Menores tutelados
Ni familia ni apoyo social, el futuro de los menores migrantes en Andalucía

El flujo migratorio procedente del norte de África en los últimos 30 años se ha caracterizado por la creciente llegada de la ‘tercera generación migratoria’; es decir, menores que, sin referentes familiares, tratan de dignificar su vida emprendiendo un tortuoso camino. Son jóvenes que, a la precariedad de su estatus de inmigrante, añaden un factor de vulnerabilidad vinculado a la adolescencia. Cuando el verano se acerca a Andalucía se suele producir un aumento de la llegada de balsas a la costa con personas procedentes de multitud de lugares de África con un objetivo concreto: la supervivencia. Pese a este escenario habitual en verano, el Gobierno andaluz ha decidido este año recortar las plazas destinadas a quienes la Administración denomina MENAs.

Debido a su cercanía con la Frontera Sur, Andalucía representa una puerta meridional de acceso a Europa. Por esta razón, la comunidad autónoma es la que acoge el mayor número de menores tutelados del Estado: alrededor de 4.600 beneficiarios (el 37% del total). Para intentar abarcar sus necesidades, en los últimos años la Administración ha procurado implementar un sistema paralelo que encomienda a entidades privadas la tutela y atención primaria de los jóvenes afectados mediante subvenciones estatales.

Desde las oenegés y los sindicatos que trabajan en el sector migratorio han manifestado la “máxima preocupación” hacia la última decisión tomada por el Ejecutivo autonómico gobernado por PP y Ciudadanos, que conllevará a una reducción de plazas en los centros de menores durante el estado alarma. La justificación emitida a las entidades por la Dirección General de Infancia de la Consejería de Igualdad recae en la necesidad de una reorganización para atender a toda la población afectada por la crisis sanitaria generada tras el brote de Covid-19. Además de un recorte superior al 15% de las plazas totales, las restricciones también afectarán directamente a la plantilla laboral de estos centros, que se verán obligados a despedir un número indeterminado de sus profesionales.

Ahmed Khalifa (AMII): “De pretender eliminar casi 400 plazas, la Junta, ante la presión, ha decidido reducir este número a 142 plazas”

Como integrante del Foro Andaluz para la Inmigración, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha solicitado la comparecencia extraordinaria de sus responsables para conocer en detalle cómo se produciría este recorte e intentar paliar el impacto: “De pretender eliminar casi 400 plazas, la Junta, ante la presión, ha decidido reducir este número a 142 plazas. Todavía se desconoce con qué criterios se aplicarán los recortes, pero podemos aventurar la consecuencia; una peor atención en la acogida de menores extranjeros no acompañados” denuncia a El Salto Andalucía el presidente de la Asociación Marroquí, Ahmed Khalifa.

Quitar lo básico

Tanto por la propia Ley del Menor como por el Convenio de los Derechos del Niño, en ningún caso se podría retirar la protección a menores de edad sin un núcleo familiar o en situaciones vulnerables, pero las medidas pesarán sobre los recursos destinados a la atención específica. Según denuncian las asociaciones, los jóvenes afectados serán derivados a otros centros que inevitablemente se verán masificados y los profesionales de estos tendrán una carga mayor de trabajo.

“Se necesitan todos los esfuerzos posibles para garantizar una acogida en condiciones dignas y con recursos para facilitar la adaptación e integración de los beneficiarios, su bienestar físico y emocional. Por otro lado, con este recorte queda aclarado que estos niños y niñas no importan a los que están al mando de la Junta de Andalucía”, lamenta Khalifa. “Lo preocupante no es únicamente la masificación de los centros, sino que, que sepamos, no hay ningún plan para que se incrementen los recursos profesionales y garantizar una mejoría del servicio. Estos adolescentes y jóvenes lo tienen muy difícil, con un sistema que hace aguas y que no les pone en el centro como prioridad. Tampoco se tiene en cuenta que aquellos menores que sean trasladados ya han recorrido un camino junto a profesionales que estaban trabajando con ellos una hoja de ruta. Se les obliga a empezar de cero, sin tener en cuenta de cómo esta decisión afectará emocionalmente ni en la estabilidad de los chicos, a los que hay que proporcionarles algo lo más parecido a un hogar”, añade.

Los recortes además conllevarían una ralentización en toda la red de gestión privada: desde el ámbito regularizador —aumentando la espera en los permisos de residencia—, hasta el acceso a la educación y la inserción laboral, dificultando aún más su integración social y el desarrollo de una adolescencia constructiva tanto a nivel personal como profesional.

