Ahoztar Zelaieta

El lobby armamentista que financió la campaña a la presidencia del ultraderechista, luego recompensado por el Gobierno brasileño con ingentes contratos, utilizó como intermediario al hijo del expresidente de la CEOE para vender munición 9mm Parabellum al cuerpo de seguridad vasco, que ha gastado casi 6,1 millones en suministros de este tipo. También trabaja con el Ejército de Tierra y otras instituciones públicas del Estado.

Dos de las Big Four que forman el cártel norte de consultoras, multadas por la CNMC con 5,6 millones, han sido adjudicatarias de tres contratos por valor de 2 millones para la gestión de activos de Osakidetza, uno de los proyectos europeos de Euskadi Next que cuenta con un presupuesto total de 3,7 millones.

Mientras los tres denunciantes de las irregularidades en la oferta de empleo pública sufrían presiones, hasta el punto de que dos de ellos han tenido que abandonar su trabajo, el Servicio Vasco de Salud cedía recursos colectivos a Centro Vasco de Aparato Digestivo, la empresa privada de la que José Luis Cabriada es socio.

La empresa de comunicación de la esposa del director de Deporte del Gobierno Vasco, una agencia de publicidad cercana al PNV o una consultora sancionada por prácticas colusorias con la competencia son algunas de las beneficiarias de los contratos para la ‘grande boucle’. Además de los 12 millones de euros de fondos comprometidos, Hordago-El Salto ha localizado otros 2,2 millones para el evento privado que se celebrará en julio.

Bilbo Hiria irratia, El Salto Radio, Hordago eta Argia elkarlanean, lanaren munduko analisia egiten

Javier Aldamiz Etxebarria, el consultor que ha fichado el consistorio, fue socio del exarquitecto municipal que dictó las normas para la instalación del vertedero. Ambos protagonizaron un polémico proyecto urbanístico tumbado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo.

Basquetour tuvo que suspender la adjudicación del stand de Fitur 2023 al recibir documentación sobre la sentencia de un caso de corrupción en Alicante, la cual mencionaba a la adjudicataria y condenaba a su responsable por prevaricación y fraude. El órgano administrativo de recursos contractuales de Euskadi, OARC, considera que no hay constancia de ninguna prohibición de contratar y ha avalado la adjudicación.

La consultora NTT Data, investigada por supuesto falseo de contratos con el Gobierno Vasco, ha sido elegida para gestionar y desarrollar el de la OPE aprobada por Gotzone Sagardui. Los sindicatos denuncian que la licitación, orientada a reducir la temporalidad en el servicio público, que alcanza el 58%, es insuficiente, opaca y no solucionará ningún problema.

Más allá de las innovaciones en reconocimiento facial y corporal, también ha actualizado equipos tecnológicos criticados por usarse para detener activistas durante manifestaciones o vigilar a otros ciudadanos en eventos multitudinarios.

Las puertas giratorias entre el PNV y las grandes empresas contaminantes (Iberdrola, Petronor y Nortegas) determinado los planes de recuperación europeos en una barra libre de energía sostenibl. Los científicos alertan de los riesgos ambientales de esta energía, pues mantiene intactas las relaciones de producción y consumo basadas en gas natural o licuado.

La firma que fue multada con casi cuatro millones de euros por manipular contratos ha sido elegida por el servicio público para acometer los servicios de análisis, diseño, construcción e implantación de un sistema de información para la gestión de la contratación temporal. La tasa de temporalidad del “mayor empleador” vasco alcanza el 58% y los sindicatos denuncian que es un paso más en el modelo gerencial y neoliberal.

Bilbao Bizkaia Museoak S.L., participada al 50% por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación de Bizkaia, admitió una oferta de Viuda de Sainz S.A. mientras la empresa se encontraba en situación de prohibición de contratar.

En las alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre el expediente de la CNMC, Deloitte apuntó a la connivencia institucional y culpó a las administraciones públicas de la existencia de un cártel de consultoras. Estas últimas reconocen que no tienen medios necesarios para cubrir con la complejidad de los fondos de Recuperación y Resiliencia.

La rama socialista del Ejecutivo vasco sigue la estela de externalizaciones del PNV: ambos partidos han firmado medio centenar de contratos para llevar a cabo las reformas en el servicio vasco de empleo, gastando 12,4 millones en distintas consultoras.

