Migración
Europa desmiente al Gobierno: la regularización extraordinaria de migrantes es potestad de los Estados

“La regularización de los migrantes irregulares es una cuestión cubierta por la legislación nacional”. Con esta frase, la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, contradice uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo español para no implementar una regularización extraordinaria con motivo de la crisis sanitaria, como vienen exigiendo más de cien colectivos migrantes y organizaciones desde abril de 2020 a través de la plataforma #RegularizaciónYa.

La aseveración de Johansson forma parte de la respuesta a la eurodiputada de Unidas Podemos, Sira Rego, que trasladó una pregunta del colectivo #RegularizaciónYa, que inquiría si, tal como afirmó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Jose Luis Escrivá, había límites en la política comunitaria que impedían que el gobierno del país optase por una regularización extraordinaria. En la respuesta de la comisaria, que se hizo pública esta semana, se recuerda que hay “contextos específicos” en los que una regularización puede ser una “respuesta política adecuada”.

“Era obvio”, comenta Edith Espinola, integrante de SEDOAC (Servicio Doméstico Activo) y portavoz del movimiento estatal #RegularizaciónYa, “porque Italia y Portugal empezaron a hacer sus propias regularizaciones, pero también porque el ministro Escrivá hablaba de un pacto de 2008 y, sin embargo, Alemania también había hecho una regularización en 2015”.

Las palabras del ministro se remontan al debate sobre la Proposición No de Ley para la regularización que la plataforma junto a Obrim Fronteras llevó en septiembre al Congreso, respaldada por más de 1.500 organizaciones y con el apoyo de ocho grupos parlamentarios. “Nos dijimos: aquí hay gato encerrado y lo tenemos que descubrir. Entonces comenzamos a trabajar cómo hacer llegar esta pregunta a la Comisión Europea”, rememora Espinola.

La respuesta de la Comisión Europea “nos muestra que se puede desarrollar una política migratoria que garantice los derechos, lo que hace falta es voluntad política”, afirma la europarlamentaria Sira Rego

Contaron con una aliada, Rego, quien hace su propio balance de la respuesta: “Nos muestra que se puede desarrollar una política migratoria que garantice los derechos, lo que hace falta es voluntad política”. La europarlamentaria considera que es el racismo institucional lo que subyace a que en muchos países de la UE, incluida España, predominen las “políticas que buscan la expulsión de las personas en lugar de su inclusión”.

Han pasado ya seis meses desde que la PNL se topase con el rechazo del Congreso, un bache en el camino que, para la portavoz de #RegularizaciónYa, no es una decepción: “Nosotras atravesamos el desierto, el océano, pasamos hambre, pasamos encarcelamiento y nuestra columna vertebral es la resistencia. Esta lucha empezó hace un año y la vamos a seguir manteniendo. Tenemos que demostrar que esta falta de voluntad política del gobierno más progresista, que dice que no va a dejar a nadie atrás, está dejando atrás a las personas”.

Las palabras de Johansson redundan en este sentido: “En el contexto específico de la pandemia de covid-19, la Comisión recordó que los Estados miembros disfrutan de una amplia facultad discrecional para conceder un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia a los migrantes irregulares por razones humanitarias o de otro tipo”.

La crisis sanitaria y social espolea la demanda de regularización

Sarah Babiker

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Coronavirus

La crisis sanitaria y social espolea la demanda de regularización

Sarah Babiker

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El estado de alarma y sus consecuencias más inmediatas ha puesto sobre la mesa la demanda de regularizar a las personas migrantes. La tensión entre una mirada desde la garantía de derechos humanos y otra utilitarista define el debate y las políticas.

En efecto, la emergencia sanitaria sigue ahí, y la exclusión de amplias capas de la población se está poniendo también de manifiesto en los planes de vacunación. #RegularizaciónYa denuncia la incertidumbre en cuanto a la inmunización de las personas en situación irregular: “No estamos hablando solamente de personas adultas, estamos hablando de menores, de niños, de mujeres embarazadas que no tienen claro qué van a hacer y —en el caso que sean vacunadas— si no se les va a abrir un expediente de expulsión o a multar por estar indocumentadas”, afirma Espinola. Una vulneración de derechos, según apunta la activista, y una rémora para la salud de toda la ciudadanía, completa la eurodiputada: “Hasta que no esté todo el mundo vacunado no estaremos todos protegidos”.

Rego estima que la regularización extraordinaria no debe ser apartada de la agenda, como no debe cejar el empeño por “cambiar la normativa y acabar con las trampas burocráticas con las que se encuentran las personas que tratan de regularizar su situación. A fin de cuentas no es más que facilitar el acceso a los servicios públicos a personas que trabajan y viven aquí”.

La lucha por la regularización “empezó hace un año y la vamos a seguir manteniendo. Tenemos que demostrar que esta falta de voluntad política del gobierno más progresista, que dice que no va a dejar a nadie atrás, está dejando atrás a las personas”, dice Edith Espinola, portavoz de #RegularizaciónYa

El balance que hacen desde #RegularizaciónYa de cómo se ha desenvuelto el Gobierno en el ámbito migratorio es más agrio que dulce: “Hemos visto que han trabajado de forma muy tímida ciertos temas pero que no llegan realmente a establecerse para toda la población indocumentada, a la par que siguen haciendo devoluciones en caliente, siguen manteniendo a las personas en Canarias secuestradas, siguen separando madres de niños que llegan en las pateras”. Condena también el desamparo en el que se deja a los menores migrantes ante los discursos de odio de la ultraderecha.

Rego coincide en que desde el Gobierno se podría ser más valiente, pues “desde el ámbito estatal se pueden mejorar enormemente las condiciones de vida de las personas migrantes, facilitarles los trámites, los procedimientos de asilo, las condiciones laborales. Margen hay, lo que hace falta es voluntad política”.

Tras la respuesta de la Comisión Europea, el movimiento ha decidido escalar su denuncia a las Naciones Unidas, pidiendo el apoyo a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachellet, “para que haga tomar nota al Estado de su mandato con respecto a la garantía de los derechos fundamentales que está negando sistemáticamente a esta población”. Recuerdan que la regularización, una decisión administrativa, es central para garantizar el derecho a la salud.