Migración
La regularización extraordinaria, una medida con consecuencias feministas

La demanda histórica de regularización administrativa de miles de personas vio finalmente la luz verde el pasado martes 27 de enero. Años de trabajo desde 2020 y una pelea colectiva que se ha dado centímetro a centímetro explican esta victoria de Regularización Ya, el nombre que aglutina a un centenar de organizaciones y que ha conseguido una victoria con firma migrante y antirracista. 

Los cálculos indican que aproximadamente medio millón de personas que se encuentran en situación de irregularidad administrativa podrán verse beneficiados por la medida, que se extenderá hasta el próximo 30 de junio. El requisito para la regularización será que la persona haya permanecido en el país al menos cinco meses en el momento de la solicitud y para ello se podrán usar documentos acreditativos como el padrón, un certificado de citas médicas, contratos de alquiler y otros justificantes. La resolución positiva dará a permiso a una autorización de residencia por periodo de un año, después de la cual se puede iniciar un proceso para la residencia permanente.

Aunque la medida no se presenta de forma explícita como una política de género, sí es una medida de la que se pueden esperar efectos feministas, explica Lucy Polo, presidenta de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y de la asociación Por Ti Mujer

Y, aunque la medida no se presenta de forma explícita como una política de género, sí es una medida de la que se pueden esperar efectos feministas. Así se expresa Lucy Polo, presidenta de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe y de la asociación Por Ti Mujer. “No es una medida feminista por su etiqueta, sino por las consecuencias materiales que va a tener en la vida de las mujeres”, explica. 

Rafaela Pimentel es portavoz del colectivo Territorio Doméstico, una de las entidades que ha participado muy activamente para conseguir esta regularización. “Trabajamos durísimo recogiendo firmas todas las compañeras porque nos parecía que puede cambiar la vida de muchas compañeras del colectivo”, explica, sobre la recogida de firmas que permitió llevar una Iniciativa Legislativa Popular con 700.000 firmas al Congreso. Sobre sus efectos específicos para las mujeres migrantes, apunta que puede mejorar la vida de muchísimas trabajadoras de hogar y cuidados.

Impacto económico: directo a la cadena global de cuidados

La dimensión laboral de esta medida es la más visible y un impacto directo será sobre las cadenas globales de cuidados. Rafaela Pimentel explica cómo España sostiene gran parte de su sistema de bienestar sobre las espaldas de mujeres migradas, es decir, sobre el trabajo de un sector feminizado, precarizado y cimentado muchas veces en la informalidad. En concreto, en el sector de los cuidados, el 95% de las personas empleadas son mujeres, siendo una labor mayoritariamente realizada por mujeres mayores de 55 años y de origen extranjero. Un dato que explica por qué “la regularización es muy importante para nuestro colectivo”, como dice Pimentel.

La falta de papeles precariza aún más un trabajo ya de por sí castigado, valora Pimentel, por lo que tener papeles puede suponer poner fin a aguantar condiciones extremas por miedo. “A nuestro colectivo llegan muchas compañeras que no tienen papeles y eso, junto a que es un trabajo precarizado, dificulta muchísimo que la gente cumpla con los derechos: muchas han tenido que aguantar y aceptan cualquier cosa”, reflexiona.

La falta de papeles precariza aún más un trabajo ya de por sí castigado como es el de los cuidados, por lo que tener papeles puede suponer poner fin a aguantar condiciones extremas por miedo, explica Rafaela Pimentel (Territorio Doméstico)

La situación de irregularidad lleva a muchas trabajadoras a aceptar cualquier trabajo, sin tener ninguna capacidad de negociación de las condiciones, con el objetivo de “aguantar” tres años para conseguir la documentación a través del arraigo, explica Pimentel, que conoce de cerca la lucha intensa de las trabajadoras de los cuidados que hija dado lugar a avances de calado como la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo o las medidas del Ministerio de Trabajo para que las trabajadoras fuesen contratadas. 

El informe del Consejo Económico y Social (CES) del año 2025 refleja que las mujeres de origen migrante han supuesto un “impulso” crucial para la economía, alcanzando un peso en el mercado laboral ligeramente superior al de los hombres, tanto en términos de actividad como de empleo. Al mismo tiempo, soportan un peso más elevado en las cifras de desempleo, donde representan el 30,1% del total. 

Lucy Polo comparte el análisis, y añade: formalizar el estatus de estas trabajadoras no solo es de justicia para las mujeres que trabajan en la cadena de cuidados, sino que la dignifica y reconoce socialmente un aporte que históricamente ha sido invisibilizado.

Situación de irregularidad y violencia machista

Polo añade a su análisis otro factor: el de la violencia machista. En ese sentido, espera que la regularización tenga un impacto estructural porque la irregularidad administrativa es un factor que multiplica la vulnerabilidad de las mujeres en situaciones de violencia de manera desproporcionada. Cuando una mujer carece de documentación, razona, el simple hecho de denunciar una agresión, salir de una relación abusiva o exigir derechos básicos en el trabajo implica un riesgo real de expulsión o de pérdida total del sustento económico. 

En la Asociación Por Ti Mujer conocen bien la relación entre irregularidad y violencia machista. El informe Violencias sexuales en las mujeres migrantes trabajadoras del hogar y los cuidados, de 2024, recoge algunos datos que Polo utiliza para mostrar que las mujeres migradas están sobrerrepresentadas en las estadísticas de feminicidios.