Por primer vez, las competencias de Prisiones dependen del Gobierno Vasco, quien continua con sus prácticas de externalización.

Esergui, un grupo de gasolineras que operan bajo la marca AVIA, es la quinta petrolera más grande del Estado y la propietaria del tanque que ardió cerca de Punta Lucero.

Pinpoil Ocio S. L., que gestionaba la colonia clausurada, está dirigida por la cuñada del presidente de Getxo Kirolak, Álvaro González Pérez, también concejal del municipio. La empresa ha recibido más de 400.000 euros procedentes de subvenciones y contratos, sobre todo de la Diputación Foral de Bizkaia.

Lejos de solucionar los problemas de abastecimientos, los planes del Consorcio de Aguas de Bilbao han sido un fracaso y ahora hay que costear planes millonarios en un contexto de emergencia climática.

Para reforzar la persecución del supuesto absentismo laboral injustificado que afectaría a la competitividad de las empresas, y sembrando sospecha sobre los profesionales de Osakidetza, el PNV ha firmado un convenio con Mutualia que le permitirá acceder al historial médico de 420.000 trabajadores. La junta directiva de la mutua está formada por una empresa implicada en el caso de corrupción Hiriko, un empresario de los Paradise Papers, una consultora investigada por manipular contratos y el miembro de un cártel ferroviario.

Eventbis fracasó después de recibir 112.000 euros, el 22% de su inversión, procedente de ayudas a la internacionalización de la Diputación de Bizkaia. Al igual que Ticketbis, quien también recibió subvenciones del Gobierno Vasco, cuya normativa incumplió con la subvención más cuantiosa, e inversiones de varios fondos públicos de capital riesgo entre 2012 y 2015.

La estrategia de greenwashing de la compañía eléctrica tiene lugar en las instalaciones Klima Abentura que el centro BBK ha abierto en Sukarrieta. Este gasto fue aprobado hace un año.

Durante su etapa como alcalde jeltzale en Santurtzi, Ricardo Ituarte firmó dos contratos con Pabisa, constructora investigada por corrupción en la gestión municipal del PNV en Alonsotegi. Además, su hermano estuvo involucrado en las irregularidades en la polémica OPE de Osakidetza.

Esta firma recibió 40.000 euros para dar soporte a la Consejería de Gotzone Sagardui en la nueva estructura organizativa y la distribución de los recursos del servicio público.

Los dos presidentes tienen un patrimonio conjunto de casi 800.000 euros, restado el pasivo, y recibieron 55.318,27 y 46.446,59 respectivamente cuando se intercambiaron la dirección del ente público en 2018. Además, el organismo indica que superaron el límite en los gastos de manutención, alojamiento y transporte.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Durango dictamina que el informe de los geólogos de Lurtek Consultores remitidos al Gobierno Vasco fue modificado hasta en tres ocasiones, siempre al alza, para negar los efectos negativos de la explotación del vertedero.

Mientras el PNV exige en Madrid desclasificar documentos de la trama de espionaje Pegasus, el Gobierno Vasco declara “secreto por razones de seguridad” el expediente para la “evolución del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza”. Ambas son distribuidoras de la empresa que ha diseñado el programa de espionaje israelí.

Capital Energy, la empresa de Jesús Martín Buezas, utilizó la ingeniería financiera para evadir impuestos y fortalecer su imperio. A ello también contribuyeron las inversiones de grandes fortunas a la empresa del exyerno del presidente del Real Madrid, como la del gallego Amancio Ortega y la familia valenciana Noguera, implicada en las diversas tramas de corrupción del Partido Popular (PP).

La Ertzaintza utiliza un software para la intervención legal de las comunicaciones fabricado por Verint Systems, una firma israelí de inteligencia que trató de comprar a NSO Group, la distribuidora del software Pegasus. Desde 2006, el mantenimiento del sistema está en manos de Excem, su representante en el Estado español y proveedora tecnológica de la “policía patriótica” del PP y del Ministerio de Defensa.

Fernando Izaguirre, ex alto cargo del Gobierno Vasco que ha dimitido por presuntas irregularidades, utilizó su cargo anterior en el Ayuntamiento de Galdakao para ceder al servicio de salud una nave industrial en propiedad del consistorio, donde se pretendía ubicar el almacén de la Unidad de Farmacia Sociosanitaria para distribuir medicamentos en las residencias para mayores. Ocurrió en tiempos de Jon Darpón, obligado a dimitir por el “escándalo de las OPE”.

