Migración
Detenciones, deportaciones y externalización: las tres patas de un Pacto Migratorio controvertido

Después de dos semanas de intensas negociaciones a tres partes entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, la presidencia española de la Unión Europea celebraba la mañana del 20 de diciembre el acuerdo final alcanzado el día anterior sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA).  Con este consenso, la presidencia cumple finalmente su objetivo de cerrar este controvertido expediente antes de dar el relevo a Bélgica, que ostentará la presidencia de turno del Consejo europeo desde enero.

“La presidencia española de la Unión Europea cumple. El consejo de Europa y el Parlamento Europeo dan un paso adelante en la reforma para la mejora del sistema de migración y asilo de la UE”, era el mensaje compartido en las redes sociales para celebrar el hito. Una celebración no compartida por las organizaciones de derechos humanos, que llevan desde septiembre de 2020, cuando la Comisión Europea presentó por primera vez la propuesta del nuevo pacto, alertando de la deriva que supone el acuerdo, al que acusan de profundizar en la securitización de las políticas de migración, normalizar la deportación, ampliar el margen para la detención de las personas y ahondar en las prácticas de externalización a terceros países que tan dañinas se han mostrado en materia de derechos humanos. Un Pacto que, en definitiva, según denunciaba CEAR horas después de que se hiciera público el acuerdo, “en la práctica supone imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional”. Como, “mucho peor” a las políticas existentes, calificaba también Oxfam Intermón el Acuerdo, lamentando que “la Unión Europea ha perdido la oportunidad de pactar mejores normas que garanticen que hay solidaridad y un reparto de responsabilidades entre países europeos”. 

La @eu2023es cumple.@EUCouncil y @Europarl_ES dan un paso adelante en la reforma para la mejora del sistema de migración y asilo de la UE.

Se ha alcanzado un acuerdo político en los cinco expedientes del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE.#EU2023ES pic.twitter.com/ATTz4vg5KE

— Presidencia española del Consejo de la UE (@eu2023es) December 20, 2023

La consternación ante un Pacto de migración y asilo final que implica aún más problemas de los esperados ha alcanzado a Europa. Hasta 57 organizaciones, que además de Oxfam incluyen a Amnistía internacional, ActionAid y Save the Children, escribían el pasado lunes una carta abierta dirigida a los europarlamentarios, pidiéndoles que introdujeran garantías de respeto a los derechos humanos, dado el preocupante cariz que estaban tomando las negociaciones en las últimas semanas.

La Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados(PICUM), que aglutina a entidades de derechos humanos a lo ancho del continente explicaba que, el proyecto, tal y como ha sido aprobado finalmente: “normalizará el uso arbitrario de la detención de migrantes, incluyendo a niños y sus familias, incrementará el perfilamiento racial, usará los procedimientos de ‘crisis’ para permitir devoluciones en frontera y retornar a las personas a los llamados ‘terceros países seguros’ donde se exponen al riesgo de tortura, violencia y encarcelamiento arbitrario”.

“El resultado es la propuesta de la Comisión Europea de 2020, empeorada por las enmiendas del Consejo. Es un golpe devastador al derecho a solicitar asilo en la UE”

En un comunicado publicado poco después de la aprobación del pacto, una de las organizaciones firmantes de la mencionada carta, Border Violence Monitoring Network (BVMN), lamentaba que los esfuerzos realizados por las organizaciones no hubiesen dado sus frutos, y mostraba su pesar porque el Parlamento Europeo no haya podido poner freno a los aspectos más problemáticos de la agenda del Consejo Europeo y la Comisión: “El resultado es la propuesta de la Comisión de 2020, empeorada por las enmiendas del Consejo. Es un golpe devastador al derecho a solicitar asilo en la UE”, afirman.

Las negociaciones pendientes para las que se ha encontrado un pacto político tienen que ver con la normativa de control en frontera, que permitirá  hasta siete días de detención de facto de las personas en movimiento que lleguen a la frontera, con el fin de derivarlas hacia un procedimiento regular, o uno acelerado. Si bien BVMN reconoce que se han conseguido algunas garantías claves a propuesta del Parlamento, como que los informes médicos y de vulnerabilidad deberán ser realizados por personal médico cualificado, no se habría logrado que los solicitantes de asilo y migrantes obtuvieran una copia del informe de este control —algo que les permitiría poder recurrir en caso de haber información errónea en un documento en base al cual se decide qué tipo de procedimiento les afectará. El acuerdo formula que los solicitantes podrán tener “acceso” a la información, un lenguaje ambiguo, denuncia BVMN, que no garantiza el derecho a esta información y puede avalar arbitrariedades en función del estado.

