Infancia migrante
El Pacto Migratorio Europeo que avala la detención de niños y niñas

El pasado miércoles Salvamento Marítimo rescataba un cayuco frente a las costas de Gran Canaria. Dentro de él dos niños habían fallecido a causa del frío. Ese mismo día, representantes del Consejo Europeo, la Comisión y el Europarlamento, posaban sonrientes tras firmar el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) bajo la presidencia española. Un acuerdo, que ahora deberán ratificar los 27 y los eurodiputados, que comenzó a fraguarse en 2020. Desde el minuto uno, organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes llamaban a que fuera una oportunidad para la construcción de vías migratorias seguras que evitaran que ninguna persona se dejara su vida en el Mediterráneo. También para reforzar la protección de la infancia que emprende el trayecto. Lo firmado se sitúa en las antípodas de esta visión y, entre otras cosas, habilita la detención de niños y niñas.

Días antes de su firma, una coalición de 50 ONG enviaban una carta en la que avisaban: Si el pacto se firmaba tal y como estaba redactado “normalizará el uso arbitrario de la detención de inmigrantes, incluso para niños y familias, aumentará la discriminación racial, utilizará procedimientos de “crisis” para permitir devoluciones y devolverá a las personas a los llamados “terceros países seguros” donde se encuentran en riesgo de sufrir violencia, tortura y encarcelamiento arbitrario”. Y así se firmó.

Las posibles detenciones de niños y niñas, que tienen que ver con el cambio en las políticas de asilo, han sufrido una serie de vaivenes a lo largo de las negociaciones. En un principio, estas retenciones para permanecer en lo que llaman “ficción legal de la no entrada” para someterles a controles biométricos y poder ser devueltos a lo que, eufemísticamente tildan de “terceros países seguros”, estaba pensado para mayores de 12 años. Ya entonces, entidades como Red Acoge avisaban: “La infancia no está exenta del procedimiento en frontera y por lo tanto de la detención inicial y se crea un concepto ficticio de minoría de edad entre las personas mayores y menores de 12 años: un niño y una niña son un niño o una niña hasta los 18 años”. Finalmente, el acuerdo alcanzado no determina una edad mínima para la detención y posibilita que niños y niñas sean detenidas junto a sus familias así como menores no acompañados; estos últimos en caso de representar “un riesgo”.

El acuerdo alcanzado posibilita que niños y niñas sean detenidas junto a sus familias así como menores no acompañados; en caso de representar “un riesgo”

“El pacto está destinado a proteger las fronteras y no a la protección de las personas migrantes”, expresa a El Salto Jennifer Zuppiroli, experta en migraciones de Save The Children. Esta entidad ha querido enfatizar en el impacto del nuevo acuerdo sobre la infancia, en línea contraria a lo que era esperable. “Nosotros estamos profundamente decepcionados, tantos años de negociación podrían haber servido para aumentar los estándares de protección, en vez de presentar una línea tan baja de protección a la infancia”, expresa Zuppiroli.

“La detención en el caso de los niños conlleva la convivencia con personas adultas de cualquier edad que no conocen en un entorno inseguro”

Esta experta divide las partes más lesivas en cuatro puntos. El primero, y ya mencionado, tiene que ver con el uso de procedimientos fronterizos que contemplan la detención inicial cuando llegan a Europa. “La detención en el caso de los niños conlleva la convivencia con personas adultas de cualquier edad que no conocen en un entorno inseguro. Y además no acceden a la escuela, a la salud, al esparcimiento normal necesario para su bienestar”, añade la portavoz de Save The Children.

A ello se añade la ausencia de mecanismos de solidaridad entre los estados miembros, que podrán optar al pago de 20.000 euros por cada persona rechazada, lo que provocará una saturación de los centros de detención, concentrados en los principales países receptores como España, Grecia y Chipre, y las condiciones de acogida serán muy preocupantes, advierte esta experta. 

Durante el primer semestre de 2023 más de 18.000 niños y niñas migrantes han llegado sin sus progenitores

Por otro lado y en pro de “agilizar” los trámites de asilo, el pacto acorta los plazos para el estudio de cada caso que deberá estar resuelto en un plazo de seis meses. “Se tomarán decisiones apresuradas que no cuenten con el tiempo que necesiten para recopilar información caso por caso y que cada menor obtenga la protección que necesite“, traslada la portavoz de Save The Children. Por último, habla de una “brecha de familia” ya que el pacto no facilita que los menores no acompañados puedan ser reagrupados con parientes o con sus hermanos.

