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Narcos, paramilitares y petrodólares. ¿Quiénes son los nuevos dueños de la mina de Aguablanca?

Esta semana se hizo pública una información de la que ya se venían escuchando rumores hace tiempo: la mina de Aguablanca, en Monesterio (Badajoz), tiene un nuevo dueño, una empresa nominalmente canadiense llamada Denarius Metals. La misma compañía que lleva algunos años intentando sacar adelante el proyecto Lomero-Poyatos, en la vecina provincia de Huelva, y también tiene intereses en el proyecto Toral, en el Bierzo, la Mina de Penouta (Ourense) y la Mina San Finx (Coruña).

En 2021 El Salto ya había destapado los turbios antecedentes del grupo de empresarios que en ese año compraran a Valoriza Minería, del Grupo Sacyr, la polémica mina de Aguablanca. Entonces, Sacyr vendió la empresa titular de la mina Rio Narcea Recursos S.A. a Claudenia Participaciones Empresariales S.L., representada por Iñigo Resusta Covarrubias, y Geológica Monesteriense S.L., representada por Alejandro Francisco Ayala y creada para ese efecto con un capital de apenas 3.000 euros. Como se adelantaba entonces, los nuevos propietarios no tenían ninguna posibilidad de sacar adelante el proyecto.

Oposición al plan de restauración de la mina de Aguablanca

Redacción El Salto Extremadura

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Extremadura Oposición al plan de restauración de la mina de Aguablanca

Redacción El Salto Extremadura

La posible reapertura de la mina de Aguablanca enfrenta diversas alegaciones que señalan el impacto ambiental que supondría el polémico y cuestionado proyecto.

Ecologistas en Acción alertaba de que el bróker Iñigo Resusta estaba implicado en varios delitos de estafa y, junto con Ayala, con fuertes vínculos con el holding Graphenano. Ambos fundaron Grabat Energy (filial de Graphenano), empresa que había previsto una facturación de hasta 4.000 millones de euros mediante la producción de baterías de grafeno de las que, finalmente, no se terminó por producir ni un solo ejemplar. También es el presidente de Auriga Global Investors, investigada por delitos de estafa y manipulación de mercados. Ambos se encontraban en libertad, bajo fianza de 2,9 millones de euros cada uno, por delitos de robo, delito continuado de administración desleal y delito continuado de estafa.

La entrada en Aguablanca de Denarius y su presidente Serafino Iacono hace que los antecedentes de Resusta y Ayala parezcan juegos de niños

Sin embargo, la entrada en Aguablanca de Denarius y su presidente Serafino Iacono hace que los antecedentes de Resusta y Ayala parezcan juegos de niños. Iacono es conocido fundamentalmente por su actuación en Colombia al frente de la petrolera Pacific Rubiales y de la empresa minera de oro Gran Colombia Gold, impulsando ambos proyectos tras el fracasado golpe de estado contra Hugo Chávez en 2002.

En ese momento, Iacono, junto con Miguel de la Campa, Pérez Branger y Franscisco Arata construyeron un nuevo emporio petrolero en Colombia. De la mano de los presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y tras recibir 440 millones de dólares de la fundación del ex-presidente Bill Clinton, Pacific Rubiales llegó a producir más de 300.000 barriles diarios de crudo, lo que en aquel entonces representaba el 30% de la producción nacional colombiana. En las elecciones presidenciales de 2014 la empresa hizo donaciones a las campañas electorales por valor de 2,7 millones de euros, a pesar de tener en ese momento deudas multimillonarias.

Tan sólo en 2012 fueron asesinadas 32 personas implicadas en los conflictos con la petrolera en Puerto Gaitán, tras el despido injustificado de 13.000 trabajadoras, incluyendo más de 3.000 afiliados del sindicato mayoritario, Unión Sindical Obrera

Tal y como relatan numerosos informes, incluyendo “Petróleo: Acumulación de agua y tierras en la Altillanura”, “El costo humano del petróleo”, “Pacific Rubiales: el coloso petrolero que cayó” y el documental “Operación Pacific Rubiales”, detrás del negocio se fueron acumulando escándalo tras escándalo: uso de paramilitares para atemorizar, secuestrar, violar y asesinar activistas indígenas, ecologistas, sindicalistas y campesinas; vulneración de derechos laborales y creación de sindicatos amarillos; contaminación de ríos y acuíferos; puertas giratorias; evasión de impuestos en paraísos fiscales; control de los medios de comunicación y demandas contra periodistas independientes; acaparamiento de tierras; finalizando con una quiebra en 2016 que buena parte del accionariado consideró fraudulenta.

Tan sólo en 2012 fueron asesinadas 32 personas implicadas en los conflictos con la petrolera en Puerto Gaitán, tras el despido injustificado de 13.000 trabajadoras, incluyendo más de 3.000 afiliados del sindicato mayoritario, Unión Sindical Obrera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluso llegó a dictar medidas cautelares para obligar al gobierno colombiano a proteger a activistas y representantes de comunidades locales. Durante su actividad, la empresa convirtió en una zona de guerra más de 55.000 hectáreas de tierras agrarias e indígenas en el departamento de Meta, sometidas al férreo control del ejército, policías, paramilitares y seguridad privada, todas al servicio de Pacific.

