Aborto
Ante el movimiento global antiabortista, más feminismo, educación y justicia

Ante el movimiento antiabortista y provida, que pretende coartar los derechos sexuales y reproductivos conquistados a nivel global, más feminismo, justicia, libertad y poder de decisión para las mujeres y personas con capacidad gestante.

Rita Segato, antropóloga y activista argentina, explicaba en torno al pulso por la despenalización del aborto que “La lucha por la criminalización o descriminalización del aborto no es una lucha para que sea posible la práctica de este, pues la ley no ha demostrado su capacidad para controlarlo, sino por el acceso y la inscripción de la narrativa jurídica de dos sujetos en pugna para obtener el reconocimiento en el contexto de la nación. El autoritarismo del Estado se ejerce cuando se obliga a continuar con el embarazo”.

España y el movimiento antiabortista

Hace unas semanas, el vicesecretario general de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox) anunciaba un protocolo antiabortista, en el que se incluía la escucha del latido fetal, una ecografía 4D y la derivación a salud mental que el personal sanitario habría de ofrecer de manera obligatoria a las mujeres que deciden ejercer su derecho al aborto. Este anuncio generó la reacción del Ejecutivo, que envió un requerimiento con amenazas del emprendimiento de medidas para defender el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos por la normativa. Estas medidas terminaron con un enfrentamiento entre los dos partidos en el gobierno de Castilla y León, y mientras el presidente de la Junta, Alfonso Mañueco afirmaba que no había ningún procedimiento nuevo aprobado para las mujeres que optaran someterse a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), en Vox amenazaban con romper el pacto de gobierno si las medidas antiabortistas no entraban en vigor.

Las medidas, que fueron desautorizada por la Consejería de Sanidad de Castilla y León, son un reflejo más de una campaña antiabortista que se representa de forma agresiva, violenta e invasiva desde hace tiempo contra las mujeres y personas con capacidad gestante que deciden ejercer su derecho al aborto, y que no sólo ejerce su influencia en España, sino en todo el mundo.

Una campaña antiabortista global

Los derechos sexuales y reproductivos son amenazados mediante campañas, lobbies y estrategias antiabortistas a nivel mundial, y eso se refleja en distintos lugares y con diferentes estrategias y actores. Entre algunos espacios de reunión de estos colectivos, está el Congreso Mundial de las Familias, un evento anual en el que se estructura la agenda, y al que han acudido políticos como Matteo Salvini, Georgina Meloni o el primer ministro húngaro Viktor Orbán, el último fue celebrado en México y contó con la presencia española en la delegación de Tamara Falcó. Está claro que es un movimiento internacional y conectado, y como explica el sociólogo belga David Patternote en una entrevista con ElDiario.es “se organizan en una estrategia orquestada a nivel internacional en forma de lobby, o en algunos países como Brasil, Hungría o Polonia, dirigidas directamente desde los gobiernos, y su objetivo es tumbar los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+, pero también construir una sociedad nueva marcada por sus valores conservadores”.

En Europa, como reflejaba en 2021 el informe “La Punta del Iceberg” del Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (EDF) la financiación para socavar los derechos de las mujeres y LGTBI se cuadriplicó en los últimos diez años. Según el informe, una multitud de fundaciones y ONG cooperan para terminar con las leyes del aborto, educación sexual y LGBTI y se juntan para contribuir a la creación de una “agenda anti género”, que cada año cuenta con más fondos (el informe La Punta del Iceberg. Financiadores religiosos extremistas contra los derechos sexuales y reproductivos revela que se habrían multiplicado por cuatro en una década, al pasar de los 22.2 millones en 2009 a los 96 en 2018. Habrían sumado un total de 707.2 millones en diez años, en una aproximación “subestimada”). Así, las cifras representan el aumento de los movimientos contrarios al feminismo, el aborto y los derechos del colectivo LGBTIQ+. Esto se representa en España y en Europa a través de otras fundaciones, y en este sentido, la investigación destaca a Francia, Italia, España, Alemania y Polonia como los países más relevantes.

