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Doñana
Doñana, en “estado crítico” mientras la Junta ultima su ley para amnistiar regadíos ilegales
Doñana, la joya de los humedales ibéricos y estandarte de los parques nacionales españoles, espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad, está en “estado crítico” y ha perdido más de la mitad de sus lagunas. Lo dice la Estación Biológica de Doñana, adscrita al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Pero esta dura advertencia científica sigue sin permear el muro de la derecha andaluza.
Medio ambiente
Andalucía La Junta propone indultar los regadíos ilegales y abandona por tercer año la aplicación del Plan Forestal
Está previsto que mañana miércoles, 12 de abril, el Parlamento andaluz apruebe la nueva ley de regadíos impulsada por PP y Vox, una normativa que pretende regular las zonas de regadíos de las inmediaciones de Doñana, lo que supone amnistiar cientos de pozos ilegales que se beben, literalmente, las aguas que conforman el parque nacional.
Reunión de urgencia
Ante la inminente normativa, el Consejo de Participación de Doñana, un órgano consultivo donde están presentes entidades públicas y privadas del entorno del parque nacional, se reunía de forma extraordinaria este lunes para analizar la situación. Era allí donde el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, dejaba clara la situación: “La explotación actual del acuífero no es sostenible. Se está extrayendo más recurso del que se regenera anualmente mediante la recarga por precipitación, que es variable y decreciente, por lo que se está agotando este recurso natural”.
“La situación actual de Doñana es crítica y no permite esperar otra década a que se tomen las decisiones que ajusten la demanda de agua a la disponibilidad”, afirma Revilla
Lejos de quedarse ahí, Revilla denunciaba un “claro fallo de gobernanza” por parte de las administraciones la proliferación descontrolada e ilegal de cultivos de regadío en la zona, además de una “clara falta de voluntad política” para solucionar la situación. “Esta inacción ejecutiva es la que nos ha llevado al insostenible punto crítico en el que se encuentra Doñana”, añadía.
Para los científicos de la Estación Biológica, amnistiar a las concesiones legales, lejos de solucionar nada, dificultará aún más el problema de Doñana, pues estas necesitarán más agua de los pozos aún hoy ilegales que incrementarán la presión sobre acuíferos y humedales.
“La situación actual de Doñana es crítica y no permite esperar otra década a que se tomen las decisiones que ajusten la demanda de agua a la disponibilidad”, afirmaba Revilla. “Si así se hiciera, estaríamos imponiendo, contra la legalidad vigente, la pérdida completa de los sistemas de lagunas temporales y otros hábitats dependientes del acuífero. Adicionalmente, de no actuar con urgencia, el agotamiento del recurso hará que las explotaciones legales tengan problemas para regar, como ya está sucediendo en esta campaña de 2022-2023, poniendo en riesgo toda la actividad económica que depende del acuífero”.
Inacción gubernamental
El Gobierno andaluz persiste en sus plantes y echa balones fuera pidiendo agua extra mediante la un trasvase desde la cuenca del Tinto-Odiel-Piedra a la del Guadalquivir que necesitaría de obras a cargo del Estado. Para el consejero de Medio Ambiente andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, la ley que pretende aprobar mañana “viene a dar respuesta a la inquietud que mantienen cientos de agricultores de la Corona Norte [Forestal de Doñana] desde hace ya demasiado tiempo”.
El consejero ha cargado contra el Gobierno, al que acusa de la crisis por no enviar agua al área, mientras desde el Ministerio de Transición Ecológica amenazan con llevar la cuestión al Tribunal Constitucional por invasión de competencias
Frente al criterio científico de la Estación Biológica y con conservacionistas y parte de los vecinos en pie de guerra, Fernández-Pacheco asegura que la nueva ley “parte de una premisa innegociable: que el acuífero de Doñana no se toca”, calificándolo de “esquilmado” y al entorno como “la gran joya de la naturaleza no solo de Andalucía sino de toda España”.
“Exigimos al Gobierno andaluz que frene este despropósito, que solo es concebible como un reclamo electoralista y cortoplacista”, denuncia la directora de Greenpeace España, Eva Saldaña.
Sin embargo, desde la Estación Biológica recordaban en el Consejo de Participación que “España está condenada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir sus obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitat”, tras no actuar frente a los regadíos hoy a punto de ser legalizados y no haber tenido en cuenta la extracción ilegal de agua para el cultivo y abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones totales de agua subterránea de la comarca de Doñana, así como por no haber previsto ninguna medida para evitar la alteración ocasionada por las extracciones de agua subterránea sobre los tipos de hábitats catalogados como prioritarios.
“Insulto a la evidencia científica”
Para las organizaciones conservacionistas la nueva ley indulta, de hecho, “décadas de robo sistemático de agua en el Parque Nacional de Doñana y alienta nuevos saqueos”, como ha señalado este martes Greenpeace, una situación agravada por un contexto de sequía galopante.
Para la organización ecologistas, se trata de un insulto a la evidencia científica, que abre las puertas a sanciones millonarias desde Bruselas e ignora la necesidad de repensar el modelo agroalimentario para ajustar la demanda a la disponibilidad real de agua y a los caudales ecológicos. “Esta nueva ley de regadíos de la Junta de Andalucía es un atropello legislativo que pone en peligro la supervivencia de uno de los espacios naturales más valiosos del mundo. Exigimos al Gobierno andaluz que frene este despropósito, que solo es concebible como un reclamo electoralista y cortoplacista. Este rumbo macabro para Doñana evidencia que nuestro modelo agroalimentario y turístico está herido de muerte”, denunciaba la directora de Greenpeace España, Eva Saldaña.
El último estudio publicado en la revista científica Science of The Total Environment, indica que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado. En concreto, constata que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013”, cambios significativamente relacionados con la temperatura y la precipitación de cada año, pero también con la extensión de áreas cultivadas, la superficie construida en Matalascañas, la distancia a las estaciones de bombeo de la urbanización y el funcionamiento del campo de golf. Según los datos del informe, el 80% de estas lagunas se secaron antes de lo esperado por la precipitación y la temperatura observadas y el 84% tuvo un área de inundación menor de lo que se había previsto en función de los mismos parámetros, lo que indica que la actividad humana está alterando el equilibrio natural de las lagunas.
“En sistemas mediterráneos, las sequías son recurrentes, pero cuando la sucesión de años sin inundación supera esta recurrencia, la vegetación propia de las lagunas desaparece y son colonizadas por vegetación terrestre, lo que termina con la desaparición completa de las lagunas y la pérdida de los hábitats catalogados por la Directiva”, explicaba el director de la Estación Biológica. Esto es lo que ha ocurrido con el 19% de las lagunas muestreadas en el estudio, que ya han desaparecido por completo. Además, otro 19% tienen más de la mitad de su cubeta invadida por matorral y pinos y solamente un 10%, principalmente localizadas en la vera se mantienen en buen estado.
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Un ecocidio, otro más, perpetrado por el PP con la colaboración inicial (abstención) del PXXE. Que la Justicia europea pare este grave atentado a uno de los ecosistemas imprescindibles para la vida de la flora local y la fauna española, europea y africana. Los intereses electoralistas no pueden convertirse en la causa de la destrucción de Doñana. El movimiento ecologista debe redoblar la presión sobre los responsables de este desastre y, sin duda, encontrará apoyo en partidos que se toman en serio la ecología.