El Consejo de los Ministros ha aprobado la concesión de un permiso de trabajo al campo durante 2 años a todos los temporeros de entre 18 y 21 años

Un escenario preocupante si se añade la falta de compromiso del Gobierno español en cuanto a la regularización de trabajadores inmigrantes. El Consejo de los Ministros ha aprobado el 26 de mayo la concesión de un permiso de trabajo al campo durante 2 años a todos los temporeros de entre 18 y 21 años; una medida necesaria pero insuficiente, que deja fuera a miles de mayores de esa edad o a quienes en otros sectores siguieran padeciendo las mismas condiciones. “Estos chicos llegan a España con muchas ganas de trabajar, en la inmensa mayoría de los casos vienen con la urgencia de empezar a ayudar económicamente a sus familias. Y claro está que, cuanto mayor es la situación de vulnerabilidad en la que se ven, peores son las condiciones de trabajo que están dispuestos a aceptar con tal de empezar a mandar dinero a su país”, concluye Khalifa.

El abandono de los extutelados

La semana pasada la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), denunciaba que la Junta dejará en la calle a más de 150 jóvenes extutelados que han alcanzado la mayoría de edad en marzo, sin ofrecer ninguna alternativa ni programas que garanticen la continuidad de sus proyectos vitales. En efecto, la falta de apoyo social para estos jóvenes no parece ser nada nuevo. “Es verdad que en los últimos años se han proporcionado algunos pisos de autonomía donde se pretende trabajar de forma rápida la emancipación de estos jóvenes, ayudándolos a introducirse en el mundo laboral y social, pero en realidad hay muy pocas plazas para la cantidad de beneficiarios que salen de los centros de protección. Cada mes desde los últimos dos años han quedado varios jóvenes en situación de calle por la falta de recursos, y las próximas medidas irán a recrudecer aún más esta realidad”, explica  Juan Manuel Ramos Espejo, de la asociación Granada Acoge, a El Salto Andalucía.

J.M. Ramos Espejo (Granada Acoge): “Cada mes desde los últimos dos años han quedado varios jóvenes en situación de calle por la falta de recursos, y las próximas medidas irán a recrudecer aún más esta realidad”

Durante el estado de alarma, los pocos extutelados empleados se han quedado sin salario por el cierre de los comercios y de todas las actividades productivas. Así que mientras el movimiento de plazas en los pisos se ha frenado considerablemente, aumenta la gente que demanda protección. “Solo en Granada, prevemos que pueda haber unas 50 personas que han cumplido la mayoría de edad durante todo el estado de alarma, y con los últimos recortes no va a ser fácil buscar los recursos pertinentes”, afirma Ramos.

A ello se suma la gran incertidumbre de las personas sin hogar temporalmente alojadas en estructuras públicas durante el estado de alarma, que en breve saldrán sin ninguna indicación clara. “Al aprobar estos recortes, la Junta de Andalucía está aumentando la precariedad y el número de personas sin hogar en nuestras ciudades, con todos los riesgos que esto puede conllevar”, enuncia Ramos.

Responsabilidad

Como sostiene Ramos Espejo, “el Gobierno central nunca ha abordado la cuestión a nivel nacional. Desde Madrid deberían pilotar con mayor compromiso la cooperación entre las autonomías. En Ceuta y Melilla nos encontramos con un número preocupante de menores extranjeros sin hogar justo por su cercanía a la frontera sur, siendo evidente que solas no pueden gestionar la situación”.

Desde enero de 2020, Andalucía ha tenido que afrontar con sus propios recursos la llegada de menores migrantes a la Frontera Sur

A finales de 2019, el Ministerio de Sanidad ya había anunciado la suspensión de 27 millones de euros otorgados a la Junta de Andalucía desde 2018, destinados a la atención de los menores tutelados. Con esas ayudas, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación garantizaba alrededor de 1.400 plazas en centros de acogida, proporcionando además servicios de formación primaria e inserción sociolaboral. En consecuencia, desde enero de 2020, Andalucía ha tenido que afrontar con sus propios recursos la llegada de menores migrantes a la Frontera Sur, uno de límites con mayor tráfico de Europa.

Educadores y trabajadoras sociales denuncian la desprotección en centros de menores

Mathias Rodríguez

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Coronavirus

Educadores y trabajadoras sociales denuncian la desprotección en centros de menores

Mathias Rodríguez

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Profesionales del tercer sector, que llevan arrastrando años de recortes y procesos de privatización o externalización de los servicios, exigen materiales de protección individual.

“Evidentemente, la Junta tiene razón en lamentar la falta de una redistribución entre comunidades, pero esto no puede justificar un recorte como este ni un empeoramiento en la calidad de los servicios básicos. Nosotros esperábamos que en esta situación de crisis la Administración hubiera respondido con una mayor implicación, permitiendo que los mayores de edad salieran poco a poco de los centros ya que había varias plazas libres. Sin embargo, con este recorte se muestran totalmente indiferentes a los problemas que podrían acontecer a este colectivo”, sentencia Ramos.

La Ley del Menor establece que las administraciones serán responsables del seguimiento de las personas extuteladas, al menos durante un año tras salir de los centros, con el fin de velar por su inserción sociolaboral y aportar la ayuda técnica necesaria. Bajo este criterio, Ramos invita a una última reflexión: “La comunidad autónoma es como el padre y la madre de estos menores aquí, ¿qué pensaríamos de una familia si hiciera esto con sus hijos?”.