Poderosos intereses tras el litio de Cañaveral, en Cáceres

Manuel Nogueras

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Minería a cielo abierto en Extremadura Poderosos intereses tras el litio de Cañaveral, en Cáceres

Manuel Nogueras

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A propósito de la mina de Cañaveral, una aproximación para conocer la red institucional, empresarial y de proyectos industriales tras el litio extremeño

En paralelo, Serafino Iacono y sus socios lideraron otro proyecto polémico de minería de oro, el de la también quebrada Gran Colombia Gold, siempre a través de empresas interpuestas nominalmente canadienses. Como explica el informe “Minería del oro, territorio y conflictos en Colombia”, la empresa de Iacono, tras ocupar unas 9.000 hectáreas en la zona de Segovia-Remedios, recurrió de nuevo al ejército colombiano y a organizaciones paramilitares vinculadas al narcotráfico como el “Clan del Golfo” para atacar y extorsionar a las comunidades de mineros artesanales y encubrir denuncias por contaminación de las aguas.

Todo este emporio liderado por Iacono se creó mediante una compleja trama empresarial formada por más de 100 empresas distribuidas en 20 países, incluyendo paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas y jurisdicciones opacas como Panamá. De hecho, varias de las empresas vinculadas al grupo fueron establecidas por el gabinete de ingeniería fiscal de Mossack Fonseca y aparecen en los célebres ‘Papeles de Panamá’.

Evasión de ‘refugiados fósiles’

El pasado mes de agosto, el medio latinoamericano Halcones y Palomas informaba que “Recientemente los exlíderes de la quebrada petrolera Pacific Rubiales inyectaron capital a Denarius: Serafino Iacono (presidente ejecutivo y director ejecutivo de Denarius), Michael Davies (director financiero), Federico Restrepo Solano (director) y el exministro de Minas de Colombia Hernán Juan José Martínez Torres (director), así como el español Francisco Solé, ex El Tiempo y ex Pacific”. Precisamente Federico Restrepo acaba de ser imputado por la Fiscalía colombiana por financiación ilegal.

Aunque en la noticia de agosto apenas se mencionaban los Proyectos Zancudo (de oro, en Antioquia, Colombia) y el Proyecto Toral (en el Bierzo), ya entonces se rumoreaba la negociación para entrar en el accionariado de Aguablanca, que habría facilitado el empresario y abogado extremeño Antonio Luna, que en su día encabezó el fracasado proyecto de Corpham de abrir una mina de litio en el Salar del Hombre Muerto. Luna es frecuentemente asociado a delitos de blanqueo de capitales y estuvo implicado en la investigación por estafa vinculada con la trama de Alcoa.

Iacono y sus socios, traficantes de petróleo, gas y carbón, y ahora ‘refugiados fósiles’, se han reinventado de la noche de la mañana con proyectos como el de Aguablanca como ‘héroes climáticos’ y ejemplos de ‘minería verde’

Como parte de las mismas negociaciones, a mediados de este año desembarcó en la Mina de Penouta, contralada por Iacono y sus socios de Pacific, una empresa de comercio de metales, Traxys, que había estado implicada en la despatrimonialización fraudulenta de Alu Ibérica, propietaria de las plantas de alúmina de Coruña y Avilés. Antonio Luna fue precisamente el abogado que asistió a Rubén Domenech en los procesos por el saqueo de las cuentas de Alu Ibérica. En Penouta, la mina que en los años 80 perteneció a la célebre RUMASA de Ruiz Mateos, además de estaño se produce coltán, justificando el interés de Traxys. También en Puerto Gaitán, zona cero de Pacific Rubiales en Colombia, existe un importante tráfico ilegal de coltán, que acaba llegando a los mercados internacionales de la mano de narcomafias.

Llama la atención como las administraciones extremeñas han aplaudido sin reservas la llegada de empresas con tan oscuros antecedentes, pilotadas por empresarios que traen consigo un nefasto historial de vulneraciones de derechos humanos, corrupción, instrumentalización de las trabajadoras y ataques a las comunidades locales. Iacono y sus socios, traficantes de petróleo, gas y carbón, y ahora ‘refugiados fósiles’, se han reinventado de la noche de la mañana con proyectos como el de Aguablanca como ‘héroes climáticos’ y ejemplos de ‘minería verde’.

Pero, también en Europa, desde Cerdeña hasta Galicia (dónde controla o participa en la mina de Penouta, el proyecto de litio Alberta II y la mina San Finx), los negocios vinculados a Iacono ilustran los riesgos que supone abrir las puertas a este tipo de empresas, no sólo por los impactos ambientales que supone la explotación sin escrúpulos de minas metálicas con potencial demostrado de contaminar grandes extensiones a perpetuidad, sino también por la introducción de nuevas dinámicas asociadas a la erosión de la gobernanza y del estado de derecho, que pueden hacer de Extremadura una ‘zona de sacrificio’ que deberá padecer las mismas secuelas de la ‘maldición de los recursos’ (o ‘paradoja de la abundancia’): corrupción, crispación social, inestabilidad política y ataques a los derechos fundamentales. En eso, son expertas.