Infancia migrante
Varias comunidades recurren ante el Constitucional la distribución de menores migrantes no acompañados

Después de que el pasado 18 de marzo el Consejo de Ministros aprobase el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la acogida de menores migrantes no acompañados y su distribución entre las diferentes comunidades autónomas, ha concluido el plazo para que los diferentes territorios remitieran al Ministerio de Juventud e Infancia datos actualizados sobre niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de desamparo que se encuentran en sus sistemas de acogida.

La finalidad de este requerimiento es la puesta en marcha de una propuesta de acogida entre los distintos territorios del país para los menores que se encuentran, principalmente, en Ceuta y en las islas Canarias. El próximo 10 de abril el Congreso votará la convalidación del Real Decreto-Ley.

La ministra Sira Rego ha asegurado que: “La actualización de los datos por parte de las comunidades autónomas es de suma importancia para poder realizar un diagnóstico del estado de los diferentes sistemas autonómicos de acogida y elaborar una propuesta equilibrada y solidaria”.

La distribución y acogida se llevará a cabo en base a diferentes criterios, como el número total de población, la renta y el desempleo medio, el sistema de plazas, la insularidad o el compromiso de acogida durante los últimos años, entre otros. Según las primeras estimaciones, Madrid y Andalucía son las dos comunidades que más niños, niñas y adolescentes no acompañados deberán acoger. Por contra, Catalunya y el País Vasco son las que más acogidas han llevado a cabo hasta ahora.

Las comunidades donde gobierna el PP, en contra de la medida

Concluido el plazo, sin embargo, casi la mayoría de comunidades autónomas han alegado sobreocupación en sus servicios de acogida. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha asegurado que actualmente atiende en los centros regionales a 2.442 menores migrantes no acompañados, lo que supondría una ocupación del 132% de la capacidad de los centros. Desde el Gobierno madrileño se considera que “la modificación invade competencias autonómicas en los ámbitos de asistencia social y la protección y tutela” y a tal efecto hace unos días pidió un informe a la Abogacía Regional  para recurrir el decreto ante el Tribunal Constitucional (TC).

El Ministerio ya advirtió que si no se presentaban los datos actualizados antes de la fecha límite, se cogerían como referencia los datos disponibles de 2023

La Junta de Castilla y León también ha manifestado sobreocupación de alrededor del 38%. Desde esta comunidad se acusó hace unos días al Gobierno central de “mercadear” con menores y no descartan acudir el TC, como ya ha hecho el Gobierno de Aragón, a la espera de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo contra la medida. Los de Jorge Azcón se han negado a presentar los datos de acogida al Ministerio de Infancia y Juventud. Por su parte, el Ministerio ya advirtió que si no se presentaban los datos actualizados antes de la fecha límite, se cogerían como referencia los datos disponibles a fecha de 31 de diciembre de 2023.

En Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, calificó hace apenas unos días el acuerdo de  “mercadeo”. La Junta de Andalucía ha comunicado al Ejecutivo central que durante el año 2024 ha atendido a unos 6.614 menores migrantes no acompañados, de los cuales 2.615 se encuentran en situación de acogida. Esta comunidad también valora presentar un recurso ante el TC, como también se lo plantea Extremadura, que ha confirmado una sobreocupación en sus centros del 111%.

En Andalucía, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, calificó hace apenas unos días el acuerdo de  “mercadeo”.

Baleares es otra de las comunidades autónomas que quiere recurrir la medida. En una nota remitida por la Conselleria de Familias y Asuntos Sociales al Gobierno central , ha comunicado que. “Las Illes Balears acogen a día de hoy a 573 menores extranjeros no acompañados, según datos proporcionados por los consells insulares, competentes en este ámbito. Esta cifra supone un 1.023% respecto a las plazas específicas para la acogida de estos niños y jóvenes”.

Cantabria activará “los mecanismos de defensa jurídica” ante la medida, ya que la considera “inconstitucional”. Así lo dijo Begoña Gómez del Río, consejera de Inclusión Social de la comunidad, Begoña Gómez del Río.

A primera hora de la tarde ayer, la País Valencià anunció que también iba a presentar un recurso de inconstitucionalidad y argumentó una “injerencia en las competencias”. Como en la Comunidad de Madrid, es la Abogacía General quien ha iniciado los trámites para interponer el recurso. En 2024 la País Valencià atendió a más 900 menores migrantes no acompañados y asegura que los centros actualmente se encuentran al 160% de capacidad.

Ante esta actitud por parte de las comunidades gobernadas por el PP, Sira Rego ha declarado que en los próximos días pedirá la concreción de algunos de los datos aportados, y ha hecho especial hincapié en la Comunidad de Madrid, de quien ha dicho que los datos ofrecidos son una “cifra general" no válida y en Aragón, que ni siquiera ha aportado los datos requeridos.

Las cifras aportadas por las diferentes comunidades, sin embargo, no son las definitivas. “Otros territorios han enviado datos diferentes a los solicitados, por lo que ahora comienza un periodo de aclaración para poder homogeneizar la información”, se explica en el comunicado de prensa emitido por el Ministerio, desde donde se ha pedido “a los Gobiernos de algunas Comunidades Autónomas que dejen de lado la confrontación en una cuestión tan fundamental, tan humana, como es la acogida solidaria de niñas y niños que llegan a nuestro país solos”.

Las claves sobre esta medida

El Real Decreto-Ley por el que se establecen medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias busca garantizar la suficiencia financiera con un fondo adscrito al Ministerio de Juventud e Infancia, para el que se creará en 2025 un crédito extraordinario de 100 millones de euros. La medida, que se pondrá en marcha gracias a una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, permitirá reubicar, en los próximos meses, a un total de unos 4.400 menores no acompañados.

La medida permitirá reubicar, en los próximos meses, a un total de unos 4.400 menores no acompañados

Para sacar adelante esta iniciativa, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tuvo que asegurarse los apoyos de Junts. La gran mayoría de comunidades donde gobierna el PP mostraron su rechazo a la medida ya algunas, como Madrid o Aragón, aseguraron ya en un primer momento su intención de recurrir el decreto en el TC y ante los tribunales de la UE. Desde Génova se dijo entonces que todas sus comunidades cumplirían con la medida, que es vinculante, pero a medida que han ido avanzando los días varias comunidades más se han sumado a la intención de interponer recursos.