LGTBIAQ+
No, Marruecos no es un país seguro. La realidad de las personas LGTBQIA+ que migran para salvar la vida

Fariha se mueve lentamente, como si cargara una bolsa con kilos y kilos de metal. Un lastre, un peso muerto. Por sus movimientos parece que ha estado toda su vida intentando pasar desapercibida, ser un susurro. Es menuda y habla flojito, despacio, menos cuando recuerda. Cuando hace esto último convulsiona con una energía que le emana desde las entrañas, una herida que supura. Una camiseta de segunda mano y unos pantalones cortos dejan entrever un cuerpo sufriente, que apenas come, que apenas descansa. 

“Hace días que no duerme, no puede continuar así”, explica A., el chico que la acompaña. Tanto él como ella se alojan de manera temporal en el Centro de Atención a Inmigrantes San Antonio, en Ceuta. Situado entre el barrio de Sidi Embarek y la playa del Trampolín —que hace semanas ocupa las portadas de los medios—, en este centro se alojan varias personas marroquíes del colectivo LGTBIAQ+ que llegaron los pasados 30 y 31 de julio. Ella no habla ni inglés ni francés, por eso A. echa un cable con la traducción. “Dice que es un placer compartir su historia con vosotros, porque cuando habla con la prensa siente que está hablando con un médico, y eso le ayuda mucho. Aunque le pueda causar problemas con los transeúntes que la escuchen, no le importa, porque sabe que va a ir a un lugar seguro y que va a poder ser libre”. 

Fariha llegó a Ceuta a finales de julio con una herida abierta que recorre varios centímetros de su brazo, fruto de la última agresión de su padre

Antes de la entrevista, ella enseña unos papeles a los que se aferra como si en ello le fuera la vida. Porque en realidad, así es. Los lleva dentro de una funda de plástico y sabe que son importantes, por eso los saca con cuidado, intentando que no se manchen ni se arruguen. “Preguntado para que diga por qué motivos abandona su país, MANIFIESTA: que desde pequeña siempre se sintió mujer, su primo con 27 años la violó cuando ella tenía siete años, que sufrió mucho y sufrió desgarro, todavía se acuerda de eso. Cuando se lo contó a su padre, le quemó el pie con una garrafa de agua caliente”. 

La historia de Fariha no termina ahí, y entre sollozos, se la cuenta a todo aquel que la quiera escuchar: violaciones grupales cuando hacía de escort para tener un dinero después de que su familia la echase de casa, insultos por la calle cada dos por tres, agresiones por parte de vecinos y policías en su Marruecos natal… Llegó a Ceuta a finales de julio con una herida abierta que recorre varios centímetros de su brazo, fruto de la última agresión de su padre, que la empujó contra una ventana que se rompió y le produjo el corte. El progenitor aprovechó la ocasión para cortarle el pelo con un cuchillo, como ella misma explica. A pesar de que hace años que no vive en el domicilio familiar, había ido a visitar a su madre pensando que su padre no iba a estar en casa. Pero estaba equivocada.

Tras la enésima agresión, Fariha, a quienes sus padres llevaron al médico en varias ocasiones cuando era pequeña para “acabar con su problema”, decidió huir. Tardó en cruzar a nado una hora y 45 minutos, relata, y asegura que preferiría quitarse la vida antes que volver a su país. Como al resto de las más de 80.000 personas que cruzaron aquellos días hasta Ceuta, la convocatoria le llegó por las redes sociales. 

Un delito tipificado en el Código Penal

El caso de Fariha es uno de los tantísimos que pueblan estas semanas el enclave de Ceuta, pero llama la atención por la gravedad de lo que le ha sucedido en la vida. A., quien la acompaña, es homosexual y también huyó de Marruecos por las mismas razones. Si bien no ha sufrido la magnitud de las agresiones que relata Fariha, ha tenido que convivir con el rechazo de una parte importante de la sociedad marroquí y de su familia. 

