Libertad de información
La voz encerrada de Pablo González

La historia vital de Pablo González Yagüe comienza en Moscú, lugar donde nace en 1982 y vive allí hasta los nueve años, momento en el que se traslada a vivir a España con su madre, María Elena González, tras el acuerdo de divorcio entre su padre, Alexei Rubtsov, y ella. En el registro de nacimiento fue inscrito con su nombre ruso y su apellido paterno: Pavel Alekseevich Rubtsov. Además, es nieto de uno de los denominados “niños de la Guerra”, que fueron aquellos miles de menores que tuvieron que exiliarse a Rusia durante la Guerra Civil.

Ya en España en 1991, su madre lo inscribe en el Registro Civil con Pablo como nombre españolizado y los apellidos maternos González Yagüe. Pasa su infancia en Barcelona, pero su domicilio familiar se ubica en Nabarniz, una localidad del País Vasco donde reside con su pareja y sus tres hijos. Especializado en su formación en el mundo postsoviético y con doble pasaporte español y ruso por su ascendencia familiar, González adquiere prestigio en el ámbito periodístico con sus crónicas sobre el terreno trabajando como reportero freelance y colaborador habitual de varios medios y agencias como laSexta, Público, Gara, EFE o Voice of America.

Hasta aquí su biografía hasta febrero de 2022. A partir de ese momento comienza un apartado muy diferente de su vida que bien podría encarnar Josef K. en El proceso. El 6 de febrero de 2022, González realiza un directo para laSexta en un pueblo de Ucrania con militares de fondo. Tras ello, estos le invitan a abandonar la zona borrando antes el material que tenía y haciendo una fotografía de su pasaporte. Esa noche el Servicio de Inteligencia Ucraniano le llama para que se persone en sus oficinas en Kiev, donde es interrogado durante cuatro horas. Allí es acusado de ser un espía ruso, le copian la información de su teléfono y es invitado a abandonar el país a la mayor brevedad posible.

Mientras, en España, el Centro Nacional de Inteligencia realiza a su vez varias visitas al entorno de Pablo. En concreto, a su pareja Oihana en Nabarniz, así como a su madre y a uno de sus amigos de la infancia en Barcelona para, según sus testimonios, hacerles saber que estaban vigilados y confirmar que González era un espía ruso.

Tal y como detalla la asociación #FreePabloGonzález en la amplia cronología recogida en su página, después de estos hechos, Pablo habla con el cónsul español en Ucrania sobre el interrogatorio y vuelve al País Vasco permaneciendo en su domicilio unos quince días durante los cuales, al no volver a tener noticias al respecto sobre lo ocurrido, da el tema por zanjado. González vuelve a Polonia para continuar con su labor periodística e informar, tras la invasión rusa de Ucrania, sobre el éxodo de personas refugiadas en la frontera. Será el 28 de febrero cuando los servicios secretos policiales de Polonia detengan a Pablo en la madrugada en su hotel en Przemysl.

Juan Teixeira, portavoz de la asociación #FreePabloGonzález (la cual se conforma unos meses después de su detención con familiares y amistades par dar apoyo mediático e informativo a Pablo, así como recaudar fondos para los costes legales con los que poder hacer frente a su situación), considera que todo esto se inicia en Ucrania: “Cubrí con Pablo hace ya bastante tiempo la guerra en Ucrania antes de la invasión rusa. Él es quizás uno de los periodistas que más conocía la situación desde el golpe de Estado del Maidán y una persona que no se quedaba en la versión oficial, sino que buscaba respuestas más allá. Eso no gustó nada a los servicios de inteligencia ucranianos, que rápidamente le hicieron un seguimiento y lo tildaron de prorruso”.

También cuenta cómo a través de la Open Society de George Soros hacen una lista de periodistas prorrusos e incluyen a González con sus datos personales. A partir de entonces queda señalado como posible agente prorruso de opinión.

