Migración
Citas de extranjería: entre la lotería y el negocio

Cuando alguien necesita tramitar un documento en la administración pública se informa de qué requisitos y documentación se solicitan para ello,  pide una cita —presencialmente, por internet o teléfono—, señala el día de la cita en su agenda, y se presenta en el momento indicado en la dependencia pertinente. Una vez allí coge un número, espera a que una pantalla marque su turno, procede a entregar la documentación necesaria y, si corresponde, a abonar la tasa señalada, y cumpliendo todo ese proceso, recibe el documento solicitado y puede seguir con su vida. Pero cuando ese alguien depende de un trámite de extranjería, este proceso que en general no demanda más que unas mínimas competencias informáticas y un poco de paciencia, se puede frustar antes incluso de empezar. Es lo que sucede cuando no hay citas. 

Que conseguir una cita en extranjería es un calvario lo vienen denunciando desde hace años colectivos migrantes y organizaciones de apoyo, que asisten con desesperación al muro burocrático que supone toparse día y noche con un mensaje en la pantalla que comunica que no hay citas disponibles. Citas necesarias para tramitar documentos imprescindibles para el ejercicio de sus derechos. No poder contar con las tarjetas de identificacion, renovar NIE, u otros trámites relacionados, tiene consecuencias muy graves en la vida de las personas. “Hay gente que se ha quedado sin trabajo, gente que no se ha podido matricular, gente que no ha podido acceder a una beca, gente que le han cerrado la cuenta bancaria, gente que se ha quedado en situación irregular”, enumera Safia Elaaddam.

Elaaddam encabeza #tecedounacita, una iniciativa que permite a las personas que necesitan citas solicitarlas en un sistema por el cual voluntarias pasan horas, en determiandos intervalos de tiempo, entrando en la web de extranjería con el fin de cazar esas esquivas citas a las que las personas son incapaces de acceder. El número de quienes han demandado ayuda este último año refleja una escalada en el problema. “Si cuando empezamos la campaña de enero a marzo nos habían pedido cita seiscientas personas, de junio a noviembre hay más de cinco mil persona que se han registrado para que les busquemos cita, de las cuales hemos encontrado a 800”.

Tras el estado de alarma “nos encontramos con horarios diferentes a los habituales en los que encontrábamos citas, menos citas de las habituales y más del 80% de la gente nos cuenta que les han intentado vender una”

Para esta activista en parte el problema se puede explicar por la suspensión de todas las citas durante el estado de alarma de marzo a junio y  a que a estas personas no se les facilitó una cita alternativa, “sabiendo lo complicado que es conseguir una”, lamenta. Pero la explicación no se agota ahí: “Cuando volvimos a iniciar la campaña nos encontramos con horarios diferentes a los habituales en los que encontrábamos citas, menos citas de las habituales —me imagino que también por temas de aforo debido al covid—, y, por último, más del 80% de la gente nos cuenta que les han intentado vender una cita”.

En agosto de este año, Mónica ya había pasado por su personal vía crucis burocrático desde que llegara en 2008, cuando aterrizó en Madrid contratada por una empresa de su país, México. Tras casarse los papeles para la residencia tardaron, así como está tardando la nacionalidad, que solicitó en 2012 y que todavía no se ha decidido. Los papeles tardaron pero con tiempo e insistencia tiene su situación regularizada. Cuando extravió su NIE, hizo lo normal, intentar conseguir un duplicado. Al llegar a la comisaría comprobó que la cosa no iba a a ser fácil, tenía que entregar de nuevo toda una variedad de papeles y pedir la cita por internet. Pero la peor sorpresa llegó en el locutorio donde fue a imprimir su vida laboral.

“Tú no sabes en lo que te has metido, hay gente que lleva meses y no consigue tener la cita, si quieres yo tengo un abogado que te consigue una cita”, le dijeron a lo que ella contestó que ella misma podía conseguir una cita en internet. “Si es que no hay citas”, le advirtieron. Preocupada se fue a casa a intentarlo. “Cuál sería mi sorpresa que te metes en internet y efectivamente te dice, no hay cita disponible, no hay cita disponible, un intento, dos intentos, 40 intentos mañana tarde y noche, una semana intentándolo y no hay citas disponibles”.

Un mes y medio después consiguió la cita. No tuvo que pagar por ella, pero contó con el apoyo de su marido, un informático que no solo pasa muchas horas pegado al ordenador sino que armó un programa de autocompletado de datos que facilitó el proceso. En medio no pudo viajar ni tramitar un préstamo bancario. Y aún se siente afortunada porque es consciente de que sin contar con esa ayuda no hubiese accedido a una cita.

“Hay gente especial que consigue las citas, no sé cómo, pues entre nosotros hay personas organizadas que están todo el rato frente al ordenador intentando buscar cita, pero es imposible”

Para Serigne del Sindicato de manteros, no hay duda de que la situación, que vienen hace tiempo denunciando, ha ido a peor. “Con todo esto lo que han creado es una mafia. Las citas, las principales personas que las necesitan no las pueden conseguir. Hay gente especial que lo consigue, no sé cómo, pues dentro de nosotros hay gente organizada que está todo el rato frente al ordenador intentando buscar cita pero es imposible”.

