Mediterráneo
Cecilia Strada: “El reglamento de retorno también debilita nuestra cohesión social”

Cecilia Estrada es una eurodiputada italiana por el Partido Democrático de Italia. Tras dedicar casi toda una vida a la cooperación y la ayuda humanitaria, decidió entrar en el ámbito político para poder interceder de otra manera. Sin embargo, el pasado 17 de junio, en Estrasburgo asistió desolada a la aprobación definitiva del reglamento de retorno; una normativa en materia de política migratoria por parte de los Veintisiete que, junto al nuevo Pacto de Migración y Asilo (PEMA), apuntala la Europa fortaleza. 

El nuevo reglamento abre la puerta a la construcción y puesta en marcha de centros de retorno en terceros países fuera de suelo europeo, establece una serie de siete países de origen seguros —Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez— a los cuales sus nacionales podrán ser retornados en caso de que se les deniegue el asilo, aumenta los plazos de detención hasta los 24 meses y acelera los procedimientos en frontera. 418 eurodiputados votaron a favor, 218 en contra; y se produjeron 30 abstenciones.  Strada fue una de las que votaron en contra de la aprobación de la norma.

¿Qué impacto va a tener la externalización total de la gestión de fronteras?
Estamos ante un cambio fundamental en respecto al derecho de asilo en la UE. No se trata solo del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) —que entró en vigor el 12 de junio— o el nuevo reglamento de retorno o el concepto de tercer país seguro y país de origen seguro. Con todo esto, lejos de controlar los flujos migratorios lo que estamos haciendo es desmantelar los derechos fundamentales en Europa. Estamos desmantelando el derecho de asilo y nos estamos preparando para hacer lo mismo que hace el ICE en Mineápolis; exactamente lo mismo. Lo que sucedió hace unos días en el Parlamento Europeo [la aprobación de la normativa de retorno] son muy malas noticias para Europa.

¿Cuáles son los cambios más significativos que se introducen en el nuevo PEMA?
Básicamente, todo gira en torno a la externalización de nuestras fronteras. En realidad estamos delegando a terceros países la protección que estamos obligados a ofrecer a quienes buscan ayuda en nuestras fronteras.

El nuevo PEMA introduce procedimientos acelerados en las llegadas —lo que reduce las garantías—, modifica el mecanismo de solidaridad —que ahora es obligatorio sobre el papel, pero flexible— y otros asuntos; pero lo fundamental es la externalización y la reducción de las garantías de todas aquellas personas que llegan a suelo europeo.

Con la nueva normativa, además, se introduce una lista de países de origen seguros. Esto funciona así: si vienes de uno de estos países, tu solicitud de asilo será examinada en la frontera, en un procedimientos acelerado, en pocos días, sin garantías reales, y después serás devuelto al país del que estás huyendo. ¿Y cuáles son esos países considerados seguros? Tenemos Túnez, tenemos Marruecos, tenemos Egipto, tenemos Colombia. Tenemos países que claramente no son seguros para sus propios ciudadanos. Y eso es algo que la Comisión sabe perfectamente, porque manejan los mismos expedientes en los que trabajamos nosotros. Todo el mundo sabe que estos países no son nada seguros. Incluso el Parlamento lo sabe. Votamos resoluciones sobre las violaciones de derechos fundamentales en Túnez y después declaramos Túnez un país seguro. En el caso de Egipto, no hace falta ni explicar lo que pasa allí: todos y todas sabemos qué pasa en Egipto. Y aun así, la Comisión, este Parlamento y el Consejo consideran que el país es seguro.

Y esto en cuanto al concepto de país de origen seguro, pero todavía peor es el concepto de tercer país seguro. Porque el concepto de tercer país seguro funciona así: si vienes a Europa buscando protección, puede que te den la condición de refugio o que se te de derecho a protección, pero no aquí. Te enviaremos a un tercer país. Y ese tercer país examinará tu solicitud de asilo. ¿Cómo se pueden proteger los derechos fundamentales de esta persona? No se podrán proteger. ¿Cómo podremos supervisar lo que ocurra en esos terceros países? No podremos. Hasta ahora, los eurodiputados o los diputados de los parlamentos nacionales, según el país, podíamos entrar en cárceles, centros de retorno, centros de acogida, etcétera. Podíamos llevar a cabo labores de supervisión. ¿Va a ocurrir esto en esos países? No lo creo. Depende de los acuerdos —o más bien de los arreglos, porque no serán acuerdos— que hagan nuestros países con terceros países. Dudo mucho que esos arreglos contemplen la posibilidad de que los eurodiputados inspeccionen y supervisen la situación allí. ¡Bienvenidos a MinEUápolis. La única diferencia [con lo que ocurre en Estados Unidos] es que esta violación de derechos fundamentales no ocurrirá en nuestras calles, así que no podremos verla. Sucederá en las fronteras, en centros cerrados, en terceros países. Perderemos por completo el rastro de estas violaciones.

las mismas autoridades responsables de los procedimientos acelerados serán también responsables de la supervisión; y esto es algo que no debería funcionar así

