Capitalismo
¿Qué hay de nuevo, viejo? Capitalismo, poder y energía en Euskal Herria

Con más de un centenar de proyectos de energías “renovables”, entre eólicas, solares y de hidrógeno, la Comunidad Autónoma Vasca experimenta un nuevo ciclo de producción energética. Parte del discurso oficial y corporativo sitúa esta escalada en el marco de la transición hacia la soberanía energética y la lucha contra el cambio climático. Pero una mirada más precisa a proyectos como los 29 parques fotovoltaicos que proyecta la empresa Solaria no muestra una transición, sino nuevos influjos de energía destinados a industrias como la de los centros de datos que esta compañía y otras, como Merlin Properties, proyectan en la región.

Este boom desarrollista es la respuesta institucional a la doble crisis del modelo energético e industrial que experimenta Euskal Herria. Un modelo caracterizado por la dependencia energética, los cuellos de botella y la subordinación a esquemas de capitalismo logístico y globalizado, especialmente frágiles ante ciclos de crisis como los provocados por la COVID 19 y las guerras de Ucrania y Oriente Próximo.

Araba, el territorio menos poblado, más rural, con los espacios naturales mejor conservados y con mayor índice de propiedad pública y comunal de toda la CAV, está llamado a soportar más del 80 % de estos desarrollos energéticos, así como dos de los hubs tecnológicos más intensivos de la región.

Bajo el lema “No a los macroproyectos / Makroproiekturik ez!”, decenas de colectivos y asociaciones recorrerán el próximo 23 de mayo las calles de Vitoria Gasteiz.

Para pueblos como Urkabustaiz, Zuia, Legutio o Kuartango, el capitalismo verde que amenaza sus territorios no es algo nuevo, sino la repetición de un viejo fenómeno desarrollista que en el pasado ya inundó valles o amenazó con agujerear la tierra mediante industrias como el fracking. Un modelo que hoy, disfrazado de verde, riqueza o progreso, guarda notables semejanzas con los grandes movimientos especulativos que durante el siglo XX terminaron formando el escenario de gigantes energéticos como Iberdrola.

Una compañía “de Estado” surgida al calor de fortunas personales, golpes de Estado fascistas, represión y procesos acelerados de privatización e industrialización de gran parte de Euskal Herria. ¿Es esto cierto? ¿Qué puede indicarnos la evolución de ciclos anteriores sobre la relación entre poder, Estado y capital?

Energía, presas, trenes y fascistas

A principios del siglo XX, buena parte de los territorios peninsulares tenía un acceso nulo o muy limitado a la energía eléctrica. Incluso territorios próximos a zonas industrializadas, como ocurría en muchos pueblos de Araba, operaban bajo formas de soberanía energética local. Estas estaban gestionadas de manera autónoma mediante organizaciones comunitarias encargadas de bosques, pastos, roturos y todo tipo de infraestructuras que permitían cocinar, calentar y sostener la vida cotidiana en torno a una gestión sostenible y de proximidad del monte público.

Si bien muchas necesidades básicas estaban cubiertas, la dureza y la carestía eran una realidad común en gran parte de la península. Existía, además, un consenso entre expertos e intelectuales, de izquierda y de derecha, sobre la necesidad de una “modernización”, no solo tecnológica, sino también intelectual y social.

No obstante, ese salto adelante, que tuvo un momento de aceleración durante la dictadura de Primo de Rivera, cobró entidad real en la Segunda República y terminó de consolidarse durante el franquismo. Sin embargo, no se planteó desde las necesidades, tradiciones y aspiraciones de los pueblos, sino desde las del Estado y la clase capitalista. Por ello, la modernización consistió en la construcción masiva de infraestructuras destinadas a “superar el atraso” y dar esqueleto a la “España invertebrada”. En este contexto desarrollista se amasaron enormes fortunas, mezcla de privilegio de cuna, manipulación y oportunismo político.

