Migración
Preocupación ante las condiciones de retención de las personas migrantes que llegan a las Islas Canarias

“Creo que es esta semana cuando se van a reunir”. Así zanjaba el Presidente del Gobierno la pregunta de una periodista canaria sobre la situación en las islas con la llegada de pateras y acerca de la reunión bilateral entre el Gobierno de Canarias y el Estado en su comparecencia del pasado domingo 7 de junio.

La situación en las islas, que se encuentran ya en Fase 3, camino hacia la nueva normalidad es, en este aspecto, preocupante, con la llegada constante de embarcaciones al archipiélago y sin un plan claro por parte del Ejecutivo, a pesar de las demandas del Gobierno canario para buscar una solución compartida a la situación y recibir el apoyo económico necesario para hacer frente a la acogida de quienes llegan a las costas insulares.

Según el Informe de la Inmigración irregular publicado quincenalmente por el Ministerio de Interior, las llegadas tanto por vía marítima como terrestre en el Estado español desde el 1 de enero al 31 de mayo habrían descendido un 28,7% en comparación con el mismo periodo de 2020. Las llegadas exclusivamente por costa se habrían reducido en ese mismo periodo un 22,9%. Sin embargo, en lo que respecta al archipiélago canario, esta cifra habría experimentado un aumento del 636,6% al haberse registrado 2.475 llegadas en 2020 frente a las 336 de 2019.

El CIE de Las Palmas no garantiza “un trato digno” tras una reforma de un millón y medio de euros

Redacción El Salto

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Fronteras

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El juez de control centro de internamiento de Extranjeros de Barrancoseco, CIE que reabrió en noviembre tras un año cerrado, estima que sigue sin ser apto para recibir a personas migrantes.

De esta manera se consolida un desplazamiento de la ruta migratoria hacia Canarias que ya se venía anunciando toda vez que las llegadas por otras vías se han visto reducidas. Durante todo 2019 llegaron un total de 2.698 personas, cifra que prácticamente se habría alcanzado ya en los cinco primeros meses del año incluso con la reducción generalizada de llegadas por el covid-19.

Ya desde el año 2017 se viene hablando de un repunte de llegadas en la ruta atlántica hacia el archipiélago y de una nueva “crisis de los cayucos” que, sin embargo ha ido sufriendo año tras año subidas sin que se haya llegado a percibir como tal. En 2006, año de la denominada crisis, llegaron a Canarias 31.678 personas. Sin embargo lo que en 2006 fue anunciado como una avalancha que iba a desbordar los recursos del estado, finalmente no fue así. De la totalidad de las personas que llegaron a Canarias, una gran mayoría siguió su ruta hacia otros lugares sin generar mayores dificultades. Sin embargo, la falta de coordinación por parte de las administraciones implicadas a la hora de buscar una solución, tal y como demandan las autoridades canarias, sí ha generado problemas en el pasado y podría volver a generarlos.

El aumento que se ha presenciado de llegadas a las islas así como la situación durante la crisis del covid-19 ha hecho que se volviera a prácticas de retención que no se veían desde comienzo de los 2000

A pesar de que se está muy lejos de llegar a esa situación en cuanto a las llegadas, el aumento que se ha presenciado de llegadas a las islas así como la situación durante la crisis del covid-19 ha hecho que se volviera a prácticas de retención que no se veían desde comienzo de los 2000. Durante esos años se encerró a las personas que llegaban a nuestras costas en espacios temporales que iban desde cuarteles, naves, polideportivos o incluso cocederos de marisco en desuso a la espera de poder ser trasladados o deportados.

En la actualidad se está asistiendo a la retención de quienes llegan a las islas de forma preventiva y durante las 72 horas que permite la legislación en lugares como naves o almacenes que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad e higiene, que por otro lado deberían extremarse a cuenta de la situación sanitaria.

