Madrid
El cuarto intento de desahucio de Mari Carmen revela las grietas de la “legislatura de la vivienda”

Comienza la cuenta atrás para Maricarmen, vecina del barrio madrileño de Ibiza, en Retiro, que lucha incansablemente por permanecer en su piso de Calle Alcalde Sainz de Baranda, 46. A sus 87 años enfrenta este miércoles su cuarto intento de desahucio, del que las administraciones públicas se han desentendido en todo momento. El proceso ha sido largo, tedioso y le ha costado parte de su salud física y mental. La fragilidad de Maricarmen contrasta rápidamente con la contundencia de su discurso en contra de quienes mercadean a diario con los derechos más elementales. La primera tentativa de desalojarla tuvo lugar en octubre de 2025 cuando consiguió que la suspensión temporal en los juzgados la víspera. La presión sindical ha conseguido sostenerse hasta el día de hoy, casi un año después.

“Hay que seguir luchando para impedir a estos defraudadores comprar casas”, clamaba con fuerza a los medios de comunicación esta semana. Aún con la voz quebrada, mantiene con firmeza su voluntad de resistir hasta el último minuto en la casa donde vio morir a sus padres y donde atesora la mayor parte de sus recuerdos de juventud. Sabe que su caso se ha convertido en un símbolo de resistencia ante a la ferocidad del mercado inmobiliario en plena crisis de vivienda. Frente un panorama incierto y hostil, le reconforta pensar que no está sola ni lo va a estar sea cual sea el desenlace: miles de personas se han unido a su causa en los últimos meses y han lanzado mensajes de solidaridad en redes sociales.

Detrás de la crueldad que entraña dejar en la calle a una pensionista que lleva desde los 17 años en su hogar está un nombre: Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias. La entidad dedicada a la especulación lleva años negándole sin piedad a la inquilina la firma de un alquiler asequible después de haber comprado el bloque de pisos a Renta Corporación en 2018.

Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, titulares de más de una docena de empresas entre las que se encuentra Urbagestión, notificaron a Maricarmen que el contrato subrogado a su favor 15 años antes debía haberse extinguido en 2007. Su padre firmó en su día un contrato de renta antigua. Tras 15 años de subrogación indisputada con las mismas condiciones contractuales, alegaron que “la segunda subrogación del contrato (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) sólo puede tener una duración de dos años, salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%”, explica el Sindicato de Inquilinas. La discapacidad de Maricarmen es algo menor, del 50%, por lo que no se le aplicarían más subrogaciones posibles.

Es el argumento con el que el fondo consiguió que el Tribunal Supremo le diera la razón el pasado mes de marzo. “Además, si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato, y la de Maricarmen sería una primera subrogación, es decir, seguiría con el contrato en vigor. Las leyes machistas del franquismo hicieron que ese primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer del matrimonio”, añaden las inquilinas en lucha.

Urbagestión trató de echar de forma invisible a Mari Carmen. Le exigía un alquiler mensual de 1.650 euros, una cuantía desorbitada para alguien que cobra una pensión de a penas 1.450 euros

Inicialmente, antes de que la empresa cerrara a cal y canto todas las vías de negociación e interpusiera una querella criminal por presuntos delitos de coacciones, descubrimiento y revelación de secretos contra miembros del Sindicato de Inquilinas, Urbagestión trató de echar de forma invisible a Mari Carmen. Le exigía un alquiler mensual de 1.650 euros, una cuantía desorbitada para alguien que cobra una pensión de a penas 1.450 euros, lo que equivaldría a un incremento del 275% de alquiler. El resto de los apartamentos del inmueble se alquilan por unos 2.650 mensuales. La otra opción que le daban era forzarla a abandonar el inmueble, una dicotomía tan tramposa como cotidiana en los bloques adquiridos por fondos de inversión.

Meses después de estas conversaciones, la situación ha empeorado significativamente: “Al principio, cuando el procedimiento estaba iniciándose, sí que le ofrecieron un alquiler que no podía pagar por los ingresos. No era accesible para lo que cobra de pensión, pero es que ya ni siquiera tiene esa posibilidad, ahora mismo no hay ningún tipo de comunicación”, cuenta con preocupación, a escasos días de la fecha del lanzamiento, Beatriz Duro, abogada de Maricarmen. Eso sí, el fondo requiere 10.000 euros en concepto de daños y perjuicios al Sindicato de Inquilinas por la campaña mediática impulsada desde hace meses para visibilizar el calvario de la octogenaria.

El comité Desc ya solicitó la suspensión cautelar del lanzamiento

Este lunes la letrada presentó un escrito solicitando la suspensión ya que el pasado viernes contactó con ella Casa 47 —la nueva empresa de vivienda del Estado— indicando que se está buscando una solución residencial para Maricarmen. La comunicación se produce después de que el el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de las Naciones Unidas requiriera el pasado junio a España informar sobre qué medidas estaba adoptando para evitar un desalojo sin alternativa habitacional, lo que supondría un perjuicio irreparable para la octogenaria. El Comité solicitó la suspensión cautelar del desahucio hasta que las administraciones públicas demostraran que están buscando una solución habitacional.

