Libertades civiles
Despedida del aeropuerto por su ideología: Victoria Taibo busca justicia

A Victoria Taibo, con más de 50 años de edad, la despidieron de manera arbitraria en 2020. Cumplía los primeros 24 días de su nuevo empleo en el aeropuerto de Barajas cuando una orden de la Guardia Civil provocó su despido al considerar que representaba un riesgo grave para la seguridad pública en general, y en concreto para la seguridad aeroportuaria.

Su caso, que contamos en El Salto, lleva tres años en los juzgados sin conocer el motivo de su cese laboral. Desde entonces sigue en paro, tuvo que vender su casa y emigrar a Galicia. La extrabajadora ha acudido este jueves a los juzgados ya que se celebraba, por fin, su juicio por lo contencioso-administrativo tras haber ganado la causa por despido improcedente.

La única información con la que cuenta Taibo es que inteligencia de la Guardia Civil la considera un riesgo para la seguridad de la aviación civil a pesar de no tener antecedentes penales ni policiales. Sospecha que su militancia política de izquierdas pueda haber influido para apartarla de su puesto de recepcionista de una sala VIP en una zona restringida del aeropuerto, lo que viene a calificarse como despido ideológico.

“Pero existe una ley que dice que todas las decisiones administrativas tienen que estar justificadas y motivadas, y en mi caso no hay motivación”

Victoria compareció ante el juez, acompañada por su abogado Eric Sanz de Bremond, de la cooperativa Red Jurídica. Durante el juicio, cuenta Victoria, la abogada del Estado que representaba a la Guardia Civil, no hizo más que dar rodeos sin especificar la motivación de su cese. “Pero existe una ley que dice que todas las decisiones administrativas tienen que estar justificadas y motivadas, y en mi caso no hay motivación“, insistía la afectada a la salida del juzgado.

Consideraciones para la defensa

El abogado defensor de Taibo explica algunos detalles del caso. “Hasta que no nos han traído el expediente no hemos visto lo que dijeron los de inteligencia de la Guardia Civil. Nosotros presentamos unas alegaciones y nunca nos contestaron. Y ahora que hemos puesto la demanda vemos que se hizo una segunda evaluación que pone que Victoria 'tiene unos amigos muy peligrosos', situación que la Guardia Civil considera pone en peligro la seguridad aeroportuaria".

La defensa encuentra es esto una motivación insuficiente al no conocer de manera explícita qué considera la benemérita con ese calificativo. Lo que aquí sucede, relata Sanz de Bremond “es que un alto mando de inteligencia de la Guardia Civil ha tomado una decisión que dice, ”yo propongo que esta persona es no apta porque está próxima a entornos peligrosos“, sin decir nada más".

“Lo que estamos reclamando es que nos digan, 'tenemos datos de esta persona en un fichero que no les vamos a dar por seguridad nacional, y luego poder pedir derecho al acceso a ese fichero”

Ante una posibilidad de reconocer que este cuerpo de seguridad tenga la potestad de desautorizar a una persona, el abogado de Taibo incide “Lo que estamos reclamando es que nos digan, 'tenemos datos de esta persona en un fichero que no les vamos a dar por seguridad nacional', y luego poder pedir derecho al acceso a ese fichero”. Admite que lo pueden denegar pero “esa denegación ya la puedes recurrir y ahí se pelea por acceder a esos datos. El tema es que a día de hoy, no sabemos de dónde sale el dato de las amistades peligrosas”.

“Es como el proceso de Kafka”, dice el letrado al intentar explicar lo enrevesado del caso de Victoria. “Me ha inquietado mucho cuando la abogada del Estado se ha referido a lo de los antecedentes 'personales', ¿cómo se valora eso?”, se preguntaba incrédula al final del juicio. Su mayor temor es que termine como los casos de Patxi Zamora y el de otra mujer en Canarias que llegaron al Supremo, pero los inadmitieron y les han condenado a pagar las costas.

Para la extrabajadora del aeropuerto lo dramático de su situación es que la clase política sabe lo qué está pasando. Esquerra Republicana, PNV y Bildu han hecho preguntas parlamentarias directamente al ministro del Interior que no ha contestado. “Solo dicen que es una ley europea, la comisaria de seguridad de la UE lo confirma pero también dijo que no se puede aplicar de forma arbitraria”, puntualiza Taibo.

Victoria a veces piensa que se han equivocado con ella. “Imagínate que me confunden con alguien. Me dicen que puedo recurrir. Vale, recurro que no estoy próxima a entornos peligrosos. Y si me dicen que sí pertenezco, pues que lo demuestren”, es lo que exige Taibo.

La extrabajadora se vio arropada por una decena de personas apostadas en los juzgados de la Gran Vía madrileña. Por ahora queda esperar, dice su abogado. “Pueden pasar dos cosas: o bien que nos desestimen la sentencia y se nos acaba el camino, —salvo que queramos ir al Tribunal Constitucional, pero son seis años de media y solo admiten un 1% de recursos— o bien que ganemos y se nos abra un camino para exigir alguna responsabilidad”, prevé Sanz de Bremond e insiste en la situación de su defendida: “Recordemos que Victoria perdió su trabajo, vendió su casa y tuvo que irse a Galicia”.