Ley de dependencia
Reclaman más financiación para la ley de dependencia ante el nuevo anteproyecto

“Esta reforma acaba con los recortes del Partido Popular –que alcanzaron los 5.000 millones de euros durante la crisis–, blinda el sistema de la dependencia y refuerza un modelo de cuidados que fortalece el estado del bienestar”. Así anunciaba el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, uno de los anteproyectos de ley más importantes que su cartera ha asumido, el de dependencia. Entre otra de las medidas más resaltadas por el Gobierno estaba garantizar derechos que actualmente los dependientes siguen sin disfrutar, ya sea por las largas lista de espera que aún hay o por la guerra entre Estado y autonomías para prestarlos. “Los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio más allá del límite presupuestario en cada territorio”, asegura el ministerio en este anteproyecto.

Reclamaciones ya muy antiguas que siguen sin resolverse. “La reforma es un proyecto que debe ir acompañada con presupuestos, si no, será propaganda política”, indica Damián Rodríguez, portavoz de Coespe (Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones). “Las medidas que se anuncian son mejoras de la situación lamentable actual. En estos momentos la demora para obtener el grado de dependencia sobrepasa el año de duración, falleciendo a la espera miles de personas dependientes. Es un proyecto que mejoraría la situación casi endémica de esta situación, pero en la situación política y económica actual, si no se convierte en prioridad máxima del gobierno esta reforma quedará en el limbo de los proyectos y será una nueva frustración de declaración de intenciones inconclusa”, explica.

“Anunciar una nueva ley sin cumplir la legislación de los últimos 18 años es una tomadera de pelo”, explica José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales este anteproyecto de ley es “pura cosmética”. “Anunciar una nueva ley sin cumplir la legislación de los últimos 18 años es una tomadera de pelo”, explica José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la asociación a El Salto. Esta organización se ha enfrentado a un rifirrafe con el propio Bustinduy al asegurar unos que se ha congelado el aumento de recursos para Dependencia cuando Derechos Sociales afirmó en la propia presentación del anteproyecto que “revertía los recortes”. “Un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal”, incluso llegó a resaltar.

Las directoras y gerentes de Servicios Sociales se reafirman en que “en 2024 se frenó el incremento de financiación estatal que se había producido en años anteriores, y aprovechamos para argumentar con más detalle este descompromiso institucional con la dependencia”. “A fecha de hoy, el 58% de las personas atendidas en sus domicilios no cuentan con servicio de teleasistencia”, indican y comentan que es un “problema de desidia de todos”. “No se puede aprobar en el plan de choque que tenga como segundo objetivo tener automáticamente la teleasistencia, cuando esto ya se aprobó en 2022. En 2023 se aprueba un decreto para garantizar la atención universal y hacer compatible con otras prestaciones”, explica Ramírez, en referencia a gran parte de lo anunciado por Bustinduy este mes de febrero. “Ahora el ministro lo anuncia -continúa el presidente de la asociación-. No lo digas, cumple la normativa vigente, ese es nuestro enfado”.

Tira y afloja con las Comunidades Autónomas

Preguntado por qué no se cumple el derecho a la teleasistencia y si es un problema solo de las Comunidades Autónomas, explica que “no se cumple porque el ministerio no paga el 50% de lo que debería -actualmente es el 28%-, pero por otra parte, las autonomías tienen esa excusa para no prestar el servicio”. Desde la asociación de directoras y gerentes de Servicios Sociales entienden que modificar un presupuesto es muy complicado con los equilibrios del actual Gobierno pero creen que podrían haber metido una partida extra en el llamado decreto omnibus recién aprobado. “Lo único que consiguen es frustrar más a las personas dependientes”, indican.

Además de garantizar la teleasistencia, el anteproyecto de ley suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, elimina el plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y ofrece un marco legal para reclamar aquellos servicios recogidos en la ley que no sean ofrecidos por los gobiernos autonómicos, tanto en Dependencia como en Discapacidad. “Esto nos parece bien, pero es que llevamos 18 años con la ley vigente y con miles de personas en lista de espera”, insisten desde la asociación.

Otras medidas que anuncian en el anteproyecto tiene que ver con aumentar los productos del catálogo de prestaciones como la cesión o préstamos de productos como sillas de ruedas o ampliar el derecho a tener un asistente personal para mejorar la autonomía, más allá de una necesidad laboral como hasta ahora. También está todo lo que tiene que ver con medidas para personas con discapacidad reclamadas por estas, cómo mejorar sus derechos de cara a decisiones de accesibilidad en las comunidades de vecinos, lo referente a la discriminación que sufren por parte de las aseguradoras para ser clientes o los sesgos que puede tener la inteligencia Artificial con la discapacidad.

Residencias y asistencia sanitaria

Además de garantizar la teleasistencia, este anteproyecto destaca la importancia de la asistencia sanitaria, resida donde resida el dependiente. “Es importante para evitar la situación vivida durante la pandemia del covid en algunas residencias de personas mayores”, indican fuentes ministeriales. “Todas creíamos que eso ya estaba garantizado por la Constitución. La sorpresa fue que se vulneraron los derechos fundamentales y aquí no ha pasado nada, la impunidad es total”, explica a este respecto Carmen López, de Marea de Residencias, al ser preguntada por El Salto. “Lo importante es establecer los mecanismos y recursos necesarios que garanticen el cumplimiento de las normas que, efectivamente, deben de poner en el mismo nivel a todas las personas sea cual sea su origen o lugar donde resida”.

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Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales recuerdan que la normativa en 2022 ya se modificó a su petición en los nuevos modelos residenciales con este objetivo. “Las atenciones sanitarias no deben discriminar, el problema es que no se ha avanzado en estos dos años desde la aprobación de la normativa”, indica Ramírez, que amplía que otra cosa deficiente en el nuevo anteproyecto es la falta de perspectiva de género. “Tres de cada cuatro cuidadoras son mujeres. Esas cuidadoras no profesionales  están cobrando 270 euros aproximadamente por cuidar 24 horas al día, siete días a la semana. Es cierto que se incrementó tras el recorte del Gobierno de Mariano Rajoy pero sigue siendo insuficiente a todas luces”, relata.

Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, en España hay casi dos millones de personas que requieren atención por parte del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Muchas de ellas reclaman diferentes modelos de convivencia que no se cubren con el modelo tradicional de familia. A este respecto el anteproyecto de ley indica que todas las prestaciones se podrán ampliar a “espacios comunitarios de convivencia”. “El servicio de ayuda a domicilio se extiende a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas. Así mismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar (...) respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otras convivencias”, explica el ministerio.

“Nos parece muy interesante la mirada que refleja la reforma de la ley, pues el modelo de cuidados que apoye la permanencia de las personas con esas necesidades en su entorno, da una calidad de vida en todo su recorrido", dicen desde Cohousing Bustarviejo

Esto se enmarca dentro de la estrategia estatal para desinstitucionalizar el sistema de Dependencia que fue aprobada en 2024. “Nos parece muy interesante la mirada que refleja la reforma de la ley, pues el modelo de cuidados que apoye la permanencia de las personas con esas necesidades en su entorno, da una calidad de vida en todo su recorrido. Y los espacios comunitarios como los cohousing complementan y facilitan estos apoyos que desde la administración se ofrecen”, dicen desde Cohousing Bustarviejo, uno de los muchos proyectos de convivencia intergeneracional que buscan relacionarse de otra manera con la crisis inmobiliaria de fondo.