Memoria histórica
Madrid, ciudad que no recuerda

Podría decirse que hoy es un lugar que se relaciona con un sentimiento de alegría. Actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, el reloj de su torre es el que aparece en millones de televisiones para dar las campanada de año nuevo. La Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, centro por antonomasia de la ciudad y construida a mitad del siglo XVIII, es un lugar cargado de historia, pero no todo lo que pasó aquí se reconoce, ni se recuerda, como en teoría debería hacerse en una democracia europea del siglo XXI.

“Por supuesto, no hay ninguna placa. Ninguna”. Alicia Torija, historiadora y vicepresidenta de Madrid Ciudadanía y Patrimonio, organización que busca salvaguardar y poner en valor el acervo de la Comunidad, enfatiza la frase junto a la puerta trasera del edificio que albergó la Dirección General de Seguridad (DGS), pieza clave de la represión franquista y casa de la temida Brigada Político-Social. En realidad sí hay placas: una de 1908, en homenaje a los hechos del 2 de mayo de 1808 durante la Guerra de la Independencia, y otra de 2004, en recuerdo a las víctimas de los atentados islamistas del 11 de marzo de aquel año. Pero nada sobre cuatro décadas de torturas y represión política en sus sótanos.

Pablo Mayoral: “Después de estar ocho días sometido a tremendas palizas [en la DGS], estar sin torturadores la verdad es que fue un momento tranquilo”

“Las torturas eran alucinantes: golpes en las plantas de los pies, les hacían ponerse los abrigos para que los golpes en el cuerpo no dejasen huella, les dejaban sin beber agua muchísimo tiempo...”. Torija recuerda, además, que “aquí se llegó a asesinar, algunos de los muertos tienen en su declaración [de fallecimiento]: ‘Se ha tirado por una ventana’”.

En 2016 hubo un intento oficial de colocar una placa en recuerdo de quienes lucharon contra la dictadura. Fue en la Asamblea de Madrid, a propuesta de Podemos. Tal como señala la historiadora, “se hizo una enmienda transaccional, pactada con el PSOE, de la que salió una propuesta muy bonita para musealizar una sala de tortura”.

Es algo que se ha hecho en otros lugares similares: la cárcel de Robben Island, en Sudáfrica, donde estuvo preso Nelson Mandela, o los Sitios de la Memoria argentinos, la red de centros clandestinos de detención de la dictadura que fueron señalizados y musealizados. Pero no pudo ser. PP y Ciudadanos votaron en contra y, 43 años después de la muerte del dictador, sigue sin haber nada que recuerde aquellas atrocidades en Sol.

Horror en los sótanos

“El recuerdo es bastante duro”, relata Pablo Mayoral, quien en 1975 pasó por los sótanos de la DGS. En aquel entonces era jefe de propaganda del Partido Comunista de España (Marxista-Leninista) y fue detenido, acusado de asesinar a un policía, algo que niega. Un consejo de guerra sumarísimo le condenó a muerte, aunque su pena fue conmutada por 30 años. Salió del sistema penitenciario español en 1977, con la última amnistía.

Alicia Torija: “La dictadura se cuidó mucho de ejercitar esa contramemoria, de anular lo que había hecho la República”

“Hay dos lugares que considero que habría sido importante plantear como espacios de memoria: uno es la DGS y otro es este, la cárcel de Carabanchel”. Frente al único homenaje que hay en el no lugar que hoy ocupa el solar donde estuvo el penal —una réplica en miniatura de la cárcel hecha con cemento y ladrillos colocada por organizaciones vecinales— Mayoral relata una paradoja: “El primer recuerdo que tengo de Carabanchel es de placidez”. El motivo: “Después de estar ocho días sometido a tremendas palizas [en la DGS], estar sin torturadores la verdad es que fue un momento tranquilo”. Por supuesto, aquello duró poco. “Estuve 40 días aislado en las celdas bajas, una tortura que no recomiendo a nadie”.

