Madrid
Una jueza suspende cautelarmente el desahucio de Paquita

La jueza del Tribunal de Instancia número 36 emitió un auto la tarde de este martes en el que ordenaba la suspensión del desahucio de esta mujer mayor de 82 años, previsto para esta mañana, “tratándose de la vivienda habitual de los ejecutados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 549 in fine de la Ley de Enjuiciamiento Civil”. El escrito, al que El Salto ha tenido acceso, insta “a las administraciones autonómicas y locales competentes de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, a fin de que puedan verificar la situación de vulnerabilidad”.

Gracias a la movilización vecinal impulsada por la Asociación Vecinal La Chispera, el caso de Paquita ha alcanzado amplia visibilidad a pesar de las fechas estivales, y quienes han movido todas las instancias posibles para evitar el desalojo que parecía inminente. Así, el juzgado ha dado 10 días a estas administraciones a presentar una “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” y a ofrecer “las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada”.

Francisca López Ruiz, “Paquita”, inquilina que a sus 82 años y enferma de Parkinson, y su hijo, viven en la calle Santa Ana, 6, desde 1998. Desde entonces, tal y como han transmitido estos días los integrantes de la Asociación Vecinal La Chispera, han ido pagando con puntualidad su renta de 1.150 euros mensuales. En este caso, como en tantísimos otros acaecidos en este distrito en los últimos años, el conflicto comenzó cuando la propiedad decidió expulsar a las vecinas del edificio para convertir las viviendas en pisos de alquiler turístico.

La propietaria del inmueble, Joana Couret, ya fallecida, poseía la práctica totalidad de este y otro edificio cercano en la calle Toledo, 77. “Esta mujer tenía dos edificios, sus hijos los heredaron y los han dividido en cuatro sociedades: Tealrentas, S.L., Mundi Quo Vadis, S.L., Yegucar 2000, S.L. y Tolesanta, S.L. Cuando ella murió en 2012 decidieron que el negocio tenía que ser destinar las viviendas al alquiler vacacional a partir de apartamentos ilegales”, explica Daniel Piedrabuena, miembro de La Chispera. Sus hijos redactaron un nuevo contrato para los inquilinos y cuando este venció se negaron a renovarlo para poder especular con los pisos, precisa. De acuerdo a La Chispera habría más de 20 pisos turísticos ilegales en el bloque donde vive Paquita. 

El hecho de que los propietarios no den la posibilidad de seguir pagando un alquiler como el que tenían Paquita y su hijo solo confirma el interés de los rentistas de expulsar a los vecinos del barrio y condenarles a desarraigarlos de sus barrios de toda la vida. La AV La Chispera queda atenta a lo que suceda en diez días, ya que el auto no marca una fecha de aplazamiento del desahucio si no solo menciona el lapso de tiempo para que las administraciones presenten un informe de vulnerabilidad de la inquilina. 

A pesar de haber recibido el auto ayer, las vecinas han mantenido la convocatoria de esta mañana con el objetivo de “seguir visibilizando y presionando para encontrar una solución habitacional para ella”. Medio centenar de personas se concentraron afuera del bloque de Paquita, quien con lágrimas, agradeció el apoyo de las vecinas.