Nicaragua
“La empresa privada mantuvo una alianza con Ortega a través de un corporativismo autoritario”

Entrevistamos en la sede de El Salto a dos jóvenes nicaragüenses, Yerling Aguilera y Jessica Cisneros. Ambas son feministas, activistas en derechos humanos y forman parte de la articulación de movimientos sociales y sociedad civil de Nicaragua. Estuvieron en Madrid para dar visibilidad a la campaña que promueve la Caravana Informativa de Solidaridad Internacional con Nicaragua.

El Gobierno nicaragüense presidido por el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo, que en 2016 ganara las elecciones presidenciales con el 72% de los votos, recibe una contestación social sin precedentes. Amplios sectores de la sociedad civil, desde estudiantes a empresarios, docentes y campesinos, exigen su renuncia, en medio de una movilización generalizada. Al menos 143 muertos y miles de heridos dan cuenta de la intensidad de la represión gubernamental sobre los manifestantes.

En el seno de la izquierda se libra una disputa sin cuartel por el relato acerca de qué es lo que —de fondo— está en juego en Nicaragua. Una parte considera que esta rebelión forma parte de una ofensiva destituyente orquestada por la patronal y los intereses de Estados Unidos. Ambas activistas, sin embargo, no dejan dudas acerca de la legitimidad de la rebelión popular. Y denuncian el carácter del Gobierno Ortega-Murillo que, según denuncian, se ha aprovechado del prestigio conquistado por el FSLN para usufructuar un poder cuya naturaleza estaría en las antípodas del movimiento revolucionario que triunfara en 1979.

¿Qué papel están jugando las mujeres en la rebelión actual y cuáles son sus reivindicaciones?
En la amplia coalición que se ha formado no podría decirse que se haya visibilizado una agenda específica feminista. Hay muchas mujeres participando, pero la Mesa de Diálogo —que es una coalición formada para negociar con el Gobierno Ortega-Murillo— se ha centrado en dos puntos: democratización y justicia. Las feministas somos parte de la articulación social, pero aún no hemos conseguido posicionar una agenda propia. En la Mesa de Diálogo hay una representante del movimiento de mujeres, pero es que ¡tenemos tantas urgencias! Sobre todo salvaguardar nuestras vidas. 

¿Hay algún programa mínimo para ese diálogo?
Sí. Los puntos son democratización y justicia. Pero para tratarlos pusimos como precondición el cese de la represión, y como el Gobierno siguió reprimiendo, suspendimos ese diálogo. No se podía dialogar mientras afuera se masacraba a la gente.

“Lamentablemente hay una izquierda que asocia esta disidencia a un ataque a los gobiernos autodenominados progresistas”

La izquierda está dividida en el relato sobre lo que sucede en Nicaragua. ¿Cómo entender lo que está pasando?
Lamentablemente, hay una izquierda que asocia esta disidencia a un ataque a los gobiernos autodenominados progresistas. Ahí hay un error grueso, que parece desconocer las dinámicas internas de los procesos políticos de cada país. A veces se hacen analogías que no corresponden entre diferentes países. Además, suelen calificarnos de resortes del imperialismo y hay que aclarar que fue el Gobierno de Daniel Ortega el que pactó el acceso a cuotas de poder con los partidos políticos de derecha, de una derecha bastante reaccionaria en términos económicos, ideológicos y políticos. El Gobierno, además, ha abierto el Tratado de Libre Comercio con los EE UU y ha sido un aliado del Gobierno de ese país. Prueba de ello es que durante estos 11 años ha gobernado prácticamente sin ninguna injerencia por parte de los EE UU. Y también en términos económicos mantiene una relación —diríamos— matrimonial. En la segunda comparecencia que hizo Daniel Ortega a raíz de las protestas se hizo acompañar por empresarios de capitales chinos, pero también estadounidenses. Y está claro que privilegia esos intereses por sobre las demandas populares.

¿Qué relación mantiene el Gobierno de Ortega-Murillo con los empresarios?
La empresa privada mantuvo una alianza con el Gobierno durante estos once años a través de un corporativismo autoritario, por el cual las decisiones económicas descansaban en un modelo tripartito constituido por el Gobierno, la empresa privada y los sindicatos. Estos últimos están supeditados al partido gubernamental. Durante todo ese tiempo las decisiones han sido consensuadas entre estos tres agentes, al margen de las necesidades de las clases populares nicaragüenses.

“Hay que dejar claro que la empresa privada se benefició de toda la red institucional que prevaleció en el país”

Entonces ¿cómo se entiende que los intereses de EE UU y del establishment empresarial nicaragüense estén ahora en la oposición al Gobierno Ortega-Murillo?
Las clases dominantes siempre parten de una lectura fría y racional de lo que son las condiciones políticas. En el momento en que el empresariado percibe que Daniel Ortega pierde el control sobre las calles y que hay una rebelión popular y masiva en contra suyo —y que exige su salida— se replantea su posición. Por ahora, las posturas de la empresa privada son bastante tibias. Es claro que no están a favor de las demandas del pueblo, pero buscan conseguir un aterrizaje suave que les permita resguardar su agenda económica.