Estas naves, como es el caso de la nave habilitada en el Puerto de la Luz en Gran Canaria y de la nave habilitada en el puerto de Lanzarote, tal y como denuncian las organizaciones, están funcionando como extensiones de los calabozos en comisaría, tal y como ya ocurriera en Andalucía en años anteriores.

En el caso del primero incluso, las condiciones de habitabilidad y salubridad en que se encuentran, con apenas cuatro baños portátiles y sin duchas, durmiendo a ras de suelo en colchonetas facilitadas por la policía son más que cuestionables. Se ha constatado incluso que algunas personas habrían superado el plazo máximo de 72 horas retenidos sin que hayan sido trasladados a otro lugar. Incluso el Consejero de Sanidad y Portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Manuel Pérez ha reconocido que estas instalaciones no son adecuadas.

Se ha constatado incluso que algunas personas habrían superado el plazo máximo de 72 horas retenidos sin que hayan sido trasladados a otro lugar

Las informaciones recientes apuntan a la construcción por parte de Cruz Roja y el Ejército de un campamento para la acogida de personas migrantes en Arinaga, en el sureste de Gran Canaria, con capacidad para unas 900 personas que serviría para aislar a las personas recién llegadas para el cumplimiento de la cuarentena que dispone la Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse quienes proceden de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 así como para el aislamiento de posibles positivos.

Este campamento, que ha sido denominado por la ONG como centro de acogida comenzará a construirse el próximo lunes y estaría operativo en el plazo de un mes. Desde CEAR Canarias denuncian que no se trata de una cuestión de capacidad y que el problema no se soluciona ampliando los recursos de emergencia a la vez que recuerdan que Canarias no es el destino, sino una etapa más en el tránsito. Reclaman más plazas de acogida humanitaria —a pesar de que desde la Secretaría de Estado de Migraciones se ampliaron estas plazas de 70 a unas 1.000, siguen siendo insuficientes— y una actualización del plan de acogida humanitaria en las islas y sobre todo, el traslado de las personas que llegan a las islas, a otras Comunidades Autónomas a fin de completar su tránsito migratorio, que en ocasiones está vinculado a procesos de reagrupación familiar y darles asimismo una acogida digna.

“El sistema de acogida de emergencia está agotado” afirman en un sistema que se reinventa cada vez que llega una embarcación. La decisión por parte del Gobierno central de no realizar traslados a Península a fin de evitar, como indican, el ‘efecto llamada’ ha dejado encerrados en las islas a cientos de personas cuyo destino no era Canarias sino otros lugares de la Península e incluso de Europa.

La decisión por parte del Gobierno central de no realizar traslados a Península a fin de evitar, como indican, el ‘efecto llamada’ ha dejado encerrados en las islas a cientos de personas cuyo destino no era Canarias

Y mientras, en toda esta situación, aparecen nuevas entidades como Misión Cristiana Moderna, que gestiona la acogida en Fuerteventura. Indican que atienden a 151 personas y que no pueden acoger ni una persona más a la vez que plantean la reapertura del CIE del Matorral. Sin embargo el resto de organizaciones sociales de las islas entre las que se encuentra CIE No Canarias (formada por Médicos del Mundo o CEAR entre otras) rechazan esa opción “el CIE no es una opción para las personas recién llegadas a las islas, ni debería serlo para nadie” y recuerdan que los CIE no son espacios de acogida, sino espacios de detención que no deberían reabrirse de ninguna manera.

Este viernes desde REDESSCAN (Red Canaria en defensa del sistema público de Servicios Sociales) junto al Colegio de Trabajo Social de Las Palmas, ADNV (Acción directa Noviolenta); Alternativa Antimilitarista.Moc y otras entidades adheridas, han hecho llegar a Delegación de Gobierno un escrito en el que manifiestan su preocupación por la construcción del centro temporal en Arinaga instando a establecer “infraestructuras y servicios de alojamiento más descentralizados y con menor capacidad en cada uno de los mismos. Así como, planificar, desarrollar y potenciar políticas públicas en la atención de este colectivo, desde la perspectiva de derechos y no desde la securitización”.