“No vine aquí porque estuviera pasando hambre en mi país. No vine aquí porque no hubiera estudiado. Tengo un diploma, hablo tres idiomas, tenía un buen salario, tenía mi propia casa. No vine aquí porque no tuviera trabajo. Vine solo para tener libertad como persona de la comunidad LGTBIAQ+”, dice con contundencia. Harto de un país que vulnera sus derechos, cuando vio que en la redes se decía que la frontera estaba abierta, cogió el pasaporte, se fue de la casa que alquilaba y del trabajo como recepcionista en un hotel y emprendió la andadura a nado hacia Ceuta. 

—¿No dijiste nada a los caseros?
—No.

—¿Y en tu trabajo, o a tu familia? 
—Tampoco. 

Prosigue: “A los siete años empecé a notar que me gustaban los hombres. Los veía en el hammam, y pensaba ‘vale, esto es lo mío’. Mi primera experiencia fue cuando tenía 12 o 13 años. Y ahí lo supe: sí, me gustan los hombres. Luego empecé a darme cuenta de que no estaba bien visto. En aquel momento estudiaba en una escuela islámica, no en una escuela normal; es como una escuela católica, pero más estricta. Son muy severos. Mis padres me metieron allí porque habían empezado a notar algo. La gente con la que estaba me preguntaba por qué era así”.

A. solo tiene 19 años, pero se ha pasado toda la vida fingiendo y se ha autolesionado en varias ocasiones. Desde pequeño, la palabra “haram” resuena en su cabeza de manera constante. Cuando tenía 17 años, su madre le cogió el móvil, entró en su cuenta de Tik Tok y, tras ver el tipo de contenido que consumía, lo echó de casa. Cuando se le pregunta por el trabajo de las organizaciones, se muestra tajante: “Solo dan preservativos y te hacen pruebas del VIH. Yo me las puedo hacer por mi cuenta, no necesito ir a un sitio y dar mis datos sin saber qué van a hacer con ellos. Prefiero ir por mi cuenta al hospital, hacerme la prueba y ya”, dice A.

La ley penaliza “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo”

En Marruecos, el artículo 489 del Código Penal castiga las relaciones homosexuales con penas de entre seis meses y tres años de prisión, además de multas que pueden ir desde los 120 hasta los 1.200 dirhams (de unos 28 euros a unos 282), aunque la cantidad puede incluso ser superior. “[En Marruecos] si eres gay y te encuentran —ni siquiera hace falta que te pillen en el momento—, puedes ir a la cárcel. Solo hace falta que te pillen un vídeo en el móvil o que aparezcas en alguna foto. A mi exnovio lo metieron en la cárcel durante diez meses y le hicieron pagar casi mil euros de multa. En prisión, además, no estás con otra gente, sino que te suelen aislar en una celda pequeña. No te puedes imaginar cómo sale la gente de ahí”, cuenta A.

La ley penaliza “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” y suele ir acompañada de cargos adicionales en relación al “escándalo público”. No solo esto: también cualquier muestra de activismo en defensa de las personas de la comunidad está en el punto de mira. El 10 de agosto de 2025, la policía marroquí detuvo a la feminista y activista Betty Lachgar tras publicar una fotografía suya en las redes sociales con una camiseta en la que se podía leer “Alá es lesbiana”. Apenas unos días más tarde, el 3 de septiembre, un tribunal la condenó a 30 meses de prisión por el delito de “insulto intencionado al islam o a los símbolos sagrados”. 

Por escándalo público también han sido puestos en el punto de mira M. y M., una pareja LGTBIQA+ que también cruzó hasta Ceuta con el objetivo de poder vivir su vida libremente. Cuando hablan, se cogen de las manos. Pero aún tienen miedo y no quieren que se dé su nombre, se oigan sus voces o se vean sus rostros. “Nos conocimos en la playa hace un par de años y al poco tiempo tuvimos un incidente con la Policía. Fue entonces cuando el caos se desató: la gente en nuestra ciudad, que es pequeña, se enteró de que éramos pareja y nos tuvimos que ir a vivir juntos. La gente nos hostigaba”, explican. No solo eso: les acusaban de pederastas y les insultaban por la calle. “Es durísimo”, cuentan. 

¿Es Marruecos un país seguro?

Desde el pasado mes de junio, cuando el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) empezó a andar, de la mano del nuevo reglamento de retorno, Marruecos, junto a Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Túnez y Kosovo se considera un país “seguro a escala de la UE”. La normativa dice que “corresponderá al solicitante de asilo demostrar que esta disposición no debe aplicarse en su caso debido a un temor fundado a ser perseguido o al riesgo de daños graves si es devuelto a su país”.