Serigne afirma que no saben muy bien qué pasa, pero que el problema va más allá de lo que se comenta sobre los locutorios, “las personas que van a pedir cita lo tienen que pasar por un abogado que les cobra un dineral, me parece absurdo. también hay determinadas citas para el colegio de abogados”. El activista considera estas prácticas discriminatorias en comparación con otros trámites como el padrón. “Para este en cualquier momento entras y hay citas, aunque tardes dos o tres meses. No tienes que recurrir a otra persona para pagarle para hacer otra cosa para conseguir la cita. Es bastante jodido y frustrante que en extranjería nos metan en este círculo que nos exprime”.

Hasta que Leticia no estaba muy desesperada, su abogada no le dijo que podía acceder a una cita a través del colegio de abogados. Esta estudiante de doctorado necesitó transitar de una beca de estudiante a la residencia como cónyuge, tras casarse con su novio. Con la complejidad burocrática no se dio cuenta de que habría podido renovar más tiempo en razón a sus estudios, y el trámite posterior al matrimonio le está llevando más tiempo del que esperaba. Cuando por fin le dieron turno para entregar toda la documentación fue en marzo, cuando todo cerró. Finalmente consiguió terminar el proceso tras el estado de alarma. Para ello, fue imprescindible contar con la asistencia de su abogada, una conocida de una amiga, que rebajó sus tarifas para ella. “Soy consciente de que sin recursos económicos y sin una red hubiese sido mucho más difícil”, denuncia. 

El colapso ha llegado hasta tal punto que un trámite inicial y esencial como supone poner las huellas en la tarjeta se ha vuelto imposible. La Coordinadora de entidades de Solidaridad con África (CESÁfrica) lanzaba una petición la semana pasada en la página change.org ante la situación. “Te mandan la carta con una autorización de residencia por un año, pero claro, desde que te llega la carta tú tienes que ir a la policía para que te ponga las huellas y que te den ya la tarjeta de identificación. Ahí es donde está el problema , porque si no puedes tener la cita no puedes tener la tarjeta y por lo tanto sigues estando en situación irregular”, describe una integrante de la CESÁfrica en conversación con el Salto.

La activista denuncia cómo es la propia administración la que lleva de esta manera a una situación de desamparo a las personas migrantes. “Si te quedas sin trabajo no te renuevan el permiso de residencia, por lo tanto lo pierdes todo y tendrías que empezar de nuevo. Esto es lo que considerábamos una situación de irregularidad sobrevenida como la que trajo el 2008 o ahora esta crisis. Pero es que en este caso es totalmente distinto, es la propia administración la que obstaculiza la obtención del permiso que ya te ha dado”. La situación preocupa especialmente en un escenario de crisis de empleo, con la gente amenazada de perder sus permisos de residencia, en un momento de reapetura de los CIE y cuando el gobierno retoma las deportaciones.

“Si te quedas sin trabajo no te renuevan el permiso de residencia, por lo tanto lo pierdes todo y tendrías que empezar de nuevo. Pero es que en este caso es la propia administración la que obstaculiza la obtención del permiso que ya te ha dado”

“Hay gente que no puede obtener ninguna cita para poner la huella”, constata Serigne por su parte, “definitivamente hay gente que su primera tarjeta no van a ver de qué color es, porque en las notificaciones que les vienen después de que les hayan concedido los papeles, les dicen que no se confeccionaran las tarjetas a las que les quedan seis o menos de seis meses para caducar, yo conozco gente que no va a recibir la tarjeta”. Les queda, comenta Serigne, apañarse con el número de NIE, pero solo con eso no pueden viajar, no pueden abrir una cuenta bancaria y, además, muchos empresarios no contratan solo con el número. “Y si te contratan ¿cómo te van a pagar si no puedes abrirte una cuenta? Es un limbo legal en el que estamos perdidos”.

Para Serigne esto no es más que el último episodio de una historia que dura demasiado y que está relacionada con la falta de personal en extranjería: “Hay una palabra que usan todo el tiempo y es una excusa. La crisis. ¿Qué crisis? Lo que tienen que hacer es contratar a gente. En las oficinas hay muy pocos funcionarios. Su sistema era reducir las citas para que el personal que esté ahí pueda atender a la cantidad de gente que tiene, pero lo que tienen que hacer es reforzar”. Al integrante del Sindicato de Manteros le frustra que los propios funcionarios, a los que ha oído muchas veces quejarse por su situación, no se organicen y protesten para obtener plantillas más amplias.

Plataformas, colectivos, organizaciones llevan tiempo denunciando esta situación de vulneración de derechos, escribiendo, exponiendo su gravedad ante el Defensor del Pueblo que se ha pronunciado diversas veces. La última campaña de la Coordinadora de Entidades Solidarias con África responde a esta intención y persigue conseguir un mayor apoyo de la opinión pública para que las quejas sean escuchadas. Serigne se muestra escéptico ante la eficacia de las acciones del Defensor del Pueblo. “Lo que hace es escribir a la delegación del gobierno, y esta delegación les cuenta milongas, llevamos desde el 2018 hasta ahora con esto”. Desde el Sindicato se plantean si no habría que llevar la cuestión a la justicia. De momento van a retomarse las reuniones para pensar en alguna acción masiva y contundente.

“Es racismo institucional con todas las letras”, resume Elaaddama. Constata sin embargo que el pasado fin de semana, sobre todo el viernes y el sábado, hubo más citas disponibles de las habituales y le han comentado que la situación debería empezar a mejorar durante este mes de noviembre. “Creo que es el resultado de todas las denuncias que están habiendo, y que ya saben que es una problemática muy grande que tienen que solucionar”.