Madrid
La Organización de Vivienda de Tetuán frena en los juzgados el desahucio de Yassine la víspera de su ejecución

La Organización de Vivienda de Tetuán (OVT) ha logrado frenar in extremis el desalojo de Yassine, cuya ejecución estaba prevista para este jueves. Tras tres años residiendo sin posibilidad de acceder a un contrato de arrendamiento en su casa de la calle Pinos Baja, 47 y con cortes constantes del suministro eléctrico, su casero, Caixabank, decidió emitir una orden de desahucio que ha estado a punto de efectuarse a las puertas del crudo invierno madrileño. Esta semana, a contrarreloj, el Juzgado número 6 de Madrid ha determinado que el inquilino se encuentra en una “situación de indefensión” jurídica al no haber podido acceder a justicia gratuita en los últimos meses, un derecho básico que le había sido denegado sistemáticamente.

Cuando solicitó asistencia letrada, le dieron cita para dos semanas después de la fecha marcada para el desalojo, de manera que ha tenido que enfrentarse a todo el procedimiento sin un abogado de oficio. Además, explican desde la OVT, “tampoco había una declaración en firme sobre las vulnerabilidades que tenía, entre otras cosas por no hablar bien el idioma, de manera que eso es lo que ha hecho también que los funcionarios del juzgado hayan solicitado la suspensión”. Se trata del segundo intento de desalojo frenado esta semana en Madrid en pisos de la mencionada entidad bancaria, ya que el martes se consiguió posponer hasta el 14 de enero la expulsión de Jasbir y sus hijos menores en Vallecas. Tras ser incluido este vecino en el programa Impulsa de alquileres sociales de Caixabank en 2021, al segundo año de contrato sufrió una subida de la renta de un 400%, preludio de una demanda posterior por impago de alquiler.

Los sindicatos de vivienda apuntan al banco propietario del inmueble como responsable de este y muchos otros desalojos -visibles e invisibles- en la Comunidad de Madrid. Como reza un informe del Sindicato de Inquilinas, este banco es uno de los tenedores más grandes del Estado español, con 25.000 propiedades residenciales en régimen de arrendamiento por valor de 135 millones de euros distribuidos por toda la geografía nacional. En este caso, la gestión de las viviendas quedó en manos de Livingcenter, una sociedad creada por el banco en 2021 para gestionar sus activos inmobiliarios. Livingcenter opera a través de prácticas muy similares a las de su hermana Building Center, gestora e intermediaria del inmueble donde residen Rahman, su mujer y sus dos hijos menores en Lavapiés.

El caso de este vecino bangladesí y su familia movilizó, a mediados del mes pasado, a decenas de vecinas y activistas, cuando CaixaBank decidió expulsarle de su vivienda a pesar de haber pagado religiosamente los 700 euros de renta todos los meses tras haber sido víctima durante años de una estafa inmobiliaria. El conflicto de Rahman y el de otros inquilinos migrantes de La Caixa comparten varias concomitancias: por un lado, la negativa de la propiedad de cara a negociar vías para que la familia pueda permanecer en su vivienda para así vaciarlas a la mayor celeridad posible. Por otro, la imposición de subidas desproporcionadas de la renta con el objeto de forzar la salida voluntaria de los inquilinos, una de las causas principales de los desahucios invisibles a día de hoy en España.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid indican que se trata de facto de aumentos progresivos encubiertos, prohibidos explícitamente por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que se acometen contra personas en su mayoría sin alternativa habitacional. “Los juzgados se siguen lavando las manos y ante situaciones de vulnerabilidad siguen ejecutando los desahucios amparándose en la mentira de que Servicios Sociales o el Samur Social proporcionan una alternativa de vivienda. Sabemos que esto es totalmente falso y que lo máximo que pueden ofrecer son sitios temporales donde la vida digna no es posible y una vez pasado el corto plazo de tiempo que dan, son los propios centros y Servicios Sociales los que dejan en la calle a las familias”, subrayan desde la OVT.

Todo ello se suma a miles de casos donde los vecinos han denunciado la inclusión de cláusulas abusivas como la repercusión de impuestos habitualmente asumidos por el arrendador y la dejación en las labores de mantenimiento. Mientras tanto, La Caixa acumula unas ganancias récord a costa de precarizar las vidas de miles de familias víctimas de sus prácticas especulativas: este año, el Grupo CaixaBank registró un beneficio neto de 4.397 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, tras crecer un 3,5% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior (4.248 millones). No son pocos los barrios de Madrid que hoy sufren los estragos de la crisis habitacional fruto de las operaciones de estos grandes tenedores inmobiliarios: barrios como Tetuán, Lavapiés, Vallecas o Carabanchel acumulan desalojos en bloques de propiedad vertical que acaban convirtiéndose en activos financieros de alta rentabilidad en pleno boom turístico.

Operaciones especulativas sustentadas en el racismo inmobiliario

El resultado directo de la impunidad con la que operan estos grandes propietarios es la gentrificación de los barrios y el resquebrajamiento de las comunidades locales. En este sentido, la OVT alerta del auge de los pisos turísticos ilegales, lo que ha convertido el barrio de Tetuán en una zona altamente tensionada “donde hay una voluntad clara de expulsión de las personas migrantes, muchas veces señaladas como el gran problema para que sean las personas blancas con dinero las únicas con posibilidad de habitar en el centro”. El racismo inmobiliario e institucional es inherente a estos procesos excluyentes de sustitución poblacional, razón por las que las grandes víctimas de los desalojos son, precisamente, personas migrantes con criaturas. De hecho, no es casualidad que los últimos casos de intentos de desahucio en el centro hayan tenido como protagonistas a inquilinos extranjeros.

En las zonas tensionadas “hay una voluntad clara de expulsión de las personas migrantes, muchas veces señaladas como el gran problema para que sean las personas blancas con dinero las únicas con posibilidad de habitar en el centro”: OVT

“Existe mucho racismo en el rentismo. A menudo, basta que los caseros descubran el país de origen de la persona o que vea si es o no una persona racializada para que se cierren las puertas de cualquier vivienda, dificultando enormemente poder pagar un alquiler y vivir con dignidad. Esta discriminación sistemática y sistémica no solo limita el derecho básico a una vivienda, sino que también genera inseguridad, estrés y precariedad en el día a día, dejando a muchas personas y familias en una situación de vulnerabilidad constante”, destacan desde la Organización de Vivienda de Tetuán.