Poco antes de iniciarse la invasión, en el interrogatorio de los servicios de inteligencia ucranianos, “le hacen ver que tienen pruebas contra él de que es un agente ruso. Eran pruebas absurdas, como tener una tarjeta de la Caja Laboral Kutxa, por ejemplo, o escribir para Gara, que, según ellos, está financiado por Rusia”, afirma Teixeira, que considera que, la detención posterior de González en Polonia se debe a un intercambio de información entre los servicios de inteligencia. “Polonia es un país históricamente muy antirruso donde los ánimos están muy caldeados. Al llegarles esa información, van a por él, ven que tiene dos pasaportes, que habla ruso perfectamente y, al día siguiente, publican un comunicado diciendo que han detenido a un espía ruso en la frontera”, explica.

El aislamiento de una prisión provisional que no deja de prorrogarse

Ante su situación, González llama a su pareja, Oihana Goiriena, para pedirle que se ponga en contacto con su abogado, Gonzalo Boye. 48 horas después de su detención, continúa aislado, incomunicado y sin asistencia ni protección consular. Boye contacta con la embajada española en Polonia para pedir que se cumplan los derechos básicos que se recogen en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A los pocos días, el 3 de marzo, la sala II de lo Penal del Tribunal de Rzeszow decreta prisión provisional para Pablo hasta el 29 de mayo. Se le acusa de un delito de espionaje, el cual recoge el apartado 1 del artículo 130 del Código Penal polaco y que puede conllevar hasta diez años de prisión.

Se le traslada a la cárcel de Rzeszow y se hace público uno de los motivos de la detención de González: consideran que Pavel Alekseevich Rubtsov, su nombre de nacimiento, es su alias como espía

De este modo, se le traslada a la cárcel de Rzeszow y se hace público uno de los motivos de la detención de González: consideran que Pavel Alekseevich Rubtsov, su nombre de nacimiento, es su alias como espía. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, confirma lo sucedido y los cargos por espionaje, pero no aporta ninguna información más.

Durante su primer mes en prisión, González recibe dos visitas del cónsul de España en Varsovia. Este le traslada la información sobre sus encuentros con Pablo a Goiriena contándole que lo tienen incomunicado y aislado, que se encuentra con ánimo aunque ha perdido peso, que no sabe por qué se le acusa y que sigan denunciando su situación desde fuera. Es la única información que le llega a la familia hasta recibir la primera carta de González. Les dice que está bien, pero que la espera se le está haciendo muy larga.

Por otro lado, el Gobierno español, en respuesta en sesión parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, confirma que la fiscalía polaca ha ordenado mantener en secreto las acusaciones de espionaje y el presidente, Pedro Sánchez, afirma que González ha recibido dos visitas consulares así como que descartan elevar una queja formal a Polonia por el caso.

A finales de abril es trasladado a la prisión de Radom, a unos cien kilómetros de Varsovia, habiendo podido elegir a un abogado polaco llamado Bartosz Rogala que le han recomendado de manera externa, pero aún sin Boye en el equipo de defensa al no permitirlo las autoridades polacas.

González permanece encerrado 23 horas al día en su celda sin poder comunicarse con el exterior. Solamente puede ver la luz del día durante la hora que le dejan salir al patio esposado

González permanece encerrado 23 horas al día en su celda sin poder comunicarse con el exterior. Solamente puede ver la luz del día durante la hora que le dejan salir al patio esposado. Con el cumplimiento de 200 días de su encarcelamiento, se hace público que el periodista vasco ha presentado desde prisión un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para denunciar que su situación supone una violación de la Convención de Derechos Humanos, que el proceso judicial que se ha abierto contra él “no está teniendo garantías de justicia mínimas”, que en los últimos seis meses su aislamiento es total al no haber podido ni recibir visitas ni llamadas de su familia o los “humillantes” cacheos que le hacen las autoridades polacas desnudo.

Después de varias semanas, el ministro Albares, ante una pregunta de la senadora Maribel Vaquero (Partido Nacionalista Vasco), pide a Polonia la realización de “un juicio público lo antes posible” para González, asegurando que el Gobierno ha llevado a cabo “múltiples gestiones” para que se respeten sus derechos.

El 21 de noviembre del pasado año, tras casi nueve meses desde su entrada en prisión, Pablo recibe por fin la visita de su pareja Oihana en la prisión polaca de Radom. “Estoy viviendo todo esto con muchos altibajos, donde hay momentos que se llevan mejor y otros de absoluta desesperación ante la incertidumbre por no saber nada… A la vez siento mucho apoyo de la familia, las amistades y la asociación y con eso vamos tirando hacia adelante”, valora Goiriena.