¿No se plantean mecanismos de supervisión de esos centros de retorno en terceros países?
La Comisión Europea sigue diciendo que, por supuesto, habrá garantías, pero hay que tener en cuenta que los ‘acuerdos’ no serán más que arreglos; y un ‘arreglo’ no suele ser jurídicamente vinculante. Todo esto dependerá de qué tipo de mecanismo de supervisión se incluya en ese arreglo. Yo creo que, básicamente, ninguno. Incluso para los centros y los procedimientos dentro del territorio de la UE debería haber un mecanismo de supervisión. Pero, de nuevo, parece que los Estados miembros van muy retrasados en la designación de estos mecanismos de supervisión. No tienen recursos para ello. En algunos casos, las mismas autoridades responsables de los procedimientos acelerados serán también responsables de la supervisión; y esto es algo que no debería funcionar así. Estamos, muy preocupados.

Tú eres italiana. Meloni es una pionera en esto de los centros de retorno en terceros países.
El modelo albanés es un tanto destino, porque en Albania los centros están bajo jurisdicción italiana, no bajo la jurisdicción de un tercer país, como sí lo estarán estos centros de retorno. Yo estuve en Albania, inspeccionando estos centros durante una semana; y lo que vi es que no funcionan. Los derechos humanos no están protegidos ni siquiera bajo jurisdicción europea, por el simple hecho de que el centro está fuera de la UE. La idea general de Meloni era que estos centros fueran completamente equivalentes a los centros de retorno que hay en Italia. No se necesita ni siquiera un juez para enviar a las personas de Italia a Albania, precisamente por estar bajo jurisdicción italiana. Pero la realidad es que el centro en Gjadër está en Albania, no en Italia. El derecho a la defensa [de la persona migrante] se ve socavado, simplemente porque tu abogado no puede coger el bus o una moto para venir a verte. Por otra parte, está el derecho a la unidad familiar. Enviamos a Albania a personas que llevaban en Italia cinco, diez, quince o veinte años. Conocí allí a personas que tienen hijos italianos, esposas italianas, hijos italianos, y en algunos casos, hasta nietos italianos, porque llevaban en Italia 40 años. Y un día los llevan a Albania, a esperar a ser deportados a un país que ni siquiera recuerdan. Por último, estos centros en Albania suponen un enorme despilfarro de dinero, aunque para mí eso no es lo principal, sino los derechos fundamentales.

A la mayoría de personas enviadas a Albania luego las devolvieron a Italia y las dejaron en libertad. Cuando mandan a las personas a Albania, la policía se las lleva muchas veces en medio de la noche, les hacen empaquetar sus cosas y las trasladan; en la mayoría de ocasiones, sin decirles hacia dónde van. No se les informa ni a ellos, ni a sus familias, ni a sus abogados. Luego llegan a Albania y se encuentran en medio de la nada, abandonados. En esos centros se producen muchos casos de autolesiones e intentos de suicidio. Eso también ocurre en Italia.

Esta normativa no va a traer más seguridad, sino que va a debilitar la cohesión social

Esta nueva normativa se ha podido aprobar porque la derecha tradicional ha comprado el relato y el marco narrativo de la extrema derecha.
Sí, cuando se trata de temas migratorios, vemos una fuerte alianza entre el PPE (Partido Popular Europeo) y la extrema derecha; y eso es muy preocupante. Es evidente que la derecha y la extrema derecha usan a los migrantes y a los refugiados como chivo expiatorio para ganar elecciones. Para ellos todo es propaganda; lo vemos claramente cuando emplean el marco de la “seguridad” como uno de sus argumentos principales. Esta normativa no va a traer más seguridad, sino que va a debilitar la cohesión social. Las disposiciones, especialmente las del reglamento de retorno, son tan alarmantes que, ante el escenario de ser encarceladas durante dos años y medio o ser deportadas a un país en el que nunca hemos estado, es probable que muchas personas intenten desaparecer del radar para evitar que la atrapen.

Solo tendremos seguridad con un buen Estado de derecho. Por eso la regularización es el camino, no el reglamento de retorno. Otro de los argumentos que usan la derecha y la extrema derecha es que “hay que proteger a nuestras mujeres”, “tenemos que expulsar a todos estos inmigrantes que representan una amenaza para nuestras mujeres”. Usan el cuerpo de las mujeres para hacer esta propaganda, pero cuando votamos para proteger los derechos de las mujeres, ellos votan en contra. Claramente, no les importan las mujeres, porque de lo contrario estarían en primera línea con nosotras pidiendo, por ejemplo, el derecho al aborto; pero no lo hacen. Usan todos estos argumentos y el miedo para ganar elecciones. Provocan inseguridad y luego le preguntan a la gente si tiene miedo. “Pues vótame, yo te traeré más seguridad”. Pero claramente no es así.

