Memoria histórica
El libro negro de la Villa y Corte: apuntes sobre una resolución municipal delirante

Dice Carlo M. Cipolla en Las leyes fundamentales de la estupidez humana que los individuos malvados se caracterizan por procurar el mal para los demás al tiempo que se garantizan el bien para sí mismos. Eso les diferencia de los incautos y de los estúpidos: los primeros, porque se hacen mal a sí mismos para beneficiar a otros; los segundos, porque socializan el mal propio convirtiéndolo en general.

El documento presentado el 30 de octubre de 2019 por el portavoz de Vox al pleno del Ayuntamiento de Madrid para la adopción de una resolución de condena de los crímenes de la izquierda —pues a esto se reduce, aunque lo plantee como una trasposición de la Resolución del Parlamento Europeo del 19 de septiembre pasado— excluye calificar a su autor como perteneciente a la categoría de los inteligentes, los que procuran el bien propio y el de los demás.

No lo es por la intención y mucho menos por el contenido, que no pasaría una evaluación positiva en cualquier institución académica que no fuera una mera expendeduría de títulos previo pago. Es meritorio, eso sí, condensar en tan poco espacio como dos folios semejante florilegio de lugares comunes del negacionismo y el revisionismo histórico. Francisco Javier Ortega Smith fusila —en la segunda acepción de la RAE— una colección de patrañas, lugares comunes, medias verdades y mentiras completas, marca de la casa, que sirven a sus propósitos de armar ruido mediático y modelar un maniqueo: el de la izquierda criminal y antiespañola. Un clásico revisitado.

Ortega Smith se asemeja al buhonero de las películas del Oeste que exhibe su mercancía, adobada con verbo simple, rudo y eficaz, ante un círculo de almas de cántaro proclives a dejarse engañar. No falta ni un frasco de crecepelo, ni un ungüento milagroso, ni una vajilla desportillada que el exboina verde deje de sacar del fondo de su carromato, aunque se le pille pronto el truco. Por ejemplo, en los fundamentos de su petición expone que el nazismo y el comunismo fueron ideologías criminales que ocasionaron, respectivamente, “seis y cien millones de muertos”. Nuestro hombre acredita con ello que leyó la portada del Libro Negro del Comunismo, de Stephan Courtois, pero no el contenido; y que minusvalora injustamente la capacidad letal de los amigos de sus amigos.

El libro negro fue un auténtico best seller allá por 1997, cuando comenzaba a asentarse la polvareda ocasionada por el derrumbe del muro de Berlín y el mundo parecía adentrarse en la era feliz del capitalismo global sin historia. Sus asertos, entre ellos el número áureo de los cien millones de muertos ocasionados por el comunismo, hicieron fortuna y se replicaron por doquier.

Sin embargo, el copyright de la cifra no le correspondía a Courtois: era de Alexander Solzhenitsin, que aventuró en ciento diez millones las víctimas del sistema soviético. En cosas de cifras, El libro negro… es un buen ejemplo de ese sistema de cómputo variable —“contabilidad macabra de comerciante al por mayor”, la denominó Daniel Bensaid— en el que los guarismos van disminuyendo según se va de las tapas del volumen a sus tripas, para no fatigar al motivado cliente pero desganado lector: cien millones de muertos en la faja promocional, ochenta y cinco millones en el cómputo global de los contribuyentes al volumen, quince millones para el propio Courtois que, interpelado por sus fuentes, confesó que lo suyo era una “apreciación personal”.

La mezcla de países, épocas y circunstancias, la amalgama de la guerra civil alimentada por la intervención exterior, las hambrunas, las bajas de la guerra mundial, la represión estaliniana, los crímenes del despotismo burocrático maoísta o del delirio khmer, concluye Bensaid, tienen “algo de cínico y de profundamente irrespetuoso hacia las propias víctimas”.

Según Ortega Smith, el nazismo solo fue responsable de la décima parte de los muertos estimados de la Segunda Guerra Mundial, estrictamente de aquellos que fueron víctimas del Holocausto. Ni uno más. Una rebaja imbatible. Resulta impropio de una posición de derecha dura que desprecia orgullosamente a las opciones cobardes parapetarse detrás de las víctimas de la Shoá tomadas a modo de rehenes para una argumentación tramposa. Como si los  millones de muertos ocasionados por el desencadenamiento de la guerra, la invasión de diez países, la alianza con Japón que extendió el conflicto a cuatro continentes y a los cinco océanos, el desplazamiento y la aniquilación de poblaciones enteras hubieran sido efectos de una ciclogénesis explosiva o de la mala suerte y no de la guerra de agresión y de los crímenes contra la Humanidad tipificados en Nuremberg.

El abogado Ortega Smith debería estar familiarizado con la jurisprudencia. Si, además, hubiera echado un vistazo a algo más que los subproductos de Arcadi Espada o Jiménez Losantos, sabría que exonerar al franquismo de su complicidad con el Eje es una apuesta arriesgada. Miguel de Muguiro, Ángel Sanz Briz, Sebastián Romero Radigales y otros diplomáticos llevaron a cabo su humanitaria labor de salvar judíos por convicción propia y muchas veces al margen de, o contra, las directivas de su departamento. Muguiro fue cesado por el ministro Lequerica cuando los alemanes y los colaboracionistas húngaros protestaron por su actuación y Sanz Briz escribió a quien le sucedió en la gestión de la embajada en Budapest: “No olvide usted que la decisión de meter gente en los locales de la legación fue de mi propia iniciativa, sin previo permiso de Madrid, y motivada por el terror que entonces reinaba en la capital húngara”.

