Migración
Europa sella su pacto migratorio más punitivo

Hoy viernes 12 de junio entra en vigor el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), por el cual se pondrán en marcha una serie de normas que consolidarán la Europa fortaleza. Las organizaciones en defensa de los derechos humanos ya han advertido que esta nueva normativa presenta una serie de problemas en materia de protección de los derechos de las personas migrantes. El próximo miércoles 17 de junio se vota el Reglamento europeo de Retorno en el pleno de Estrasburgo del Consejo de Europa, una disposición que complementa la regla que hoy entra en vigor.

El PEMA, aprobado en mayo de 2024, es un paquete de propuestas legislativas y recomendaciones que consta de nueve reglamentos, como el Reglamento de cribado o triaje, que introduce un control “previo a la entrada” y por el cual se “selecciona a las personas”; el Reglamento de Procedimientos de Asilo, que establece un protocolo común para la protección internacional en la UE; el Reglamento sobre el Procedimiento de Retorno en Frontera, por el cual se llevará a cabo un proceso acelerado de retorno para aquellas persona  a quienes se les deniegue la protección internacional en la frontera; el Reglamento sobre Gestión del Asilo y la Migración, que sustituye el actual Reglamento de Dublín —adoptado en 2003—; el Reglamento de Crisis, que establece excepciones concretas a las normas de asilo en situaciones de “crisis”; y el Reglamento Eurodac, que crea una base de datos biométricos de las personas en movimiento, entre otros. “Este Pacto dejará a un número creciente de personas en un limbo administrativo, sin poder acceder a un permiso de residencia, servicios esenciales o trabajo digno”, aseguran desde la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados (PICUM), con sede en Bruselas.

Las organizaciones de derechos humanos lamentan que el PEMA “plantea retos importantes en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas”

Ayer mismo, el Grupo de trabajo de las entidades sociales sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, conformado por algunas de las entidades sociales más relevantes del país, publicó un comunicado de prensa en el que “lamentan la falta de transparencia sobre las medidas concretas que se adoptarán a nivel nacional para dar cumplimiento a estas obligaciones europeas”. Desde las entidades firmantes se asegura que la nueva norma “plantea retos importantes en relación con la garantía de derechos de las personas migrantes y refugiadas”, y se menciona que este conjunto de reglas “[contienen] graves deficiencias en derechos humanos y debilitan gravemente derechos y garantías consolidados”. Se pone así en entredicho “el derecho de asilo, la protección frente a devoluciones, el acceso a defensa jurídica efectiva, el derecho a la información y la atención específica a personas en situación de mayor vulnerabilidad, y la protección al derecho a la salud integral de las personas”.

Organizaciones como Novact o Amnistía Internacional también se quejan de la opacidad del lenguaje jurídico de la normativa —que supone un escollo de cara al análisis de los textos— así como de la falta de transparencia en la aprobación de algunos procedimientos.

¿Qué contempla la nueva normativa?

El nuevo reglamento incluye, tal y como asegura la PICUM, “más perfilado racial, más detención”. Desde Novact y Amnistía se pone el foco, por ejemplo, en el Reglamento de Cribado, que, en el caso de España se llevará a cabo por parte de agentes de la Policía Nacional; es decir, personas no especializadas ni cualificadas para esta tarea concreta. “El cribado permitirá separar a las personas deportables de las que no lo son; pero realmente no existen los recursos necesarios, ni se entiende demasiado bien cómo se puede hacer esta distinción; cómo se pueden detectar situaciones de necesidad, de vulnerabilidad en un tiempo tan corto. Si la detención es de 72 horas, esto es imposible de detectar. ¿Qué pasará con los supervivientes de trata, de explotación sexual, laboral, víctimas de tortura y malos tratos? Hay muchas informaciones que en el momento de llegada no se saben”, se pregunta Clara Calderó, de Novact, quien insiste en que “este triaje debería hacerlo personal con conocimiento médico, profesionales de la infancia, expertos en salud mental o en género, entre otros”. También Verónica Barroso, de Amnistía Internacional España, apuesta porque el triaje lo lleven diferentes entidades especializadas que puedan detectar las diferentes vulnerabilidades. “Las víctimas de trata, de primeras, son difíciles de detectar”, explica para El Salto.