Precisamente esas celdas bajo tierra, o sus restos, son de lo poco que queda —junto a una de las puertas y el edificio que hoy alberga otra penitenciaría, el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche— de la antigua Prisión Provincial de Madrid. Años de movimiento vecinal para conservar parte de la misma con el fin de convertirla en un lugar de recuperación de la memoria histórica, además de zona dotacional para un barrio que siempre tuvo déficit de este tipo de equipamientos, terminaron sin éxito con su derribo el 23 de octubre de 2008, fruto de un convenio entre el Gobierno de Zapatero y el Ayuntamiento de Madrid de Alberto Ruiz-Gallardón. No cuajó ni la propuesta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de convertirlo en un centro para la memoria.

“Supuso un atentado contra el patrimonio de nuestro país y, en particular, de la ciudad de Madrid”, denuncia Luis Suárez-Carreño, del colectivo de presos del franquismo La Comuna, quien también pasó por el penal por pertenecer a la Liga Comunista Revolucionaria y fue torturado por los agentes de la DGS, entre otros por José Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, a quien Luis denunció por delitos de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad en la llamada Querella argentina contra los crímenes del franquismo.

Luis Suárez-Carreño: “Madrid es una anomalía, una situación absolutamente insólita de absoluta desproporción entre la importancia de nuestra memoria reciente y la minimización, o ninguneo, de la memoria”

“Debería haber sido un lugar de memoria, de homenaje y de tributo a la resistencia frente a esta represión en la que Carabanchel jugaba un papel tan emblemático”, remarca. Hoy, solo la maqueta de la cárcel y una periódicamente vandalizada placa, también colocada por las asociaciones vecinales en el solar, al igual que los restos del mural instalado en la valla que reclamaba el centro de memoria, son los únicos elementos que recuerdan una cárcel provincial por la que pasaron miles de presos políticos y que fue epicentro de la lucha de otros colectivos perseguidos por el régimen, como fue la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha (Copel). Reconocimiento oficial, ninguno.

La huella del trabajo esclavo

El penal de Carabanchel, finalizado en 1944, se construye con el trabajo forzado de un millar de presos políticos. Tal como cuenta Torijas, “se constituyó toda una organización de trabajos forzados dependiente del régimen —el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo—, una de las cosas más absolutamente dramáticas que buena parte de la sociedad española aún desconoce”.

Se calcula que más de 200.000 presos realizaron estas tareas entre 1938 y los años 70 en España. Son conocidos casos como el de la construcción del Valle de los Caídos, en Cuelgamuros, pero no tanto algunos lugares cotidianos de la vida madrileña. “El barrio del Pilar se empieza a construir con trabajo esclavo, y el nombre de Pilar no es casual: no es la virgen del Pilar, sino Pilar Primo de Rivera”, relata la historiadora. También la estación de Chamartín, edificio promovido por el que fue conocido como ‘el promotor inmobiliario del régimen’, José Banús, se comenzó a edificar con trabajos de redención de penas y mano de obra esclava, al igual que una de las primeras vías ferroviarias que construye el régimen, la línea Madrid-Burgos, que contó incluso con campamentos y penales en su recorrido, como el de Bustarviejo, aún hoy en pie.

Otro ejemplo del uso de este tipo de mano de obra en la ciudad, que tampoco cuenta con ningún reconocimiento ni señalización, es el antiguo Convento y Escuelas Pías de San Antón, reconstruidos tras la guerra. En el mismo solar donde se encontraba —hoy solo queda la fachada de las Escuelas—, se levanta hoy la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, en la calle Hortaleza. “Es también un no lugar, porque no hay nada que evidencie lo que pasó allí”, denuncia Torija.

reeducar mujeres ‘caídas’

Tampoco encontraremos ninguna información en la plaza del Marqués de de Salamanca, donde estuviera la Junta Nacional del Patronato de Protección de la Mujer, organización vinculada a la Obra de Redención de Mujeres Caídas. “¿Quién puede esperar encontrar allí una placa, el más mínimo indicio, de que aquí ha sucedido algo tan terrible?”, apunta con sorna la historiadora.

Se trata de dos instituciones ligadas a la represión de la prostitución, herederas del Real Patronato para la Trata de Blancas suprimido por la República, pero cuyos brazos se ampliaron a mujeres ‘caídas o en riesgo de caer’. Franco recuperó y reformuló esta figura en 1941, bajo la presidencia de honor de su esposa, Carmen Polo, y con la connivencia de varias órdenes religiosas.