Ortega Smith, que se refiere a la dictadura como “el gobierno español y sus funcionarios”, como si fuese un ente invariable, neutral e intemporal, haría bien en ser más prudente porque hay constancia documental de las consecuencias que la vinculación entre Franco y Hitler a través del Pacto de Acero tuvieron para los deportados españoles a los campos de exterminio, y los archivos, tanto los extranjeros como los españoles que se van abriendo con parsimonia, albergan las pruebas de la colaboración entre los agentes de la Brigada Social, los espías de la Segunda Bis, el Abwehr y la Gestapo y de sus barrabasadas en el sur de Francia y la frontera andorrana.

También las hay en los archivos del Banco de España acerca de los pagos a la División Azul, cuya conmemoración en el callejero madrileño sigue avergonzándonos ante una Europa donde no hay calles que celebren a la Legión Valona o a la Legión Francesa de Voluntarios contra el Bolchevismo.

Cuando llega el momento de adentrarse en el asunto del callejero madrileño, terreno abonado por la proverbial incuria del anterior equipo de gobierno, Ortega Smith nos muestra sin complejos su faceta de consumidor bulímico de baratijas adquiridas en los bazares de todo a 0,60 regentados por historietógrafos: Largo Caballero, Prieto y el “golpe de estado” de 1934; Carrillo y Paracuellos; las Brigadas Internacionales como divisiones de Stalin; Pablo Iglesias Posse incitando al atentado contra Maura... Se echan de menos clásicos del género como Pasionaria mordiendo la yugular de sacerdotes o la quema de conventos. No faltan las ensoñaciones húmedas con una Margarita Nelken mitad virago, mitad gorgona, ni el ilustre abogado pierde la ocasión de demostrar la calidad de su formación forense dando por buenos los cargos contra Marcos Ana tomados de la Causa General, hija de aquellos monstruos jurídicos que fueron la Ley de Responsabilidades Políticas y el Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, bases instituyentes de la justicia al revés —los sublevados acusando a otros de sublevación— y de la punición con efectos retroactivos.

Nadie crea, sin embargo, que el portavoz de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid es persona ajena a las novedades editoriales. Ahí está la referencia al último juguete: el supuesto fraude de las elecciones de febrero de 1936 y el uso de la presión en la calle para que el frentepopulismo consiguiera sus espurios fines, solo frustrados a medio plazo por la viril reacción de la media nación que se resistió a morir.

Explicar al portavoz de Vox, como han hecho Eduardo Sánchez Calleja y Francisco Sánchez Pérez, los entresijos que desmontan la tesis del pucherazo generalizado sería, sin duda, tiempo perdido: el caramelo de un estudio académico “no militante” que hace reverdecer las teorías de Tomás Borrás, Manuel Aznar o Eduardo Comín Colomer es demasiado apetecible como para desecharlo por un quítame allá esas fuentes.

La resolución de Vox rinde tributo al Instituto de Estudios Históricos del CEU San Pablo, dirigido con mano diestra —nunca mejor dicho— por Alfonso Bullón de Mendoza y Luis Eugenio Togores, hagiógrafos, respectivamente, de esos grandes referentes democráticos que fueron José Calvo Sotelo —el jefe político de la trama conspirativa contra la República, como ha demostrado Ángel Viñas— y el general Yagüe —el carnicero de Badajoz, cuyas andanzas glosó Francisco Espinosa—.

El Instituto perpetró una impagable serie sobre la Cruzada, Mitos al descubierto, emitida por Telemadrid bajo el esperanzato en 13 capítulos que, a buen seguro, Santiago Abascal seguiría en los descansos que le dejaba su extenuante trabajo al frente de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocino Social. También es responsable de Checas de Madrid, un exhaustivo escaneado del entramado urbano de sedes políticas y sindicales sobre las que la Causa General extendió aquella denominación genérica con una economía de medios conceptual muy propia, como decía esa Falange a la que Ortega Smith profesa admiración en sus escritos, del “recio laconismo de nuestro estilo”.

Hay que suponer que la vocación de servicio pregonada en la web de la institución —“es preciso ofrecer a la sociedad una visión completa y verdadera de la recuperación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil”— no se agotará con este proyecto.

Aquí van algunas sugerencias de continuidad: un geolocalizado y escrupuloso catálogo de centros de detención y tortura de los Servicios de Información de FET de las JONS, de colegios religiosos convertidos en cárceles, de sedes de tribunales de depuración, de cuartelillos de la Guardia Civil y de comisarías de la Brigada Político Social; o la colocación de placas informativas en la calle del Reloj, sede del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol y en el solar de la cárcel de Carabanchel. Por ideas, que no quede.

A pesar de todo lo expuesto, no todo va a ser disenso. No se puede sino estar de acuerdo con la invocación final del secretario general de Vox a la declaración de Naciones Unidas que proclama que los pueblos deben promover “mediante la enseñanza y la educación, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y asegurar su reconocimiento”.

Solo un prurito suspicaz podría llevarnos a desconfiar de que esta sea su verdadera intención, porque no cabe pedirle peras al olmo. El problema no es suyo: los fascistas siempre tenderán a obtener el máximo beneficio propio a costa del mal ajeno. Lo peor es que los sedicentes conservadores y liberales los normalicen, se apoyen en ellos para gobernar y compren su mercancía ideológica. Son estos los que se encuentran haciendo funambulismo en la disyuntiva de ocasionarse un mal solo a ellos mismos o a todos los demócratas en general. Es decir, sobre la sinuosa línea divisoria que separa a los incautos de los estúpidos. Para aclararse, deberían leer a Cipolla.