El nuevo reglamento también contempla un aumento importante del periodo de detención de las personas migrantes, que se podrá extender hasta los 24 meses

Además, el cribado en frontera pasa por el uso intensivo de datos biométricos y su envío a terceros países, la gran mayoría de ellos, con graves deficiencias en materia de garantía de los derechos humanos. De hecho, se prevé que la edad mínima para la toma de datos biométricos sean los seis años; las entidades reclaman que la edad mínima suba hasta los 14 años y solo en casos “absolutamente necesarios” se lleve a cabo esta medida. “La norma contempla que se puedan usar normas coercitivas para conseguir datos biométricos de los menores, y eso nos preocupa, porque abre la puerta a la violencia policial contra la infancia en un contexto de detención”, remarca Calderó. En la recogida de datos biométricos también ha puesto la mirada Verónica Barrosos: “El Pacto permite la recogida de datos no solamente de carácter criminal, sino también migratorio, y eso preocupa, porque no sabemos el uso que se va a hacer de estos datos. Y no sabemos el alcance que puede tener todo esto”.

Verónica Barroso (AI): “Esta normativa viola el derecho al asilo y la Convención de Ginebra”

El nuevo reglamento también contempla un aumento importante del periodo de detención de las personas migrantes, que se podrá extender hasta los 24 meses, es decir, hasta los dos años, o incluso más allá, hasta los 30 meses. Por otro lado, la nueva normativa “amplía los supuestos en los que las solicitudes de asilo podrán examinarse mediante procedimientos especiales menos garantistas y con plazos reducidos”. Esto, según las organizaciones que han analizado el nuevo reglamento, pone en riesgo el análisis individualizado de los casos, por lo que se incrementan las posibilidades de detención. Eso a su vez “dificulta el acceso a información y asistencia jurídica, prolonga los tiempos de tramitación y favorece el uso de centros cerrados o de detención de facto”. Barroso es clara: “Esta normativa viola el derecho al asilo y la Convención de Ginebra; es decir, el derecho internacional, que establece que cada caso debe ser analizado de manera individual”, sostiene.

Las entidades de defensa de los derechos humanos también ponen la mirada en los y las menores; en la protección del derecho a la atención sanitaria —contemplado en el Reglamento 180/2026 por el cual debe garantizarse la cobertura sanitaria de las personas que llegan a través del Sistema Nacional de Salud (SNC), independientemente de la situación administrativa de las personas; y en la necesidad de establecer mecanismos de supervisión que garanticen procedimientos justos, transparentes y que respeten los derechos humanos.

¿Cómo será la implementación del PEMA?

Tal y como destaca Francesco Pasetti, investigador principal del CIDOB en materia de migraciones: “[el PEMA] reforma el conjunto de la gobernanza migratoria: desde el asilo, hasta los retornos; desde los mecanismos internos de solidaridad hasta las relaciones externas con países terceros”. El investigador observa que “si en el plano normativo el sistema aparece bien definido, su traducción operativa es, sin embargo, mucho menos clara”. Y argumenta dos razones: “la primera tiene que ver con los retrasos en la implementación por parte de los Estados miembros: los países que están dentro del plazo en términos de capacidades y herramientas siguen siendo una minoría; [...] la segunda tiene que ver con la escasa transparencia por parte de las instituciones europeas y de los propios Estados: a día de hoy, solo la mitad de los países ha hecho públicos sus planes y estrategias de implementación”. En Novact, así como en el resto de organizaciones preguntadas, preocupa que todas las personas que no sean susceptibles de pedir protección internacional sean expulsadas. “Lo que nos parece preocupante es no saber cómo será la aplicación práctica de todo esto”, señala Clara Calderó.

