Madrid
“Firmáis ya o no firmáis”: parte de los residentes de María Guerrero aceptan contratos con cláusulas abusivas

La disputa por el bloque de María Guerrero 1 en Carabanchel, que Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) lleva intentando desalojar desde hace dos años, ha vivido un nuevo episodio. Siete de las 14 familias residentes en el edificio, al que la mayoría entraron alquiladas en fraude de ley por el anterior propietario y que piden un alquiler social, han aceptado firmar los contratos con cláusulas abusivas que ofrecía el “banco malo” como medida para evitar nuevos intentos de desahucio, aunque el Sindicato de Vivienda de Carabanchel ha anunciado que se movilizará para revocarlas.

El movimiento de vivienda convocó una rueda de prensa en el bloque en lucha este pasado jueves para comunicar tanto las “presiones” recibidas por Sareb como su intención de que todas las residentes del bloque puedan firmar contratos que estabilicen su situación y su intención de retirar las cláusulas abusivas que son “el modus operandi” de la entidad pública. Acusan al “banco malo” de haber forzado la firma bajo la amenaza de reactivar el proceso de lanzamiento, suspendido desde el pasado noviembre.

Miren Beriain, portavoz del Sindicato de Vivienda, explicó a El Salto Madrid que se decidió aceptar “por el efecto en la salud mental de las vecinas que está teniendo la amenaza de desahucio”, pero que “esto no es el fin”. El objetivo de su organización es que “todas tengan contrato, no solo siete, sino las 14 viviendas”, y que la Sareb “asuma sus responsabilidades” regularizando los consumos, acondicionando el edificio y retirando lo que consideran condiciones injustas en los contratos. En este sentido, tienen como modelo la denuncia actualmente en curso de una vecina de Vallecas apoyada por Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) contra las clausulas de su alquiler social con la entidad pública.

Por ejemplo, desde el Sindicato señalan como algunos de dichos contratos cobran a los vecinos el mantenimiento del vado permanente de los aparcamientos del edificio. Sin embargo dichos aparcamientos actualmente son alquilados por Sareb, como propietaria, a terceras personas no residentes en el bloque, por lo que se hace a las vecinas responsables de unos gastos que no les corresponden. En la misma línea, algunos de los contratos, a los que ha tenido acceso este medio, registran mal la dirección de residencia, indicando que se trata del número 3, y no el 1, de María Guerrero, “algo que en otros casos ha llevado a adjudicarle a inquilinas deudas de suministros que nos son suyas para justificar desalojos”.

Un alquiler irregular y un intento de desahucio

La dirección o la propiedad de los aparcamientos son herencia de la permanente irregularidad que afecta al edificio y sus residentes, una suerte de ‘okupas involuntarios’ herencia de la crisis de 2008. La empresa promotora del bloque quebró dejando una deuda de seis millones de euros cuando el edificio ya se encontraba con la obra concluida pero sin recepcionar.

Uno de los empresarios comenzó a alquilar las viviendas con agua y luz de obra y sin explicar a los inquilinos la situación, de forma ilegal. Sin mantenimiento en las zonas comunes, con la dirección desaparecida del catastro —en la puerta consta María Guerrero 3 bis, provocando confusión con el edificio colindante, aunque oficialmente es el número 1—, algunos vecinos se fueron marchando al descubrir lo que ocurría, mientras los actuales siguen teniendo problemas para empadronarse y así matricular a los niños en el colegio o acudir al centro de salud del barrio.

La deuda fue asumida por Sareb ya tras la pandemia, que se convirtió en propietaria del edificio y, por tanto, ‘casera’ de las 14 familias, la mayoría de las cuales descubrieron que habían estado alquiladas en fraude de ley cuando les llegó el primer aviso de desalojo. Ya en 2025 el Sindicato de Vivienda de Carabanchel se hizo cargo del caso.

El “culebrón” de María Guerrero 1 tuvo su entrega más dramática el pasado 12 de noviembre, cuando hasta siete furgones de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Municipal de Madrid cerraron la calle durante más de cuatro horas, con orden de intervenir para desalojar seis de las 14 viviendas del bloque. En aquel momento, el Sindicato de Vivienda ya había acordado con Sareb paralizar el proceso, pero se mantuvo hasta el último minuto.

Las residentes se habían negado a firmar los entonces ocho contratos que se ofrecían y pedían que se regularizase todo el bloque y con alquileres sociales en el caso que fuese necesario. Señalaban como se estaba amenazando de desahucio a las seis familias que alquilaban los pisos correspondientes a las esquinas del bloque, los de mayor tamaño y por tanto mayor valor, y sin alegar razones objetivas para dejarlos fuera de la negociación.

Este febrero Sareb ha pedido reactivar el proceso judicial de lanzamiento para todo el bloque, y más tarde ofrecido contratos solo para siete de las 14 viviendas, excluyendo de nuevo a las seis que intentó desalojar en noviembre

Tras meses de negociación estancada, este febrero Sareb ha pedido reactivar el proceso judicial de lanzamiento para todo el bloque, y más tarde ofrecido contratos solo para siete de las 14 viviendas, excluyendo de nuevo a las seis que intentó desalojar en noviembre más una séptima en la que uno de los integrantes de la pareja residente ha fallecido y el “banco malo” se niega a reconocer al restante como titular del alquiler.

Falta de mantenimiento y de transparencia

El Sindicato de Vivienda de Carabanchel recuerda que actualmente Sareb “intenta hacer responsable de la deuda con los suministros de obra a las vecinas, cuando ellas entraron a vivir sin conocer que estaban en condiciones fraudulentas y además siguen intentando pagar su consumo y les ponen trabas”. Señalan como la entidad interpone gestoras privadas para desentenderse de responsabilidades como el mantenimiento del bloque o la regularización del agua y la luz, siendo habituales cortes de suministros y sin que se hagan reparaciones de los desperfectos en las viviendas o zonas comunes.

Nuestras exigencias son muy claras”, añaden desde el SVC: “una mesa colectiva de negociación con Sareb en la que garantizar la regularización de todas las personas del bloque, unos contratos sin cláusulas abusivas...”

Sobre todo lamentan la “negativa a asegurar la estabilidad y el futuro de la vivienda, oscurantismo y falta de información, sabiendo que la entidad tiene el mandato de desaparecer en menos de un año. ¿Qué va a ocurrir con las viviendas entonces?”, se preguntan desde el Sindicato.

“Nuestras exigencias son muy claras”, añaden: “una mesa colectiva de negociación con Sareb en la que garantizar la regularización de todas las personas del bloque, unos contratos sin cláusulas abusivas, y asegurar los suministros en el edificio. Es decir, firmar contratos con condiciones dignas”.

slañasl