Medicina
Médicas atrapadas en la homologación

Es lunes 19 de septiembre. A las 14h acaba el tiempo para presentarse a la convocatoria de plazas MIR 2023. Este examen da acceso a unas prácticas que son obligatorias para que las médicas y médicos recién licenciados ejerzan en España. Pero no están al alcance de todas. Así lo manifiestan con indignación Jersey Ferrera y Paola Oblitas. Ambas se han apuntado, pero saben que serán rechazadas. Falta una hora para que acabe el plazo, pero están resignadas. Las homologaciones de sus títulos de medicina general, uno conseguido en República Dominicana y otro en Bolivia, están paralizadas en alguno de los casilleros del Ministerio de Universidades. Las de ellas y de miles de profesionales extracomunitarios. Solo en 2021 el Defensor del Menor recibió más de 500 quejas al respecto. Unas quejas que, según esta institución, se han cuadruplicado en los últimos tiempos. Algunos expedientes permanecen varados desde hace más de cinco años.

“Nosotras nos inscribimos sin la homologación con la esperanza de que llegara antes de que se terminara hoy el plazo. Pero saldremos no admitidas, se nos acabó el tiempo”, expresa Ferrera a El Salto, a pocos minutos de que se cierre la ventanilla virtual y en la lucha para que se abran ya las grandes ventanas para ella y sus compañeros y compañeras de profesión, que han obtenido el título en países de fuera de la Unión Europea y que no pueden formarse ni ejercer a la espera de un papel. Juntas han formado el Frente Médico por una homologación justa, en el que ya hay miles de integrantes. El 16 de agosto se manifestaron frente al Ministerio de Universidades para visibilizar su situación.

Ferrera llegó a España en plena pandemia, en el verano de 2020, cuando sus conocimientos eran más necesarios si cabe. Comenzó el trámite de homologación en agosto. Hoy lleva 25 meses esperando, mientras el Real Decreto 967/ 2014 marca un máximo de nueve meses para resolver. “Llegué aquí en plena pandemia y no me dieron la oportunidad de trabajar. Mientras, llevo dos años estudiando en una academia para prepararme para el MIR”, explica quien asegura que su visado de estudiante no le ha permitido trabajar y vive del dinero que le mandan sus padres desde Santo Domingo. Y hace cálculos: “La academia cobra por mi curso 3.570 euros al año. El segundo año solo me cobraron 300 euros. Y ahora repetir me costará 3.570 euros de nuevo”, expresa con angustia.

“Me río para no llorar por la situación", dice Paola Oblitas, “quiero estar con mis pacientes, soy médica para eso y llevo sentada entre libros desde hace tres años”

A su lado, Oblitas se emociona. “Tengo 30 años y vivo con lo que me mandan mi madre y mi hermana desde Bolivia”, asegura. “Esto es absolutamente ilógico, me río para no llorar por la situación. Quiero estar con mis pacientes, soy médica para eso y llevo sentada entre libros desde hace tres años”. Su caso es más rocambolesco aún si cabe. Son ya 35 los meses que lleva esperando por su homologación. “Me cambiaron la fecha de inicio de mi expediente a 2021, pero yo inicié mis trámites en 2019. Puse una reclamación ante el Ministerio, he estado peleándome once meses para que me cambiaran esa fecha. A finales de mayo lo conseguí y en junio me mandaron un requerimiento. No se entendía ni lo que pedían”, expresa Oblitas. Lo que le llegó era la petición de una carta de veracidad, un documento que están exigiendo a la mayoría de médicos en trámites de homologación. Un papel nuevo que está haciendo retrasar aún más los procesos. Y las “zancadillas” no acaban ahí. “A algunos compañeros de Bolivia les han pedido que sellen y entreguen su título original, pero eso no se puede hacer, para eso está la apostilla de La Haya”, se queja.

El largo proceso

José María Casas es portavoz del Frente Interprofesional Migrante, una plataforma que surge en 2021 para conectar las luchas de diferentes profesionales. Él es psicólogo, otra de las profesiones que, junto a odontología o ingeniería, integran la lucha por el fin de los retrasos en las homologaciones. Explica que para iniciar los trámites, lo primero que hay que hacer es traer la documentación desde el país de origen con la apostilla de La Haya, un método simplificado de legalización de documentos a efectos de verificar su autenticidad al que están adscritos diferentes países, entre ellos España. “En realidad un país no debería meterse a revisar los sellos y firmas de otro país porque la apostilla ya garantiza que se ha cumplido todo”. Casas explica que este método garantiza que toda la documentación ha sido revisada por las administraciones del país mediante una cadena de firmas que empieza en el decano de la Universidad, pasa al rector, después al Ministerio de Educación y finalmente hasta el Ministerio de Exteriores. “Algunos funcionarios se ponen a objetar, pero el ministerio del país de origen ya lo revisó todo”, se queja.

“A día de hoy están tardando dos años en convertir el registro en un expediente y darte el número de expediente para que puedas visualizar su estado en la web”, se queja José María Casas

Después, la documentación se entrega ante el Ministerio de Universidades a través de cualquier registro del Estado. “Ellos constatan que tienes en tus manos el original, lo escanean y te lo devuelven. Ahí obtienes tu número de registro”, explica Casas. La ley dice que entre el registro y la resolución no pueden pasar más de seis meses y añade una prórroga de tres meses para que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) emita un dictamen. “A día de hoy están tardando dos años en convertir el registro en un expediente y darte el número de expediente para que puedas visualizar su estado en la web. Están tardando dos años en empezar a tramitar todo”, se queja.