La pregunta se hace sola, pero la verbaliza A., quien está al tanto de las nuevas disposiciones comunitarias en materia de migración y asilo. “¿Y yo cómo demuestro que soy gay? Que traigan a un médico, a un psicólogo, y hablamos. Yo tenía un buen trabajo en Marruecos, una buena casa. ¿Por qué iba a arriesgar todo eso para venir a ser inmigrante entre gente racista, sin ropa que ponerme, y sin dinero para comprar comida? ¿Por qué iba a arriesgarlo todo? Para mí, España es un buen país, pero no por el sueldo o el trabajo, sino porque te da el derecho a ser quien eres”, zanja contundente. Lo dice alguien que no ha interpuesto ninguna denuncia en su país por vulneración de sus derechos por un motivo muy simple: “¿Cómo voy a denunciar una agresión por gay si me expongo a que me metan en la cárcel?”. Lo mismo aseguran Fariha y M. y M.. Ella, a pesar de haber sido violada hasta en dos ocasiones cuando era menor de edad, nunca pudo denunciarlo por su condición de persona trans. 

Verónica Barroso (AI): “Aquí se da otra paradoja: en el momento en que proceden de un país que se considera “seguro”, el Estado no tiene la obligación de hacer el examen individualizado. Esto ocasionará mucha desprotección”

“Marruecos no es un país seguro para las personas de diferentes colectivos; pero el peso de demostrar por qué no es seguro para ellas recae en la propia persona que solicita la protección. Son ellos y ellas quienes tienen que demostrar que si son devueltos, su vida corre un riesgo. Y esta es precisamente una de las críticas que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil”. Quien habla es Verónica Barroso, de Amnistía Internacional España, una organización que hace años documenta la persecución, la criminalización y la estigmatización del colectivo LGTBIQA+ en Marruecos. Con el nuevo Pacto Europeo, la experta teme que, debido a los plazos cortos del triaje y la falta de recursos, no se haga una buena identificación de las vulnerabilidades de las personas.

“Además, aquí se da otra paradoja: en el momento en que proceden de un país que se considera “seguro”, el Estado no tiene la obligación de hacer el examen individualizado. Esto ocasionará mucha desprotección. En el caso de España, de momento, parece ser que sí se implementará la normativa con una serie de garantías mínimas para el examen individualizado de cada caso, para que las personas puedan acceder a los procedimientos de asilo”, destaca Barroso, quien pone en duda que haya recursos suficientes para ello.

Estrella Galán (Sumar): “Sabemos que muchos de esos países vulneran sistemáticamente los derechos humanos, y me refiero a países como Colombia, Marruecos o Túnez”

Tineke Strik es eurodiputada en el Parlamento Europeo e integrante de los Verdes. Trabaja, además, como profesora de derecho de ciudadanía y migración en la Universidad de Radboud, en los Países Bajos. Buena conocedora de las nuevas normas europeas de migración y asilo, pone en el foco la consideración de países seguros: “Algunos de ellos son países donde no hay espacio para las ONG ni para los periodistas; incluso los jueces no pueden ejercer sus funciones de manera independiente. Hay personas que son detenidas simplemente por publicar algo en las redes sociales criticando al Gobierno”. Para la neerlandesa, el estado de la democracia en algunos de estos países “es muy débil” y considera que el hecho de que se considere a estos países “seguros” es “un regalo” para quienes están al mando. 

También la italiana Cecilia Strada, eurodiputada desde 2024 por el Partido Democrático de Italia y extrabajadora humanitaria en el ámbito de los rescates en el Mediterráneo, pone el énfasis en este punto: “Tenemos países que claramente no son seguros para sus propios ciudadanos. Y eso es algo que la Comisión sabe perfectamente, porque manejan los mismos expedientes en los que trabajamos nosotros”. 