José Luis Oriol y Urigüen (1877 1972) es un buen ejemplo de ello. Figura vinculada al fascismo, la energía y el capitalismo, su apellido aparece todavía hoy entre los accionistas de algunos de los grandes gigantes energéticos vascos y españoles que él mismo contribuyó a crear.

Arquitecto e inversor procedente de una familia carlista y burguesa, estableció en 1931 su base de operaciones en Beluntza, una pequeña localidad del municipio de Urkabustaiz, en Araba. Ya entonces era un reconocido arquitecto e inversor, pero aspiraba a dar el salto a la política. Lo intentó primero con el PNV, para acabar liderando la sección local de la Hermandad Alavesa, integrada más tarde en la Comunión Tradicionalista.

Su ascenso político estuvo estrechamente ligado al poder económico y energético. A través de su mujer, perteneciente a otra gran saga capitalista, los Urquijo, pasó a controlar estaciones hidroeléctricas y, con ello, el suministro eléctrico local, lo que le otorgó una notable influencia sobre el territorio. El poder energético no era un simple negocio: era una palanca política.

Desde ahí movilizó recursos para consolidar su ascenso en Urkabustaiz, donde llegó a condicionar el voto prometiendo infraestructuras eléctricas a cambio de apoyo. El chantaje energético funcionó y en 1933 ya era el candidato más votado. A ello contribuyó también su capacidad propagandística mediante una editorial y la transformación del periódico local El Heraldo Alavés en El Pensamiento Alavés, órganos de difusión de su ideología fascista, tradicionalista y capitalista.

Desde su posición de poder empresarial, político y mediático desplegó una guerra ideológica contra todo lo que sonara a izquierdas. Elaboró informes, señaló, delató y promovió la expulsión o neutralización de quienes consideraba una amenaza para su modelo de sociedad: profesores, militantes de izquierdas, personas vulnerables o con discapacidad intelectual.

Oriol navegó con habilidad los escenarios políticos, económicos e infraestructurales de su tiempo, construyendo una tupida red clientelar y empresarial que no dudó en utilizar para encumbrar al fascismo en Araba, llave de la industrial Bizkaia. El apoyo decisivo de su saga familiar contribuyó a cambiar el curso de la Guerra Civil en Euskadi y en el Estado español.

Los señalados pasaron, durante la guerra, a convertirse en víctimas directas: muchos fueron asesinados y otros forzados al exilio. Los pueblos de Urkabustaiz se transformaron en frente de guerra; numerosos vecinos fueron reclutados y el paisaje quedó regado de sangre, con cientos de cadáveres en fosas comunes aún sin exhumar. Fue la expresión violenta de un poder ya asentado sobre el territorio.

El franquismo recompensó a sus aliados situándolos en posiciones clave de control sobre la energía, el agua y el territorio. De ese modo fortalecía vínculos mientras consolidaba un poder fascista sobre las infraestructuras estratégicas. La saga Oriol y Alejandro Goicoechea, quien entregó a los fascistas los planos del sistema defensivo republicano de Bilbao, vieron cómo su proyecto ferroviario, el Talgo (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol), se convertía en política nacional como recompensa por su protagonismo durante el golpe de Estado y la Guerra Civil.

El modelo de poder infraestructural centralizado, capitalista y conservador se expandió de la mano de megaproyectos destinados a fortalecer al Estado, la banca y las corporaciones afines al régimen.

En 1958, por ejemplo, se completó el llenado de los embalses del sistema Zadorra, todavía hoy la principal infraestructura hidráulica de Álava y Euskadi. Un macroproyecto diseñado para abastecer de energía y agua a la creciente metrópolis vizcaína.

El principal beneficiario fue Altos Hornos de Vizcaya, uno de los mayores conglomerados industriales del Estado español, empresa en la que estaba implicada la saga Oriol Urquijo. Como se ha reconocido recientemente, aquello supuso la inundación de un valle en el que se asentaban más de una docena de pueblos y el desplazamiento forzoso de su población. Zonas de sacrificio cuya memoria, fisonomía y demografía quedaron transformadas para siempre.

