Madrid
Una sociedad con pisos turísticos ilegales amenaza con desahuciar a Paquita, de 82 años, este miércoles

La actual legislación sobre vivienda desampara a todas aquellas vecinas que cuentan con distintos grados de dependencia y que a todos los efectos son consideradas vulnerables. Lo atestiguan casos como el de Francisca López Ruiz, “Paquita”, inquilina que a sus 82 años y enferma de Parkinson está a punto de ser expulsada forzosamente de su casa. No tiene a donde acogerse. Años atrás podría haberse visto beneficiada por la moratoria antidesahucios, pero hoy su caída ha hecho que no cuente con instrumentos legales a su favor. Este miércoles 22 de julio a las 11H, si la movilización vecinal no lo impide, está previsto su desalojo en el barrio de La Latina. Esta ubicación céntrica constituye uno de los lugares con más pisos de alquiler vacacional de toda la región.

Paquita y su hijo Carlos de 47 años se mudaron al número 6 de la calle de Santa Ana en 1998, en esa fecha firmaron el primer contrato de arrendamiento “todavía en pesetas”. Desde entonces, tal y como han transmitido estos días los integrantes de la Asociación Vecinal La Chispera, han ido pagando con puntualidad su renta de 1.150 euros mensuales. En este caso, como en tantísimos otros acaecidos en este distrito en los últimos años, el conflicto comenzó cuando la propiedad decidió expulsar a las vecinas del edificio para convertir las viviendas en pisos de alquiler turístico.

Desde todo punto de vista, apunta Daniel Piedrabuena, miembro de esta asociación, “en términos de rentabilidad los propietarios ven siempre más apetecible quedarse con turistas que con vecinas”, por lo que hace años dejaron de renovar los contratos de las inquilinas. La finalidad de esta estrategia no es otra que vaciar el edificio al completo para poder legalizar la actividad de las viviendas de uso turístico (VUT), algo que no sería posible adquiriendo pisos individuales.

Cuando la propietaria murió en 2012 sus herederos decidieron que el negocio serían viviendas de alquiler vacacional “a partir de apartamentos ilegales”, explica la AV La Chispera

La difunta propietaria del inmueble se llamaba Joana Couret, que poseía la práctica totalidad de este y otro edificio cercano en la calle Toledo, 77. “Esta mujer tenía dos edificios, sus hijos los heredaron y los han dividido en cuatro sociedades: Tealrentas, S.L., Mundi Quo Vadis, S.L., Yegucar 2000, S.L. y Tolesanta, S.L. Cuando ella murió en 2012 decidieron que el negocio tenía que ser destinar las viviendas al alquiler vacacional a partir de apartamentos ilegales”, cuenta a este medio Piedrabuena. Sus hijos redactaron un nuevo contrato para los inquilinos y cuando este venció se negaron a renovarlo para poder especular con los pisos.

Tanto Paquita como su hijo han recurrido la decisión judicial del desalojo, que arrancó hace cuatro años, en varias instancias hasta llegar a elevarlo al Tribunal Supremo, todo ello en balde. Por su parte, La Chispera denunció dos semanas atrás a la sociedad ante el Ministerio de Consumo y a la Comunidad de Madrid por obtener rentas a partir de pisos turísticos sin licencia en el edificio. Hasta la fecha, la asociación vecinal ha detectado al menos 21 VUT ilegales en todo el inmueble de Santa Ana, según han adelantado en un comunicado de prensa.

VUT sin licencia campando a sus anchas

En la región proliferan con impunidad este tipo de alojamientos que no cuentan con autorización y que amenazan día tras día la cotidianidad de vecinas como Paquita. Recientemente la FRAVM ha puesto en cuestión las regulaciones del Plan Reside de José Luis Martínez-Almeida (Partido Popular) a través de un informe sobre las viviendas de uso turístico  en la ciudad en los tres últimos años. El estudio revela que la capital sigue acumulando más de 16.000 pisos turísticos, el 91% de los cuales opera de forma ilegal. “Las posibles mejoras normativas como el Plan Reside del Ayuntamiento de Madrid, la actualización de la Ley de Propiedad Horizontal, la creación Registro Único de Arrendamientos, la modificación del Decreto 79/2014, de 10 de julio, de la Comunidad de Madrid, no han servido para recuperar parte del parque residencial perdido”, destaca la Federación.