“Aquí no hay un proceso penal, sino un rodillo a Pablo, que es lo que están haciendo las autoridades polacas. No aceptan nada de lo que se dice por parte de la defensa, se va prorrogando una instrucción que parece eterna, sigue en prisión con unas condiciones precarias”, dice el abogado Gonzalo Boye

Por su parte, ya en marzo de 2023, Gonzalo Boye consigue ser reconocido como abogado de González después de un año y visitarlo en la prisión en la que se encuentra. El objetivo de todo ello, según Boye, ha sido aislar por completo, dilatar al máximo la comunicación con Pablo y provocar su desgaste, como son las seis prórrogas hasta la actualidad para mantenerlo después de año y medio en prisión preventiva. “Como abogado, es frustrante porque aquí no hay un proceso penal, sino un rodillo a Pablo, que es lo que están haciendo las autoridades polacas. No aceptan nada de lo que se dice por parte de la defensa, se va prorrogando una instrucción que parece eterna, sigue en prisión con unas condiciones precarias… Esto, evidentemente, no se corresponde con lo que debe ser Europa”, indica añadiendo que no solamente han tratado de privar a Pablo de sus derechos en el proceso, sino que incluso han solicitado desde Polonia a las autoridades españolas que Boye fuese expulsado del proceso una vez que fue admitido en el mismo.

Tras firmar una declaración a tres bandas con sus homólogos de España y Rumanía en mayo, el ministro de Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, al ser preguntado por el caso de Pablo González, declara que espera que “sea sometido a juicio relativamente pronto”. Según Rau, los cargos a los que se enfrenta son “muy graves”, pero tampoco desvela las razones que presuntamente suponen tal gravedad. Por su parte, el ministro Albares se limita a corroborar la gravedad de las acusaciones sin detallarlas igualmente.

Posteriormente, en junio, González recibe en prisión la segunda visita de su pareja, de su hijo mayor y de su madre. Son las dos únicas visitas autorizadas en año y medio. Tal y como relata Goiriena, fue un reencuentro duro a la par que emotivo donde las dos horas que duró se les hicieron cortísimas: “Había tantas cosas de las que hablar… Él tenía muchas preguntas sobre nuestros hijos. En la primera ocasión lo vi más fuerte y en esta segunda logró mantener el tipo, pero sí que lo noté más desanimado al ver que no hay nada, que todo sigue igual, que no puede ni hacer una llamada de teléfono con sus hijos (el contacto que mantienen es por carta, las cuales tardan varios meses) y que se siente abandonado con la impotencia de tener que escuchar por boca del ministro que las acusaciones son cargos muy graves faltando a su presunción de inocencia”.

Ante ello, recalca que no reclama ni espera un trato de favor para Pablo por parte del ministerio, sino que solamente pide que se realicen las gestiones diplomáticas necesarias para poder tener una comunicación directa con visitas regulares y llamadas telefónicas. “No entiendo cómo algo tan básico puede ser tan difícil”, lamenta.

Teixeira corrobora lo anterior resaltando que la situación es “totalmente dramática” y lo “increíble” de que en un país de la Unión Europea “se pueda tener a una persona en esa situación de aislamiento sin ninguna prueba”. “Ya no es que pidamos la excarcelación automática de Pablo porque entendemos que esto es un proceso, pero sí un juicio rápido y justo ante algo que se está alargando muchísimo más de lo debido y en unas condiciones totalmente inhumanas”, expone.

Un caso sin comparación en la Unión Europea

El balance de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) recoge en su habitual informe anual que 2022 se ha convertido en el año con el récord de periodistas encarcelados/as. En total, 533 profesionales de la información están en prisión en todo el mundo por ejercer su trabajo, un 13,4% más que el año anterior. Poco más de un tercio cuenta con una condena y el 63,8% de periodistas con su libertad privada en el planeta no han pasado por un juicio.

