Laboral
Admitidas siete querellas de los bomberos 'voluntarios' contra la Generalitat

El conflicto de los bomberos ‘voluntarios’ en Catalunya ha entrado en una nueva fase tras la admisión a trámite de siete querellas colectivas contra la Generalitat. Las resoluciones judiciales aceptadas, que afectan a 240 trabajadores en distintos juzgados —Lleida, Granollers, Mataró, Terrassa, Figueres, Girona y Reus—, suponen un paso relevante para un colectivo que denuncia estar en una situación de “fraude laboral” y que, pese al avance en los tribunales, mantiene como prioridad una solución negociada. Las demandas forman parte de una estrategia iniciada a finales de 2025, cuando Bombers Precaris en Lluita presentó acciones conjuntas en doce juzgados que agrupan a más de 400 bomberos ‘voluntarios’. Su objetivo: que se reconozca que son trabajadores. 

En la estrategia jurídica, uno de los elementos más significativos es que al aceptarlo, las justificaciones de los juzgados hacen pensar a los trabajadores que reconocen la relación laboral con la Generalitat. “Cuando presentamos las demandas, ya pensábamos que la administración intentaría poner todos los obstáculos posibles”, explica Miquel Mesegué, portavoz del colectivo a El Salto en referencia a los recursos del Gobierno catalán sobre la jurisdicción de los juzgados de lo Social. Sin embargo, las decisiones judiciales han empezado a despejar esa incógnita. “Ahora la Generalitat está midiendo si sigue presentando recursos o si asume que tiene que ir a juicio”, añade.

Pese a este avance, el colectivo insiste en que la vía judicial no es su objetivo final. La prioridad sigue siendo alcanzar un acuerdo con la administración que reconozca derechos laborales básicos sin necesidad de una resolución judicial. “Además de la vía judicial, queremos llegar a una situación pactada, un acuerdo entre todas las partes, pero no hay manera”, lamentan. En este sentido, subrayan que un eventual desenlace en los tribunales podría implicar compensaciones económicas que, a su juicio, acabarían repercutiendo en la ciudadanía. “Queremos evitarlo”, apuntan.

Las reivindicaciones se centran en el reconocimiento de su actividad como trabajo efectivo cuando intervienen en emergencias, con las consiguientes garantías: cotización a la Seguridad Social, cobertura ante accidentes laborales y medidas de prevención de riesgos. “No estamos pidiendo un aumento de sueldo, estamos diciendo que nos jugamos la vida y que, si pasa algo, nos quedamos desprotegidos”, resumen desde el colectivo. Daniel Sitjà, presidente de Bombers Precaris en Lluita, apunta además a que se espera una temporada de incendios intensa por las lluvias de invierno y primavera y la crecida de la vegetación.  “Está cerca la campaña forestal de este año y estamos preocupados porque se nos va a exigir mucho y la Generalitat sigue sin dar respuestas”, explica, y apunta que “yo seguiré cumpliendo cuando me llamen, pero con deficiencias estructurales como las que hay el trabajo se hace difícil”.  

Un sistema ‘uberizado’

Las condiciones laborales que denuncian ayudan a entender el alcance del conflicto. Según explican, el sistema se basa en un modelo que consideran ‘uberizado’: deben gestionar su disponibilidad a través de una aplicación móvil obligatoria y cumplir un mínimo anual de 650 horas entre servicios, formación y guardias; si no alcanzan ese umbral, pueden ser expulsados del cuerpo.

A ello se suma una remuneración limitada —alrededor de diez euros por hora de intervención o disponibilidad— que, sin embargo, tributa como ingresos laborales sin que exista una relación contractual reconocida. Esto implica que no cotizan a la Seguridad Social ni generan derechos como prestación por desempleo o pensión, pese a desempeñar funciones idénticas a las de los bomberos profesionales.

Acciones como la bicicletada organizada en Barcelona, que fue apoyada por Riders x Derechos, han contribuido a trasladar el debate al espacio público

La falta de reconocimiento laboral también tiene consecuencias en materia de protección: denuncian no contar con un sistema completo de prevención de riesgos ni con cobertura adecuada en caso de accidente, además de disponer en ocasiones de peores medios materiales que sus compañeros. “No somos nada para la administración”, resumen, en una situación que califican de “low cost” dentro de un servicio público esencial.

El avance de las querellas ha coincidido con un aumento de la movilización y la visibilidad del conflicto. Acciones como la bicicletada organizada en Barcelona y que fue apoyada por Riders x Derechos han contribuido a trasladar el debate al espacio público, aunque los portavoces insisten en que la presión en la calle busca precisamente facilitar una negociación. “Paralelamente a la vía judicial, tenemos que ir por el diálogo”, sostiene Daniel Sitjà, presidente de Bombers Precaris en Lluita.

“Creemos que en un par de meses podría solucionarse todo, pero ni siquiera reconocen que haya un problema”, señala Daniel Sitjà

Por ahora, los contactos con la Generalitat no han dado resultados. Según el colectivo, en las reuniones mantenidas la administración ha defendido el modelo actual sin plantear cambios de fondo. “Nos han dicho que es lo que hay y que van a seguir así”, critican. También reprochan la falta de avances en el ámbito político, donde aseguran que el apoyo, por ejemplo del PSC, se ha expresado en etapas anteriores pero no ahora. 

En este contexto, los bomberos ‘voluntarios’ confían en que la combinación de presión judicial y social acabe forzando un giro. Incluso yendo más allá, ya que dicen que cuentan con el apoyo de CCOO, sindicato con mucho peso entre los bomberos funcionarios. Además de la relación laboral a corto plazo, quieren contar con un convenio que regule mejor su situación. Consideran que existe margen para una solución rápida si hay voluntad política. “Creemos que en un par de meses podría solucionarse todo, pero ni siquiera reconocen que haya un problema”, señala Daniel Sitjà.