¿Queréis decir que le dieron apoyo a Ortega-Murillo hasta donde les sirvieron, pero ahora buscan una salida propia?
Exactamente. Pero hay que dejar claro que la empresa privada se benefició de toda la red institucional que prevaleció en el país. Sobre todo, a través de ese sistema de compadrazgo y redes clientelares para mantener su agenda, y sobre todo el sistema de privilegios fiscales que tenía. Ahora se han distanciado del Gobierno porque no hay condiciones para continuar con ese modelo, están buscando cómo restituir las condiciones existentes antes de la rebelión popular.

¿Qué diferentes actores e intereses están detrás de esta oposición a Ortega-Murillo?
Las movilizaciones han sido espontáneas y en este momento la mayoría del pueblo nicaragüense está en las calles. A partir de ello, es esperable que empiecen a manifestarse diversos intereses, agendas y actores. Están movilizados los estudiantes, los grupos campesinos, la gente de los pueblos, de los barrios. Un rasgo característico de todas estas movilizaciones es que hay un distanciamiento y un rechazo al tutelaje de los partidos políticos tradicionales, particularmente de los partidos de derecha, porque han sido parte de esta luna de miel del gobierno, para consolidar este modelo represivo.

¿Qué papel está jugando la Iglesia católica?
Es necesario analizar el rol de la Iglesia a partir de sus matices. Dentro de ella existe un ala —digamos— renovadora, que es una herencia de lo que fue la Teología de la Liberación, con una posición un poco más contundente y crítica ante el Gobierno. Y por otra parte, un ala más reaccionaria, que ha sido bastante tibia en condenar la represión gubernamental. Pero sí hay que decir que por el peso que tiene en el país —donde todavía hay una mayoría católica— la Iglesia se siente legitimada para desempeñar un rol de mediador. Más aún porque no hay otros representantes en los que pueda delegarse la confianza para ello. Ha intentado tender un puente entre la oposición y el Gobierno.

“El orteguismo siempre ha presumido de tener una base popular, sin embargo, ahora se ve que esa ‘base popular’ está en las calles

En 2016 el matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo ganó las elecciones por un porcentaje abrumador del 72%, ¿cómo han conseguido construir su poder, a nivel popular?
Es cuestionable tomar estadísticas electorales para asumir que detrás de esas cifras hay un respaldo popular porque en Nicaragua las instituciones, sobre todo las electorales, están supeditadas al brazo partidario del Gobierno. Siempre hubo desconfianza ante la fuerte sospecha de que ha habido una larga estela de fraudes, construida a partir de esas alianzas de reparto de cuotas de poder. El orteguismo siempre ha presumido de tener una base popular, sin embargo, ahora se ve que esa “base popular” está en las calles. También hay que decir que este bolsón electoral se ha sustentado en una red de favores, de retribuciones con empleos estatales y de beneficios a través de programas sociales. Pero, una vez tejida esa red, la gente tiende a distanciarse del Gobierno porque no hay una vinculación ideológica legítima y consistente con el partido del Gobierno.

¿Cuál es la posición de la vieja guardia del FSLN ante el Gobierno Ortega-Murillo?
En 1994 y 1995 hubo una estampida de la vieja guardia del FSLN que dio inicio a un intento de contrapoder desde el sandinismo. Lo intentaron a través del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), pero no prosperó. Entonces esa vieja guardia quedó dispersa, sin un proyecto político concreto. Hoy en día, algunos elementos mantienen una postura crítica respecto del orteguismo, pero no tienen una agenda propia de consenso. Mónica Baltodano es una de las personas que ha tenido un rol reflexivo y crítico desde una perspectiva de izquierda, para señalar las mutaciones del FSLN en un aparato prácticamente capitalista.

¿Qué papel desempeña en el actual conflicto al megaproyecto del canal alternativo al Canal de Panamá patrocinado por China, que el Gobierno pretendería construir?
Ese canal fue una ilusión desarrollista que nunca pudo concretarse en términos prácticos. Por una parte, ha carecido de respaldo de estudios de viabilidad, pero también porque toda la fuerza de rechazo y descontento del movimiento campesino que iba a ser afectado directamente ha dejado a la vista las desventajas de construir ese canal. Y también porque hubo poca transparencia en lo que sería la concesión canalera. La empresa concesionaria prácticamente ha levantado las oficinas y hoy ese canal es sólo una ilusión que supuestamente nos iría a montar en el tren de un desarrollo extractivista-capitalista. Actualmente ya no hay ningún indicio claro de que se vaya a realizar. Sobre todo, porque el movimiento campesino es un actor que está movilizado y sigue impugnando la ley 840, que ampara la concesión del canal. Además, esa movilización campesina ha dejado al desnudo la contradicción de un gobierno que retóricamente se denomina popular y participativo, pero que ha pasado por encima de esas comunidades, un colectivo históricamente excluido, siempre tratado como clase residual.