Se pide al Gobierno más transparencia y acceso a los protocolos, recursos e instrucciones concretas, además de garantías de protección de los derechos de las personas migrantes

En el caso del Estado español, las entidades se quejan de que no se ha facilitado una información precisa sobre las medidas concretas que se van a llevar a cabo para adaptar el PEMA al contexto nacional. Se pide al Gobierno más transparencia y acceso a los protocolos, recursos e instrucciones concretas, además de garantías de protección de los derechos de las personas migrantes, así como la investigación necesaria en caso de que se produzcan violaciones de los derechos humanos. Barroso se muestra cauta, porque “no sabemos la concreción de cómo se va a materializar en España todo esto; ni sabemos cómo se llevarán a cabo las detenciones. Nos han dicho que se llevará a la gente a los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE); y que luego serán derivados, con la mayor celeridad posible a los recursos adecuados”. A AI, como al resto de organizaciones, les inquieta que haya personas en situación de vulnerabilidad que necesiten una acogida o recursos diferentes que cubran sus necesidades específicas.

Respecto a los mecanismos de supervisión, la manera en cómo está redactado el PEMA deja abierto a la voluntad de los Estados qué forma tienen que tomar estos mecanismos o qué recursos o competencias tendrán. En el caso de España, el Gobierno ha decidido que sea el Defensor del Pueblo quien tenga este papel, algo que a Novact le genera algo de preocupación: “Vemos muchas limitaciones en esta institución como mecanismo de supervisión. Las recomendaciones que hace el Defensor del Pueblo de manera reiterada no han conllevado cambios, porque las recomendaciones no son obligatorias. Cuando sucedió el 24J y se produjo la masacre de Melilla, el Defensor del Pueblo dijo que había habido 470 devoluciones ilegales; pues bien, no ha habido ningún tipo de rendición de cuentas”, recuerda.

Centros en terceros países

Una de las disposiciones más polémicas de esta nueva directiva y sus asociadas es la creación de centros de deportación para personas migrantes fuera del territorio comunitario. Algunos países como Países Bajos, que se ubica en el ala dura contra las personsa migrantes, ya mira hacia Kazajistán o Uzbekistán. También se tiene la mirada puesta en una serie de países del continente africano, siguiendo la estela de Reino Unido con Ruanda. Así pues, se consolida el modelo Meloni de deportación. En 2024, la primera ministra italiana intentó deportar a varios migrantes que habían llegado a Italia hacia unos centros en Albania. En aquel momento, la jugada no le salió bien, porque la justicia italiana determinó que no se respetaban las leyes europeas. Meloni lo volvió a intentar en 2025 y ahora estos casos están en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que dictará sentencia en los próximos meses.

La construcción y uso de estos centros genera muchas dudas sobre qué sucederá dentro, y cuál será el trato hacia las personas migrantes

Sin embargo, ahora con la nueva normativa, esto será posible. El acuerdo con terceros países fuera del suelo comunitario la UE para aceptar a los repatriados se podrá llevar a cabo siempre y cuando la UE haya sido informada y hada dado el visto bueno. La construcción y uso de estos centros genera muchas dudas sobre qué sucederá dentro, y cuál será el trato hacia las personas migrantes.

Votación del Reglamento europeo de Retorno

El eje que vertebra el PEMA, sus disposiciones y su normativa asociada es la externalización de la migración hacia terceros países, tanto de tránsito como de origen. La implementación del nuevo PEMA viene acompañada por la votación el próximo miércoles 17 de junio del nuevo Reglamento europeo de Retorno en el pleno del Consejo de Europa, en Estrasburgo. Esta nueva normativa constituye una de la normas regulatorias clave del PEMA y, entre otras disposiciones, obliga a “los nacionales de terceros países con una decisión de retorno a cooperar con las autoridades y abandonar el territorio de la UE”; establece trámites más rápidos, amplía el uso de la detención e incorpora medidas punitivas y coercitivas para intensificar las deportaciones, entre otros. Si bien la infancia no acompañada queda exenta de estos mecanismos de retorno, sí se podrá retornar y deportar a menores y adolescentes en el marco de retornos de familias.

