Migración
Redadas racistas y deportaciones ensombrecen un proceso de regularización que entra en sus últimas semanas

“Confirmamos que el miércoles, 22 de abril, habrá un vuelo de deportación con destino Bogotá (Colombia) y Lima (Perú). Aunque las redadas y las citas-trampa a comisaría pueden suceder a lo largo y ancho de todo el Estado, el vuelo saldrá de Madrid”. Así anunciaba Stop Deportación el primer vuelo detectado desde que se abriera el proceso de regularización extraordinaria con el Real Decreto 316/2026 de 14 de abril. La alerta fue difundida el 19 de abril, cuando la gente dormía a las puertas de las entidades colaboradoras o acudía confusa a los servicios sociales, intentando discernir cómo hacerse con el certificado de vulnerabilidad —un requisito impuesto en el último momento— o cuál sería el modo más seguro de realizar los trámites. 

El 31 de mayo Stop Deportación anunciaba un nuevo vuelo a Bogotá y Lima, esta vez para el próximo miércoles 10 de junio. “Después de iniciado el plazo de solicitud de regularización por vía extraordinaria en abril de 2026, los vuelos de deportación siguen siendo una amenaza para aquellas personas con arraigo susceptibles de solicitarla, que tengan orden de expulsión firme, hasta el momento en que se les conceda la regularización”, insistía el colectivo instando a la gente a estar alerta, ante las “redadas racistas y las citas-trampa en comisaría”.

En las pocas semanas transcurridas entre ambos vuelos, el colectivo ha alertado en su página de dos más: uno el 19 de mayo, con destino a Senegal, y otro a Argelia, el pasado 2 de mayo. Como respuesta, el colectivo insta a denunciar las redadas y perfilamientos raciales de los que se sea testigo, y moverse con especial cuidado si se tiene un expediente de expulsión abierto —sobre todo en el caso de ser convocados en comisaría con cualquier excusa.

Por otro lado, Stop Deportación urge a presionar a las aerolíneas que efectúan las deportaciones en vuelos regulares —Iberia, Air Europa o Air Maroc— o en vuelos chárter —Air Nostrum y Evelop (relacionada con el Grupo Barceló)—, así como en ferry —Transmediterránea, Balearia y Algérie Ferries son las compañías que participan en estas deportaciones. Desde el colectivo también se llama a la articulación de redes de cuidado vecinales y a la difusión de la información por todos los medios. 

“Se habla demasiado poco de deportaciones en este país, de hecho la gente está más pendiente de lo que pasa en Estados Unidos o a nivel europeo que de la realidad aquí”, lamenta Irene Carrión, portavoz de Stop Deportación, en conversación con El Salto. Tan poco se habla, ironiza la activista, que el gobierno ya no se esfuerza ni en dar explicaciones ni en confirmar los vuelos o desmentir las alertas de vuelos. 

“Se habla demasiado poco de deportaciones en este país, de hecho la gente está más pendiente de lo que pasa en Estados Unidos o a nivel europeo que de la realidad aquí”

A falta de transparencia por parte de la administración, en Stop Deportación se dedica a rastrear los vuelos, lo hacen estando pendientes de la información que les llega de las propias personas objeto de esta práctica, personas migrantes a quienes se les ha comunicado que serán deportadas próximamente, las variaciones en la nacionalidad de las personas que se internan en los CIE en un momento u otro, constituyen otra pista sobre a dónde se dirigirá el próximo vuelo de deportación, explica Carrión.

El colectivo también monitorea a las empresas a las que la administración contrata para ejecutar las deportaciones, “de esa manera podemos rastrear los vuelos, también colaborando con otros colectivos, incluso europeos, porque ahora se hacen muchas deportaciones vía Europa para algunos destinos”. La portavoz explica que España se ha incorporado a esta práctica —más habitual en otros países como Alemania o Austria— en los últimos tiempos: “la deportación no se hace directamente desde aquí, sino que las personas se unen a un vuelo de deportación que paga algún otro país europeo”. Un ejemplo, dice, son las deportaciones a Nigeria que antes se efectuaba de manera directa y ahora se hacen a través de Alemania, “es lo que llaman mejorar la eficiencia en las deportaciones”, comenta irónica la activista, “es a deportar a lo que dedican más esfuerzos”. 

Hace tiempo, hubo unos meses en los que los CIE y las deportaciones desaparecieron temporalmente de las políticas migratorias, en los primeros meses de la pandemia de covid-19. Sin embargo, al volver a la normalidad, el encierro y la expulsión volvieron a tomar protagonismo: “nunca hubo una voluntad de repensar el modelo. De hecho se han ido recuperando todos los destinos a los que era habitual deportar, y los que han tardado más han sido porque hay un juego diplomático”.

Carrión menciona los casos de Argelia y Marruecos, cuya colaboración en los vuelos de deportación oscila en función de la política española respecto al Sahara Occidental. También, considera, aunque aún no se hayan abierto la deportaciones a Mauritania, deben de estar a punto de caer: “en cualquier momento consiguen el acuerdo porque viajan mucho allí. Lo que pasa es que allí lo que están haciendo es externalización de frontera: Ya no hay vuelos de deportación, pero están financiando centros de detención de migrantes en Mauritania”.

