Machismo
Caso Juana Rivas: cuestionadas por sistema

A estas alturas del caso Juana Rivas, seguramente sepas que ella se maquilla y que le gusta salir de fiesta. También la habrás visto sonriendo en la playa junto a su expareja y cortando viñas en el negocio que ambos tenían en Italia. Habrás leído en los comentarios de algún medio que “secuestró” a sus hijos, y puede que, incluso, en alguna sobremesa alguien haya vuelto a poner junto al café las denuncias falsas, el síndrome de alienación parental y el primo lejano de nosequién que, pobre, pasó una noche en el calabozo por culpa de su mujer.

“Cada vez que hay una situación como la de Juana Rivas, en la que hay un eco mediático y se lanzan mensajes contradictorios, las víctimas se atrincheran en su privacidad y no quieren llevar su situación a los juzgados”, alerta Montse Linares, abogada y vocal de la Subcomisión de Violencia de Género del Consejo General de la Abogacía Española. “Esto es muy peligroso, no ya a nivel judicial sino para la seguridad de las víctimas; hay que tener cuidado con todo lo que se transmite, porque la conciencia social en materia de violencia es la que hace que avancemos o que retrocedamos”, advierte.

Sobre el caso de Juana Rivas, Linares asegura que no se ha tratado la cuestión de fondo de la violencia de género. Y, efectivamente, no se ha hecho. Entre otras cosas, porque lo que se ha dirimido hasta ahora no es la denuncia por violencia de género de la mujer de Maracena, sino que se ha hecho cumplir la resolución [de un juzgado italiano] que obligaba a la entrega de los menores. “Es cierto que podrían haberse tomado medidas cautelares en virtud de la querella [por violencia de género] de Juana Rivas, pero también lo es que existía un resolución que establece una guarda y custodia a través del padre y lo que se hace es pedir la ejecución de esta sentencia a través del convenio de La Haya: eso es lo que hace España”, explica Amalia Fernández, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.

Mensajes contradictorios

Mercedes Hernández, experta en violencia de género, llama a reflexionar sobre lo que creemos y lo que ponemos en duda. “Cuando elegimos qué creer, es decir, cuando realizamos un juicio de credibilidad, nos asimos a aquello que conocemos previamente y movilizamos así ese material disponible para traducir en términos de verdadero o falso lo que estamos escuchando”, dice.

En esta búsqueda, llama la atención sobre la doble vara de medir que ha utilizado para valorar los testimonios: “Pese a estar condenado por violencia de género, a Francesco Arcuri le han creído y no solo deja de ser un maltratador sino que, por arte de birlibirloque, se convierte en un buen padre; mientras que la señora Rivas se ha dibujado como una secuestradora de menores, una mala madre. ¿Y de qué se ha alimentado el imaginario de mala madre? De estereotipos de género”, zanja.

¿Se cuestiona la credibilidad de las víctimas que denuncian violencia de género? “Siempre”, dice Hernández, que es también directora de Mujeres de Guatemala, organización que hace unos meses lanzó la campaña "Yo te creo" para concienciar sobre los estereotipos que merman la credibilidad de las víctimas en los casos de agresiones sexuales.

Hernández recuerda que los estereotipos de género son origen y consecuencia de estas violencias, y que están instalados en todas las fases del proceso de investigación y juicio. “Así lo denuncian las numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, especialmente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y así lo recogen los diferentes instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o el Convenio de Estambul de 2011, en el ámbito del Consejo de Europa”.

El caso de Rivas tiene similitud también con el de Isabel Monrós, la valenciana que a principios de 2013 se atrincheró en la vivienda de su familia en Alboraya

Pero no se trata solo de Juana Rivas. María Salmerón, indultada hasta cuatro veces de una condena de prisión tras negarse a cumplir el régimen de visitas de su hija con su padre maltratador, o Susana Guerrero, por citar dos casos recientes, también han tenido que enfrentarse a la barrera de su credibilidad. Pese a este cuestionamiento de la credibilidad de las mujeres, el último informe de la Fiscalía vuelve a confirmar que las denuncias falsas son insignificantes: un 0,0079%. En concreto, 164 de las 913.118 causas interpuestas entre 2009 y 2015, “un número suficientemente elocuente para rebatir las voces que se alzan en torno a la prevalencia de ‘denuncias falsas’ en esta materia”, dice el documento de la Fiscalía.