Lucy Polo (Red Latinas y Por Ti Mujer): “La irregularidad administrativa es una herramienta de control en contextos de violencia machista, muchas mujeres no denuncian por miedo”

Entre los años 2003 y 2023, el 32,7% de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España eran extranjeras, una cifra que en 2023 se elevó dramáticamente hasta el 41,8%, dice Polo, que define la situación como de “sobrerrepresentación estructural”. Todo ello ocurre a pesar de que las mujeres migradas representan menos del 10% de la población femenina residente en el país, explica, aludiendo a datos de la delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. La Macroencuesta sobre violencia de género del Ministerio de Igualdad constata estos datos: el 24,7% de las mujeres nacidas en el extranjero han sufrido violencia física en la pareja, casi el doble que las nacidas en España, indica. “La irregularidad administrativa es una herramienta de control en contextos de violencia machista. Muchas mujeres no denuncian por miedo a la expulsión, a perder el sustento económico o a quedar fuera de cualquier protección institucional”.

Polo menciona otro informe de Por Ti Mujer: Sobrerrepresentadas, desprotegidas, en resistencia, del año 2025. Aquí, el analizar permite asegurar que las mujeres migradas no solo están sobrerrepresentadas en violencia, sino también en desprotección institucional. En veinte años, apenas 43.327 autorizaciones de residencia se han concedido a mujeres migradas por violencia de género o violencias sexuales en todo el Estado. “Eso muestra una brecha entre derechos reconocidos y acceso real a esos derechos”, valora. “Regularizar significa reducir esa brecha estructural; no elimina la pobreza automáticamente, pero sí elimina una de sus causas administrativas. Permite cotizar, acceder a protección social, alquilar vivienda, abrir cuentas bancarias y construir trayectorias laborales estables. Es una política de igualdad material”.

Pobreza y mujeres migrantes

Polo menciona la pobreza, un análisis en el que ha profundizado EAPN-ES (la entidad española de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión). En su informe Feminización de la Pobreza en España 2025: Análisis y propuestas para su erradicación, EAPN mostraba cómo las mujeres presentan de manera sistemática y persistente mayores niveles de pobreza y exclusión social.

Uno de los indicadores que utiliza EAPN es AROPE, el indicador clave de la Unión Europea para medir el porcentaje de población en riesgo de pobreza y exclusión social. Es este indicador el que muestra cómo la pobreza entre las mujeres se intensifica cuando concurren factores estructurales que limitan el acceso a ingresos y apoyos. Los niveles más altos de vulnerabilidad se concentran en las mujeres migrantes extracomunitarias, con una tasa del 45% en 2024, y en las familias monomarentales, con un 43,8%, dice el informe de EAPN. Por eso, regularizar significa reducir esta brecha estructural. Así lo argumenta Patricia Durán.

Cuando se habla de feminización de la pobreza, los niveles más altos de vulnerabilidad se concentran en las mujeres migrantes extracomunitarias, por los que EAPN-ES espera que la regularización pueda suavizar los indicadores para las mujeres migrantes

“Esta medida es un paso de avance enorme, un avance que llevamos reclamando desde el tercer sector social”, valora. Porque, aunque una regularización no vaya a elimina la pobreza de forma automática, obviamente, sí elimina una de sus causas administrativas fundamentales.

Durán señala de forma más específica al problema de la “pobreza severa”  —personas que viven con menos de 640 euros al mes y que no pueden acceder a algunos bienes básicos—, que castiga de forma más dura a las mujeres. Y ahí, dice, hay otro factor: que muchas de estas mujeres están al frente de familias monomarentales. Para ellas, a la dificultad de no poder alquilar una habitación, y mucho menos una vivienda, se suma “la dificultad de tener que organizar sus tiempos laborales, personales y familiares en función de los tiempos de sus hijos, lo que hace que acaben accediendo a trabajos más precarios”.

Contentas y vigilantes

A pesar de la alegría por la victoria de la regularización, las expertas mantienen una postura de vigilancia respecto a la implementación de la medida. Patricia Durán advierte de que el proceso será complejo y requerirá que se dote a la administración de los recursos económicos y humanos adecuados para realizar un acompañamiento efectivo, especialmente para aquellas personas que acaban de llegar o que no cuentan con redes de apoyo sólidas. 

Por su parte, Rafaela Pimentel insiste en que la lucha no termina con esta regularización, sino que el objetivo final debe ser la abolición de la Ley de Extranjería, que considera la raíz de muchos de los problemas que enfrentan las personas migrantes. La pelea es, dice, para que “haya unas fronteras seguras, tanto las internas como las externas, o que no haya fronteras”.

Patricia Durán (EAPN) advierte de que el proceso será complejo y requerirá recursos económicos y humanos adecuados para realizar un acompañamiento efectivo

Lucy Polo, desde Valencia, espera que las administraciones aprendan de los errores cometidos tras la dana, que motivó una regularización extraordinaria donde Red Latinas ha señalado problemas con los tiempos o los documentos que se pedía para el trámite. Más allá de eso, advierte: ninguna regularización por sí sola transformará las jerarquías de género ni la precarización del trabajo doméstico si no va acompañada de inspecciones laborales efectivas y un reconocimiento real del trabajo de cuidados como un pilar económico esencial de la sociedad.  “Podemos afirmar que es una medida con potencial feminista transformador, siempre que se entienda como parte de una agenda más amplia de igualdad, derechos laborales y justicia social”.