Mediante la construcción de muros y la externalización de fronteras no tendremos una Europa más segura, sino lo contrario

¿Cree que esta normativa es reversible? ¿Cuánto va a costar deshacerla?
Esto no va a pasar en este mandato, pero necesitamos ganar las próximas elecciones y darle una vuelta a la situación. Como decía, todo esto no solo viola los derechos fundamentales, sino que debilita nuestra cohesión social. Todas nuestras economías dependen de la llegada de trabajadores extranjeros; esto es un hecho, entonces ¿no sería mejor pensar en vías legales y seguras para que la gente pueda llegar hasta aquí sin arriesgar su vida, sin estar en situación irregular y sin alimentar las actividades de las redes de tráfico de personas? ¿No sería más factible pensa en la regularización de quienes ya están en Europa, que ya trabajan aquí? Si regularizamos a estas personas, podrán vivir bajo el amparo de la ley, pagar impuestos, ser parte de la sociedad; tendrán derechos y deberes. Ahora bien, ¿podemos ganar elecciones con este discurso? No estoy segura, porque es más efectivo hablarle al corazón que a la razón. Se genera más emoción hablando del miedo y usando el concepto de “invasión”. Tenemos que trabajar en dirección opuesta. Mediante la construcción de muros y la externalización de fronteras no tendremos una Europa más segura, sino lo contrario.

Hablando del uso del miedo… ¿Qué papel tienen los medios generalistas en la expansión de estas narrativas?
A menudo, en la información hay falta de contexto; y a menudo vemos que los medios no hacen periodismo; sino que simplemente publican lo que dicen los políticos, y eso está mal. Los periodistas deberían desmontar las mentiras, y no solo una primera pregunta, sino hacer una segunda. En Europa, además, aún queda trabajo por delante en el abordaje del racismo estructural que llevamos encima. Esto también se refleja en el relato y en el trabajo del periodista. Antes de entrar en el Parlamento yo era cooperante. Pasé muchos años trabajando en países de bajos recursos; luego estuve haciendo labor de incidencia y trabajando en rescates en el Mediterráneo. Lo que vi es que el relato sobre la migración trata de números, no de seres humanos. Es lo mismo que sucede con la cobertura sobre Palestina: los ciudadanos israelíes son asesinados por alguien; mientras que la población palestina “muere”. Hay 20.000 menores muertos y solo son un número; pero imagina que pudiéramos contar las historias de esos 20.000 niños. Imagina que pudiéramos contar las historias de las personas que desaparecen en los naufragios en el Mediterráneo. Cuando contamos las historias, nombramos a las personas y mostramos sus rostros… todo esto pasa a formar parte de nuestra historia. Si no lo hacemos, son solo números. Y si son solo números, dejan de importarnos.

Y creo que esta es, por cierto, una de las principales razones por las que los Estados miembros europeos no establecen un mecanismo para la identificación de quienes mueren en el Mediterráneo: porque si tuviéramos nombres, tendríamos historias, y entonces probablemente sería más difícil para nosotros llevar a nuestros hijos de vacaciones al Mediterráneo y enseñarles a nadar en el cementerio de los hijos de otras personas.

Sí, creo que los medios deben contar historias y verificar los datos. Cuando se habla de “invasión”, hay que comprobar los números. En los medios italianos se habló de “invasión” en 2022, cuando llegaron 100.000 personas por mar; ese mismo año, Rusia invadió Ucrania, y en los primeros dos meses de guerra acogimos en Italia a 100.000 refugiados ucranianos. Y no lo critico, pero nadie habló de “invasión”.

Los gobiernos están haciendo todo lo que pueden para frenar la solidaridad

Trabajaste en tareas de rescate en el Mediterráneo. Hace años que en la UE no solo se criminaliza a las personas migrantes, sino también a las redes de solidaridad que intentan ayudarles. Ahí están los juicios a Mimmo Lucano, a Sara Mardini o a Seán Binder. ¿Que futuro les espera a estas organizaciones?
Van a tener que seguir luchando, y no tengo dudas de que lo harán; pero todo se está poniendo cada vez más difícil. La criminalización a veces se manifiesta como represión legal, a veces como represión económica, con multas impuestas, especialmente a las organizaciones pequeñas. Si me multan con 10.000 euros un día y con otros 10.000 euros tres meses después, se complica la cosa. Los gobiernos están haciendo todo lo que pueden para frenar la solidaridad: desde la imposición de multas, hasta la obligación de tener barcos atracados en puerto mientras se les necesita en el mar, o el envío de barcos de búsqueda y rescate a puertos lejanos. Eso es racismo; y todos estos procedimientos están específicamente diseñados para hacer que las organizaciones dejen de trabajar.

Pero, ¿saben qué? Esas organizaciones no se detendrán. Están llenando el vacío que Europa dejó en el Mediterráneo. Están haciendo exactamente lo que los Estados miembros deberían hacer: salvar vidas en el mar, proteger la vida humana en las fronteras. Y esto requiere no solo valentía ; requiere un gran compromiso, porque el mar es duro, complicado y peligroso. Lo hace porque es lo correcto. Debemos protegerlos más, sin lugar a dudas.