Medio ambiente
Salvar el Mar Menor: impulsan una iniciativa legislativa popular ante la inacción institucional

“Si la Administración hace dejadez de sus funciones y no obliga a hacer cumplir las normas, alguien las tiene que hacer cumplir”. La frase de Alfonso Manzano, licenciado en Derecho, resume bien el motivo que llevó a un grupo de personas expertas en diferentes áreas a impulsar una medida novedosa para salvar el Mar Menor: una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que otorgaría derechos propios al Mar Menor al dotarlo de personalidad jurídica propia, de manera que la ciudadanía podría exigir ante los tribunales la reparación de cualquier daño que se causara a este espacio natural.

El objetivo, tal y como explica el grupo promotor —formado del ámbito jurídico, científico y activistas—, es “poner a la naturaleza en el centro para que los derechos ecológicos se equiparen a los económicos” al tener el Mar Menor “la misma protección que cualquier sujeto con personalidad jurídica”. Existen antecedentes internacionales de espacios naturales que lograron ser protegidos bajo esta figura —el río Whanganu en Nueva Zelanda, el Ganges y el Yamuna en India, el lago Erie en Canadá—, pero ninguno en España ni en Europa. 

Pero para abrir camino en la protección de espacios naturales europeos bajo esta vía, necesitan el apoyo de la ciudadanía, y tienen un plazo para lograrlo. La normativa exige que las Iniciativas Legislativas Populares consigan al menos 500.000 firmas para que el Congreso de Diputados estudie la propuesta, y la ILP Mar Menor, según el último recuento, cuenta con 228.000. La pandemia, explican, ha supuesto un duro golpe a la iniciativa al limitar la movilidad, ya que las firmas deben ser presenciales. Pero ya tienen una red sólida de puntos de recogida de firmas por todo el Estado y confían en conseguir las firmas que les faltan antes del 28 de octubre, plazo límite tras haber conseguido la prórroga de tres meses que contempla la ley en casos excepcionales.

Mar Menor, ecocidio anunciado

Pablo Rivas

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El Campo de Cartagena ha sufrido una profunda transformación en apenas unas décadas. Los excesos de una agricultura industrial intensiva y del turismo de masas han colapsado la mayor laguna salada de Europa. Los habitantes de la zona exigen frenar la debacle.

Los orígenes

En 2019, la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia (UM) quiso analizar detenidamente la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor que se aprobaría finalmente en julio de 2020. Manzano explica que, al hacerlo, “vimos que [la nueva ley] suponía redundar en las que se habían estado haciendo durante los últimos 60 años, que aunque no dudo de la buena voluntad al redactarlas, al final no funcionan: no se aplican bien o priman determinados intereses económicos, así que la Administración hace un poco dejadez de sus funciones”. De esta forma, el grupo se puso a investigar qué se hacía en otros países que fuera aplicable al Mar Menor, y encontraron la vía de la ILP.

La ILP se impulsa al percibir que las leyes existentes desde hace décadas no funcionan: “No se aplican bien o priman determinados intereses económicos, así que la Administración hace un poco dejadez de sus funciones”, expone Manzano

Aunque el origen, tal y como define Manzano, fue un estudio teórico, pronto se dieron cuenta de que era realizable. Teresa Vicente, profesora de filosofía de derecho en la UM, fue la encargada de impulsar la iniciativa: “En julio de 2020 hubo una reunión con Teresa Ribera, Ministra de Transición Ecológica, y fue presentada. Se aceptó en septiembre, relativamente rápido”, repasa la también miembro del equipo impulsor, Rocío García Martínez, activista de Por Un Mar Vivo. La también estudiante en Ingeniería Química Industrial se muestra esperanzada con el hecho de conseguir las firmas que faltan: “Ha habido implicación por parte de muchas personas y en verano hay más movimiento”.

Los motivos

Hay, en cambio, una cuestión importante: la ILP no es la única forma de garantizar la protección del Mar Menor. Esta segunda vía, resume Manzano, seguiría el mismo proceso que la ILP, pero no haría necesario la recogida de firmas: consistiría en que la Asamblea Regional de Murcia adoptara la decisión de elaborar una proposición de Ley y presentarla al Congreso de los Diputados para que la apruebe. “Se debatiría en el Congreso del mismo modo que se debatiría la ILP, pero sin tener que recoger las 500.000 firmas. El problema que nos encontramos es que hoy en día el PP, Vox y dos tránsfugas de Ciudadanos tienen la mayoría absoluta en la Asamblea Regional”. Aunque Ciudadanos se ha sumado recientemente a la iniciativa, el Partido Popular y la formación de ultraderecha no se han mostrado dispuestos a colaborar: “Dicen que con la ley que han aprobado es suficiente y argumentan que va en contra de la ganadería”, resume Manzano. 