En definitiva, considera Carrión, no solo las deportaciones no han caído durante las primeras semanas del proceso de regularización, sino que se han retomado los vuelos a Argelia, y ha habido un vuelo a Senegal, algo que no sucedía desde hacía tiempo: “Los compañeros de los colectivos más locales han detectado muchas redadas racistas y muchas citas-trampa en comisaría, donde se ha arrestado a gente”. También, como han reflejado las redes sociales, se ha internado a personas que estaban ya en proceso de regularización. “Un internamiento puede acabar en un vuelo, o en todo caso impedir, si es durante el plazo de regularización, que las personas puedan llegar a cumplir con el trámite”. 

El tema de las citas-trampa también supone un desafío para reunir la documentación necesaria para la regularización: “el hecho de que te puedan llamar con una trampa a una comisaría para luego deportarte hace que determinadas cuestiones de tus trámites migratorios las mires con sospecha”. En cuanto a las redadas racistas, Carrión se pregunta si la policía se está ensañando concretamente con algunos colectivos: “normalmente sabemos muy poco de los vuelos a Marruecos, porque son muy irregulares, pero están saliendo bastantes casos de personas marroquíes”. La activista recuerda que “la regularización es para todos”.

Una cacería

“Cada 15 días hay vuelos de deportación”, denuncia desde Valencia Silvana Cabrera, portavoz del movimiento Regularización Ya, e integrante de SEDOAC, una de las entidades colaboradoras en el proceso de regularización extraordinaria. Entre el ingente trabajo derivado de tramitar miles de expedientes desde una organización pequeña en la que la mayoría de las personas son voluntarias (50 frente a dos en nómina) y las complicaciones burocráticas que empiezan a aflorar una vez presentados los trámites, hay otra cuestión que indigna a esta activista, el hecho de que se persiga a la misma gente que puede acogerse a esta regularización extraordinaria.

“Es terrible. Las personas vienen a dejar su documentación, y los pueden detener y llevar al CIE de Zapadores, que está a reventar. En Madrid, donde este fin de semana estará el papa, el despliegue policial es enorme”. La sede de SEDOAC en la capital, de hecho, ha decidido no abrir el fin de semana para evitar que las personas corran riesgo de ser detenidas y llevadas al CIE.

“Siento que la policía tiene como una especie de revancha, porque obviamente ellos no estaban de acuerdo con que la regularización salga”

Cabrera habla de casos que conoce de cerca, por ejemplo el de una chica que presentó hace dos semanas con ellas el expediente, y que fue víctima de violencia sexual cuando vivía en Madrid, a donde ha tenido que viajar recientemente para declarar en el juicio. “Imagínate la violencia de un juicio por violación... pues después, al volver a Valencia, en Chamartín, la policía la paró, le revisó la mochila, le quitó el pasaporte y la retuvo por una hora”. Cuando la mujer argumentó que tenía el resguardo de estar tramitando su regularización la policía contestó que mucha gente estaba falsificando este documento, relata Cabrera. Al final la mujer pudo marchar, pero perdió el tren y tuvo que pagar un nuevo billete, sin ninguna compensación.

Las estaciones de transporte suelen ser espacios de riesgo para los perfilamientos raciales, pero en el caso de la regularización se agrava más, pues mucha gente pide su historial de viajes como prueba de estancia en el país en oficinas del metro, exponiéndose. Y aunque en principio el resguardo de haber presentado los papeles para la regularización debería preservar a la gente, no siempre es así. “Aquí se han llevado a un chavalito que tenía ya la documentación metida, no lo han llegado a meter en el CIE, pero lo han retenido unas horas”. “Siento que la policía tiene como una especie de revancha, porque obviamente ellos no estaban de acuerdo con que la regularización salga”. 

Maltrato en los CIE

“Las entidades firmantes denunciamos que en pleno proceso de regularización extraordinaria la violencia institucional en el Centro de Internamiento de Barcelona no cesa”, explica un comunicado lanzado el jueves 4 de junio firmado por varias entidades, entre ellas CIE No, Iridia o Sos Racisme. En el texto, las entidades apuntan que ya han denunciado la situación ante la dirección del CIE, el Defensor del pueblo y los juzgados de control correspondiente.

De un lado se describen “tratos degradantes y vejatorios por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el CIE de Zona Franca”, que consistirían en insultos, gritos y constantes órdenes “generando un clima de intimidación, humillación y desamparo”. También, señalan, son frecuentes los encierros durante 14 o 16 horas, así como el aislamiento como forma de castigo, mientras las instalaciones se hallan en un estado insalubre, y con frecuencia se da la denegación de intervención médica, en un colectivo cuya salud mental se encuentra fuertemente tensionada. Además, el hecho de que muchos agentes, según denuncian, no lleven su identificación obligatoria, obstaculiza la rendición de cuentas. 