En septiembre, la Delegación del Gobierno en Andalucía informaba de que una mujer sobre la que pesaba una orden de entrega de sus hijas de 7 y 5 años desde el 14 de agosto se había presentado en el juzgado de Archidona de manera voluntaria. Dos meses antes, Carmen había denunciado en el mismo juzgado a su exmarido, de nacionalidad griega, por violencia machista.

El caso de Rivas tiene similitud también con el de Isabel Monrós, la valenciana que a principios de 2013 se atrincheró en la vivienda de su familia en Alboraya. Monrós quería evitar la vuelta a México con su exmarido (ambos de nacionalidad española y con residencia en México hasta su separación) de sus tres hijos. En este caso, un juzgado de Moncada ejecutó la resolución judicial que ordenaba la entrega al padre de los tres menores de doble nacionalidad. Tras reconocer un juzgado la custodia de Monrós, ésta se trasladó a México para poder estar con sus hijos.

Poco después era conocido el caso de la madrileña Helena de Pedro. Helena abandonó Portugal a finales de 2009 y en octubre de 2010 su pareja incoó un procedimiento de divorcio, así como las medidas provisionales respecto a los hijos. Un juez portugués le concedió al padre la custodia (de manera provisional) a finales de 2011 (sin oír a la madre) y, con esa decisión, él volvió a acudir al Juzgado 25 que ordenó la ejecución de la resolución del juzgado portugués.

La abogada Montse Linares enfatiza que el Derecho en España es garantista con las personas investigadas: “Tiene que ser así, porque a nadie se le puede condenar sin una prueba de cargo contundente y obtenida lícitamente”. En ese sentido, en un proceso penal de violencia de género la víctima tiene el papel de acusación particular y el agresor es acusado, “y como tal tiene un estatuto que lo protege, es más, tiene derecho a mentir en su defensa, y a no declarar”.

De ahí que se produzca una situación en la que, mientras que el investigado tiene derecho a mentir en su defensa, la principal prueba que aporta la víctima es su testimonio en un delito que, recuerda la abogada, por definición se comete en la intimidad, por lo que la mayor prueba con la que se cuenta es la declaración de la víctima.

¿Se cree menos a la víctima? “Yo sí noto que se la escucha con recelo, sobre todo en la instrucción, para ver dónde está mintiendo”, continúa Linares. “Y tú no puedes interrogar a una víctima de violencia que ha puesto una denuncia el día anterior viendo dónde se va a contradecir, porque lo va a hacer seguro. Por supuesto, porque está en un momento de shock y tendrá incoherencias. Pero como juez, fiscal, abogado especializado en violencia tienes que saber que está en el ciclo en el que está, y tienes que interpretar que esos vacíos son fruto de la situación anímica de la víctima”.

Formación específica

De ahí la insistencia que han hecho diferentes organismos en las últimas semanas en la necesidad de que las personas que atienden a las víctimas de violencia de género estén especializadas en la materia, como ya esboza la Ley Integral contra la Violencia de Género y recoge el reciente Pacto de Estado: “Necesitamos que los equipos tengan claro de qué estamos hablando: qué es una situación de violencia, los ciclos de la violencia, en qué ciclo está la mujer cuando denuncia, en qué ciclo están cuando declaran”.

Porque “las leyes se modifican y las conductas de los agresores también; los agresores aprenden”, reflexiona Montse Linares, curtida como abogada en violencia de género. “Cuando yo empecé a trabajar hace muchos años, me iba a los juzgados con una víctima con señales de violencia física, porque a los agresores no les daba miedo dar un golpe. Pero han aprendido a no dejar señales y las agresiones hoy son más verbales y psicológicas. Con lo cual me encuentro con que ahora tengo una víctima destrozada, deshecha psicológicamente, con trastornos de los que no se va a recuperar... Pero eso no se ve”.

En la misma línea, Mercedes Hernández insiste en que es crucial comprender lo que implica la violencia en la vida de las mujeres. “Es casi una ecuación matemática: si los operadores jurídicos no están formados en estas cuestiones, no podrán dictar decisiones justas ni evitar los estereotipos de género, aunque estén proscritos por ley”.