Fondos Next Generation
Biogás de macrogranja subvencionado por Europa, el último lavado de cara verde de la industria porcina

Los fondos europeos integrados en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, más conocidos comoFondos NextGenerationEU, son la gran esperanza para salvar la debacle económica causada por la pandemia. Son 750.000 millones de euros, de los que 140.000 están destinados a España. Pero todo tiene un lado oscuro —o varios—, y la gran estrategia de la Unión Europea post covid-19 no podía ser menos.

La recientemente publicada Guía Next Generation EU: más sombras que luceslos define como “un instrumento temporal para financiar la transformación y modernización de la economía europea en clave verde y digital”. Regidos por el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), establecen que “un mínimo del 37% de las inversiones y reformas deben contribuir a la neutralidad climática europea en 2050 y el 10% a biodiversidad”. La teoría es que las inversiones no vayan en dirección contraria a los objetivos climáticos de la UE y sus Estados miembro.

En opinión de estas organizaciones, las fondos de recuperación servirían así para “subvencionar falsas soluciones como el biogás a gran escala”

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) gestionará 10.000 millones de los Next Generation, que deberían estar basados en criterios medioambientales y climáticos, pero la gran industria cárnica ya ha cogido carrerilla y pretende aumentar su producción mediante “la creación de plantas de tratamiento de purines de los animales que viven hacinados en las macrofábricas de carne industrial, con el fin de producir biogás”, tal como denuncian Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Food & Water Action Europe, Justicia Alimentaria y el Observatorio de la Deuda en la Globalización.

En opinión de estas organizaciones sociales, los fondos de recuperación servirían así para “subvencionar falsas soluciones como el biogás a gran escala, ya que no resuelve los problemas ambientales asociados a la ganadería industrial y puede generar graves impactos en el territorio”.

“A esta altura del cambio ambiental global, no podemos permitirnos ni medio paso en falso”, apunta Elisa Oteros, portavoz de Ecologistas en Acción. “Estos fondos de recuperación no solo no deben apuntalar el sistema ganadero industrial contaminante e injusto, sino que deben apoyar la transición agroecológica”, añade.

Crecimiento exponencial

Las solicitudes de nuevas macrogranjas industriales, especialmente de porcino, o de ampliaciones de las existentes se han disparado en 2021, culminando un proceso que viene desarrollándose en las dos últimas décadas, con dos claros perjudicados: el medio ambiente del entorno rural y las población que lo habita. Solo en la provincia de Cuenca, desde 2009 se ha quintuplicado el número de cabezas de cerdo, pasando de 106.977 a las 553.848. A nivel estatal, la cabaña ganadera ha aumentado a un ritmo de 20.000 cerdos por semana en los últimos años, tal como denuncian desde las cinco organizaciones.

Los datos que manejan las ONG ambientales apuntan a que el 67% de las emisiones del sector agrícola —cuarto sector emisor de España— provienen de la ganadería

Ante la nueva avalancha de peticiones de apertura, y la movilización ciudadana en las zonas afectadas, las cinco organizaciones han hecho este jueves un llamamiento al Gobierno para que no financie, a través de los fondos europeos de recuperación, proyectos impulsados por las grandes empresas de la industria cárnica. “Dichas ayudas únicamente servirían para aumentar los graves impactos sociales, medioambientales y climáticos asociados al modelo de ganadería industrial”, sostienen.

Industria anticlima

Mientras España se ha convertido en el cuarto productor mundial de carne de cerdo, solo por detrás de China —cuyas clases medias han aumentado exponencialmente su consumo de carne—, EE UU y Alemania; y siendo el tercer exportador global, las emisiones de gases de efecto invernadero del sector se disparan. Los datos que manejan las ONG ambientales apuntan a que el 67% de las emisiones del sector agrícola —cuarto sector emisor de España—provienen de la ganadería. Y la del porcino ya ha aumentado al 22% de dichas emisiones provenientes del sector cárnico.

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Las plataformas ciudadanas contra la implementación de macrogranjas de ganadería intensiva exigen al Gobierno una moratoria que frene las habilitaciones hasta que se evalúe su impacto y reclaman una normativa que regule el tratamiento de purines.

“Los proyectos presentados por la industria cárnica a los fondos europeos de recuperación suponen el desarrollo de grandes explotaciones industriales, en un modelo de integración vertical, que está sustituyendo a las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas independientes que fijan población en el medio rural”, denuncian las cinco organizaciones.

Desastre rural

Dejando aparte su impacto climático, conocidos son los efectos perjudiciales de la ganadería industrial y sus macrogranjas en las zonas donde se instalan. Toneladas de purines —estiércol licuado resultado de la mezcla de las defecaciones, aguas de lavado y restos de piensos— acaban en unos suelos que no pueden absorber las cantidades que les llegan de las instalaciones ganadera. La contaminación pasa a masas y cursos de agua y acuíferos, afectando a la calidad del agua.

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Los proyectos de ganadería intensiva de más de 2.000 cerdos se multiplican en las zonas más despobladas del Estado, con especial incidencia en Castilla-La Mancha. Mientras la región fomenta esta industria, la movilización vecinal se incrementa. Tras años de tensión en multitud de pequeños frentes, nace la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial.

“Los planes hidrológicos vigentes han puesto en evidencia la mala calidad de las masas de agua, en gran medida, debido a la ganadería industrial. Además, la Comisión Europea ya ha advertido a España, a través de un dictamen motivado, de la necesidad de afrontar este problema”, denuncian los cinco colectivos. Es por ello que las organizaciones como la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial exigen al Gobierno una moratoria a la ganadería industrial y aboga por una reducción de la cabaña ganadera industrial y una transición a modelos de ganadería extensiva y sostenible, que fije población en el territorio rural y la llamada España vaciada. “Exigimos al gobierno una verdadera transición justa y sostenible del modelo alimentario que apoye a la España vaciada”, apunta por su parte Andrés Muñoz, responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra.

Otro lavado de cara verde

Para los ecologistas, las nuevas plantas de producción de biogás ligadas a las explotaciones ganaderas industriales planteadas en los proyectos presentados a los Fondos NextGenerationEU suponen “una estrategia de lavado verde de las grandes empresas cárnicas y un apoyo con dinero público a la ganadería industrial que debería destinarse a otros fines”. 

Como denuncian, “la producción de biogás no elimina el principal problema de los purines, la contaminación por nitratos, y su posible inyección a la red de gas en forma de biometano solo sirve como excusa para perpetuar inversiones en infraestructuras de gas fósil que dificultan la transición energética”.

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La expansión de la ganadería porcina intensiva en España se ha intensificado en el último lustro.

Según señala Andrés Muñoz, “la emergencia climática, de salud y de biodiversidad que vivimos, junto al histórico abandono de la nuestras zonas rurales, nos exigen soluciones reales y urgentes. La ganadería industrial y la producción de biogás no deben tener cabida en la financiación pública”.