Allá por 2012, Jaime Mayor Oreja en su escaño del Europarlamento promovió una Iniciativa Popular Ciudadana “en defensa de los no nacidos” que no fue apoyada por la Comisión, pero devino un año después en la creación de la Federación Europea One of Us (Federación Europea por la Vida y la Dignidad Humana)

En España, el exministro del Interior y ex eurodiputado del Partido Popular Jaime Mayor Oreja, que dirige la Fundación Valores y Sociedad y el grupo HazteOír, dirigido por Ignacio Arsuaga, conforman grupos para promover el lobby religioso y generar conexión entre España y Bruselas. En sus esfuerzos, allá por 2012, Jaime Mayor Oreja en su escaño del Europarlamento promovió una Iniciativa Popular Ciudadana en la euro cámara “en defensa de los no nacidos” que no fue apoyada por la Comisión, pero devino un año después en la creación de la Federación Europea One of Us (Federación Europea por la Vida y la Dignidad Humana) que agrupa a organizaciones pro-vida de toda la región. Entre otras acciones de coacción y presión a la libertad de las mujeres que deciden abortar, está la plataforma antiaborto Derecho a Vivir, que creó la llamada “Ambulancia Vida” un vehículo que, a las puertas de las clínicas de aborto ofrecía ecografías a las mujeres para que “puedan saber si su hijo está vivo y su corazón late” y decidan no abortar. Otro ejemplo del acoso incesante al que se enfrentan las mujeres que deciden abortar es la presencia y la presión de grupos ultra católicos delante de la clínica Dator, la más antigua de Madrid en realizar abortos, que instalan furgonetas frente a la clínica, con un ecógrafo e intentan convencer a las mujeres a que pasen a escuchar el latido de los fetos, destrozar muñecos con formas de niños delante de las mujeres, o invitarla a desayunar para intentar impedir que realicen la interrupción voluntaria del embarazo.

Conectando campañas y medidas que pretenden reprimir los derechos sexuales y reproductivos, observamos que las medidas propuestas por Vox de la escucha del latido del feto antes de abortar, no fue propuesta únicamente por Vox. En Hungría, en septiembre de 2022, el gobierno de Viktor Orbán aprobaba una norma que establecía que el formulario de solicitud del aborto debía incluir la garantía del ginecólogo de que habría mostrado a la mujer una “clara identificación de los signos vitales del feto”. En 2020, Hungría había firmado la declaración del consenso de Ginebra junto a EE UU (cuando estaba presidido por Trump), Brasil, Uganda, Egipto y Polonia en un documento que defendía la familia tradicional y condenaba el aborto. También en Estados Unidos, en Texas en el año 2011 se empezó a plantear las “leyes del latido” y se fueron instaurando en otros estados.

Las conquistas de derechos en América Latina en un escenario complejo y de resistencias

En América Latina, a pesar de la gran fuerza de los movimientos feministas y de grandes conquistas, como la legalización del aborto en Argentina, México y Colombia, los derechos sexuales y reproductivos siguen —como en el resto del mundo— siendo cuestionados por grupos ultracatólicos y por partidos políticos de extrema derecha, que se coordinan con los de otras regiones para impulsar los movimientos provida y antiaborto.

Argentina, referente con la legalización del aborto en diciembre de 2020, cumplía el pasado diciembre dos años de aborto voluntario y de más derechos para las mujeres y las personas con capacidad gestante. En Argentina, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos impulsada desde grupos feministas y el movimiento de mujeres, se inicia mediante la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2005, con la adhesión de más de 500 organizaciones de todo el país. El objetivo fue instalar en la sociedad y en el Estado el debate en torno a la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en el país.

