Málaga
Bloquean candados de ‘atentados turísticos’ en la lucha por el derecho a la vivienda

En un clima cada vez más caliente, la población malagueña busca formas de responder a la masificación turística de la ciudad. La expansión de apartamentos turísticos contribuye a la inaccesibilidad de la vivienda, expulsando a la población de su centro urbano. 

Tras una noche de fogatas y festejos, las pocas vecinas que quedan en el centro histórico y sus inmediaciones se encuentran con que los crecientes candados propios de los apartamentos turísticos están bloqueados. Un cartel con el lema “Atentado turístico” sustituye el habitual “Apartamento turístico” que inunda las calles de la ciudad.

El metro cuadrado en Málaga no hace más que subir. En mayo de 2024, el portal de Idealista.com mostraba una media andaluza de 11,4 euros el metro cuadrado. En Málaga, el precio ascendía a 14,2 euros, ganándose así el primer puesto en Andalucía y el quinto en España en precio de alquiler.

Según datos del INE, la variación acumulada desde 2015 a 2022 en el precio de la vivienda fue en Málaga del 21,40%, siendo la capital de provincia donde más creció el precio de la vivienda (3,8%) tras Valencia (4,4%). Tal y como recoge el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga en datos del INE para 2021, Málaga es la séptima provincia con menor renta media neta por persona, con 10.929 €. En Málaga capital, la cifra crece hasta los 11.901.65 €, siguiendo muy por detrás de Sevilla (13.085,13 €) o Madrid (17.585,56 € ). 

“Una persona sola que cobre en torno a 1500 € destina en el centro de Málaga más del 50% de sus ingresos a pagar un alquiler”

Mientras que la Ley de Vivienda -así como la Comisión Europea- señala que el alquiler no debería superar el 30% de la renta que percibe una unidad familiar incluyendo suministros, “prácticamente todas las secciones de la ciudad de Málaga superan con creces ese 30% según el Sistema Estatal de Referencia del precio del alquiler de Vivienda (SERPAVI)”, denuncia el Sindicato.

“Según el SERPAVI, una persona sola que cobre en torno a 1500 € destina en el barrio de Lagunillas el 43,33% de sus ingresos a pagar un alquiler (sin suministros); en Huelín, el 45,6%; en el entorno de la estación María Zambrano, Martiricos y Arroyo de los Ángeles se llega al 50%; en el Centro Histórico y Pedregalejo se alcanza el 60%”. Además, Idealista.com sitúa la tasa de esfuerzo para hogares de la ciudad de Málaga para 2023 en el 37,8%. Los datos del Sindicato “indican que en la ciudad de Málaga una persona sola destina el 44,27% de los ingresos destinados a pagar el alquiler y un hogar el 51,36%” a lo que se suman “los desahucios por impago que suponen la mayoría sobre los lanzamientos hipotecarios”.

Además, “el extractivismo turístico también causa importantes efectos negativos sobre el medio ambiente y la gestión de los limitados recursos naturales, especialmente el agua”, señala Carlos Bueno, del movimiento ecologista malagueño, que, además, denuncia cómo “los embalses de la provincia se encuentran a un cuarto de su capacidad total”. El año pasado, la cifra era de un 32%. La media de los últimos 10 años para inicios de junio se situaba en un 60,81%.

Por ello, en este contexto de crisis hídrica, “el crecimiento desproporcionado de las viviendas de uso turístico y la falta de responsabilidad por parte del Ayuntamiento de Málaga ante el problema no ha venido más que a agravar la situación”. Y es que cada uno de los 14 millones de turistas registrados en 2023 consume de media entre 300 y 700 litros de agua al día, muy por encima de la media por habitante de 133 litros. Esta situación indigna al movimiento ecologista, que denuncia que “mientras se da rienda suelta a que los vacacionistas dejen el grifo abierto, 250 mil ciudadanas de la provincia convivimos con restricciones al uso del agua”.

Acciones como la de esta mañana ya se habían visto en la provincia, como es el caso de los golfis por el clima. Desde el Sindicato denuncian que “los campos de golf de Málaga, ciudad y provincia, consumen tanta agua como 33.000 personas”, cuando “el agua regenerada usada en estas instalaciones deportivas podría aliviar la tensión que sufren los embalses si se usase con otros fines comunes”.