Tolesanta S.L., que cuenta con decenas de viviendas en la zona, ya ha tenido litigios por prácticas fraudulentas en su otro edificio, el de calle Toledo, 77. a Audiencia Provincial de Madrid confirmó el cierre de varios pisos turísticos de su propiedad por ruidos y molestias

Todo ello ocurre ya que, apuntan, “los pisos turísticos ilegales no se clausuran ni se recuperan como viviendas de alquiler convencional”. El documento también refleja cómo el 94,45% de las VUT inspeccionadas en el marco del Plan de Inspección Urbanística municipal opera de forma ilegal al carecer de un título habilitante urbanístico exigible. La sociedad propietaria del inmueble donde vive Paquita, Tolesanta S.L., que cuenta con decenas de viviendas en la zona, ya ha tenido litigios por prácticas fraudulentas en su otro edificio, el de calle Toledo, 77.

Este mes de junio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el cierre de varios pisos turísticos de su propiedad por un sinfín de ruidos y molestias que impedían el descanso del vecindario. De las 60 viviendas que alberga el edificio, 40 de ellas se destinaban a fines turísticos vulnerando la normativa. Los vecinos afectados fueron indemnizados con 34.000 euros pero solo se consiguió clausurar diez de ellos gracias a la denuncia de una familia.

Pero la justicia en esta ocasión no ha remado a favor de los derechos de Paquita autorizando el desalojo, cuya notificación llegó a la familia el pasado 2 de julio. Mientras los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid siguen sin darle respuesta en relación a posibles alternativas habitacionales o vías de negociación, su arraigo con el barrio pende de un hilo fino: “Ella es de Huelva, vino con 15 años al barrio, ha trabajado toda su vida como portera y cocinera y prácticamente toda su historia la ha vivido aquí. Su día a día a sus 82 años consiste en ir al mercado y a los comercios con su única amiga del barrio, con la que merienda por las tardes, esa es su rutina”, explica Piedrabuena. Una existencia que se ha construido indisolublemente con sus vecinas y que ahora podría resquebrajarse fruto de estas operaciones especulativas.

Un sistema que desampara a pensionistas en pro de los poderes especulativos

Una tendencia al alza que permite ver claros paralelismos con otros casos similares al suyo. En el barrio de Retiro, Mari Carmen, pensionista de 87 años, tiene previsto su desalojo el próximo 23 de septiembre pese a llevar desde los 17 en la misma casa que la vio crecer. El fondo Urbagestión Desarrollo e Inversiones SL, que posee la titularidad de su casa, también busca incrementar sus beneficios a costa de dejarla en la calle sin alternativa. Así, la vulnerabilidad acreditada en el caso de ambas octogenarias sigue sin ser suficiente para garantizar que puedan residir en sus casas con tranquilidad.

Hoy, tanto Paquita como ella han hecho de su permanencia en el piso un acto de resistencia contra la especulación: “Paquita quiere defender su casa, pero sobre todo preservar la vida que ha construido durante décadas en su barrio: sus conversaciones con vecinas, sus paseos cotidianos y su derecho a seguir formando parte de la comunidad en la que ha echado raíces desde la adolescencia”, infieren desde La Chispera. Sus compañeras de la asociación vecinal mantienen en este sentido que perder su hogar implicaría romper la red de apoyo y de vínculos cotidianos “que ayudan a combatir el aislamiento y la soledad no deseada, una realidad que afecta de forma especialmente intensa a muchas personas mayores”.

Para poner freno a la oleada de desahucios de personas vulnerables, los sindicatos de inquilinas llevan años proponiendo medidas contundentes en términos de intervención sobre el sector. Esta semana, la Condeferación de Sindicatos de Inquilinas insistía en la necesidad de eliminar al completo los pisos turísticos, frente a la propuesta del Gobierno central de subir el IVA al 21% en este tipo de apartamentos, una medida a su juicio “insuficiente” y “carente de ambición”. Otras reclamas de esta organización de sindicatos, como la bajada de los precios, la imposición de contratos de alquiler indefinidos o la expropiación a grandes tenedores vienen igualmente a reforzar esta protección hacia las inquilinas más victimizadas por el sistema rentista.