Aún con la implementación de la Ley 27.610 y la conquista de muchos derechos, sigue habiendo problemáticas, que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) señalaba el pasado diciembre. Entre otros obstáculos, “El primero es la falta de información clara sobre el derecho a abortar, lo que tiene consecuencias graves, como la demora en la primera consulta y que se siga recurriendo a métodos inseguros, por desconocimiento. Muchas solicitudes de atención en distintas provincias del país se resuelven mediante traslados hacia otras provincias o desde zonas rurales a urbanas, por la falta de disponibilidad de equipos de salud que garanticen la atención integral. Esta falta de uniformidad en los servicios de salud sigue marcando las desigualdades territoriales”. Igualmente, el CELS se refiere a la criminalización del aborto, una práctica que, en la Argentina transcurre a través de algunos sectores de la justicia, ejemplo de ello fue el procesamiento de Miranda Ruiz en Salta, médica imputada y procesada por garantizar la interrupción de un embarazo.

En Colombia, en 2022, se eliminó el delito del aborto del código penal (hasta la semana 24 del embarazo) respondiendo a la demanda de la campaña social y jurídica Causa Justa, en la que participaron más de 120 movimientos y miles de activistas

En Colombia, en 2022 se eliminó el delito del aborto del código penal (hasta la semana 24 del embarazo) respondiendo a la demanda de la campaña social y jurídica Causa Justa, en la que participaron más de 120 movimientos y miles de activistas. El aborto estuvo totalmente prohibido en Colombia hasta 2006, año en el que un fallo de la corte constitucional, impulsado por varias activistas de Causa Justa lo despenalizó bajo tres causales: peligro para la salud o vida de la mujer, incompatibilidad del feto con la vida extrauterina y violación. Uruguay legalizó el aborto en 2012 hasta la semana 12. En Ecuador, el proyecto de ley que contemplaba el aborto en caso de violación fue vetado por el presidente Guillermo Lasso en marzo del 2022.

Chile, en la redacción de la Constitución —que en septiembre fue rechazada—  había aprobado por amplia mayoría un artículo que consagraba los derechos sexuales y reproductivos como fundamentales y garantizados por el Estado. Chile se habría convertido, con la aprobación de la Constitución, en el primer país del mundo en otorgar rango constitucional al derecho al aborto. A la espera de redactar la nueva Constitución, tras el rechazo de la que fue redactada por la Convención Constitucional, los movimientos feministas siguen luchando por el aborto libre, seguro y gratuito. En 2021, la corte suprema de México declaraba inconstitucional la penalización absoluta del aborto e invalidaba una ley federal que permitía al personal de salud negarse a realizar abortos por “objeción de conciencia” lo que significaba que ninguna persona podía ir a la cárcel por abortar.

En Brasil, tras los años del Bolsonarismo con la prohibición del aborto legal, la llegada de Lula supuso entre otros cambios en pro de los derechos humanos, la revocación de una normativa dictada por la Administración de Jair Bolsonaro que inhibía el acceso al aborto incluso en los casos amparados por la ley. Esa norma, aprobada en septiembre de 2020, generaba más burocracias y complicaba la interrupción voluntaria del embarazo fruto de una violación —en Brasil, el aborto está permitido por ley solo en casos de violación, cuando la vida de la madre está en peligro o el feto presenta anencefalia—.

En la región latinoamericana, los derechos sexuales y reproductivos han sido criminalizados y obstaculizados, tal y como denuncian colectivos y organizaciones feministas. No obstante, y como explican Adriana González, Diva Moreno y David Grass en su artículo “Interrupción voluntaria del embarazo en Latinoamérica, superando barreras”, “el desafío feminista interpela al orden patriarcal que, en alianza con el poder, la política y la teología, construyó e instrumentó el control y soberanía sobre los cuerpos de las mujeres durante siglos) para acelerar la instauración de un nuevo orden. Este debe estar inspirado en la libertad, se encamine al logro de un equilibrio de poder entre los géneros mediante la adquisición política de una ciudadanía plena para las mujeres: el sexo en la esfera pública desvinculado de la reproducción y liberado a la facultad de las mujeres a decidir ejercerlo. Así mismo, las desigualdades políticas de libertad, que arrastran otras tantas desigualdades, como las económicas y sociales, y que sostienen la institucionalidad democrática vigente: “Un embarazo no querido por una violación es idéntico a una violación” afirma Silvina Perugino, profesora de la Universidad Nacional de la Plata.