Aunque no han abandonado la vía de conseguir que la Asamblea Regional la presente al Congreso, no se muestran demasiado optimistas. García señala directamente a Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia: “Podría habernos ahorrado todo el trámite de las firmas si hubiera querido llevar nuestra propuesta al Congreso de los Diputados, pero no lo ha hecho”, asevera. De hecho, recuerda la activista, “el Mar Menor tiene cantidad de protecciones, tanto a nivel autonómico, como estatal y europeo, pero siguen sin respetar nada, incluso las leyes de protección que ellos mismos hacen”. 

García apunta hacia la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente: “Los zorros están con las gallinas. No puede ser que sectores con intereses enfrentados estén representados en la misma Consejería. ¿Por qué crees que Medio Ambiente va al final del nombre?”

Para ella, las instituciones están “jugando al juego de las competencias” con el resultado de que “nadie hace absolutamente nada” más allá de “seguir construyendo aunque ya no quede espacio”. Asimismo, relata cómo las autoridades pertinentes “ignoran nuestras denuncias y evitan hacer los análisis de agua que exigimos con justificaciones y excusas que se quedan muy cortas”. La posición institucional siempre va enfocada al fomento del turismo y la hostelería, de manera que se limitan a “invertir en propaganda sobre el buen estado del Mar Menor, a pesar de que sea algo falso”. Apunta además hacia la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente: “Los zorros están con las gallinas. No puede ser que sectores con intereses enfrentados estén representados en la misma Consejería. ¿Por qué crees que Medio Ambiente va al final del nombre?”.

Caso diferente, señala Manzano, se da a nivel municipal: los ayuntamientos que representan al 60% de la población de la comunidad autónoma de Murcia, expone el jurista, han aprobado ya en sus plenos municipales el apoyo a la ILP: “Se da el caso de que los ayuntamientos, que son la institución representativa más próxima a la ciudadanía, apoyan mayoritariamente la iniciativa; pero la Asamblea Regional, que es la que tiene capacidad para que esto salga adelante, dice que no”. 

El futuro

Para García, la ILP es “la única manera que queda para poder proteger un Mar Menor que está al borde del colapso, en cualquier momento tendremos una nueva sopa verde”. El grupo promotor hace repaso de algunas cifras: la laguna soporta 300.000 toneladas de nitratos acumuladas en el acuífero del campo de Cartagena, el 85% de la vegetación marina desapareció en 2016, los cultivos ocupan el 60% de los tres primeros kilómetros de franja litoral, el 25% de regadío en el campo de Cartagena es irregular… 

“Hay una gran permisividad del gobierno regional con las empresas que contaminan, El Pozo lleva 50 años contaminando el Mar Menor con sus explotaciones y nunca ha pasado nada”, expone García. “Cuando cerraron las minas de La Unión en 1990 dejaron todo como estaba, minas a cielo abierto sin limpiar, y cada vez que llueve los metales pesados van a parar a La Manga; la gente también se ve afectada, yo misma me hice análisis y me salieron restos de metales pesados. Ya no es solo una cuestión ecológica, es que juegan con nuestra salud”. 

“Hay una gran permisividad del gobierno regional con las empresas que contaminan, El Pozo lleva 50 años contaminando el Mar Menor con sus explotaciones y nunca ha pasado nada”, expone García

Si consiguen las 500.000 firmas, el Congreso votaría si toma o no en consideración la iniciativa. Si no la toma en consideración, ha muerto. Manzano espera que esto no suceda: “No se da ningún tipo de inconstitucionalidad en dotar personalidad jurídica a un ecosistema cuando una sociedad mercantil también la tiene. Se trata de adaptar la situación jurídica a una realidad palpable”, argumenta. En caso de que se tome en consideración, sería enviado una Comisión que trabajaría con los impulsores de la ILP para defenderla en el Congreso, donde los diputados “pueden presentar lo que consideren oportuno para mejorar y modificar la ley”. De hecho, relata el licenciado en derecho, el texto de la ILP tiene un preámbulo extenso en el que relata la situación del Mar Menor, pero por lo demás es un texto intencionadamente corto de seis artículos “para darle la oportunidad a los políticos de que puedan debatir y sumar lo que consideren”. 

Ante una Manga en la que ahora todo es “hormigón y hormigón”, tal y como define Rocío García, la ILP dejaría a este territorio “en manos de expertos externos a la autonomía, así como gran cantidad de decisiones que ahora está tomando el gobierno regional”. Hasta el 28 de octubre, este equipo formado por nueve personas y apoyado por multitud de colectivos seguirá intentando hacer de Murcia una región ambientalmente más habitable y salvar al Mar Menor a través de 500.000 firmas.