Los Oriol, a través de José María de Oriol Urquijo, hijo del anterior, alcalde de Bilbao, procurador en Cortes y empresario, y posteriormente de Íñigo de Oriol e Ybarra, terminarían beneficiándose del megaproyecto al obtener para Iberduero la concesión de los saltos hidroeléctricos. Años después, Iberduero se fusionaría con Hidrola para formar Iberdrola, con sucesivos miembros de la familia Oriol al frente.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Un mantra se repite en las sedes del poder: transición energética. Pero ¿para quién?, ¿para qué? y ¿quién va a pagarla? 

Cada vez que se anuncia un proyecto eólico o fotovoltaico aparecen equivalencias sobre el número de hogares a los que podría abastecerse de energía. Sin embargo, la finalidad real suele ser otra. Prueba de ello es Ekienea, la mayor central fotovoltaica construida hasta el momento en Araba. Se presentó como una infraestructura capaz de abastecer a 45.000 hogares, aunque en realidad su objetivo principal sea suministrar electricidad al megacentro de datos Arasur, que Merlin Properties construye en Ribabellosa para el gigante Meta, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Pero ni siquiera Ekienea parece suficiente. Solo Arasur consumiría tanta energía eléctrica como la que utiliza actualmente toda Araba. Y no es el único megaproyecto previsto. Como se ha mencionado, Solaria proyecta construir alrededor de 30 plantas fotovoltaicas en territorio alavés y evacuar la energía mediante una MAT, línea de Muy Alta Tensión de 400 kV, hasta Zierbena. Estas infraestructuras estarían estrechamente vinculadas a dos centros de datos que la compañía también proyecta en Araba.

Los centros de datos de Merlin y Solaria podrían cuadruplicar el consumo eléctrico de Araba en los próximos años.

¿De qué transición hablan?

Asociaciones en defensa del territorio como Urkabustaiz Babestuz o Zuia Bidean consideran que se va a perpetrar un enorme daño contra la biodiversidad de Araba, la mejor conservada de Euskadi, arruinar pueblos, expropiar monte público y fincas privadas y asestar un golpe mortal al sector primario para implantar industria electrointensiva que dejaría pocos o ningún beneficio en la zona.

Según denuncian, ni las instalaciones fotovoltaicas, ni las eólicas, ni las líneas de alta tensión, ni los centros de datos generan a largo plazo puestos de trabajo estables en los territorios que ocupan. Lo que sí generan, afirman, son consecuencias inasumibles como pueblo, como municipio y como provincia.

Tal y como destacan investigaciones como las de la académica de la Universidad de Oxford Ana Valdivia, gran parte de los proyectos de energías mal llamadas renovables no están diseñados para sustituir el consumo de combustibles fósiles, sino para la exportación energética y para alimentar la industria de los datos.

Como señala Xander Dunlap en su obra El sistema nos está matando (Bajo Tierra, 2025), detrás del discurso verde se esconde el viejo sacrificio de los territorios rurales al servicio de intereses privados. Un gesto destructivo del que históricamente han sido cómplices los poderes corporativos y estatales.

En un escenario de crisis ecosocial y económica global, donde el precio del carburante condiciona el de los alimentos básicos, apostar por un sector primario soberano y autónomo, así como por comunidades rurales resilientes, con capacidad de autogobierno y decisión, parece una solución tan sensata como revolucionaria.

La evidencia científica y la situación actual de los pueblos muestran la necesidad de romper la cadena de dependencia energética y política que caracteriza a la economía fósil. Para quienes convocan la manifestación del 23 de mayo en Vitoria Gasteiz, resulta ingenuo confiar en que políticas de megaproyectos cortoplacistas y desarrollistas, diseñadas en despachos de grandes empresas o del Estado, vayan a defender el interés común o el de la naturaleza.

Como plantea Koldo, activista de Urkabustaiz Babestuz: “¿Queremos autonomía y soberanía? ¿O queremos seguir siendo gobernados por los dictadores del crecimiento infinito?”.