Una respuesta conjunta al “extractivismo turístico”

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga denuncian que “la situación de la vivienda y los alquileres es insostenible”. Por ello, la provincia malagueña lleva meses organizándose para dar una respuesta conjunta desde la ciudadanía ante “una ciudad que nos explota en pos de los beneficios privados del mercado inmobiliario y del turismo”.

Sumándose a la oleada de movilizaciones que ya se han visto en Canarias o Baleares, el sábado 29 de junio a las 11:30h en la Plaza de la Merced comenzará el recorrido con el que se tomará el centro de la ciudad. En una convocatoria “amplia y transversal” se invita a “pensar la turistificación y precarización del trabajo” en “los circuitos capitalistas, coloniales y patriarcales que nos aíslan y someten”.

El pasado lunes 10 de junio, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció en comparecencia pública que el Ayuntamiento limitará el número de VUT (Vivienda de Uso Turístico) conforme a lo estipulado en el Decreto 31/2024 de la Junta de Andalucía. El Sindicato denuncia que “esto significa que las 11.135 VUT registradas en el RTA hasta el 21 de febrero de 2024 eran ilegales antes y lo son ahora” lo que supone que “más del 40% de las viviendas destinadas a alquiler en todo el municipio se dedican al turismo”. Las demandas del Sindicato son claras, una regulación de precios que tenga un efecto real -no como la actual Ley 12/2023-; el fin de los desahucios y despenalización de la okupación- “mientras exista una situación de emergencia habitacional estructural en el conjunto del estado, cualquier alternativa habitacional es preferible a la existencia de personas sin hogar”-; la movilización de viviendas vacías y la prohibición total e inmediata de las viviendas de uso turístico (VUT).

El martes 25 comienza con una rueda de prensa por el intento de desalojo de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) -empresa pública de la Junta de Andalucía- a cinco familias de la Trinidad en la Corrala de calle Jara. Algunas de estas familias llevan viviendo en régimen de alquiler desde 1999 y han recibido un requerimiento. Curro Machuca, miembro del Sindicato de Inquilinas, denuncia que se tratan de familias “en claro riesgo de exclusión social y situación de vulnerabilidad manifiesta” frente a “un agencia pública que quiere desalojar sin motivo aparente”. De hecho, Curro señala que la Junta “no es parte de la solución, sino del problema estructural de la vivienda”.

Esta “sobremasificación turística” es “un modelo que genera desigualdad y precarización” , “la riqueza que se genera no está repercutiendo en la ciudadanía ni en las personas que trabajan y viven del turismo”

Curro señala que nos encontramos ante un problema de “economía política” donde “lo que está en juego es el modelo productivo” que se basa “en dos ejes principales, la construcción y el turismo”. Bajo el nombre de “monocultivo turístico”, Curro explica cómo esta “sobremasificación y extractivismo turística” es “un modelo que genera desigualdad y precarización” ya que “la riqueza que se genera no está repercutiendo en el conjunto de la ciudadanía ni en las personas que trabajan y viven del turismo” sino que lo que sucede es que “los contratos son precarios, no se cumplen los convenios, hay falta de regulación como en el caso de las camareras de piso” lo que supone “una explotación en toda regla”. Curro se pregunta “¿a dónde van estos beneficios?” ya que “los datos objetivos de este modelo turístico extractivo es que está generando mayor desigualdad y mayor empobrecimiento general”. En el caso del turismo, “no solo se han sustraído viviendas del mercado” sino que también hay “un incumplimiento sistemático de las medidas urbanísticas” y una “sobre explotación de los bienes comunes entre todas”. 

Asambleas de barrio como las de Carretera de Cádiz, Carranque, Cruz de Humilladero o Bailén-Miraflores son parte de la organización ciudadana que está viviendo la ciudad, con una comunidad universitaria fortalecida tras la Acampada por Palestina. Por ello, el Sindicato señala que “la solución no es construir más, sino distribuir mejor la vivienda existente y aplicar políticas que cumplan de forma efectiva con el derecho a la vivienda” ya que “la vivienda se concibe como bien de mercado y como activo financiero, no como un hogar”. Y es que mientras la expansión urbanística continúa, la lucha social también.