro y pasó en Chipre, Luxemburgo, Malta, Macedonia, Turquía y Suiza. Siguieron esta teoría de caída de salarios con incremento de empleo sólo Alemania y Polonia. Todo según datos de AMECO, la base macroeconómica de la Comisión Europea.

¿Alternativa? Esta se basaría “en estudiar cuál es el margen, a tenor de la evolución de los patrones de consumo y ahorro esencialmente de los trabajadores, con el que se podría trabajar para que un ajuste probablemente muy modulado de los salarios no afecte a la demanda y, sobre esa base, estudiar el diseño de las fórmulas jurídico-laborales que permitan explotar dicho margen”, dice Gómez.

Eso pasa por no dar por sentado nada.