Estrella Galán, eurodiputada por Sumar y ex directora general de la Comisión Española de Ayuda a Refugiado (CEAR), se muestra tajante ante lo que ya es la nueva norma europea: “Sabemos que muchos de esos países vulneran sistemáticamente los derechos humanos, y me refiero a países como Colombia, Marruecos o Túnez. Muchas personas llegan hasta nuestras fronteras procedentes de allí para pedir, por diferentes razones, protección internacional. Por tanto, lo que estamos haciendo, de alguna manera, es evitar que los solicitantes de asilo, las personas refugiadas, puedan llegar a un lugar seguro. En esa huida, la Europa que siempre fue acogedora, ahora se convierte se convierte en un lugar hostil donde de ninguna manera se protege a quien lo necesita”.

“No nos sentimos seguros allí”

Tras ser golpeada por su padre durante toda su infancia y adolescencia, Fariha se personó por primera vez en una comisaría cuando tenía 17 años, también tras la última agresión narrada en estas páginas. “En la ley marroquí, si no ‘tratas’ bien a tus padres, estos tienen derecho a denunciarte; así que cuando ella denunció al padre, éste la denunció de vuelta”, traduce A. De hecho, la primera vista para este juicio estaba prevista para estos días, pero como Fariha no se ha personado, se ha aplazado. Tanto su madre como ella tienen un certificado médico que constata las agresiones del progenitor. 

Marruecos no es un país seguro para las personas pertenecientes al colectivo LGTBIAQ+, y no solo por sus leyes. Todas las personas entrevistadas para este reportaje han tenido que enfrentar insultos y agresiones de sus compatriotas por las calle, el hostigamiento de las autoridades, el despido improcedente en varios trabajos o que sus familias los y las echasen de casa. 

Las agresiones no solo se producen en el ámbito público o el institucional, sino que también forman parte del día a día de la vida online de los, las y les jóvenes del colectivo. Las campañas de acoso por redes sociales están a la orden del día, así como la vulneración de la privacidad y derecho a la intimidad de estas personas. Las aplicaciones de citas para personas del mismo sexo se han convertido en una herramienta para identificar a miembros de colectivo y revelar su identidad públicamente sin su consentimiento, tal y como viene documentando Human Rights Watch (HRW) desde hace años.

Con historias de vida diferentes, pero con puntos en común, ninguna de las personas entrevistadas está dispuesta a volver a Marruecos

Si bien en la Constitución marroquí está “garantizado” el derecho a la privacidad y “la intercepción, grabación, difusión o distribución de conversaciones o información emitidas en un contexto privado o confidencial, sin el consentimiento de sus autores” constituye un delito tipificado en el Código Penal, lo cierto es que, cuando se trata de personas LGTBIAQ+, la vara de medir cambia considerablemente. En 2020, HRW documentó una campaña masiva de publicación de datos, lo que provocó que varias familias expulsaran a miembros del hogar. Se constató la creación de muchas cuentas falsas en aplicaciones de citas para personas del mismo sexo y luego se difundieron los datos y las fotografías de las personas que usaban estas aplicaciones en las redes sociales. 

A pesar de estar en un centro —no duermen en la calle, como otras miles de personas que llegaron aquellos días—, Fariha y los otros miembros del colectivo que aparecen en estas páginas ya no están en Marruecos, pero han tenido que enfrentar en Ceuta amenazas y burlas por su condición sexual y de género. A. incluso ha sido agredido física y verbalmente entre unos cuantos estos días. 

Con historias de vida diferentes, pero con puntos en común, ninguna de las personas entrevistadas está dispuesta a volver a Marruecos. “No nos sentimos seguros allí”, dice A., quien confiesa saber nadar pero tener fobia al mar. “Yo llegué a la costa con otras tres personas que decidieron no cruzar. Claro, ellos son heteros, así que volvieron a su vida normal. Yo tenía miedo, pero no tenía nada que perder. Antes de zambullirme le mandé un audio a una amiga, por si moría. Quería que se lo enviara a mi madre y a mi familia. Morir en el mar es mejor que morir cada día en Marruecos”. A la espera de que las autoridades españolas les concedan el asilo, sobreviven el día a día con la esperanza puesta en una nueva vida, lejos de las agresiones, la humillación y el miedo.

Esta información ha sido realizada en colaboración con la ONGD Bayt al-Thaqafa y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y por la ACCD‑Generalitat de Catalunya a través del programa Connect for Global Change de Lafede.cat. Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.