Infancia que llega sin sus progenitores

Según los datos de Unicef, unas 129.495 personas migrantes han llegado a Grecia, Italia, Bulgaria y Serbia y Bosnia Herzegovina por tierra y mar en el primer semestre de 2023, procedentes de países como Siria, Afganistán, Pakistán o el norte de África. De estas, 34.362 son niños y niñas. Esta cifra supone un incremento del 81% respecto del mismo periodo de 2022, causado por razones como los conflictos, la inestabilidad en los países de origen, el impacto del cambio climático o la inseguridad alimentaria. Más de 18.000 niños y niñas migrantes han llegado sin sus progenitores.

Por ello, y antes de que se firmara el pacto, Red Acoge consideraba que este podría servir para introducir garantías de procedimiento adecuadas para la infancia no acompañada: mejoras en la determinación de la edad, más tutores o tutoras, información amigable para la infancia, mecanismo específico de reparto de responsabilidades o superación del criterio de Dublín, que impide que los niños y niñas puedan solicitar asilo en un país diferente al de llegada y, por tanto, no pueden reagruparse con familiares que se encuentren en otros países.

En Grecia los niños son detenidos cuando llegan al país, en los Balcanes también. En España la infancia no acompañada puede estar un máximo de 24 horas en lugares de detención denominados Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) y luego son derivados a los sistemas de protección a la infancia.

En el año 2020 en Andalucía, se registraron 1.379 menores extranjeros no acompañados acogidos en centros de protección, mientras que únicamente 41 fueron acogidos en familias

Estos sistemas de protección, en manos de las Comunidades Autónomas, no están faltos de polémica. Según el informe realizado por Por Causa La acogida de Menores Migrantes en España en 2021, cada comunidad establece sus propios criterios y pone a disposición diferentes recursos. Además, entran en tensión las leyes de protección a la infancia con las leyes de extranjería. Las primeras se rigen por el interés superior del niño, según el cual el acogimiento familiar tendría que ser el modelo prioritario de tutela. Sin embargo, en España, las cifras de este tipo de acogida son mínimas, y prevalece en la mayoría de los casos el internamiento en centros de menores. En informe pone un ejemplo: en el año 2020 en Andalucía se registraron 1.379 menores extranjeros no acompañados acogidos en centros de protección, mientras que únicamente 41 fueron acogidos en familias. 

Un sistema de acogida “que hace aguas”

Valeria Mastroianni, integrante de Regularización Ya y de la Red Canaria por el derecho de los migrantes explica que el sistema de acogida actual “hace aguas” por todos lados. Primero, nada más llegar, donde los reconocimientos óseos para determinar la edad “tardan mucho” y hace que esperen todos hacinados. Luego, cuando llegan a los sistemas de acogida gestionados por ONG. “Hay muy poco control de cómo se les están tratando. Hay muchos jóvenes por la calle porque se salen de los recursos por un trato racista, desigual. A veces no hay hay ni traductores”, expresa esta activista.

Hoy en España, los menores acogidos en centros cuando cumplen 18 quedan en un limbo, muchas veces no se llega a tramitar su asilo, denuncian desde Regularización Ya

Luego, explica Mastroianni, cuando llega el tránsito a la vida adulta y cumplen 18 años “quedan en un limbo, muchas veces no se llega a tramitar su asilo. Quedan sin regularizar, no salen todos con papeles de los centros. Te acogí, te integré pero luego no te doy la ciudadanía”.

Para la integrante de Regularización Ya, con este pacto se ha perdido una gran oportunidad que cambia centros de acogida por cárceles. “Este pacto viene a reforzar lo que ya funcionaba mal, no viene a proponer soluciones. La inclusión de personas se quedó en el más allá. Un sistema basado en detención está condenado al fracaso, se perdió la oportunidad de repartir las responsabilidades. Nosotros somos responsables del saqueo de los países del sur, que no se nos olvide”, concluye.