Magnus Brunner, uno de los principales valedores de esta normativa y comisario europeo de Interior y Migración, califica la medida como necesaria para “poner orden en Europa”

Si bien todas las organizaciones de derechos humanos insisten en señalar que constituye una violación flagrante de los derechos de las personas migrantes, desde la UE se asegura que “se establecen normas más estrictas para las personas que representan un riesgo para la seguridad” y se garantiza que estas nuevas normas respetan “plenamente, los derechos fundamentales y el derecho internacional, al tiempo que previenen los abusos y los movimientos no autorizados dentro de la UE”. Magnus Brunner, uno de los principales valedores de esta normativa y comisario europeo de Interior y Migración, califica la medida como necesaria para “poner orden en Europa”.

Este mes de junio, en un contexto en el que la extrema derecha marca la agenda no solo en Europa, sino también en el mundo, se culmina la transformación de la política migratoria europea. Se impone así un modelo ultra securitario que no prioriza, en ningún caso, la defensa de los derechos humanos. A pesar de ello, no hay que olvidar que Europa hace años que lleva a cabo pushbacks —devoluciones en caliente y fuera de la ley— y que paga a otros países, como Turquía, para contener el libre movimiento de las personas. En el caso de Turquía, cabe remontarse al año 2016, cuando se firmó el acuerdo migratorio con la UE. Por 6.000 millones de euros, Turquía se comprometía a “frenar” la llegada de, en aquel entonces, refugiados en su mayoría de origen sirio que huían de la guerra en su país. El de Turquía fue el primer acuerdo de tantos otros que vendrían después con países como Egipto, Mauritania, Túnez o Marruecos.

Con esta nueva normativa, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez serán considerados seguros para sus nacionales

Es en este Reglamento de Retorno donde se encuentra la lista de terceros países seguros y la lista de países de origen seguros, algo nuevo y que también está en el punto de mira de las organizaciones en defensa de los derechos humanos. Con esta nueva normativa, Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez serán considerados seguros para sus nacionales; los países candidatos a la adhesión también se considerarán a priori seguros.

Hay tres escenarios por los cuales se podrá aplicar el concepto de tercer país seguro con respecto a un solicitante y declarar su solicitud de asilo inadmisible. En primer lugar, en caso de que exista un vínculo entre el solicitante de asilo y el tercer país, como la presencia de miembros de su familia; el hecho de que haya estado previamente o el hecho de que tenga vínculos lingüísticos o culturales. En segundo lugar, se podrá enviar a esta persona a este tercer país si ha transitado por él de camino a la UE. Por último, el o la solicitante podrá ser deportado siempre y cuando haya un acuerdo con el tercer país a nivel bilateral, multilateral o de la UE para la admisión de solicitantes de asilo, como ya ocurre y desde 2016 con Turquía, por ejemplo. Verónica Barroso asegura que en las reuniones que ha AI tenido con el Ejecutivo español, se les ha trasladado que España sí va analizar los casos individualmente y no va a aplicar el listado de países seguros; “pero nos continúa preocupando”, a pesar de que el Gobierno parece ser que se ha comprometido a aplicar “máximas garantías”.

Se prevé que el Reglamento de Retorno, junto al PEMA, empiece a aplicarse de manera inmediata; y se ha dado un plazo de 12 meses a los Veintisiete para que adapten su legislación nacional a lo requerido por la nueva norma. A partir de ahora, no solo migrar hacia la Unión Europea será mucho más difícil y peligroso, sino también la protección de los derechos de las personas que lo hacen se verá (aún más) en entredicho.

Esta información ha sido realizada en colaboración con la ONGD Bayt al-Thaqafa y ha sido cofinanciada por la Unión Europea y por la ACCD‑Generalitat de Catalunya a través del programa Connect for Global Change de Lafede.cat. Sus contenidos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.