Migración
Bruselas anuncia un nuevo proyecto de ley para acelerar las deportaciones de personas migrantes

La nueva Directiva de Retorno presentada el martes de 11 de marzo en Bruselas tiene como eje la externalización de las fronteras y las deportaciones de personas migrantes a campos fuera de las fronteras comunitarias mediante acuerdos bilaterales entre un Estado miembro y uno extracomunitario. La normativa, que excluye a menores no acompañados y a familias con menores, se aplicará a aquellas personas a quienes se haya denegado la solicitud de asilo en la UE, que podrán ser enviadas o bien a su país de origen —en caso de que sea considerado un país seguro— o a terceros países fuera de la UE si es que existe un acuerdo o convenio de retorno entre Estados.

Además de acelerar el retorno y el traslado fuera de la UE, este nuevo proyecto de ley amplía la duración de la detención de las personas migrantes de 18 a 24 meses, pone las bases para nuevas medidas restrictivas pasados los 24 meses, que incluyen, por ejemplo, la vigilancia electrónica; e introduce medidas punitivas para las personas migrantes, como prohibiciones de entrada de hasta diez años (en lugar de los cinco actuales), con posibilidad de extensión por cinco o diez años más en casos en los que se invoquen riesgos de seguridad. También se prevén sanciones económicas para aquellas personas que no cooperen y la reducción de la asistencia financiera para reconstruir la vida después de la deportación.

El anuncio de este nuevo reglamento abre la puerta para que los Estados miembros establezcan centros de deportación fuera de la Unión Europea

Por último, la proposición de ley incluye imposiciones comunes para todos los Estados miembros respecto a las prohibiciones de entrada (para que no haya diferencias entre países) e incentiva el retorno tanto voluntario como forzoso. 

“Retornos más fáciles y predecibles”

Durante la conferencia de prensa, Henna Virkukunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia ha asegurado que la normativa de retorno será homogénea a todos los Estados miembros y que sentará las bases para “retornos más fáciles y predecibles”. Virkukunen ha destacado que “el retorno tiene que ser la prioridad” y que “hay que seguir trabajando en acuerdos de asociación con países terceros”, en referencia a países de tránsito y países de origen, todos ellos extracomunitarios. “Lo que queremos es proteger la autonomía de la Unión Europea y actuar con decisión y con firmeza”.

Por su parte, Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, ha insistido en la idea de que “la gestión de la migración es uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la UE” y que con este nuevo reglamento se persigue “poner orden en casa”. “Solamente una de cada cinco persona a las que se les dice que abandonen la UE se va. Eso no es aceptable para ninguno de los europeos. Nuestras sociedades no van a tolerar esto”, advierte. 

Para aplicar la nueva normativa, tanto Virkukunen como Brunner han mencionado la puesta en marcha de una base de datos compartida que informe a los diferentes Estados miembro sobre las órdenes de retorno de las personas migrantes y han insistido en su confianza en que la nueva proposición de ley sea aprobada “cuanto antes” por el Parlamento y el Consejo Europeo.

Centros de deportación y violación de los derechos fundamentales

El anuncio de este nuevo reglamento, que coincide con los primeros cien días del segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente del Ejecutivo comunitario, abre la puerta para que los Estados miembros establezcan centros de deportación fuera de la UE, “lo que podría derivar en detenciones arbitrarias automáticas, desafíos en la rendición de cuentas y el monitoreo de derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros y numerosas violaciones del derecho internacional y los derechos humanos”, aseguran desde la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados (PICUM, por sus siglas en inglés).

Silvia Carta, responsable de incidencia de esta organización, sostiene que esta nueva propuesta supone “un intento claro de intensificar la obsesión de la UE con las deportaciones, aplicando un enfoque discriminatorio y punitivo a cualquier persona en situación irregular”.

“Esta nueva ley debe verse como parte de una trayectoria mucho más larga de políticas punitivas, desarrollando un marco penal completo en torno a la migración”, denuncia Sarah Chander

Por su parte, Sarah Chander, directora de Equinox Initiative for Racial Justice, señala: “Aunque se presenta de manera neutral como una ley sobre 'retornos', en realidad la UE está proponiendo un régimen de deportaciones ampliado. Esta nueva ley debe verse como parte de una trayectoria mucho más larga de políticas migratorias punitivas, desarrollando un marco penal completo en torno a la migración, en lugar de utilizar los recursos para priorizar la seguridad, la protección y el bienestar de quienes huyen de condiciones adversas”.

A vueltas con los países que se consideran “seguros”

Una de las preocupaciones de organizaciones españolas como Iridia, CEAR o Novact, e internacionales como el Greek Council for Refugees (GCR), la Human Rights League (LDH), el Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS), el Centre for Peace Studies Croatia o EuroMed Rights, entre otras, es la situación de los derechos humanos y del Estado de derecho en países como Túnez, Líbano o Egipto, considerados “seguros”. 

Recientemente, la UE ha firmado una serie de acuerdos en materia migratoria con estos tres países. “En Túnez, las recientes elecciones han consolidado el control autoritario del presidente, mientras que la situación de los migrantes y refugiados es alarmante, con informes sobre expulsiones masivas, discursos de odio y agresiones físicas en aumento”, se puede leer en un comunicado publicado el mismo martes. “En Egipto, la represión contra la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y la disidencia pacífica, tanto en línea como fuera de ella, sigue siendo una grave preocupación. Las detenciones arbitrarias, encarcelamientos masivos y ejecuciones extrajudiciales afectan a cualquier persona en territorio egipcio”, señalan.

Según EuroMed Rights, conceptos como “país de origen seguro” o “país tercero seguro” se contradicen con lo que se establece en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece la evaluación individual de cada solicitud de asilo.

Preguntados por las similitudes con el acuerdo entre Reino Unido y Ruanda o con el acuerdo entre Italia y Albania para la deportación de personas migrantes, Virkukunen y Brunner han querido dejar claro que “para nada” se trata de lo mismo, ya que el nuevo reglamento es para personas a quienes ya se haya denegado la solicitud de asilo. “Es importante subrayar que estos centros de retorno están pensados para aquellas personas que permanecen ilegalmente en la Unión Europea”, ha insistido Brunner.

La nueva normativa de retornos tiene como marco el Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en abril de 2024 y que entrará en vigor a mediados de 2026. Este nuevo pacto, con un claro enfoque securitario tiene como ejes la detención y la deportación de las personas migrantes y la externalización de fronteras; pone en peligro el derecho de asilo y refugio y consolida las políticas europeas de tinte racista y xenófobo.