“Las cosas que se hacen en este Patronato ponen los pelos de punta”, explica Torija. “Las mujeres entran en estos centros, que funcionan como una auténtica gestapo, donde pretenden reformarlas y reeducarlas”. Era un lugar donde las menores de edad podían llegar a través de redadas policiales en prostíbulos, tras ser detenidas por ‘conducta inmoral’, por denuncias de vecinos y familiares o, simplemente, porque sus parientes no querían hacerse cargo de ellas. “Hay testimonios que cuentan cómo las chicas eran secuestradas incluso por sus propias familias sin saber muy bien dónde las habían traído”, añade. 

Luis Suárez-Carreño: “Hay una relación directa entre la forma en que transmitimos y valoramos nuestra memoria y la forma en que valoramos nuestras convicciones democráticas”

Estas instituciones crearon una red de reformatorios y maternidades —“absolutamente vinculadas al robo de niños”, enfatiza Torija— por todo el Estado. Hoy no queda rastro de todo aquello en la antigua sede central, pero una de las órdenes religiosas que gestionó esta organización, la congregación de las Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, fue galardonada en 2015 con el Premio a los Derechos Humanos Rey de España, concedido por la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo.

Madrid como anomalía

No son los únicos lugares que deberían tener un reconocimiento en Madrid. Además de los nombrados, el Instituto 25 de Mayo para la Democracia y el Área de Memoria de Podemos proponen otros espacios en su ruta Memoria de Lucha Democrática, un recorrido en el que participaron tanto Torija como Suárez-Carreño y Montoya el pasado 17 de noviembre.

Es el caso del cuartel del Servicio de Información y Policía Militar en la calle Almagro,36, predecesor de la DGS como centro de detención y tortura; el Tribunal de Orden Público, que se encontraba en el Palacio de Justicia del Convento de las Salesas, hoy sede del Tribunal Supremo; el café de la Mezquita, lugar de encuentro de estudiantes antifranquistas; o el mercado de Olavide, derribado por el franquismo por ser lugar sospechoso de anticasticismo para dar una lección a un barrio que se consideraba ‘afrancesado’.

La lista, por supuesto, es mucho más amplia. El hotel Ritz podría albergar una placa en recuerdo a Buenaventura Durruti, ya que allí falleció el anarcosindicalista, o las sedes de ateneos y sindicatos históricos podrían estar señalizadas. El Comisionado de la Memoria de Madrid, disuelto motu proprio el pasado junio —tras una serie de desencuentros con el Gobierno de Manuela Carmena, el último precisamente a raíz del memorial que se instalará en el Cementerio del Este, hoy de la Almudena, en recuerdo de las 3.000 personas que fueron fusiladas allí entre 1939 y 1944—, propuso un Mapa de la Memoria con quince ubicaciones iniciales. Las cárceles de Porlier, Ventas, Yeserías o La Modelo; el Arco de la Victoria o el Cementerio de Fuencarral, están entre ellas.

Sin embargo, vistos los públicos desencuentros entre un Comisionado de la Memoria que ha durado apenas dos años y el equipo de Manuela Carmena, parece difícil que esta ciudad recuerde.

“Hay una relación directa entre la forma en que transmitimos y valoramos nuestra memoria y la forma en que valoramos nuestras convicciones democráticas —indica Suárez-Carreño—, y en ese sentido Madrid es una anomalía, una situación absolutamente insólita de absoluta desproporción entre la importancia de nuestra memoria reciente y la minimización, o ninguneo, de la memoria en términos de lugares, sitios, centros y de didáctica respecto a estos hechos”. Y añade: “Es increíble que todavía no tenga un memorial donde se cuente la historia reciente de la ciudad, de ciudad mártir que fue bombardeada, asediada, de represión, donde muchos miles de personas fueron asesinadas defendiendo los derechos humanos y las libertades”.

“La dictadura se cuidó mucho de ejercitar esa contramemoria, de anular lo que había hecho la República y esta es una memoria que también tenemos que reivindicar”, continúa por su parte la historiadora. “Todo esto está denunciadísimo, desde Pablo de Greiff —anterior Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición— hasta el actual relator —Fabián Salvioli—, todos señalan que hay que hacer precisamente eso: vi-si-bi-li-zar. ¿Quién lo va a hacer? No lo sé”.