¿Y lo del canal podría ser un factor de movilización de los intereses estadounidenses contra Ortega?
No. Si hasta había empresas norteamericanas interesadas en participar en ese proyecto. El Gobierno de los EE UU nunca tuvo una posición claramente contraria. Las oposiciones y las contradicciones vinieron desde adentro, desde los colectivos campesinos.

“En Nicaragua y en cualquier parte del mundo todo vacío de poder es una ventana abierta para esos intereses [corporativos]”

Y en ese maremágnum, si al final se consigue que Ortega-Murillo se vayan ¿no teméis ser utilizadas por gente igual o peor que ellos?
En Nicaragua y en cualquier parte del mundo todo vacío de poder es una ventana abierta para esos intereses. Las feministas apostamos, como parte que somos de esa articulación de movimientos sociales y sociedad civil, a construir un poder desde abajo. Esto implica un proceso de formación y de concientización política que pueda desplazar a esos intereses que pretendan aprovechar esta movilización para conseguir la penetración de una política de derecha. Recordemos que esos intereses han formado parte de esa estructura que ha permitido que el Gobierno de Daniel Ortega pudiera establecer este modelo represivo.

¿Y cómo se estructuraría ese poder popular?
Estamos intentando desmontar desde las bases el modelo caciquil y antidemocrático que hemos venido padeciendo ya no de estos últimos once años, sino también de los partidos liberales. Y es una construcción compleja. Sobre todo, hay que entender que la respuesta no puede venir de los dos meses que llevamos movilizadas, sino que es un proceso que se está abriendo. Ha habido personajes de partidos de la derecha que han querido tener un protagonismo y no se les ha permitido. Eso evidencia el enorme malestar ante el sistema corrupto que se ha instalado en el país. Se trata de operar una reconstrucción pero desde abajo, desde las bases populares.

“A pesar de la observación y seguimiento cotidiano, la represión no para”

¿Cuáles son las motivaciones de esta Caravana?
Es importante cuestionar la gestión institucional del Gobierno Ortega-Murillo, pero tanto o más lo es denunciar su sistemática violación a los derechos humanos. Y como a nivel interno aún no tenemos la fuerza suficiente para gestionar eficientemente esa denuncia, buscamos respaldo internacional. Así, a partir de la presión social actuó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha registrado la violencia estatal. También Amnistía Internacional da un respaldo importante, denunciando las muertes, asesinatos, violaciones, secuestros, detenciones arbitrarias y los crímenes de lesa humanidad. Estas organizaciones internacionales intervinieron para conseguir protección para Silvio Báez, representante de la Conferencia Episcopal que forma parte de la Mesa de Diálogo. Pero no pueden dar garantías a todos los nicaragüenses que están en las calles. A pesar de la observación y seguimiento cotidiano, la represión no para. Y esto es una muestra de que el Gobierno, aunque se haya sentado en la Mesa de Diálogo y supuestamente dado señales de querer dialogar y poner fin a esto, con las medidas represivas que continúa tomando no da garantías de que es eso lo que de verdad quiere. Todo lleva a creer que lo que lo guía es la ambición y querer continuar en el poder.

“Nuestra principal arma han sido los teléfonos móviles”

¿A instancias de quiénes intervino la CIDH?
A partir de una solicitud que se hace desde la ciudadanía. El Gobierno sintió la presión social y —después de negarse— al final permitió su ingreso. La precondición que pusimos para el primer diálogo fue que entrara la CIDH para documentar los casos de violación a los derechos humanos. Después llegó Amnistía Internacional, así como otros organismos como la ONU. Para todo esto nuestra principal arma han sido los teléfonos móviles.

¿Cuál ha sido el papel de los medios?
Los medios nacionales están cooptados por el poder. Son oficialistas y han creado una campaña mediática para acusar a la derecha y al imperialismo por las movilizaciones, e intentar hacer creer que en el país se vive en un ambiente de amor, paz y solidaridad. La realidad es muy otra y sólo las redes sociales y los medios independientes han difundido lo que pasa en las calles.

¿Hay medios nicaragüenses confiables?
Sí. Hay dos medios independientes: Confidencial y Cien por Ciento Noticias. De hecho, este último y Canal 12 —que también es independiente pero cuenta con menos recursos— fueron retirados del aire durante seis días. Además, han sido atacados físicamente por cuerpos parapoliciales y gente afín al Gobierno. Tratan de coartar la información para que no llegue al dominio público. También hay una campaña evangélica que se empeña en un mensaje de “paz para Nicaragua”, pero que no hace ninguna mención a la justicia, ni a los 143 asesinados.

¿Sentís que vuestra integridad corre peligro?
En este momento hay una campaña de criminalización contra nosotras. Se nos acusa de ser agentes del imperialismo, de parte del Gobierno y de algunos medios como RT y Telesur, que no conocen nuestros perfiles y se han prestado a este juego. Somos mujeres de izquierda y es lamentable que se presten a esta campaña criminalizadora, que además nos torna un blanco de cualquier ataque en Nicaragua.