El caso de Pablo González no aparece en estas cifras debido a las cuestiones metodológicas con las que se elabora dicho balance anual, ya que, sin conocer las pruebas en contra del periodista o sin que se celebre un juicio, como ocurre en el caso de González, no cuentan con los elementos que estiman necesarios para valorar según su procedimiento si se ha tratado de una detención arbitraria.

“No tenemos conocimiento de un caso similar en la Unión Europea”, afirma Alfonso Bauluz, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras

A pesar de lo anterior, el posicionamiento de RSF es claro criticando lo insólito y la opacidad del proceso. “No tenemos conocimiento de un caso similar en la Unión Europea”, afirma Alfonso Bauluz, presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras. En total, se elevan ya a dieciocho los meses en prisión preventiva en régimen de aislamiento, sin un día de juicio aún sin fijar y tras las reiteradas decisiones del tribunal de prolongar su detención a pesar de no haber constancia pública de pruebas presentadas que sustenten los hechos de los que se le acusa a González.

“Desde el primer momento hemos exigido a las autoridades polacas que probaran sus acusaciones, cosa que en todo este tiempo no han hecho. No caben detenciones arbitrarias en un país de la Unión Europea y, si detienen a un periodista, tienen que probar sus acusaciones. Lamentablemente, podemos ver cómo se demora, cómo no tienen ningún interés en la apertura de una vista oral y cómo incide en que eso se pueda sustanciar en un juicio con todas las garantías”, explica Bauluz.

A ello añade el aumento de los casos de personas detenidas bajo acusaciones de espionaje para Rusia en Polonia, ante lo cual indica Bauluz que no tienen mucho interés en que se lleven a juicio estas acusaciones: “Es verdad que, ya antes de la guerra y la detención, la confianza en la separación de poderes en Polonia estaba seriamente cuestionada por la voluntad del gobierno ultraderechista polaco de acabar con la independencia judicial y de silenciar la pluralidad de voces, por lo que la fiabilidad y credibilidad del gobierno polaco es escasa”.

Por su parte, comparándolo también con la cobertura de todo lo relativo a lo ocurrido recientemente con Daniel Sancho, desde la asociación #FreePabloGonzález critican cómo “los grandes medios de comunicación han pasado muy de puntillas” por el caso de un periodista detenido mientras trabajaba y que continúa en aislamiento desde entonces. “Hay que tener en cuenta varios aspectos. Uno es la propia ideología de Pablo, una persona de izquierdas. Él escribió para Gara la mayoría de las veces, lo que ya dentro del Estado español está mal visto de algún modo. Creo que ese cóctel de haber nacido en Rusia, vivir en el País Vasco y escribir para Gara ha hecho que a nivel social se haya visto como el típico algo habrá hecho“.

En este sentido, Teixeira asegura que desde el propio Ministerio de Exteriores ”ha habido presiones a los medios de comunicación desde el principio para que no se hable mucho del caso diciendo que puede haber pruebas y que no se mojen“. Así, considera que se ha caído en una espiral del silencio que se ha retroalimentado, “que es totalmente indignante e inaceptable dentro de la profesionalidad periodística y que pone de manifiesto la situación delperiodismo”.

La falta de respuesta ministerial y la incertidumbre del futuro

El equipo de defensa legal de González ha recurrido las hasta ahora cinco decisiones del tribunal polaco de prolongar su detención preventiva cada tres meses. Recientemente ha determinado una nueva sexta prórroga. Debido a esta situación sostenida en el tiempo y ante una pregunta parlamentaria de la eurodiputada Idoia Villanueva (Podemos-The Left), la Comisión Europea ha recomendado a Polonia que el periodista sea trasladado a España en espera de juicio.

Una gran diversidad de organizaciones, colectivos periodísticos, partidos políticos, familiares, amistades y compañeros/as de Pablo continúan reivindicando también el fin al régimen de aislamiento, su puesta en libertad y un juicio con todas las garantías. Igualmente, en reconocimiento a su labor y su situación por ejercer su trabajo, el Colegio y la Asociación Vasca de Periodistas han concedido a González el Premio José María Portell a la Libertad de Expresión y la Unió de Periodistes Valencians lo ha reconocido también con el premio Llibertat d’Expressió. Su pareja Oihana recogió la distinción en su nombre e hizo llegar unas palabras suyas desde prisión. “Fue un modo de que volviera a salir a la palestra el tema, de que se oyera de nuevo su caso en los medios. Por otro lado, significó un gran impulso esta valoración y para él supuso un chute de ánimo”, afirma Goiriena.