Tras la intervención del Comité, tanto el gobierno central como la Comunidad de Madrid presentaron alegaciones explicando cuál había sido su papel a la hora de tratar impedir el lanzamiento. Esa voluntad activa demostrable de cara a encontrar alternativas, que podría bloquear in extremis la ejecución, es la última baza jurídica a la que Maricarmen puede acogerse a día de hoy. En junio el último intento logró posponerse a última hora en el juzgado número 90 de Madrid al presentarse una solicitud del 704, un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LECRIM) que contempla que si el inmueble a desalojar es la vivienda habitual del ejecutado, el juzgado otorgará un plazo de un mes para el desalojo.

Maricarmen cuenta con una movilidad muy reducida debido a varias operaciones de cadera y ha perdido mucha masa muscular en los últimos meses fruto del desgaste físico prolongado. Muchos desplazamientos cotidianos, como subir y bajar escaleras, debe realizarlos en silla de ruedas, de manera que en caso de encontrar un alquiler asequible debería contar con unas mínimas condiciones de accesibilidad.

Tumbada ya desde hace meses la moratoria antidesahucios, no existe actualmente ninguna norma que permita la paralización de los desahucios en el caso de colectivos vulnerables

Duro asegura que en este caso todas las vías judiciales internas de apelación se han agotado: se presentó recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y una denuncia al Comité de Naciones Unidas por vulneración del derecho a la vivienda. Además, tumbada ya desde hace meses la moratoria antidesahucios, no existe actualmente ninguna norma que permita la paralización de los desahucios en el caso de colectivos vulnerables. Esta anomalía en un estado de bienestar se extiende a familias con menores, inquilinas víctimas de violencia machista o personas en riesgo de exclusión social, que no cuentan a día de hoy con una mínima protección legal en caso de que un fondo quiera expulsarlas de sus hogares.

Un Real Decreto de Vivienda que no llega mientras se replican los desahucios

El enésimo intento por dejar fuera de su casa a Maricarmen se produce a una semana de que el PSOE rechazara en el Congreso de los Diputados tramitar la ley propuesta por Sumar que prohibía la venta de pisos a personas jurídicas. La norma, propuesta por Sumar, buscaba expulsar a los grandes fondos de inversión del negocio de la vivienda para proteger a las inquilinas vulnerables. El texto ya fue rechazado en noviembre de 2025, también con la abstención del PSOE. De nuevo, la noticia ha precipitado una tormenta de rabia por la inactividad de las instituciones a la hora de impedir la acción voraz de multipropietarios como Urbagesa.

“Casos como el de Maricarmen ponen en el centro la necesidad de que los contratos de alquiler sean indefinidos, frente a la realidad actual que permite expulsiones cada 5 o 7 años...”

La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para incluir contratos indefinidos, similares a las rentas antiguas, como ya ocurre de facto en Inglaterra o la reintroducción de la moratoria antidesahucios para personas vulnerables como Maricarmen son algunas de las medidas alternativas que reclama el Sindicato. Pero también exigen a las administraciones públicas que prohíban la compra especulativa de vivienda, garantizar la prórroga de los contratos, incluidas las tácitas reconducciones y ampliar el parque de vivienda pública expropiando a los grandes propietarios —una realidad vigente en ciudades como Viena—.

“Casos como el de Maricarmen ponen en el centro la necesidad de que los contratos de alquiler sean indefinidos, frente a la realidad actual que permite expulsiones cada 5 o 7 años. Los contratos indefinidos son clave para que no puedan expulsarte de tu casa tras 70 años viviendo en ella”, defendía recientemente el Sindicato de Inquilinas.

Precisamente por este contexto de emergencia habitacional hoy es apremiante, expresaba este mes la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), la tramitación del Real Decreto de Vivienda. “El Ejecutivo anunció el pasado 29 de junio que aprobaría durante julio un paquete de medidas destinado a reducir el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir los abusos en los alquileres de temporada y de habitaciones”, protestaban desde el CSI. La Comunidad de Madrid, por su parte, no sólo ha hecho caso omiso a todas estas demandas de la defensa de Maricarmen sino que continúa promocionando la feria inmobiliaria The District, que reúne a más de 360 empresas inmobiliarias del 22 al 24 de septiembre en IFEMA.

Para lograr el máximo poder de convocatoria el día del lanzamiento, el Sindicato ha organizado diferentes actos desde las 18:30H de este martes. Ese día intervendrán personalidades públicas del mundo de la cultura y la comunicación como Juan Diego Botto, Facu Díaz o Inés Hernand, así como Alberto San Juan, quien en los últimos años ha estado muy presente en la lucha del bloque en lucha de Tribulete, 7 en Lavapiés. El evento concluirá con un llamamiento a acampar toda la noche para arropar a Mari Carmen desde la víspera del desahucio hasta que lleguen las fuerzas policiales.