Opinión
No es lawfare, es otra cosa

Recientemente, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tomó una decisión personal para disfrutar de cinco días de asuntos propios, acogiéndose a un derecho todavía no regulado y que habría que hacer extensible a la mayoría social. La razón conocida era el supuesto ataque judicial a su esposa impulsado por la organización ultra Manos Limpias.

El presidente les acusó de utilizar el lawfare, un término anglosajón de los años 90 que designa la guerra judicial. Se refería al uso de la ley y los procedimientos judiciales como arma para perseguir y neutralizar a adversarios políticos. Esta práctica implica la manipulación del sistema legal para deslegitimar, incapacitar o eliminar políticamente a oponentes, a menudo a través de investigaciones judiciales o procesos penales que, aunque pueden tener una apariencia de legalidad, están motivados políticamente.

En Euskal Herria se han conocido torturas generalizadas, grupos terroristas parapoliciales, cierres de periódicos, encarcelamiento y tortura de periodistas, ilegalización de partidos, impedimentos al voto de cientos de miles de personas, etc.

Si hacemos un pequeño repaso histórico, veremos que la guerra sucia judicial contra adversarios políticos ha sido y es una constante en esa España cañí y troglodita. En Euskal Herria se han conocido torturas generalizadas, grupos terroristas parapoliciales, cierres de periódicos, encarcelamiento y tortura de periodistas, ilegalización de partidos, impedimentos al voto de cientos de miles de personas, etc. ¡Qué larga es la lista!

Hoy en día, esta guerra judicial se ha ido haciendo más visible al afectar a los independentistas catalanes, a la izquierda confederal (al menos a una parte) y a la ciudadanía en general (cantantes, tuiteros, manifestantes, infiltración policial sistemática en movimientos sociales, etc). Tal es así que Jueces por la Democracia ha editado un monográfico sobre el lawfare en el que recogen excelentes y variopintas opiniones sobre esta perversa utilización de la justicia.

Desarrollar tramas de corrupción requiere inevitablemente la complicidad de figuras técnicas clave dentro de los organismos afectados

Acercarse al lawfare español sin considerar todo lo que lo rodea es, cuanto menos, ingenuo. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) lleva criticando desde hace más de una década la ausencia de la independencia en la Justicia, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil. A lo expuesto hay que sumar aspectos que, desconectados entre sí, parecen alejarse del lawfare, pero su conexión desvela un estado corrupto. Uno de los principales partidos políticos españoles como es el PP ha sido condenado precisamente por ello, e incluso la Audiencia Nacional lo ha calificado como organización criminal. Y en unos audios llegaron a jactarse de controlar el aparato judicial.

Por otra parte, su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, es conocido por codearse con un famoso narcotraficante, y también Mariano Rajoy se paseaba por Tenerife con un destacado miembro de la Camorra italiana y del PP. Resulta igualmente sorprendente que un consejero de Renfe y asesor de un ministro, Koldo García, en este caso del PSOE, esté involucrado en una red de comisiones por contratos en el Ministerio de Transporte. Para quienes no estén familiarizados con la estructura de la Administración, podría parecer que un asesor tiene la capacidad de realizar o influir en los contratos que se puedan realizar, pero no es cierto.

Desarrollar tramas de corrupción requiere inevitablemente la complicidad de figuras técnicas clave dentro de los organismos afectados. Es dudoso que el señor García posea los conocimientos y los contactos necesarios. Es esencial contar con personas que conozcan los complejos procesos de contratación, fundamentales en cualquier esquema corrupto relacionado con la contratación pública.

El grupo de empresas más beneficiadas en la contratación pública está vinculado a un antiguo delegado de Saneamiento y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid: Florentino Pérez. Y no es el único caso. En el 'caso Bárcenas' supimos que empresas como Mercadona, FCC, OHL, SACYR y la ONCE, entre otras, pagaban comisiones al partido corrupto. Si a esto le sumamos la representación empresarial en la convención de extrema derecha, encabezada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el razonamiento no puede ser otro: el entramado del lawfare es solo un apéndice de lo que ocurre realmente en el Reino de España.

Si analizamos el Estado español en base a la definición de “estado fallido”, veremos que cumple con casi todos los ingredientes que lo definen

Podríamos plantear una hipótesis más arriesgada: que el Estado español es en realidad un estado corrupto, un estado fallido. Si analizamos el Estado español en base a la definición de “estado fallido”, veremos que cumple con casi todos los ingredientes que lo definen: cuenta con unas instituciones débiles, incapaces de hacer cumplir la ley, como las leyes antidesahucios, la tutela judicial efectiva y la ley del “solo sí es sí”. Tampoco es capaz de proporcionar servicios básicos como vivienda, sanidad y cuidados. La corrupción endémica afecta a todas las ramas de las instituciones.

La inestabilidad social y política, marcada por conflictos internos, y la violencia sistemática contra las mujeres y una mayor presencia de la violencia de la extrema derecha, llevan a pensar que esta suma de factores identifica al Estado español como fallido.

En este contexto político y social es comprensible que la izquierda gire hacia modelos mucho más próximos a la independencia en aquellos territorios donde existen posiciones más democráticas. En unas declaraciones proféticas en Anoeta, Arnaldo Otegi interpelaba a la izquierda confederal, sugiriendo que, cuando se dieran cuenta de que no es posible democratizar el Estado español, se sumarían a la izquierda soberanista.