Las organizaciones también denuncian que, ante la protesta de las personas internas, una de ellas habría sido deportada. En lo referente a las deportaciones, de hecho, se destaca la falta de notificación previa, lo que impide el derecho a la defensa de las personas. Sin preaviso, se imposibilita habilitar cauces para evitar una medida punitiva como es la deportación “el hecho de que se avise de que la deportación va a realizarse en las siguientes 24 o 48 horas, abre la posibilidad de  que los Juzgados de lo contencioso-administrativo tramiten medidas cautelarísimas”, apuntan, recordando que ese es el criterio que marca la jurisprudencia. Ante sus repetidas quejas, según apuntan las entidades firmantes del comunicado, “la única respuesta que recibimos es el silencio, el archivo de las denuncias y falta de investigación sobre los graves hechos denunciados”.

“Las compañeras que están visitando a los internos e internas del CIE de Villafranca hablan de un momento de mucha violencia institucional”, apunta Mercè, portavoz de Tanquem Els CIEs. Una violencia cotidiana hacia dentro de las paredes del centro de internamiento que “se complementa con los vuelos de deportación”. Basta con recorrer las calles para ver la cacería a la que se refería Cabrera, corrobora Mercè: “Lo ves en el barrio del Raval, pero también en Hospitalet, donde vivo yo, o en Terrassa, barrios donde vive mucha población migrante y donde estamos presenciando muchas redadas que son evidentemente por perfil étnico”. Así, explica la activista, frente a los colectivos migrantes que han peleado y siguen peleando por la regularización “se está haciendo una ofensiva muy agresiva contra la gente migrante en la calle, con maltrato en los CIE, con deportaciones exprés, y con los macro vuelos de los que no paramos de enterarnos”.  

España, pionera en deportación

“Lo que hace el gobierno en cuestiones de control migratorio tiene luces y sombras”, dice José Bautista, investigador de la Fundación PorCausa. Por un lado “la regularización que está observando mucha gente a nivel mundial le va a cambiar la vida a un montón de gente. Y es valiente, teniendo en cuenta que ahora las migraciones se perciben como la gran amenaza y es uno de los Caballos de Troya de la extrema derecha”. Del otro lado, continua el encarcelamiento de personas migrantes —que no han cometido ningún delito, enfatiza— y las deportaciones. 

De fondo, un quiebre estructural: que las políticas migratorias se definan mucho menos en el Ministerio de Migraciones que en el Ministerio del Interior, “que son personas entrenadas para proteger o mejorar la seguridad del país, no para tratar con seres humanos”, un enfoque que se repite a nivel europeo. Y es que, aunque España es saludada como la gran excepción al marco antimigración que domina la política europea, también tiene un papel menos conocido como pionera en las prácticas que han devenido centrales en la agenda migratoria de la UE: La deportación y la externalización de fronteras. 

“España lleva más de 20 años organizando vuelos de deportación y haciendo uso de la idea de países seguros, algo que ahora está de moda en la Comisión Europea”, recuerda Bautista. El currículum del país cuenta con una larga experiencia en estos asuntos, tras firmar el acuerdo con Mauritania para deportar a personas de otros países a principios de este siglo. Una práctica que pone en peligro los derechos humanos de las personas migrantes, que pueden afrontar situaciones terribles de encarcelamiento o incluso ser abandonadas en el desierto. 

Respecto a las externalización de las fronteras, el histórico tampoco es breve, “España subcontrata la autoridad de Marruecos, de Mauritania, de Senegal desde hace más de 20 años”. Acuerdos que se han extendido a nuevos países, entre ellos Níger, Mali, Conakry o Burkina Faso, enumera Bautista. Unas políticas que, considera este investigador, “conllevan un coste humano enorme, pero también un gran coste económico”. Por no hablar del coste político, añade el investigador, un cortoplacismo que refuerza gobiernos autoritarios para que detengan temporalmente los flujos migratorios, los mismos gobiernos que generarán más factores de expulsión, empujando a más personas a tomar la decisión de marchar.  

“España lleva más de 20 años organizando vuelos de deportación y haciendo uso de la idea de países seguros, algo que ahora está de moda en la Comisión Europea”

Pero no son los gobiernos autoritarios los únicos beneficiarios, la securitización de la frontera alimenta lo que en la Fundación PorCausa han definido como la Industria del Control Migratorio: “un grupo de empresas muy, muy, muy reducido y en muchos casos repleto de puertas giratorias. Exaltos cargos del PP y del PSOE, en más de un caso también salpicados por escándalos de corrupción, financiación ilegal de partidos, pago de sobornos, etc”, denuncia Bautista.

Empresas como las aerolíneas que se enriquecen a costa de deportar a personas, una práctica violenta, que además, desde la perspectiva del control de flujos migratorios, es muy ineficaz, pues solo es deportada una parte mínima de las personas en situación irregular en el país, en un marco de opacidad total.  “Al final, es crear un problema donde no lo hay y tratar de solucionarlo a cañonazos. La maquinaria de deportación, por muy fuerte que sea, nunca va a mermar el número de personas que llega, no va a pesar más el miedo a ser deportado que el miedo a no tener futuro en un país, a vivir situaciones de violencia, o a no poder darle una vida digna a tu familia”, concluye Bautista.