Monarquía
Condenados por hablar de Juan Carlos I cuando nadie se atrevía

España es una monarquía parlamentaria por la gracia de Francisco Franco, que encontró en el rey emérito a su honorable sucesor. Los poderes ejecutivos y legislativos redactaron durante la Transición dos leyes que preservan ese legado y que el poder judicial se ha encargado de velar, a pesar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por una parte, la Constitución Española establece la inviolabilidad del monarca. Por otra, el Código Penal define el delito de injurias a la Corona. Cómo plantear una república sin debatir sobre la monarquía es una de las paradojas españolas que durante cuarenta años ha condenado a periodistas, políticos, artistas, ilustradores y activistas. 

“Me tragué un año en la prisión de Nanclares”, explica Xabier Sánchez Erauskin a través de su teléfono adaptado para la sordera. ¿Pero volviste a escribir sobre el rey? “La verdad es que no. Tampoco es que tuviera obsesión con él, si acaso, con la república, pero ya se veía entonces que la república era más tabú que la monarquía, bastante más… Y creo que sigue siéndolo”, concluye a sus 85 años este hombre que ha sido tantas cosas: marinero en la isla de Terranova, periodista en la revista Punto y Hora y el diario Egin, y profesor de periodismo en la Universidad del País Vasco, donde le gustaba contar a sus alumnos de primer curso que en esta vida se puede escribir de todo, excepto del rey. Porque así lo dictan las leyes y porque así lo atestiguaba él, que fue el primero en cumplir condena por un delito de injurias a la Corona, que le llevó preso un año, en 1983, en la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca.

“Me tragué un año en la prisión de Nanclares en 1983. Ya se veía entonces que la república era más tabú que la monarquía, y creo que sigue siéndolo”, afirma el periodista Xabier Sánchez Erauskin 

Su delito fue escribir en 1981 el editorial, en clave de humor, titulado El paseíllo y la “espantá”. Comparaba la visita del monarca a su paso por Gernika con el toreo, y eso no gustó a la fiscalía, tampoco al juez. “El caso era tan ridículo que en el juicio prácticamente ni hablaron”, recuerda. Como él, periodistas, políticos, cantantes, ilustradores y activistas han sido amonestados al amparo de una legislación que en su artículo 490.3 del Código Penal establece que cualquiera que calumnie o injurie al rey o reina, así como a sus ascendientes y descendientes, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fuera grave, y con multa si no lo es. 

Además, el artículo 56.3 de la Constitución Española establece que “la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. A efectos prácticos, el monarca puede hacer lo que le plazca y sus acciones no están sujetas al escrutinio público a través de los medios de comunicación, el arte y la política. ¿Cómo plantear la república sin fiscalizar a la monarquía si ello está asociado a penas de prisión? 

Europa condena a España

Este dilema lo empezó a desenmarañar la sentencia de 2011 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que absolvió a Arnaldo Otegi y condenó a España por “sobreproteger” la figura del monarca. Tras el cierre del diario Egunkaria, en 2003, su director y compañeros de trabajo denunciaran torturas en comisaría. Un día después, Juan Carlos I visitó Bilbao y Otegi le llamó “el rey de los torturadores”.  La sentencia europea reconocía que los tribunales españoles habían vulnerado la libertad de expresión de Otegi al condenarlo a un año de cárcel, pero el auto llevaba aparejado un problema que no se subsanó hasta la siguiente sentencia. 

“El Tribunal valoró la figura de Otegi como representante político, e indicaba que su derecho a la libertad de expresión debe ser mayor porque no solo expresa su opinión, sino también la de la gente que le ha votado, por lo que debe respetarse su libertad aún más que la de una persona normal”, desgrana Daniel Amelang, abogado del despacho Red Jurídica. Por lo que el auto no era de aplicación a las personas corrientes. 

Europa vuelve a condenar a España

La sentencia que sí marcó un antes y un después fue la de 2018 sobre los dos independentistas catalanes que en 2007 quemaron fotos del rey y de la reina. “El Tribunal Europeo razonó entonces que aunque los activistas no eran representantes populares, hicieron una crítica a la monarquía y esta debía ser impune, ya que no incitaba al odio ni a la violencia. Desde esa sentencia de hace dos años, el número de procesos por injurias a la Corona ha caído en picado”, detalla Amelang.

Dicho de otro modo, primero Europa restringió las condenas por injurias contra el jefe de Estado y recomendó que no hubiera penas de cárcel, sino solo multas, y luego estableció un rasero para el delito frente a la libertad de expresión: solo se considerará injuria cuando los actos inciten al odio o a la violencia. “Aunque debemos recordar que si el condenado no quiere o no puede pagar las multas, dos días de multa equivalen a uno de privación de libertad”, apunta el letrado sobre las sentencias que pesan aún a, por ejemplo, cantantes como Valtònyc. 

“Nunca he tenido tantas muestras de solidaridad como entonces, ni repercusión sobre mi trabajo. Ahora resulta fácil meterse con la Casa Real. Hace 15 años, no”, asegura el ilustrador Javier Ripa

la monarquía no es un chiste

Entre Arnaldo Otegi y los independentistas Enric Stern y Jaume Roura, hubo otros casos sonados que la fiscalía consideró que atentaban contra la libertad de expresión. En 2006, Juan Carlos I disparó a un oso borracho en Rusia y el ilustrador Javier Ripa y el periodista Josetxu Rodríguez realizaron un fotomontaje para el suplemento de humor Caduca Hoy del diario vasco Deia. “Lo vi todo tan absurdo que nunca sentí presión”, afirma Ripa al recordar las dos querellas que pesaban sobre él. 

“Nunca he tenido tantas muestras de solidaridad y de cariño como entonces, ni repercusión sobre mi trabajo. Ahora todo esto se puede discutir y resulta fácil meterse con la Casa Real. Hace 15 años, no”, asegura el ilustrador que finalmente fue absuelto tras este aviso a navegantes.

Un año después, en 2007, un número de la revista satírica de tirada estatal El jueves fue secuestrado por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, el mismo magistrado que firmó el auto del cierre del diario Egunkaria. En aquella portada que, como no podía ser de otra manera, se hizo viral de la manera en que en 2007 se hacían virales las cosas (leyéndola más, hasta 135.000 lectores según el Estudio General de Medios), aparecían Felipe de Borbón y su esposa Letizia Ortiz encamados y retozando comentando el cheque-bebé que acababa de aprobar el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero. Su segunda hija, la princesa Sofía, había nacido dos meses antes.

En este caso, que suponía un toque de atención desde la Audiencia Nacional para no meterse tampoco con el hijo del rey, que en siete años iba a heredar el trono, los responsables de la revista fueron condenados a pagar una multa de 3.000 euros.

Tampoco una canción

El periodista Jonathan Martínez es un pozo sin fondo de memoria histórica reciente. “Los casos más clásicos los encontrarás en el País Vasco y en Catalunya”, indica, “pero también hay recientes como el del activista canario Roberto Mesa, el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores Óscar Reina, el rapero Moisés Rivas, el alcalde de Puerto Real José Antonio Barroso y el grupo de música Ardor de estómago, que en una canción ponían a la Corona bastante fina”. La Insurgencia, Pablo Hassel y Valtònyc se suman a la larga lista que ha otorgado a España el primer puesto del país con más artistas condenados por violar la libertad de expresión. Todos han cantando a un rey ahora desterrado que la justicia suiza acorrala y la española dice que investiga.