Medio ambiente
El Parlamento andaluz aprueba el expolio del agua de Doñana y Teresa Ribera advierte de que intervendrá

Los dos grupos de la derecha en el Parlamento Andaluz han sacado adelante la propuesta que recalificará los regadíos ilegales que secan los sistemas acuáticos del parque nacional de Doñana, en Huelva.

Con los votos de PP y Vox sale adelante la ley de ordenación de los regadíos del entorno de Doñana, una norma que ha impulsado en las últimas horas el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en contra del criterio de la comunidad científica, de la propia dirección del parque y del Gobierno central. De facto, la ley supondrá una ampliación de los regadíos y la regulación de cientos de pozos actualmente ilegales que se beben, literalmente, las aguas que conforman el parque nacional.

La ministra de Medio Ambiente y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, ha asegurado que se dispondrá de “todas las herramientas constitucionales” para evitar que se lleve a cabo el plan de Moreno, que se plantea a un mes y medio de unas elecciones locales en las que el PP quiere consolidar su mayoría en San Telmo. 

Lo cierto es que la competencia sobre el acuífero principal sobre el que la ley quiere intervenir, el 27, corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Estado central y no de la Junta de Andalucía ni de los Ayuntamientos. La ley aprobada hoy recalifica las parcelas pero explica que el agua para el riego debe provenir “preferentemente” de la superficie –sin más detalles– cuando son terrenos que ya han bebido de las aguas del parque de manera ilegal.

De esta manera, el PP ha intentado alejar de Doñana la tramitación de la ley y hablar de los derechos de los agricultores, pero se da la circunstancia de que esas aguas para el regadío en este momento solo pueden provenir del punto del que los populares no querían hablar.

La Ley 30/2014, de Parques Nacionales, permite la intervención del Ejecutivo y la declaración de estado de emergencia “con el fin de impedir que se produzcan daños irreparables y siempre que estos no puedan evitarse mediante los mecanismos de coordinación ordinarios”. 

Además, el Gobierno puede recurrir la norma aprobada hoy en el Tribunal Constitucional y solicitar medidas cautelares para que se paralice hasta que el órgano de garantías dictamine sobre el caso.

La Estación Biológica de Doñana, adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha dado la voz de alerta en las últimas horas contra los planes del Gobierno del Partido Popular en Andalucía. El presidente de este organismo explicaba el problema de fondo que es que “se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural”.

El biólogo Miguel Delibes, que ha llevado a cabo gran parte de su trabajo en esta estación, criticaba la norma que se dirimía hoy en el Parlamento Andaluz por ser “un cuento de hadas, una varita mágica que sacan porque hay elecciones”. Hoy, en el debate se ha asegurado que “unas 600 familias” se verán beneficiadas de la recalificación. Tampoco es mucho más concreta la información sobre cuántas hectáreas se verán afectadas por esta ampliación de capacidad de los regantes. En 2022, en una carta a la UE, se estableció que serían 748,62, pero en propuestas anteriores las cifras duplican esa cantidad de terreno.

Durante el pleno se han vivido momentos de tensión. La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora, ha derramado arena en el escaño vacío de Juanma Moreno para protestar por lo que la izquierda ha presentado como una sentencia de muerte para una de las reservas naturales más importantes de la cuenca mediterránea. “20 sociedades científicas han alertado que la citada iniciativa es incompatible con la supervivencia del Parque Nacional”, ha recordado Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía.

La problemática es vieja. España fue condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua debido a la multiplicación de esos pozos ilegales. Y la sequía agrava el problema: más de la mitad de las grandes lagunas del parque no se han inundado en la última década debido a factores sistémicos como la falta de precipitaciones y a decisiones políticas como la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en el municipio de Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento de un campo de golf.