Los responsables de la DYA en Bizkaia han apuntado a “operaciones anómalas” en torno a una red de empresas creadas por Fernando Izaguirre con la ayuda de Juan Diego Gallardo, expresidente de la delegación catalana y antiguo responsable de una empresa relacionada con una red de espionaje político.

El Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia conceden dos millones de euros en ayudas entre 2004 y 2021 a la fundación Uztarri, creada por el actual Lehendakari para defender los centros de enseñanza en euskera del PNV. Un hecho que choca con los estatus de incompatibilidad del partido.

Entre las 13 empresas que la Competencia Vasca investiga por colusión con la sociedad informática del Gobierno Vasco existen puertas giratorias, conexiones con presuntas tramas de corrupción y un largo historial de caciquismo.

Es la empresa en la que recaló el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, tras el “escándalo de las OPE” en Osakidetza. Joseba Grajales, una de las 100 personas más ricas de España, y el exvicelehendakari Jon Azua, fundador de consultoras alineadas con el PNV, completan la lista.

La plataforma Osasukat, centrada en el desarrollo de un sistema de “registro interoperable” del historial médico, ha sido diseñada por una de las unidades empresariales del Grupo Keralty. El millonario Joseba Grajales, el exvicelehendakari Jon Azua, y el exconsejero de Sanidad, Jon Darpón, domiciliaron la entidad Keralty Foundation Inc a finales del año pasado en Florida, Estados Unidos.

Tras la catástrofe, la empresa exigió a la Mancomunidad de Debabarrena la devolución de una fianza depositada como garantía de un contrato que no podía cumplir desde febrero del 2020. La gestora del vertedero había recibido cientos de miles de euros en contratos públicos de esta entidad pública.

Los documentos a los que ha accedido Hordago-El Salto muestran que Verter Recycling aprovisionaba dinero para la futura rehabilitación del vertedero y reconocía la sobre explotación de su vida útil. A lo largo de su actividad, la empresa superó los 15 millones de euros en beneficio neto.

Sader, una planta de fertilizante y tratamiento de residuos abierta desde 1986, debería llevar varios años cerrada, pero una rocambolesca concesión de la Autoridad Portuaria de Bilbao y una larga ristra de intereses corporativos lo ha demorado.

Como se desprende de la documentación oficial, la caja de ahorros vizcaína pidió a Banque de France no publicitar una multa de 50.000 euros impuesta en 2003.

Hordago-El Salto publica en exclusiva uno de los capítulos de ‘Residencias SA’ (Txalaparta, 2021), donde Ahoztar Zelaieta relata cómo “tras la maleza de las privatizaciones y la mercantilización de la salud asoman el clientelismo, las irregularidades y la corrupción”.

La actual Concejala de Igualdad de Bilbao adjudicó a Aurman un contrato de dos millones para la publicidad del Teatro Arriaga un día antes de la nochevieja de 2016. Cinco años después, el actual alcalde Aburto testifica por un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Alonsotegi, del que fue alcalde el “promotor de negocio” de Aurman, procesado por cinco posibles delitos.

Durante el Gobierno de José Antonio Ardanza (1986-1999) se produjeron varios capítulos de corrupción muy sonados: Azpieguitura, Plan de Ayudas 3-R, Tragaperras, etc. Junto con Arzalluz, metieron a Euskaltel en la Fundación Naturgintza y estrangularon a su competidor, Urnietatel

Los Ortuzar fueron protagonistas de una denuncia de EH Bildu sobre el “urbanismo a la carta” en el ayuntamiento de Abanto-Zierbena por la construcción de dos viviendas de la familia. Como máximo responsable de EiTB, dirigió la ejecución de externalizaciones de la cadena pública.

Los hijos de Juan Mari Atutxa, Asier e Iskander han creado múltiples sociedades y obtenido millonarios contratos de la administración pública. Además, estas empresas han estado ligadas a casos de irregularidades ligadas al clientelismo en ayuntamientos vizcaínos

La familia Atutxa se ha ido haciendo con un papel clave en las finanzas jelkides. Crearán hasta 16 empresas, algunas de ellas vinculadas a denuncias por irregularidades, como la que señaló que cinco sociedades mercantiles ligadas a los Atutxa recibieron como premio 200 contratos públicos: un total de 68 millones de euros entre los años 1998 y 2015.