A la espera de contar con el texto definitivo, las distintas organizaciones alertan de que se mantendrá la “ficción legal de la no entrada”, es decir, estar en un centro de recepción no será considerado estar en territorio europeo legalmente, lo que implica una detención de facto mientras se realiza el procedimiento.  Lamentan además el fracaso del Parlamento en sus intentos de introducir garantías para la fiscalización del control de frontera, donde la participación de organizaciones no gubernamentales en los mecanismos de seguimiento no será obligatoria.

Uno de los capítulos más polémicos del Pacto tiene que ver con la normativa en los procedimientos de asilo, tras el proceso de control, que divide a la gente en procesos normales y procesos acelerados de frontera. Este último da un plazo de 12 semanas durante los cuales las personas podrán ser devueltas a los llamados “terceros países seguros”, o trasladados en campos de detención de los países miembros para ser devueltos a sus países de origen. Aunque inicialmente Comisión y Parlamento dejaban a las familias con niños y niñas menores de 12 años fuera de esta posibilidad, la disposición final ha acabado con el mínimo de edad. También los menores no acompañados podrían ser devueltos o detenidos en caso de “representar un riesgo”.

“Este Pacto da el pistoletazo de salida a un sistema que probablemente concentrará a miles de personas —incluidos niños— en detención de facto en las fronteras exteriores de la UE. Esto no sólo no resolverá las deficiencias del sistema actual, sino que aumentará exponencialmente el sufrimiento de las personas y los obstáculos a los que tienen que enfrentarse para alcanzar protección”, explicaba Alberto Ares, Director Regional del Servicio Jesuita a Refugiados Europa (JRS Europa), una de las organizaciones firmantes de la carta abierta.

Otra cuestión de gravedad es que no se prevé asistencia letrada en el procedimiento de frontera, quedando relegada la presencia de abogados al acompañamiento en las fases administrativas del procedimiento. Por otro lado, los recursos no serán suficientes para suspender las decisiones tomadas durante el procedimiento de asilo. Además, se habilitará una lista de terceros países seguros. BVMN advierte de que por ahora, solo 6 de 27 estados miembros usan esta categoría, que quedará normalizada con el pacto. Las solicitudes serán de hecho inadmisibles si el solicitante tiene alguna relación con un “tercer país seguro”. 

La normativa de la gestión de migración y asilo, determinará qué estado tiene que hacerse cargo de los expedientes de asilo, abordando la cuestión de la solidaridad dentro de la Unión Europea, uno de los puntos claves que se vienen debatiendo estos años. En lugar de superar los problemas planteados por el sistema de Dublín —que ponía la responsabilidad de gestionar el asilo en el primer país de entrada de la persona migrante— la organizaciones lamentan que se mantiene este principio, siendo en la mayoría de los casos los países de llegada los responsables y extendiendo además el tiempo que tienen el resto de los países para devolver a solicitantes de asilo a este primer país, agilizando este procedimiento, y sin necesitar del acuerdo del país receptor. Este tipo de devoluciones afectarán también a niños y niñas. 

Así, respecto a la llamada “solidaridad”,  se prevén tres formas de redistribuir la responsabilidad entre los estados miembros: la relocalización de personas migrantes, la compensación económica a los estados miembros considerados “primera línea” fronteriza, o la financiación de los llamados “terceros países seguros”. El mantenimiento de este último concepto “significa que los solicitantes de asilo podrían ser enviados a países como Túnez, aunque el gobierno haya apoyado expulsiones violentas y colectivas de migrantes subsaharianos a Libia y Argelia”, lamentaba a este respecto Sara Prestianini, de la organización Euromed Rights.

Por otro lado, los hermanos no serán tenidos en cuenta como familiares, lo que limita la reagrupación familiar. El Consejo además rechazó una propuesta por la cual los menores podrían reunirse con otros miembros de la familia residentes legales. Esta posibilidad existirá solamente cuando dichos familiares hayan obtenido protección internacional, sean residentes indefinidos, o estén nacionalizados.

Otro de los capítulos más polémicos del pacto es el que tiene que ver con Eurodac, que permite el registro de datos biométricos incluyendo reconocimiento facial para cualquier persona que acceda a los estados miembro, incluyendo a beneficiarios de protección internacional y a niños y niñas desde los seis años.  Información que estará accesible a las autoridades policiales de toda la Unión Europea, lo que, denuncia BVMN “avanza en la agenda de asimilar el movimiento humano con la criminalidad, permitiendo la vigilancia masiva sobre personas en movimiento de una forma desproporcionada y violando sus derechos de protección de datos”.