Desde El Salto hemos querido hablar con Ángeles Moreno, secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, para realizar una entrevista. “En este momento no es posible realizar la entrevista solicitada”, ha sido la respuesta del equipo de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El mensaje enviado desde este medio para poder hacerla más adelante, con el secretario de Estado para la Unión Europea u otra persona con cargo público representativo del ministerio que pudiera responder a las preguntas sobre este reportaje no ha tenido contestación alguna.

“A día de hoy seguimos sin saber cuáles son las gestiones que dice el ministro Albares que se han realizado desde el ministerio. Lo único que dicen es que los cargos a los que se enfrenta son muy graves y eso es cierto, pero de lo que no se habla es de que tengan que defenderse sus derechos básicos, que han sido totalmente pasados por encima siendo violados más de 14 artículos de los derechos básicos de la Unión Europea durante su detención y su posterior encarcelamiento”, comenta Teixeira recalcando la falta de presión ministerial para facilitar las visitas y la comunicación con González en un momento en el que Polonia cuenta con una fuerza negociadora de relevancia al ser fronteriza con Ucrania.

Mientras, Goiriena afirma que lo que más le ha dolido ha sido la actitud por parte del ministro reafirmando la gravedad de los cargos como también hace Polonia: “Sigo sin entender por qué están haciendo lo que están haciendo y, sobre todo, lo que no están haciendo”.

En cuanto al proceso, el portavoz de la asociación considera que, si hubiera alguna prueba, ya la tendrían que haber puesto encima de la mesa. “Siempre queremos tener esperanza, pero viendo el desarrollo de los acontecimientos por parte de la justicia polaca, es difícil ser optimistas. Hasta ahora han puesto absolutamente trabas para todo desde el minuto uno, por lo que esto va a seguir en la misma tónica general. Nos preocupa mucho cómo va a ser el juicio y cómo se va a desarrollar todo”, afirma.

Por su parte, Bauluz remarca la nula voluntad de las autoridades polacas de cooperar con organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, ante lo cual exigen su puesta en libertad provisional y un juicio justo con todas las garantías así como que se ponga fin “al enseñamiento carcelario con las condiciones de una persona cuya culpabilidad no ha sido probada”. El problema, detalla, es que en la legislación polaca no está establecido el plazo máximo de detención preventiva, lo cual valora como “un abuso de las autoridades polacas que están tomando represalias contra un periodista, en este caso Pablo, al que no quieren llevar a juicio”.

Respecto a la posible fecha futura de un juicio, Boye comenta que es imposible tener una estimación sobre cuándo se realizará “porque las autoridades polacas están haciendo lo que quieren”, algo que, en el ámbito del derecho de la Unión Europea y de las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cree que resulta “chocable e incompatible”.

El abogado de González se muestra decepcionado con el comportamiento del ministro Albares, ya que considera que sus pronunciamientos han vulnerado la presunción de inocencia “expresándose más allá de lo que podía ir”. Lo que esperan, afirma, es que las autoridades polacas se cansen pronto de investigar toda la vida de Pablo y adopten una resolución más acorde con unos criterios democráticos y propios de un Estado de derecho: “Polonia está quedando retratada en este y otros procesos, sin duda. El ministro también”.

Finalmente, ante el menoscabo de los derechos civiles y profesionales de González así como la inexistencia de pruebas que sustenten su encarcelamiento, Goiriena estima que se han equivocado pensando que tenían un espía y ahora no saben cómo solucionarlo: “Pablo podría haber sido una voz incómoda, ya que es experto en el espacio postsoviético. No les interesaba que estuviera allí informando con una visión formada de lo que sucedía”.

En relación con el proceso, Oihana espera que no se prorrogue más, que González pueda salir al menos a espera de juicio o que se le absuelva. “No tengo mucha confianza en que esto último ocurra y que por fin se acabe esta pesadilla. Antes seguramente llegará la fecha del juicio, que espero que sea cuanto antes y que quede su nombre limpio”, concluye.