Ante el movimiento antiabortista y provida, que pretende coartar los derechos sexuales y reproductivos conquistados a nivel global, más feminismo, justicia, libertad y poder de decisión para las mujeres y personas con capacidad gestante. Ante la inversión y la incidencia de los grupos antiaborto y los partidos políticos de extrema derecha a fin de derrumbar los derechos conquistados, hemos de seguir militando, avanzando y defendiendo los derechos sexuales y reproductivos.

Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Ante el avance de la extrema derecha y los grupos ultra católicos a nivel mundial, desde la sociedad civil hemos de defender las conquistas, y desde el Gobierno han de promoverse e instaurarse políticas públicas efectivas para fomentar la educación en salud sexual y reproductiva, la promoción de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad gestante y el monitoreo y evaluación constantes de que los derechos sexuales y reproductivos están siendo efectivos.

Igualmente, han de ponerse los medios para impedir los obstáculos y las coacciones que ejercen los movimientos antiabortistas contra las mujeres —en la línea de la modificación del Código Penal en España que castiga con prisión de 3 meses a 1 año o con trabajos en beneficio de la comunidad a quienes intenten obstaculizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo—. Desde la sociedad civil y el Estado, ha de seguirse impulsando la defensa de los derechos sexuales y reproductivos para impedir que se generen restricciones a nivel social y estatal, ante el avance de la extrema derecha y la influencia de los grupos antiabortistas a nivel global.

Sobre o blog
El blog de luchas sociales a lo largo del planeta, conflictos internacionales y propuestas desde abajo para cambiar el mundo. El Salto no comparte necesariamente las opiniones volcadas en este espacio.
Ver todas as entradas
Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Derechos reproductivos
Derechos reproductivos Una mujer muere cada dos minutos por complicaciones durante el embarazo o el parto
Un informe calcula una disminución de las muertes maternas en un 40% entre 2000 y 2023, pero alerta de que el ritmo de mejora se ha ralentizado significativamente desde 2016 a consecuencia de los recortes en cooperación.
Violencia obstétrica
Violencia obstétrica Helena Eyimi, matrona: “El parto es un misterio y queremos controlarlo todo, pero no podemos”
Consentimiento informado, trato personalizado y libertad de elección. Para Helena Eyimi (Madrid, 1975) , matrona asesora de Naciones Unidas, es fundamental que las mujeres se sitúen en el centro de las decisiones durante el parto y esos tres conceptos son clave.
Derechos reproductivos
Derechos reproductivos Norma, Susana y Lucía “son niñas, no madres”: una histórica condena en la ONU por negar el derecho al aborto
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha condenado a los Estados de Ecuador y Nicaragua por no permitir la interrupción del embarazo a dos niñas que habían sido violadas, una sentencia más que simbólica.
Sobre o blog
El blog de luchas sociales a lo largo del planeta, conflictos internacionales y propuestas desde abajo para cambiar el mundo. El Salto no comparte necesariamente las opiniones volcadas en este espacio.
Ver todas as entradas
Laboral
Laboral Coidar sen dereitos: a loita das traballadoras nas residencias privadas de Galiza
Sen tempo nin medios para ofrecer uns coidados axeitados, alertan dunha situación insostible nos centros e denuncian a privatización dun servizo a costa do benestar das persoas maiores e dependentes.
Galicia
Galicia Vigo, A Coruña e Ourense mercaron material policial a Israel por medio millón de euros en só catro anos
O alcalde ourensán, Gonzalo P. Jácome, adxudicou un contrato por 70.000 euros días despois do sete de outubro. Abel Caballero asinou outro de máis de 200.000 euros e a alcaldesa da Coruña seguiu a estela cun contrato de 170.000 euros.
Galicia
Galicia Cuidar sin derechos: la lucha de las trabajadoras en las residencias privadas de Galicia salta a la huelga
Sin tiempo ni medios para ofrecer unos cuidados adecuados, alertan de una situación insostenible en los centros y denuncian la privatización de un servicio a costa del bienestar de las personas mayores y dependientes.
LGTBIAQ+
Juicio el 9 de mayo Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit de 2021 que no la menciona
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización.
Francia
Francia Militantes e intelectuales exigen la absolución de Anasse Kazib, perseguido por su apoyo a Palestina
El Estado francés utiliza el tipo penal de “apología del terrorismo” para perseguir a personalidades y colectivos que han mostrado su apoyo a Palestina y su repulsa al genocidio cometido por Israel.
Medio ambiente
Medio ambiente Máis de 200 colectivos esixen transparencia sobre a mina Doade e piden a intervención do Parlamento Europeo
Organizacións de toda Europa, lideradas por SOS Suído-Seixo, esixen a Bruxelas acceso á documentación sobre a explotación prevista, denunciando opacidade, privilexios empresariais e risco ambiental en zonas protexidas de Galiza.

