Memoria histórica
Cautela en las asociaciones de memoria ante el anuncio de 650.000 euros para exhumaciones en el Valle de los Caídos

Movimiento en el lento y complejo mundo de la recuperación de la memoria histórica en el Estado español. El Gobierno tiene previsto aprobar en el próximo Consejo de Ministros, según ha podido saber la Agencia EFE, una partida para exhumar e identificar a víctimas de la Guerra Civil en el Valle de los Caídos de 650.000 euros.

“Es una buena noticia desde el punto de vista de los familiares, porque por fin van a vivir algo por lo que llevan peleando años e incomprensiblemente se ha ido retrasando en el tiempo”, señala a El Salto Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Sin embargo, desde la asociación discrepan de la forma en la que se plantean las actuaciones. “No nos parece bien que sea mediante subvenciones a asociaciones u organismos y que no lo haga el Gobierno directamente. El Gobierno tiene personal en sus ministerios y en las administración pública entre los forenses de Justicia para hacer esto sin necesidad de subcontratarlo”, expone Silva. 

En los últimos años, medio centenar de familiares de combatientes y represaliados de la Guerra Civil han solicitado la exhumación de los restos de sus familiares. Es el caso de Mercedes Abril, de 88 años, cuyos padre Rafael Abril Avo fue asesinado el 23 de septiembre de 1936 por fuerzas fascistas. Sus restos, tras ser presumiblemente reinhumados en el Valle de los Caídos en 1959, están hoy entre los de 33.833 personas que yacen en las criptas del monumento erigido por el dictador Franciso Franco, según las cifras que maneja el Gobierno. El número podría ser mayor, según la fuente consultada, y, del listado oficial, casi la mitad no se conoce su identidad.

También podrían beneficiarse del movimiento gubernamental los descendientes de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás, que llevan nueve años peleando por recobrar los restos y podrían así ver sus deseos cumplidos si finalmente el proceso sale adelante. Ambos aragoneses fueron fusilados en Calatayud (Zaragoza) por tropas franquistas en 1936, enterrados en dicha ciudad maña pero reinhumados en el Valle de los Caídos en 1959.

Paso adelante con incógnitas

Las incógnitas sin embargo, son varias. Por un lado, el Ayuntamiento de El Escorial, gobernado por el PP, debe dar un permiso de obra para que comiencen los trabajos. “Es algo que nos parece lamentable, pero que ahora es un ayuntamiento el que tiene que obstaculizar, acelerar o decelerar ese proceso”, denuncia Silva. “Es algo que ya ocurrió con el traslado de los restos de Franco”, añade.

Otro posible retraso es el procedimiento administrativo que tendrán que llevar las exhumaciones, pero desde la ARMH se muestran cautos hasta conocer la letra pequeña del anuncio gubernamental. “No sabemos en qué condiciones hay que hacer eso, las posibles obras, si hay que tirar muros…”, indica. Además, critica el “techo” económico que impondrán los 650.000 euros. “Esto pasa cuando tú no consideras que esto es un derecho universal y le pones un techo. Es como si la policía dijera en septiembre que se le ha acabado el presupuesto para investigar crímenes y que en tres meses no podrá investigar nada. Así estás negando que eso sea un derecho”.

Falta de tacto

Silva denuncia que los familiares se hayan enterado por la prensa. “Nos parece un poco triste, porque en el fondo está representando un orden de prioridades en la aplicación de estas políticas”.

El presidente de la ARMH se muestra crítico además con el devenir de la nueva Ley de Memoria Democrática que sustituirá a la aprobada en 2017. “Esto demuestra que se pueden hacer políticas de memoria sin necesidad de una ley. Es un ejemplo más de que Pedro Sánchez lleva desde junio de 2018 en La Moncloa y todo se apostaba a la ley, pero han pasado seis meses y no sabemos dónde está”.

El 15 de septiembre del pasado año la vicepresidenta Carmen Calvo compareció en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros para presentar el texto de la nueva ley. “Dijo que en tres meses estaría en el Congreso”, ironiza Silva. quien remarca que “hay algo muy grave en esto, y es que que todas estas medidas utilizan el tiempo de los partidos y no el de los familiares. Se sincronizan con intereses políticos y no con la urgencia que tienen personas como Mercedes Abril, que lleva muchos años peleando por esto”.

Vida extra para la Ley de Memoria: “Si no hay voluntad política, no sirve de nada”

Juan Miguel Baquero

2

Memoria histórica

Vida extra para la Ley de Memoria: “Si no hay voluntad política, no sirve de nada”

Juan Miguel Baquero

2

El Gobierno lleva al Consejo de Ministros una nueva Ley de Memoria Democrática que sustituye al marco legal de 2007 y busca alcanzar los retos pendientes para reparar a las víctimas del franquismo.

Por último, una de las mayores críticas de fondo a la nueva ley desde las asociaciones de memoria histórica, íntimamente relacionada con las exhumaciones en Cuelgamuros, es que “el Gobierno no está creando una institución que atienda a las familias”, señala Silva. “En la ley el modelo es el de las subvenciones: las asociaciones que las ganen serán quienes atiendan a las familias”, remarca, recordando que la ARMH no se ha presentado a esas subvenciones por no compartir el modelo y apostando así por un modelo como el argentino, donde se creó una oficina gubernamental de asesoramiento a las familias y un banco de ADN estatal de víctimas de la dictadura.