Casas también pertenece a la Asociación de Profesionales de la Salud Argentinos (APSAE). Entre abril y junio de 2021 hicieron un estudio para demostrar que estas situaciones no son “anécdotas personales”. Realizaron 329 encuestas entre los profesionales argentinos en trámites de homologación. La mayoría —un 60%— eran médicas y médicos. Sólo el 38% podía visualizar su expediente en la web.

Sanitarias necesarias

Además de la homologación, estas médicas se enfrentan a otro problema a la hora de acceder a las prácticas del MIR: la existencia de cupos. Así, en la convocatoria de 2023 se ofertan 8.550 plazas, y solo 513 son para extracomunitarios, esto es, un 4%. Pero la realidad a veces rompe corsés: durante 2022, y ante la existencia de plazas vacantes con la gran necesidad de médicos que existe en la actualidad, el Ministerio de Sanidad decidió aumentar el cupo hasta el 10%. Sindicatos médicos claman contra esta medida. Hablan de “parche” ya que estas personas, alegan, se formarán y deberán regresar a sus países de origen ante la ausencia de permisos de trabajo.

“En mi caso tengo la nacionalidad, podría ejercer en cualquier momento pero no lo puedo hacer porque no me he homologado. España necesita médicos, que ponga a sus funcionarios a trabajar”

“No nos apoyan porque somos migrantes”, critica Jersey Ferrera, quien niega que el objetivo de ella y de sus compañeros y compañeras sea retornar a sus países. Mientras se forman, buscan vías para regularizarse y, además, el recientemente reformado Reglamento de Extranjería, en su artículo 42, prevé la posibilidad de que las personas que cuentan con una autorización de estancia por estudios puedan ser autorizadas a realizar actividades laborales.

Ferrera avisa: entre los y las aspirantes a homologar sus títulos también hay españoles y españolas, que se han formado en países de América Latina, al no conseguir la nota de corte para hacer la carrera en su país de origen. Además, hay personas de origen latinoamericano que han conseguido la nacionalidad española. Es el caso de Clara, quien llegó a España desde República Dominicana en 2008. “Llegué con el objetivo de acabar la carrera aquí a través de una beca. Me pilló la crisis y no lo conseguí, tuve que ir y venir. En 2019 me gradué en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en agosto de 2020 comencé a homologar mi título en España”, explica. En este tiempo, calcula que se ha gastado 4.000 euros en una academia. Este año tenía una beca online pero, como no ha conseguido su homologación, para el siguiente año deberá de pagar otros 4.000 euros. Asegura haber mandado miles de correos al Ministerio. Siempre le responden con una respuesta tipo. Mientras, trabaja en lo que puede.

“En mi caso tengo la nacionalidad, podría ejercer en cualquier momento pero no lo puedo hacer porque no me he homologado. España necesita médicos, que ponga a sus funcionarios a trabajar. Tengo a mi familia aquí, mi objetivo es quedarme aquí. Solo pido trabajar en lo que me he formado”, se queja.

Para José María Casas, en el fondo de esto está el racismo institucional. “Hay una cuestión dentro del Ministerio muy arraigada de que los títulos españoles son los mejores del mundo”

Racismo institucional

Para José María Casas, en el fondo de esta situación están los prejuicios: el racismo institucional. “Hay una cuestión dentro del Ministerio muy arraigada de que los títulos españoles son los mejores del mundo. Hay un chovinismo en disciplinas donde uno más uno es dos. Son ciencias, no son cuestiones discutibles. Hacer un bypass es hacer un bypass. Si te digo que tu título no vale, te estoy diciendo que tú no vales”, denuncia. Casas explica que, además de las aspirantes a MIR, en España hay profesionales ya formados y especializados, varados porque no se reconocen sus especialidades médicas.

Por eso, toca buscar aliados. Senadores como Josep María Reniu, de ERC, han llevado su causa hasta la cámara alta. Reniu explica a El Salto que, con esta lentitud “exasperante”, España está creando grandes bolsas de precariedad, obligando a gente “con experiencia y formación” a aceptar contratos basura en otros sectores.  “Tenemos una situación de carencias en determinados sectores. Tenemos un grupo de ciudadanas y ciudadanas formadas, que tienen las capacidades y que tienen que acreditar que cuentan con ese potencial para cubrir esas necesidades. ¿Por qué no se acelera el proceso?”, se pregunta.

A este respecto, Reniu explica que comparecieron en el Senado la directora de ANECA, Mercedes Siles Molina, y el secretario de estado de Universidades, José Manuel Pingarrón. Y que pusieron sobre la mesa compromisos. “Se nos ha indicado que se está trabajando en un nuevo real decreto de titulaciones extranjeras”, asegura. Por otro lado, el nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario, que ya ha comenzado su andadura en el Congreso, incorpora articulado para la “atracción de talento”. Así, el artículo 28.2 se compromete a agilizar y simplificar los trámites de homologación. Reniu se muestra optimista. “Yo creo que se va a poder descongestionar el tapón. Se van a reconsiderar los recursos y los procedimientos. Durante el año próximo tendremos mejoras sustanciales”, asegura.

Mientras, Jersey Ferrera y Paola Oblitas reúnen el dinero para apuntarse otro año más a la academia. Toca confiar en que el que entra será el último curso en tierra de nadie. “Hemos dejado nuestras vidas en nuestros países para venir detrás de un sueño, que no se planifica de la noche a la mañana, para llegar a este punto… y no puedo hacer nada…”, deja en suspenso Oblitas mientras confía en que la lucha colectiva dé sus frutos.