Memoria histórica
Llaman a declarar a un policía acusado de torturas durante el franquismo

Carlos Serrano Suárez fue detenido dos veces y derivado a la Dirección General de Seguridad (DGS) de Madrid, lugar donde la Brigada Político Social se encargaba de las torturas. La primera vez era menor de edad. Serrano era militante de una organización política y estudiante de Económicas. Su delito fue oponerse al régimen. Era 1975 y faltaban días para que muriera Franco. Han tenido que pasar más de cincuenta años para conseguir el primer paso hacia su reparación como víctima del franquismo.

El juez Carlos Peinado, de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid número 41, le ha citado a declarar el próximo 22 de junio. A él y a uno de los antiguos miembros de la brigada a los que acusa de torturas, el policía Agustín Costo Martínez. En la denuncia se refirió a cuatro agentes, uno ya muerto, y el juzgado ha pedido a la Policía Nacional que suministre más información sobre los otros dos.

Un colectivo de víctimas del franquismo ha presentado querellas por los crímenes sufridos durante la dictadura. Esta sería la segunda vez que se cita a un policía

Un colectivo de víctimas del franquismo, agrupados en CEAQUA, presentaron querellas por los crímenes sufridos durante la dictadura. Esta sería la segunda vez que se cita a un policía, tal y como explica el abogado Jacinto Lara. 

Lara cuenta que, en este caso, llevaban un año esperando desde que fuera admitida a trámite. “La decisión es positiva por dos cuestiones: por el hecho de que se cite a querellante y querellado y porque la Fiscalía ha impulsado la práctica”, relata a El Salto. Con la nueva Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, se creó una Fiscalía especializada en este ámbito. Fiscalía que ya ha comenzado a andar, como demuestran acciones como esta. 

Esta es la cara. Pero también hay una cruz por lo que Lara pide prudencia. “Ha pasado más de un año desde que se admitió a trámite, estamos todavía en una fase muy inicial. Habrá que estar a la expectativa después de la toma de declaraciones, si es que se producen. Habrá que ver si el citado recurre. Puede ser que no se produzca la citación finalmente, como han hecho con Martín Villa en el caso de Teófilo del Valle”, explica el letrado.

Cuatro casos en activo

Y es que no sería la primera vez que el proceso se frena. Según los datos de CEAQUA, desde 2024 se han presentado más de 150 querellas en el Estado español contra los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la transición. Desde la entrada en vigor de la nueva ley, se han presentado 25 querellas criminales de las cuales solo cuatro han sido admitidas a trámite.

Desde la entrada en vigor de la nueva ley, se han presentado 25 querellas criminales por crímenes en el franquismo de las cuales solo cuatro han sido admitidas a trámite

La primera en admitirse fue la querella presentada por Julio Pacheco, también por torturas en la DGS. Pacheco fue citado a declarar como demandante, junto a su compañera Rosa García como testigo. Esta fue finalmente archivada sin llegar a citar a los policías acusados de torturadores, uno de ellos Villarejo. En el archivo, el tribunal se aferra a un auto del Tribunal Constitucional en relación a otra querella, la de Francisco Venturada Losada, quien denunciaba torturas en 1974.

“El Constitucional dictó un auto en 2024 donde vuelve a repetir que estos delitos no son objeto de investigación como crímenes de lesa humanidad”, explica Lara. Este es el muro al que suelen enfrentarse estos procedimientos. Y este es el muro que amenaza a las otras tres querellas activas. 

Tras la de Pacheco, en junio de 2025 se admitió a trámite la querella de Manuel Reboirás, detenido y torturado en dos ocasiones en Vigo. En la actualidad, se encuentran a la espera del tribunal que admitió a trámite la querella, el de Padrón. 

En noviembre de 2025, la justicia española llamaba por primera vez a declarar a dos miembros de la dictadura: el que fuera ministro de Interior Rodolfo Martín Villa, así como al policía Daniel Aroca, por el asesinato de Teófilo del Valle en Elda, la primera víctima de la transición. Estas declaraciones han sido suspendidas hasta en dos ocasiones y las víctimas se encuentran a la espera de una nueva fecha.

Por último, en 2026 Carolina Martínez, nieta del concejal socialista represaliado José Manuel Murcia Martínez, asesinado y víctima de desaparición forzosa, declaró en los juzgados de Paterna (Valencia).

“Se pueden dar diferentes escenarios, esperemos que se puedan celebrar las citaciones. A día de hoy todavía no se ha materializado ninguna declaración de acusados por crímenes del franquismo”, concluye Lara.