Últimas

Gobierno de coalición
Gobierno de coalición Sánchez piensa en un paréntesis legislativo para evitar roces con los socios tras una semana explosiva
El choque bronco por el caso de las compras de balas israelíes a cargo de Grande Marlaska puso sobre la mesa como nunca la ruptura de la coalición, aunque nunca fue una opción.
Opinión
Opinión “Tener correa” y la ridiculización del afecto
Existe una presión muy fuerte sobre los propios hombres para que no amen demasiado, no cuiden demasiado. El ideal de “libertad masculina” tradicionalmente se entiende como independencia, desapego, y muchas veces, desinterés.
Más noticias
Gasto militar
Gasto militar ¿De dónde sacará Sánchez el dinero para financiar el incremento del gasto en defensa?
La promesa de aumentar las partidas presupuestarias militares necesita redirigir 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB. Cumplirlo este año abre a su vez un grave problema para hacerlo en 2026.
Opinión
Opinión Las sáficas también somos trans, deseamos trans y amamos trans
Resulta irónico que a quienes tanto nos han cuestionado la identidad de “mujeres de verdad” en función de nuestra expresión de género o la vida que decidimos emprender no levantemos antorchas al ver el mismo odio operando con estrategias similares.
Opinión
Opinión IA: un proyecto tecnosupremacista
La pregunta que me hice hace algunos años fue: ¿Por qué existe un evidente interés en “crear la cuestión de la IA”, cuando las tecnologías y las lógicas que la componen están ya operativas desde hace años?
Salud
El precio justo La nueva ley del medicamento o estrategias para bajar el precio de los genéricos (que son caros)
En España pagamos de media un 10% más por los medicamentos genéricos que consumimos que en el resto de la UE. Al mismo tiempo, nuestro gasto farmacéutico ha aumentado un 33% en la última década.
Israel
España El Gobierno español vuelve a romper su compromiso de no comprar armas a Israel
El Ejecutivo de Pedro Sánchez adquiere armamento israelí por valor de 6,6 millones de euros a pesar de haberse comprometido a un “embargo total”.

Recomendadas

Guinea-Bissau
Internacional Guinea-Bissau arranca una ola de represión tras el sabotaje popular de una mina de arena en un parque natural
Una acción liderada por las mujeres del pueblo de Varela provocó un incendio en la bomba de extracción de la mina de arena pesada. El Gobierno ha llevado a cabo la detención de 16 personas, entre las que se encuentran líderes locales.
Turquía
Pinar Selek “Turquía sigue gobernada en base al miedo”
La profesora y socióloga turca, quien ha sufrido además de cárcel, un acoso judicial por 27 años, habla de la falta de independencia del poder judicial, del adoctrinamiento social y de la formación de la sociedad turca.
Medio ambiente
Medio ambiente Que papel xoga Abanca no proxecto da celulosa de Altri en Galiza?
A sociedade público-privada Impulsa Galica, que cimentou os primeiros plans da multinacional papeleira e Greenalia está participada fundamentalmente pola Xunta e polo banco que xurdiu da desastrosa fusión das caixas de aforro galegas.