Preocupa también el apartado relativo a las situaciones de “crisis”, que refiere a tres tipos de situaciones: “fuerza mayor, llegadas masivas e instrumentalización”. En caso de “crisis” aumenta la discreccionalidad de los estados miembros para derivar a las personas a procedimientos acelerados facilitando su devolución a terceros países. En el caso de la “instrumentalización”, esto podría afectar a todas las personas que lleguen al país. Este último término, alerta el PICUM  es particularmente problemático, en cuanto que es muy amplio: se refiere a “una situación en la que un tercer país o un agente no estatal hostil fomenta o facilita el desplazamiento de nacionales de terceros países y de apátridas hacia las fronteras exteriores o hacia un Estado miembro, con el fin de desestabilizar la Unión o un Estado miembro cuando tales acciones puedan poner en peligro funciones esenciales de un Estado miembro, incluido el mantenimiento del orden público o la salvaguardia de su seguridad nacional”. Esta formulación, alertan además, podría llevar a considerar a las organizaciones no gubernamentales como entidades no estatales hostiles, profundizando la persecución de la solidaridad.

“Las reticencias de Europa a acoger refugiados (...) refleja la falta de voluntad de Europa para compartir la riqueza que acumuló mediante la esclavitud, el colonialismo, el genocidio de las comunidades indígenas y la explotación”

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias que recoge el Pacto, Nyanchama Okemwa, Presidenta de la Junta Directiva de la Red Europea contra el Racismo, otra de las organizaciones que se ha manifestado contra el pacto, declaraba: “Las reticencias de Europa a acoger refugiados, que huyen debido en parte a las acciones de la política exterior europea en el Sur Global, no se debe a una incapacidad, como demuestra la respuesta de puertas abiertas al desplazamiento desde Ucrania. Por el contrario, refleja la falta de voluntad de Europa para compartir la riqueza que acumuló mediante la esclavitud, el colonialismo, el genocidio de las comunidades indígenas y la explotación continua con las mismas personas a las que explotó y sigue explotando”

Pese al golpe recibido, las organizaciones recuerdan que el acuerdo del 19 de diciembre no implica el fin de este proceso, si no que se trata de de un “pacto político”, que requerirá de más negociaciones. Las entidades se muestran, no obstante, poco esperanzadas tras comprobar la falta de eficacia del Parlamento para oponerse a los otros dos actores.  Recuerdan que es en estas conversaciones por venir donde se juega la última posibilidad, dado que son los miembros del Parlamento quienes tendrán que dar su voto final para aprobar el pacto. Las organizaciones instan a ejercer presión sobre la cámara, especialmente sobre los parlamentarios no vinculados con materia migratoria con el fin de que entiendan lo que implica el acuerdo y se opongan a él. Para ello las organizaciones llaman a implicarse a la sociedad civil y los medios de comunicación para presionar a los eurodiputados de sus propios países.

Las fuerzas en el Parlamento Europeo

En su comunicado BVMN dibuja un panorama en el Parlamento en el que si bien la postura de los grupos del Partido Popular Europeo y los liberales de Renew  era clara desde el inicio, avalando la visión del Consejo, son los Socialistas y Demócratas de la Unión Europea quienes se han plegado en último momento a la agenda de Consejo y Comisión. Las organizaciones esperan que los parlamentarios puedan ser convencidos de votar en contra de un pacto que vulnera los derechos humanos,  mostrando su decepción respecto a la postura inicial del Parlamento, muy crítica con la propuesta inicial y, de la que dicen, no se puede encontrar rastro en el documento final.

La izquierda de la Eurocámara, por su parte, ha mostrado su frustración por el avance de un Pacto que “marca la muerte del derecho individual de Asilo en la Unión Europea”. Los europarlamentarios agrupados en The Left, han lamentado la influencia de Meloni y Orban en el documento, acusando al Consejo y a la Comisión de haber acelerado la aprobación del acuerdo a cambio de “desmantelar el derecho de asilo en Europa”. Se trataría pues de un pacto, que contentaría a la ultraderecha y el fascismo en Europa.

“El pacto supone un momento histórico por las razones equivocadas, tendrá consecuencias de largo alcance para los derechos de la gente en movimiento durante las siguientes décadas”

Desde The Left advierten de que “el pacto supone un momento histórico por las razones equivocadas, tendrá consecuencias de largo alcance para los derechos de la gente en movimiento durante las siguientes décadas” al legalizar, afirman, la vulneración de los derechos de las personas migrantes. De nuevo, la normalización de las detenciones, los perfilamientos raciales o el concepto de “instrumentalización”, son los elementos que más preocupan a los eurodiputados, que ven en esta última propuesta un “cheque en blanco para la suspensión de prácticamente todos los derechos de las personas en busca de protección”.  “Una vez más, Europa no garantiza la solidaridad, la protección de los países de primera acogida como Grecia y el derecho de asilo. Donde se busca la verdadera solidaridad europea, sólo se encuentra hipocresía”, sumarizaba el europarlamentario de Syriza Konstantinos Arvanitis.